Empoderamiento: Palabra que repetimos constantemente en Servicios Sociales. Igual que políticos, técnicos municipales y demás expertos de todo pelaje.
Empoderamiento: Adquisición de poder e independencia por parte de un grupo social desfavorecido para mejorar su situación.
Empoderarse es lo que llevan unos años haciendo un grupo de personas sin hogar en Sevilla. Ejerciendo su ciudadanía, decidieron organizarse para denunciar la más que deficiente atención municipal al colectivo y el negocio en que se han convertido sus vidas a través de la privatización de los recursos que les atienden.
Tras la muerte de una persona sin hogar, en septiembre de 2015 organizaron el Campamento Dignidad, un espacio colectivo autogestionado desde el que denunciaban su situación de abandono institucional. En su tabla reivindicativa solicitaban atención sanitaria básica para las personas sin hogar, plazas fijas en los albergues para las personas convalecientes y con enfermedades crónicas, una auditoría pública del reparto de los fondos destinados a la atención a personas sin hogar y la cesión de un espacio para que lo gestionen las propias personas sin hogar. Mes y medio después llegó la respuesta: desalojo policial del campamento e imputación de varias personas.
En noviembre de 2017 nace Corrala Dignidad, cuando un "grupo de personas sin hogar cansadas de ser maltratadas por los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Sevilla, de sufrir cotidianamente la falta de plazas, los rígidos horarios y la deficiente comida cuando logran plaza, y el trato poco empático", ocupan un edificio (propiedad de los marqueses de Lebrija) que llevaba varios años abandonado.
En la Corrala Dignidad establecen su hogar 27 personas, y se organiza una suerte de albergue alternativo, dando cobijo a 35 personas sin hogar más que lo gestionan asambleariamente. Paralelamente, organizan varias concentraciones frente al albergue municipal (gestionado por Grupo 5), para exigir al Ayuntamiento hispalense que asuma directamente la atención a las personas sin hogar.
El Ayuntamiento sigue sin dar respuesta a sus reivindicaciones, llegando a ser expulsados del pleno. Por lo que anuncian un plan de nuevas ocupaciones para albergar a otras 140 personas sin hogar.
El pasado 15 de febrero cuatro miembros del colectivo fueron juzgados por un delito de usurpación, donde asumieron los cargos alegando extrema necesidad, y se negaron a desalojar el edificio porque no tienen otra alternativa. En los juzgados se concentró la plataforma PSH Acción, recordando que frente a las 1000 personas sin hogar, el Ayuntamiento sólo tiene 250 plazas.
Ese mismo día un grupo de personas ocupó un edificio deshabitado (construido sobre el antiguo Centro Social Okupado Casas Viejas), siendo desalojados al día siguiente. El desalojo se saldó con varios heridos y seis detenidos. Y en una decisión judicial digna de un estado autoritario, los seis detenidos (cuatro personas sin hogar y dos activistas por el derecho a la vivienda) fueron enviados a la cárcel en prisión preventiva. Y allí siguen.
Según la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, se trata de una medida totalmente desproporcionada ya que "no existe riesgo de fuga, la mayoría de los encarcelados son personas
sin hogar y carecen de recursos económicos, no hay pruebas a destruir y
no hay riesgo alguno para las supuestas víctimas. Insistimos en que la prisión provisional es una medida de extrema
dureza, la mayor que se puede aplicar en un Estado de derecho para
personas no condenadas. Creemos que no está justificada y que parece una
vuelta de tuerca más contra activistas y personas pobres: un mensaje
disuasorio para quienes pudieran plantearse cuestionar el derecho a la
propiedad ociosa y especulativa, así como a las personas que denuncian
la violación secular del derecho a la vivienda".
Como profesionales lo tenemos claro. Entre administraciones, juzgados, nobles y empresas, nuestra lealtad siempre estará con nuestra gente. ¡A empoderarse!
