Ha quedado demostrado que las políticas de Ahora Madrid no traerán el
cambio si, como hasta ahora han hecho, se limitan a cumplir las leyes
que garantizan el pago total de la deuda ilegítima y a realizar los
recortes y las políticas de gasto y estabilidad financiera exigidos por
Montoro. El Ayuntamiento liderado por Manuela Carmena ha hecho suyos los
recortes del Ministerio de Hacienda y su titular Cristóbal Montoro al
aprobar, junto con el PP, un Plan Económico y Financiero (PEF) para los
dos próximos años, como salida a la intervención de las cuentas
municipales. Esto supone más recortes que incidirán en servicios básicos
para los madrileñ@s.
Lo que ha pasado se une a los diferentes incumplimientos del programa electoral del equipo de gobierno municipal desde el inicio de esta legislatura como son el pago de la deuda sin ningún cuestionamiento y en volumen y tiempo de récord reduciéndola en un 40%, a costa de las necesidades sociales. O no realizando los procesos de municipalización, prometidos en campaña electoral, de distintos servicios públicos gestionados de forma privada, para no enfrentarse a las empresas que los usan para sacar grandes beneficios. Todas estas políticas desarrolladas tienen un importante carácter conservador y liberal.
Nos rebelamos contra la intromisión ilegítima e injusta del Ministro Montoro en las cuentas municipales. Así mismo defendemos la independencia económica del Ayuntamiento de Madrid y su capacidad para decidir políticas de inversión, siempre y cuando repercutan positivamente en los vecin@s. Pero no podemos respaldar las políticas obedientes y sumisas del gobierno municipal para evitar la intervención estatal, ni que se presuma de una gestión financiera eficaz que ha generado un importante superávit, pues este tipo de políticas suponen un ataque directo a la calidad de vida de las clases populares madrileñas. El destino de este superávit no debe ser en ningún caso aplicado al pago de la deuda tal y como exige la regla de gasto del Ministerio de Hacienda.
La eficiencia de la gestión de un Ayuntamiento debe medirse en su capacidad para proteger los servicios sociales, y estos no deben tener como finalidad ser rentables, sino garantizar el total cubrimiento de las necesidades vitales de l@s habitantes de nuestra ciudad, así como asegurarse de que se hagan en condiciones laborales dignas. Por lo tanto apelamos a tomar decisiones que protejan los intereses comunes sociales y laborales, rechazando la claudicación de Manuela Carmena tan aplaudida y respaldad por el PP de Madrid ante la presión del Ministerio de Hacienda.
Entendemos la necesidad de estar en las instituciones, pero se ha demostrado que no hay atajos, que para cambiar las cosas hay que enfrentarse a los que detentan las riquezas y, por eso, es necesario que los colectivos sociales, sindicales y movimientos políticos se organicen, aúnen esfuerzos y confluyan en las calles, haciendo comunes sus reivindicaciones. Solo la movilización sostenida en el tiempo y los métodos de la clase trabajadora y la juventud, pueden imponer nuestras vidas a sus beneficios.
