Trabajadorxs por la Municipalización de Centro Abierto "La Rosa" y de la red municipal de atención a personas sin hogar en Madrid.
Una imagen vale más que mil discursos demagógicos, mil promesas electorales y mil tertulianos a sueldo. Aquí van cuatro
Barrio Salamanca en mayo
Vallecas ayer
En realidad, todo es cuestión de clase. La pandemia también. Y no se trata (que también) de que no es igual hacer cuarentena siete personas en un piso de 45 metros sin reformar que en un casoplón. Hablamos de vivir o morir. Así lo indican las tasas de contagio y mortalidad según la renta. La letalidad del virus es hasta un 45% más elevada entre las poblaciones con rentas más bajas. Obviamente no es el virus, sino las condiciones sociales las que marcan esta diferencia.
Si al principio de la pandemia "descubrimos" que los trabajos esenciales para el funcionamiento de la sociedad son los más precarios y feminizados, ahora nos quieren hacer creer que la culpa del descontrol de los contagios es nuestra. Pues no. Quienes hemos mantenido la sociedad somos los que siempre la hacemos funcionar: los trabajadores.
Mientras las administraciones permiten que las empresas incumplan sistemáticamente las medidas básicas en prevención de riesgos laborales, mientras nos obligan a ir a trabajar en transportes abarrotados, mientras mantienen colapsada nuestra sanidad, nos culpan a nosotros, que somos unos irresponsables. Criminalizan a la juventud, criminalizan a los inmigrantes...y ahora ya nos criminalizan a todos. La culpa de la extensión de la pandemia es de la forma de vida de los pobres. ¡Malnacidos!
Años de abandono de nuestros barrios, años de recortes sociales, sanitarios y educativos...nos dejan a nuestra suerte en la pandemia y ahora esto. No podemos permitirlo. ¡Ayuso dimisión!
Desde las asociaciones vecinales del Sur de la ciudad de Madrid queremos manifestar nuestro más firme rechazo a las políticas clasistas y racistas que el gobierno de la Comunidad de Madrid está desarrollando durante esta segunda oleada de COVID-19 enfocadas a la discriminación de los vecinos y vecinas del Sur.
En lugar de proteger, cuidar y prevenir que la población más vulnerable de nuestra ciudad sufra como está sufriendo las mayores tasas de contagios, han optado por la estigmatización, la exclusión y la discriminación territorial.
Se ha optado igualmente por la política del miedo, por culpar a “los comportamientos individuales”, como si nuestros barrios fueran los únicos donde se incumplen ocasionalmente las normas, o como si no hubiéramos visto comportamientos inadecuados promovidos y alentados por las propias administraciones, como corridas de toros superando aforos, manifestaciones en barrios con alto poder adquisitivo en pleno estado de alarma, concentraciones negacionistas sin medidas de seguridad, terrazas y locales llenos de gente….
Han decidido que aquellas personas que no pueden permitirse un vehículo privado para trabajar, aquellas que por sus empleos precarios y/o en sectores como la limpieza, la hostelería o el comercio, de cara al público, aquellas que no pueden pagarse un piso (por no hablar de apartamentos de lujo para la cuarentena) para su familia porque ni siquiera pueden pagar el alquiler de una habitación… todas ellas, deben asumir que serán contagiadas y que además serán confinadas “por su culpa”.
A estos vecinos y vecinas nos gustaría saber:
Si es posible hacer PCR selectivos en este caso en barrios con otras características sociodemográficas, o acaso se buscaba una profecía autocumplida haciendo PCR selectivos en los barrios desfavorecidos de gente trabajadora.
Nos gustaría saber por qué no se han creado puntos COVID para no saturar nuestros centros de salud, por qué no se cumplen los rastreos, por qué los resultados de los PCR tardan siete días en darse, por qué no hay seguimiento médico de los pacientes en cuarentena, por qué no hay sanciones a quienes incumplen las normas de protección y prevención…
Tenemos muchas más preguntas, como por qué no se intensifica la ayuda social, ya que nuestros vecinos tardan meses en conseguir una ayuda (que a veces ni siquiera permite cubrir sus necesidades básicas en una situación no solo de emergencia social sino sanitaria).
El virus ha servido de excusa para sembrar el odio y el miedo entre nuestros vecinos/as. Se ha optado por señalar al eslabón más débil de la cadena… en lugar de hablar de lo que realmente es importante para el sur:
¿Dónde está el Centro de Salud de Butarque que se lleva una década pidiendo para evitar la absoluta masificación del Centro de Los Rosales?
¿Cómo van a desdoblar aulas si construyen aparcamientos en las parcelas destinadas a dotaciones educativas?
¿Y no necesitaríamos más recursos para paliar la vulnerabilidad social existente desde que se constituyó esta ciudad o es casualidad que los distritos cuyos peores indicadores relativos de esperanza de vida, nivel de estudios, renta media del hogar, tasa de paro, valor catastral de las viviendas, tasa de demanda de dependiente… sean los que se decide confinar?
¿Cuántas de las 200 medidas de las que en 2016 presentaron las asociaciones de Villaverde necesarias para la igualar el territorio y las posibilidades de nuestra vecindad se han llevado a cabo?
¿Se han planteado que distritos como Usera y Villaverde no pueden compartir una comisaría? Quizás con más recursos en seguridad, medicación y prevención para la mejora de la convivencia, habría menos impunidad.
¿Cómo vamos a proteger a los niños y niñas en Usera si en el Centro de Salud Joaquín Rodrigo no tenemos pediatras?
Cuando se cumplan las ratios escolares, cuando se conozca la ratio médico/paciente y funcionen nuestros centros de salud, cuando se contraten a los rastreadores necesarios, cuando usar el transporte público no implique hacinamiento, cuando el contrato de limpieza de nuestras calles valga lo mismo que el de los barrios ricos, cuando se haga PCR a toda la ciudad…. entonces, solo entonces, si nada ha cambiado, nos confinaremos. Se necesita un Plan de Desarrollo del Sur, un nuevo Plan de Inversiones que reduzca la brecha social de nuestra ciudad, de nuestra región. Ese será el único camino que el Sur admitirá para frenar los contagios.
Firmantes:
AV La Unidad de Villaverde Este
AV Los Rosales
Asociación del Comercio de Villaverde
AV Los Hogares
AV La Unidad de San Cristóbal
AVIB
AMIFIVI
AV La Incolora
AC Gente de Villaverde
AV Barriada San Fermín
AV La Mancha
AV Almendrales
AV Orcasitas
AV Cornisa
AV Orcasur
AV Zofio
AV Barrio Moscardó
Asamblea Vecinal de Perales del Río-Getafe
AV Doña Carlota Numancia
AV Palomeras Bajas
AV El Pozo
AV La Viña
AV Kasko Viejo de Vallecas
AV Puente de Valllecas-San Diego
AV Norte Albufera
AV La Paz de Entrevías
AV Nuevas Palomeras
Coordinadora de Asociaciones Vecinales de Carabanchel
AV Carabanchel Alto
AV PAU del Ensanche de Vallecas
AV La Unión UVA de Vallecas
AV La Colmena de Santa Eugenia
FRAVM
¡Por el derecho a una educación pública presencial, de calidad y con aulas seguras!
¡Por un plan de inversión masivo para la contratación de profesorado, la reducción de ratios y el fin de la brecha digital!
El curso escolar 2020-2021 se inicia en medio del caos y con la ausencia de un plan efectivo para garantizar nuestro derecho a una educación pública presencial, de calidad y con aulas seguras.
La desidia mostrada por el Ministerio de Educación, y su negativa a poner en marcha un plan unificado para rescatar a la educación pública invirtiendo recursos masivos, es un completo escándalo. La Ministra, Isabel Celaá, ha tenido meses para preparar una vuelta a las aulas en condiciones dignas pero no ha hecho nada. Y no lo ha hecho porque no quieren aumentar los presupuestos para la educación pública, lo que contrasta con los miles de millones que reciben las grandes empresas y bancos del Ibex 35 o la educación privada concertada.
Con esta actitud, el Ministerio de Educación solo alimenta la brecha social y de clase que durante la pandemia no ha dejado de crecer, favorece la degradación de la enseñanza pública empeorando las condiciones en que nuestros profesores dan clases, y siembra un fracaso escolar mayor entre los estudiantes de familias trabajadoras. ¡No podemos consentir esta situación! El PSOE-UP debe rectificar inmediatamente su política educativa y poner fin al acoso y derribo que sufre la enseñanza pública.
Tras haber tenido que soportar durante meses una repugnante campaña acusando a la juventud de los rebrotes de la COVID 19, se nos arroja a las aulas sin ningún plan y en pleno auge de la pandemia. Una situación en la que no sólo está en cuestión el derecho a la educación para miles y miles de estudiantes de familias humildes sino que también se pone en peligro nuestra salud y la de los nuestros. ¡Es inaceptable!
De nuevo una solución que no resuelve nada: las clases online
La ministra Isabel Celaá y el Gobierno miran para otro lado ante la preocupación creciente de las familias y las reivindicaciones de la comunidad educativa: se lavan las manos y pasan toda la responsabilidad a las consejerías educativas de las CCAA. Con esta actitud, el Ministerio de Educación da luz verde a la derecha para que continúe su política de privatización y recortes de la enseñanza pública en las CCAA que gobierna, y renuncia a garantizar unas condiciones dignas para volver a clase.
Cuando millones de estudiantes llevamos meses sin pisar nuestros centros de estudio, la “solución” del Ministerio de Educación es que… ¡el curso sea semipresencial! La ministra Celaá pretende repetir el desastre que han significado las clases online para centenares de miles de alumnos durante el confinamiento.
Las clases telemáticas no sólo han desnudado las graves carencias materiales que padecemos tras años de recortes salvajes, también han incrementado brutalmente la carga de trabajo de nuestros profesores —abandonados a su suerte durante meses, sin los recursos ni la formación necesaria para poder afrontar una situación imposible—. Además, una nueva vuelta al confinamiento para millones de alumnos significará una pesadilla para los padres y madres que tiene que elegir cuidar a sus hijos o ir a trabajar. El Gobierno habla mucho de conciliación ¿Por qué no aprueba permisos retribuidos a los padres para garantizarla?
Un Gobierno de izquierdas debería poner en marcha inmediatamente un plan de rescate a la educación pública para revertir esta situación pero hasta ahora han renunciado a ello dejando en la cuneta a las familias trabajadoras, las más castigadas por la COVID19. ¡Tienen que rectificar de inmediato!
La ofensiva de la derecha y la dejación de funciones del Ministerio de Educación
Por si esto fuera poco, la ineficacia mostrada por el Gobierno central está envalentonando la ofensiva de la derecha, que está aprovechando esta situación para seguir regalando dinero público a sus amigos los empresarios de la concertada y la privada y continuar recortando en los servicios públicos, despidiendo a nuestros docentes y personal sanitario.
Las políticas de Díaz Ayuso al frente de la Comunidad de Madrid son una clara muestra de ello. Sus negocios con Telepizza y Rodilla a costa de la malnutrición de miles de niños y niñas durante el cierre de las clases, su rechazo a contratar enfermeros y enfermeras en los centros de estudio, los miles de docentes de educación especial, escuelas infantiles y comedores despedidos, la destrucción de más de 14.000 plazas en la escuela pública para este curso, son sólo algunos ejemplos.
La marca del Partido Popular, Cs, Vox y la derecha es la privatización, los recortes y la precariedad laboral, la misma fórmula aplicada en la sanidad pública y las residencias de mayores que han provocado una auténtica matanza de nuestros abuelas y abuelas. ¡A esta panda de reaccionarios no le importa lo más mínimo ni nuestra educación ni nuestra salud!
16, 17 y 18 de septiembre ¡Huelga general estudiantil!
El Ministerio de Educación debe poner en marcha un plan de rescate a la educación pública y garantizar una vuelta a clase segura. Pero no escucha a la comunidad educativa y pasa la pelota a las CCAA lavándose las manos sobre un asunto que es de su máxima competencia.
Para obligarlos a rectificar, y que resuelvan las grandes carencias que padece nuestra educación pública en un momento crítico, desde el Sindicato de Estudiantes llamamos a todos los y las estudiantes a la huelga general estudiantil los días 16, 17 y 18 de septiembre para lograr las siguientes reivindicaciones:
1. Inversión del 7% del PIB en la enseñanza pública. Aprobación de una partida de 100.000 millones de euros –la misma cantidad que se ha entregado a las grandes empresas y bancos del Ibex35– para rescatar la educación pública. Si hay dinero para los bancos, lo tiene que haber para la enseñanza pública.
2. ¡Educación presencial! Para que todos y todas podamos volver a las aulas en condiciones dignas y de seguridad: reducción de las ratios a 15 alumnos por aula. Puesta en marcha de un plan de construcción de centros educativos públicos y habilitación de edificios y espacios para poder garantizar estas medidas.
3. Contratación de 165.000 profesores que según datos de CCOO son necesarios para afrontar este curso garantizando una atención más individualizada (un 33% más).
4. Contratación de personal sanitario, profesionales de la psicología, trabajadores de los comedores y de limpieza en todos los centros educativos públicos. En defensa de todos los empleos incorporándolos a las plantillas públicas con todos los derechos laborales.
5. El Gobierno debe garantizar la provisión de mascarillas, guantes, geles desinfectantes… y todos los materiales sanitarios necesarios en los centros educativos.
6. Fin de la brecha digital. Reparto masivo de dispositivos digitales, así como cursos de formación digital gratuitos para profesorado, familias y alumnado.
7. Que el Gobierno garantice permisos retribuidos a nuestros padres y madres para asegurar la conciliación familiar.
Esta lucha concierne a toda la comunidad educativa. Por eso llamamos a todos los sindicatos de profesores, a las organizaciones de madres y padres, a las asambleas de la Marra Verde a apoyarnos activamente y a participar junto con nosotros en las manifestaciones y concentraciones del 17 de septiembre.
¡El 16,17 y 18 de septiembre a la huelga general!
Comunicado de apoyo al movimiento estudiantil: jornadas estatales de lucha 16, 17 y 18 de septiembre de 2020
Compañeras y compañeros del movimiento estudiantil: permitidnos que desde el movimiento social de la Coordinadora de Pensionistas, nos sumemos a las jornadas de lucha convocadas los días 16, 17 y 18 por vuestras justas reivindicaciones, en este comienzo de curso.
Nuestra experiencia, nuestras luchas, de ahora y de años atrás, y nuestros conocimientos llegan a la misma conclusión: un país no puede ser libre, ni próspero, ni alcanzar un bienestar general social, si no hay una educación pública, de calidad, laica y universal.
Para eso, el Estado ha de invertir decididamente en la Educación Pública siempre. Y ahora, en época de crisis, con mayor intensidad y mejor voluntad. Sin embargo, hay un plan político y económico de quienes quieren vernos sumidos en la oscuridad de la ignorancia y en la semiesclavitud, en la pobreza y en la resignación. Son la misma gente que privatiza los servicios públicos: la sanidad, las pensiones, la vivienda social, la educación, las residencias de mayores, etc. Son quienes derriban nuestros derechos para enriquecerse con el negocio de la privatización. Son quienes nos roban nuestro derecho a una sociedad más igualitaria, más justa.
Compañeras y compañeros, estudiantes, profesores, personal de la administración y de la limpieza, de escuelas, institutos y universidades: Vuestra lucha es nuestra lucha. Sois el futuro y por el futuro también peleamos las y los pensionistas, para que nuestros y nuestras hijos e hijas, nietos y nietas, puedan tener un proyecto de vida digno.
NO NOS RESIGNAMOS. SEGUIMOS EN LA LUCHA. PORQUE…… GOBIERNE QUIEN GOBIERNE, LO PÚBLICO Y LOS DERECHOS SOCIALES SE DEFIENDEN
“La anulación de la privatización es fruto de nuestra lucha”
Entrevistamos a María Villafuentes y a Elvira Díaz, trabajadoras del Hospital Gregorio Marañón, que han encabezando el movimiento contra la privatización del servicio de limpieza del hospital por parte de la Comunidad de Madrid (CAM). Gracias a su lucha han conseguido paralizar definitivamente la licitación, que ha sido anulada completamente por los tribunales.
¿Cómo habéis vivido la pandemia? ¿A qué os habéis tenido que enfrentar como trabajadores de la limpieza de un hospital público?
María Villafuentes.- Hubo caos y mucha desinformación. Lo primero que nos dijeron fue que no lleváramos mascarillas delante de los pacientes para no alarmales, para posteriormente decir que era obligatorio. También dijeron que eran obligatorios trajes EPI en contacto con enfermos de Covid, pero esos trajes nunca llegaron a las trabajadoras de limpieza porque somos las grandes olvidadas. Nos tuvimos que buscar la vida y hacer frente a todo esto con trajes hechos con bolsas de basura. Nadie puede imaginar lo que se ha vivido en el hospital.
Elvira Díaz.- Yo trabajo con el equipo de urgencias. Hemos tenido momentos de ver a las enfermeras e incluso a los médicos llorar, a la auxiliares, y acobardarnos, porque teníamos que limpiar una cama para que entrara otro enfermo de Covid y ver cómo el de al lado se nos estaba muriendo. Problemas todos los días para que nos dieran EPI, para que nos dieran mascarillas, para no infectar, porque nuestro mayor miedo era llegar a casa e infectar a tu familia. Acercarnos a preguntar a salud laboral, y decirnos que mientras no tuviéramos síntomas que no podían hacernos las pruebas a todas porque entonces se quedaban sin personal.
¿Cómo conocisteis la privatización y cómo reaccionasteis?
MV.- A principios de junio empezó a oírse por el hospital que el gerente había firmado ya con la CAM la privatización. Inmediatamente vamos a los sindicatos a que nos den una explicación. Nos dicen que ellos no saben nada. No contentas con esa respuesta, empezamos a movilizarnos. Sabemos lo que conlleva en un hospital privatizar una limpieza. De hecho, en este hospital ha estado privatizada durante 14 años: menos personal, duplicar los servicios, empeorar la limpieza generando más infecciones.
ED.- Los sindicatos han denunciado ante la justicia y gracias a la movilización hemos conseguido pararla de forma definitiva. Nosotras dijimos a los sindicatos que aunque se había parado cautelarmente había que continuar, y creemos que eso ha sido decisivo para que finalmente se haya anulado. Con los rebrotes nos han mandado personal que no es de la bolsa pública de empleo, sino de empresas privadas. Y tenemos a casi todos de baja porque no tienen formación, no saben ponerse un traje EPI.
¿Cómo os habéis organizado?
MV.- En principio hicimos concentraciones y protestas de 15 minutos en el turno de mañana y de tarde. De ahí se pasó a hacer una concentración en la Asamblea de Madrid para unir a todos los turnos, y mucha gente vino a apoyarnos: las compañeras del hospital de El Escorial, el Sindicato de Estudiantes, periódicos y medios de información digitales… Posteriormente, durante una o dos semanas realizamos paros de 14:30h. a 15:30h. Los dirigentes de los sindicatos nos dijeron que dejáramos el verano tranquilo porque la gente estaba cansada, pero no íbamos a parar y empezamos a hacer concentraciones cada 15 días en la entrada de urgencias con muy buena aceptación y con el apoyo de celadores, enfermería, etc. Muchísima gente en la calle nos aplaudía. Ahora teníamos preparada una asamblea para el 9 de septiembre para informar de cómo continuar y pedir a los sindicatos que dieran un paso al frente. Para el miércoles 16 de septiembre mantendremos la entrega de firmas pidiendo la dimisión del gerente del hospital, ya que con la anulación de la licitación se ha demostrado que actuó mal.
ED.- Seguimos porque hemos tenido mucha gente, como vosotros, que nos apoya. No hay derecho a que se nos machaque, a que nos intenten quitar nuestros puestos de trabajo, después de todo lo que hemos peleado y pasado con el Covid. Queremos que se nos escuche y mantener nuestros puestos de trabajo, y lo hemos conseguido gracias a la lucha. Es muy fácil estar sentado en una mesa y mandar desde allí, pero hay que estar en pleno meollo. Quiero decirle al señor gerente que si no ha sabido proteger ni sabe proteger a su personal, que piense bien qué clase de persona es cuando tu personal lo ha dado todo por el hospital que tú diriges y ahora los quieres dejar en la calle.
Habéis conseguido una gran victoria con la paralización definitiva de la privatización, ¿cómo valoráis la situación?
MV.- Ha sido una noticia muy buena para todas y todos los trabajadores que hemos dado la batalla contra la privatización. Ha sido una buena inyección de autoestima y de que la lucha obrera puede llegar a tener frutos. CCOO interpuso un recurso, pero ha sido esencial la movilización que hemos llevado desde principios de junio y la presión que hemos hecho durante julio y agosto. Gracias a ello hemos hecho llegar nuestra situación, con nuestra presión, con las concentraciones en urgencias, recogidas de firmas, asambleas de trabajadoras… A día de hoy, y en vísperas de una asamblea que tenemos mañana, los ánimos están muy bien, con confianza para seguir adelante con futuras acciones que pueda intentar hacer la CAM. Ha sido la mejor noticia que podíamos recibir, y es que los frutos de nuestra lucha se han visto reflejados ahí, en esta anulación de la privatización de nuestro servicio.
Vuestra lucha también es para defender la sanidad pública…
MV.- La defensa de la sanidad pública es algo que debemos hacer todas y todos. Nosotras defendemos la sanidad pública y que nuestro servicio de limpieza sea 100% público. Queremos hacer un llamamiento a toda la oposición en la Asamblea de Madrid para que apoyen activamente nuestra lucha, para conseguir que esta señora, Díaz Ayuso, y su equipo se vayan. Para que dejen de machacar a la sanidad pública y por supuesto a nosotras, que solamente somos limpiadoras, que cumplimos con nuestro trabajo antes, durante y después de la pandemia.
ED.- En todos los hospitales donde el servicio es privado hay falta de todo tipo de personal, machacan a la gente a trabajar. Yo he trabajado antes en lo privado y se cómo te tratan, que no puedes contar con tus días libres porque lo primero que te dicen es que has firmando un servicio de 24 horas, y que ellos pueden tirar de ti cuando quieran. Si nos quitan la sanidad pública, nos quitan lo más importante. Me gustaría preguntar a la señora Ayuso qué ha hecho con el dinero que les han dado para reforzar a la sanidad. Aquí se montó un hospital de campaña y al final no se usó, fue dinero tirado, y lo que se usó fue el Hotel Colón, de uno de sus amiguitos.
Descontrol en los centros de personas sin hogar en Madrid ante el avance del Covid-19. Este jueves se ha confirmado un brote que data del 12 de agosto en el albergue municipal San Isidro de la capital, que afecta a 30 usuarios y tres trabajadores. Algo que no sorprende a los empleados de este sector, que denuncian la situación de abandono en la que se encuentran en esta pandemia. “No sabemos nada de los usuarios, no se les están haciendo pruebas”, critican.
“¿Si no se hacen pruebas como sabes si el virus está o no en el centro?”, se pregunta Daniel Reyes, delegado de prevención del Centro La Rosa e integrante del Sector de Intervención Social de CCOO. En declaraciones a EL BOLETIN destaca que la situación desde marzo “está siendo bastante dantesca”. Tras un primer momento marcado por la falta de equipos de protección el verano dio una tregua a estos trabajadores. Situación que cambió hace unas semanas al darse un brote en el Centro San Isidro, que no se ha conocido hasta ahora.
Estos contagios entre las personas sin hogar pueden haberse extendido a La Rosa. Y es que, ambas instalaciones están “puerta con puerta”, apunta Reyes, que detalla que en su centro dos trabajadores ya han dado positivo y otros cuatro están a la espera de resultados de la PCR, “pero no sabemos nada de los usuarios”. Y no se sabe porque “no se les están haciendo pruebas”. Tampoco a la práctica totalidad de la plantilla, que en este caso supera los 40 empleados.
“Es todo un descontrol absoluto”, continúa el delegado de prevención de La Rosa, que advierte que “no sabemos qué va a pasar cuando empiecen a enfermar” los usuarios si es que no están ya contagiados. Al estar San Isidro y La Rosa “puerta con puerta” estas personas “conviven” entre ellos, “están juntos fuera”.
“¿Cómo podemos asimilar que hay 30 positivos en la puerta de al lado y entre los nuestros ninguno?”, es una de las cuestiones que lanza Daniel Reyes, que alerta del riesgo de la situación al estar muy cerca, por ejemplo, de la estación de Príncipe Pío. A los más de 250 usuarios del Centro de San Isidro hay que sumar las 65 plazas de La Rosa (30 de ellas como Centro de día). Y por el momento solo se conocen los 33 positivos ya mencionados, de aquellos a los que se han hecho las pruebas.
Según este trabajador y representante de CCOO, los casos de contagios se suceden por los diferentes albergues de la capital y en Vallecas se tienen noticias de tres positivos entre la plantilla tras darse dos infectados en usuarios, a los que se ha sumado este jueves uno más.
El Centro La Rosa, así como el servicio del Samur Social del Ayuntamiento de Madrid, lo gestiona la empresa Grupo 5, comprada en 2017 por el fondo Corpfin, por lo que “estamos en manos de un fondo buitre”, se lamenta Reyes.
Abandonados frente a la COVID-19. Así estamos. En realidad desde el principio. Hay brotes activos en muchos de los recursos de la red, mientras el Ayuntamiento de Madrid guarda silencio. San Isidro, La Rosa, Luis Vives, Samur Social y sus pensiones asociadas, Geranios, etc. Tanto plantillas como personas usuarias vamos enfermando, sin que nadie haga nada. ¿Datos concretos? Difícil responder, ya que la opacidad, el oscurantismo y la mentira son la base de actuación de las empresas que gestionan los recursos (principalmente ACCEM y Grupo 5) y del propio Ayuntamiento. En realidad tampoco tienen datos, ya que no se actúa ante los brotes, ni siquiera se están haciendo pruebas allí donde aparecen casos.
El Ayuntamiento esconde la cabeza y las empresas tratan de evitar costes en prevención. De hecho, en muchos recursos se siguen utilizando mascarillas quirúrgicas (incluso en aquellos donde hay positivos confirmados y hasta en el Luis Vives, centro designado por el Ayuntamiento para que pasen la cuarentena los afectados). Los servicios de prevención de riesgos laborales niegan lo obvio y tan sólo mueven ficha a base de denuncias, demostrando tanto su falta de independencia (obligada por ley) como lo poco que les importa nuestra salud y la de los nuestros. Hasta incumplen sus propias indicaciones.
¿Es que no hemos aprendido nada de la pandemia? Claro que sí, muchas son las lecciones. ¿La principal? Que no vamos en el mismo barco. Las empresas de "lo social" tienen como misión única parasitar todo el dinero público posible, a costa de lo que haga falta. Y el Ayuntamiento se limita a facilitar que esto sea así. Ya lo dijo el abuelo, en última instancia, el estado no es más que el consejo de administración que rige los intereses de los burgueses. Si no te mueves, las ratas te comen.
