El sistema de protección social en España genera exclusión social

"La economía española, cuarta de la Unión Europea, ha experimentado un crecimiento constante desde la crisis, propiciando una disminución del desempleo y un aumento de los salarios y las exportaciones. Sin embargo, la recuperación ha beneficiado principalmente al estrato más rico de la sociedad y, en gran medida, los poderes públicos han fallado a las personas que viven en la pobreza.

Como consecuencia de ello sigue habiendo situaciones de gran pobreza muy extendidas, una alta tasa de desempleo, una situación de desempleo juvenil crónico, una crisis de vivienda de enormes proporciones, programas de protección social muy insuficientes, un sistema educativo segregado y cada vez más anacrónico, políticas tributarias y de gasto que favorecen mucho más a las clases acomodadas que a las pobres, y una mentalidad burocrática que permite a las autoridades eludir su responsabilidad y valora más el formalismo que el bienestar de las personas. 

Resulta más que evidente que el sistema de prestación de asistencia social está roto, no se financia adecuadamente, es imposible no perderse en él y no llega a las personas que más lo necesitan. La formación de un nuevo Gobierno brinda una ocasión de cambio. Su anuncio de que dará prioridad a los derechos sociales, la justicia fiscal y las condiciones materiales de las personas más vulnerables es digno de elogio. Pero sus palabras deberán traducirse en hechos. España necesita innovación en el Gobierno central, que debe contar con recursos para alentar a las comunidades autónomas a participar en una reformas estructurales de gran alcance."

No. No es el panfleto de una peligrosa organización bolchevique. Son palabras de Naciones Unidas sobre el estado español. El resumen del informe presentado por Philip Alston, relator especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos.

En nuestro país se vulnera sistemáticamente el derecho a la vivienda. Situación agravada por la descontrolada subida de los alquileres y la anecdótica presencia de vivienda social (2,5% del total, frente por ejemplo al 30% de países como Holanda), que además se está vendiendo a fondos buitre.

Una vez más, esta investigación pone de manifiesto que la pobreza afecta principalmente a las mujeres, con una "brecha laboral" que sigue siendo sangrante. A su vez, constata los efectos de la violencia de género, generando situaciones de exclusión.

El informe también alerta del racismo institucionalizado, que por ejemplo lleva a cifras inauditas de pobreza y exclusión entre la población gitana. Tambien alerta de la constante criminalización de un colectivo extremadamente vulnerable, los menores extranjeros no acompañados. Este racismo institucional y social explica que las condiciones de vida de los jornaleros inmigrantes (declarados trabajadores esenciales durante la pandemia) sean dramáticas: "Las condiciones materiales se sitúan entre las peores que he visto en cualquier parte del mundo. Viven a kilómetros de distancia del agua, sin un saneamiento adecuado ni acceso legal a la electricidad. Muchas de esas personas han vivido allí durante años y podrían pagar un alquiler, pero contaron al Relator Especial que nadie las aceptaría como inquilinas o inquilinos". Pone ejemplos concretos: "La completa dependencia de los trabajadores migrantes estacionales en el negocio de la fresa de Huelva conduce rutinariamente a situaciones que equivalen a trabajos forzosos, con total desprecio tanto de las normas internacionales de derechos humanos como de la legislación nacional". De ahí la agresiva reacción de la patronal del campo ante la reciente campaña de inspecciones de trabajo en explotaciones agrícolas.

Nuestro estado del bienestar sale muy mal parado. Solo se salvan la sanidad pública (que califica como una "joya") y el sistema público de pensiones, aunque advierte que llevan una década degradándose. Desde un sistema educativo clasista y obsoleto que en nada favorece el "ascensor social", hasta un sistema fiscal opaco que favorece a los ricos y grava especialmente a las clases trabajadoras, con uno de los niveles de evasión fiscal más altos del mundo. Pasando por un sistema de protección social como mínimo muy ineficiente.

”El sistema de prestación de asistencia social está roto, no se financia adecuadamente, es imposible no perderse en él y no llega a las personas que más lo necesitan. También la burocracia aparece una y otra vez. Es una de las principales causas de exclusión, y los irrazonables e imposibles requisitos de documentación constituyen obstáculos que la refuerzan. En muchos municipios, empadronarse es indispensable para acceder a los servicios sociales, pero los requisitos para poder hacerlo dejan fuera del sistema a personas en situación de pobreza como aquellas que no tienen donde vivir, se encuentran en una vivienda temporal o no pueden presentar documentos muy específicos. La burocracia no se ve a sí misma para servir a los ciudadanos, sino como sustentadora de la legalidad formal. Así que si estás en la calle, muerto de hambre, el burócrata dirá, perdone, pero parece que no tiene todos sus documentos en orden, ¿podría abandonar la oficina? Nunca te parece que van a exclamar, Dios mío, esto es terrible, ¿cómo podemos ayudar? Evidentemente los requisitos están para prevenir el fraude y no para prevenir que la gente que necesita la ayuda la consiga".

Lo cierto es que todo esto ya lo sabíamos. Si se organiza un sistema de protección social y cada vez las bolsas de miseria son mayores y más cronificadas, es que ese sistema no está funcionando bien. O quizá sí, y lo que pasa es que el sistema en realidad se ha diseñado para esconder a los pobres y que la pobreza que crean los mismos que dirigen la lucha contra ella no quiebre la "paz social". Para todo lo demás ya están las cárceles.