El Tribunal Supremo admite a trámite el recurso del asesino de Paz ¡Basta de justicia patriarcal!

Firma aquí la resolución de solidaridad con la familia de Paz exigiendo al Tribunal Supremo que no modifique la sentencia por asesinato

El pasado 8 de febrero el Tribunal Superior de Justicia de Asturias ratificaba la sentencia por el asesinato de Paz Fernández: 24 años de cárcel y 10 de libertad vigilada. Parecía ser el final del infierno por el que familia y allegados de Paz han tenido que pasar desde su desaparición en febrero de 2018.

Una pesadilla que comenzó con veintiún días de búsqueda hasta que apareció su cuerpo. Su asesino, con quien mantenía una relación sentimental, lo había arrojado desde un puente después de golpearla con ensañamiento y alevosía hasta matarla.

Luego vinieron más de dos años de nauseabunda campaña de criminalización contra Paz en diversos medios de comunicación con el fin de restar gravedad al crimen y preparar a la opinión pública para una sentencia irrisoria por homicidio (penado con un máximo de 15 años de cárcel), en lugar de ante lo que realmente estábamos, un asesinato (penado con hasta 25 años de cárcel).

Para que se hiciera justicia sólo nos quedaba un camino, la movilización en las calles. No podíamos confiar en la justicia patriarcal que desde el minuto uno, a través de la fiscalía y la abogacía del Estado, negaba el asesinato. Por ello levantamos la campaña Justicia para Paz:  inundamos Gijón de miles de carteles y hojas, enviamos miles de firmas al Juzgado pidiendo que se reconociese el asesinato y durante la semana que duró el juicio nos concentramos y manifestamos a sus puertas.

Finalmente, un jurado popular emitía por unanimidad un veredicto demoledor; el crimen cometido contra Paz había sido asesinato y en 24 horas la fiscalía y la abogacía del Estado pasaron de pedir homicidio a asesinato. El abogado del asesino, que horas antes pedía la libre absolución y hablaba de muerte “accidental”, pasaba a pedir la pena mínima por asesinato. Unos días después llegaba la sentencia del juez: los 24 años de cárcel por asesinato.

El asesino recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Asturias pidiendo que se rebajase su condena de asesinato a homicidio y volvimos a la carga para defender la Justicia para Paz y continuamos la movilización, consiguiendo la ratificación de la condena.

Cinco meses después, otra vez en pleno verano, hemos conocido que el Tribunal Supremo, ha admitido a trámite otro recurso del asesino a través del cual nuevamente pide una condena por homicidio y que se elimine el agravante de desprecio de género para rebajar la pena a ¡12 años de cárcel!, lo que supondría que este asesino podría empezar a salir de la cárcel con permisos en un año. ¡Qué escándalo!

El próximo 7 de septiembre un grupo de cinco jueces y juezas sin ninguna relación con el largo proceso de juicio que hemos vivido se reunirá en Madrid a puerta cerrada y “deliberará” si modifica la sentencia. Ese mismo día, y ya sin posibilidad de recurso, el Tribunal Supremo podría echar abajo una sentencia que tanto nos ha costado conseguir y que es patrimonio del conjunto del movimiento feminista y de quienes luchamos día a día contra los crímenes machistas.

No lo podemos permitir, no vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras la justicia patriarcal utiliza esta artimaña misógina y antidemocrática para dar voz al asesino y brindarle una nueva oportunidad para escabullirse de su crimen. No vamos a permitir la tortura judicial e institucional de este sistema sobre las víctimas y sus familias. Javier Ledo mató a Paz y la justicia machista y patriarcal sigue perpetrando la tortura y la violencia hacia ella y sus familiares y allegados.

Si algo hemos aprendido es que nuestra fuerza está en las calles y que solo con la denuncia social y la movilización podemos acabar con esta lacra. Por este motivo los y las abajo firmantes queremos mostrar toda nuestra solidaridad y apoyo a la familia de Paz, reafirmar nuestro compromiso en la lucha contra la violencia machista y la justicia patriarcal y sumarnos a las movilizaciones impulsadas por Libres y Combativas que tendrán lugar los días 6 y 7 de septiembre en Gijón (19 horas en los Juzgados de Gijón) y en Madrid (a las 9.30 frente al Tribunal Supremo) respectivamente. Exigimos que no se modifique la calificación del crimen y se mantenga la condena de 24 años de cárcel y 10 de libertad vigilada por el asesinato de Paz Fernández.

Luchar por Justicia para Paz es luchar porque los crímenes machistas se reconozcan como lo que son, con sentencias ejemplares para quienes los cometen. Una vez más volveremos a llenar las calles exigiendo Justicia para Paz y el fin de la violencia machista y la justicia patriarcal.  ¡No son muertes, son asesinatos!

La justicia para Paz que ganamos en las calles no se toca

Firman este comunicado:

Libres y Combativas | Sindicato de Estudiantes | Comisión Asturies 8M | Plataforma Feminista d´Asturies |  Izquierda Revolucionaria |  Podemos Asturies | Podemos Xixón | Izquierda Xunida | Partido Comunista de Asturias | CCOO | UGT | CGT | SUATEA | Plataforma  de Auxiliares  de Servicio de Ayuda a domicilio de Asturias | Sindicalistas de Izquierda | Plataforma Unitaria de Auxiliares de Ayuda a domicilio |  Comisión de la Muyer- Pensionistas  | Muyeres de la Escandalera | Asociación Carla Vive |  Federación Asturiana de Memoria y República |  Asociación Mil Voces Violetas | XEGA | Movimiento Democrático de Mujeres  | Red Feminista de Mujeres Rurales del Occidente de Asturias | Colectivo Feminista de Muyeres Rurales del Oriente de Asturias | Asociación de Mujeres Campesinas de Asturias| - Asociación de Mujeres Valdés Siglo XXI | Kellys Unión Asturias

Firma por el reconocimiento de l@s integrador@s sociales en la red psh de Madrid

Necesitamos tu ayuda. Firma la petición en osoigo.com para exigir al Ayuntamiento de Madrid el reconocimiento profesional de la figura del Técnico Superior en Integración Social.

La modernización y profesionalización de la red de Atención a Personas Sin Hogar sigue sin llegar en Madrid. Recientemente hemos sabido los supuestos cambios en el contrato de gestión de La Rosa y, como nos temíamos, vuelven a no reconocer la categoría profesional del equipo de Auxiliares de Servicios Sociales,dejando fuera de nuevo la figura del Técnico Superior en Integración Social. Este grupo de profesionales es el gran grueso de nuestra plantilla, son los encargados de que todo funcione. El centro y sus proyectos llevan funcionando años gracias a que los auxiliares de servicios sociales asumen tareas y funciones que no les pertenecen, pero esto no durará para siempre, no se puede exigir continuamente buena voluntad a los trabajadores.

Tras el conflicto laboral por la propia ampliación del convenio y el reconocimiento de la categoría profesional, los entonces responsables municipales decidieron dejar de exigir la titulación y metieron el encuadre de Auxiliar de Servicios Sociales en el grupo profesional 3, acotando sus funciones. De esta manera se hizo inviable no sólo el proyecto sobre el que se sustenta al actual contrato, sino también el resto de programas proyectados: programa de centro de dia, programa de reducción de impacto vecinal, educación emocional, programa de atención especifica a la mujer, programa de inserción laboral etc. Ante la falta de integradores sociales, el resto de áreas no pueden abordar todos los proyectos por la sobrecarga de trabajo a la que se enfrentan, y esto conlleva que acaben perdiendo siempre los que más lo necesitan.

La consecuencia directa de esta situación es que la atención que podemos ofrecer a las personas que hacen uso del recurso es muy limitada, negándoles el derecho a la intervención profesional que necesitan. No se puede gestionar un proyecto tan importante basándose en la buena voluntad de sus empleados. Sólo mediante la municipalización de los centros y demás recursos de servicios sociales se puede garantizar tanto unas condiciones laborales dignas como una atención de calidad. La solución pasa por la gestión directa de nuestros servicios públicos. 

A través de esta petición exigimos que el Ayuntamiento de Madrid reconozca la categoría del equipo de Auxiliares de Servicios Sociales, incluyendo la figura del Técnico Superior en Integración Social en la red de atención a personas sin hogar

El crimen es en Kabul, el crimen fue en Granada

Hoy, que asistimos con horror a la imposición de la más absoluta barbarie en Afganistán, no podemos olvidar que esa amenaza está presente en cualquier lugar. Que el fascismo está al acecho, esperando a que el amo le deje morder. Que su yihadismo es nuestro nacionalcatolicismo. Y que siempre van a por las mujeres.

"No olvidéis jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquiridos, debéis permanecer vigilantes toda vuestra vida"

Simone de Beauvoir

Precisamente hoy no podemos olvidar que hace 85 años esas mismas alimañas asesinaron a Federico García Lorca. El crimen fue en Granada, es en Kabul. Ni olvido ni perdón.

Nuevos pliegos, misma mierda

Con agosticidad salieron los nuevos pliegos para la licitación de la gestión de La Rosa. Nuevo contrato que entrará en vigor en enero. Y como dice el título, una mierda.

Que sí, que puede que haya ciertas "mejoras". Nimiedades al fin y al cabo. Lo importante no se toca. Sigue negándose la categoría profesional al equipo de Auxiliares de Servicios Sociales, y obviando nuevamente la figura del Técnico Superior en Integración Social.

No es algo que sólo nos afecte a La Rosa. En todos los pliegos que están saliendo de la red de atención a personas sin hogar sucede lo mismo. Todas las promesas de modernización y profesionalización de la red de Pepe Aniorte y su equipo no son más que falacias. Eso nos muestran los hechos.

Otra ocasión perdida. Sin la figura del integrador social, se vuelve a confiar en la buena voluntad del equipo de Auxiliares para que los centros no colapsen. Pero no se puede exigir continuamente buena voluntad (asumir tareas cuya competencia el Ayuntamiento se niega a reconocer) a cambio de hostias. Que es lo único que recibimos.

Y basándose en la buena voluntad del personal tampoco se puede organizar un centro. Por eso los proyectos, al final, son mentiras para justificar los contratos. Porque no se pueden cumplir con el personal que reflejan los pliegos. Eso sí, la banca siempre gana: las empresas se forran, los políticos venden su humo y "sólo" nos jodemos los de siempre, plantillas explotadas y frustradas y personas sin hogar mal atendidas. ¡Bravo! 

Más de 13000 madrileños dependen de la ayuda vecinal para comer. ¿Dónde están el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid?

Ya no suele hablarse de las colas del hambre en Madrid, pero eso no quiere decir que la situación de vulnerabilidad de muchas familias no siga siendo una realidad.

15 meses después del primer Estado de Alarma por la Covid-19 las redes de apoyo creadas para paliar las consecuencias de pandemia, no solo siguen existiendo sino que continúan distribuyendo alimentos.

Según datos preliminares de una investigación que en estos momentos desarrolla Tangente con la colaboración de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), el pasado 31 de mayo estos espacios de solidaridad barrial repartían alimentos y productos de primera necesidad a 3.789 familias y 13.352 personas de la capital cada mes.

Agosto será un mes complicado

Lo hacen a través de 48 despensas o bancos de alimentos solidarios que en estos momentos permanecen abiertos pero que, en su gran mayoría, cerrarán en agosto para retomar su actividad en septiembre. De esas 13.000 personas, más de un tercio, aproximadamente el 40% son niños y niñas.

Se ha reducido una tercera parte, apuntan en el estudio, el número de personas que dependen de la ayuda de sus vecinos. Pero aún así sigue siendo una cantidad notable, teniendo en cuenta que esta labor es voluntaria e independiente de las administraciones.

El trabajo en los barrios de Madrid

En la capital, por volumen de ayuda alimentaria, destacan las cinco despensas de Somos Tribu Vallecas, que atienden a unas 2.800 personas cada mes, el Grupo de Apoyo Mutuo de la Asociación Vecinal de Aluche, que hace lo propio con unas 2.400 personas, y el Grupo de Apoyo Vecinal de Las Águilas, que reparte comida a más de 1.000 personas.

La Despensa Solidaria de Carabanchel, Barrio que se Alimenta Solidaridad de Carabanchel Alto y la Red de Cuidados de Fuencarral-El Pardo, por su parte, ayudan a más de 700 vecinos y vecinas cada mes.

La práctica totalidad de los distritos de la capital sigue contando con redes vecinales que, aunque en un volumen muy inferior al de hace un año y con una cobertura muy limitada, ofrecen apoyo alimentario a familias vulnerables.

Despensas en municipios madrileños

Según la información extraída por Tangente y la FRAVM, si sumamos los datos de alimentación de las despensas de Madrid capital a los de las redes que siguen activas en Alcorcón, Aranjuez, Collado Villalba, Fresnedillas de la Oliva y Torrejón de Ardoz, tenemos un total de 4.042 familias y 14.144 personas que en estos momentos reciben ayuda de estos espacios de solidaridad vecinal en la región.

Una labor de gigante que fue desarrollada gracias al trabajo voluntario de más de 6.000 personas, el 65% de las cuales son mujeres.

Premios para Vallecas

Esta imponente actividad fue reconocida hace unos meses por el Parlamento Europeo, que otorgó su Premio Ciudadano Europeo 2020 a la red Somos Tribu Vallecas, así como por el medio Madrid Diario, que concedió a las despensas vecinales el Premio Madrid a la Mejor Iniciativa Social.

El presidente de la FRAVM, Quique Villalobos, fue el encargado de recoger este galardón el pasado 14 de junio en nombre de las redes de la región.

Telemadrid

La cara B del Tercer Sector

Desde que el ser humano vive en sociedad, se han ido desarrollando diferentes formas de hacer frente a las necesidades sociales que emergen de la vida en común y del proceso de adaptación al medio. Estas formas, las necesidades y hasta el lenguaje que utilizamos para designar a las personas  objeto de intervención social, han ido evolucionando a lo largo del tiempo en función del momento sociopolítico.

El ámbito de la intervención social aparece con las modernas sociedades del bienestar, con el Estado de derecho y con la preocupación por el desarrollo de la persona en una sociedad justa. La realidad es que nos encontramos en un escenario social donde las  carencias  sociales y económicas se han normalizado de una manera desoladora. La Administración en primera instancia y la mayoría de la población en último lugar, admite sin pudor que vivimos en un modelo que genera desigualdades y situaciones injustas que llevan a  buena  parte  de la población a sobrevivir. Así como que en invierno hace frío y que el agua moja.

Asumiendo esta derrota por la justicia y la igualdad, la propuesta para generar sensación de equilibrio o para lanzar el máximo de muletas posibles es la Constitución Española de 1978, que define nuestra sociedad como un Estado Social y Democrático de Derecho e inicia un proceso tendente a construir en el Estado español  un  Estado del Bienestar, que se define como el conjunto de acciones llevadas a cabo por parte de los diferentes gobiernos para conseguir una mayor redistribución de los recursos y mejorar el bienestar general de la población. Se produce, por tanto, una intervención del Estado en la economía y la sociedad para combatir la desigualdad en estos ámbitos y repartir los beneficios de forma más equitativa entre la población. Pero no directamente, no a largo plazo, no con objetivos de transformación.

Esta intervención se hace, en la mayor parte de los casos, a través de un entramado de ONG, empresas, cooperativas, entidades vinculadas a la economía social, etc. que se presentan a concursos públicos, firman convenios y diversos acuerdos que tienen como finalidad  ganar la prestación de determinados servicios  que  las  administraciones públicas no garantizan de manera directa y prefieren externalizarlos a cambio de reducir dramáticamente los costes. Costes minimizados que repercuten, en su gran mayoría, en gastos en contrataciones de personal.

Y esas personas trabajadoras, consideradas «gastos» por las entidades que constituyen eso que se conoce como Tercer Sector[1], arrastramos años de precariedad, protagonizados por esos pliegos en los que se compite por ver quién contrata a la persona de manera más barata y en peores condiciones. Esa entidad que consiga a la persona trabajadora más precaria, se lleva el servicio. La dignidad económica que te niega el pliego administrativo, te la repone la empresa cargada de valores humanitarios y sociales que hacen que la rueda de la explotación siga girando mientras miramos para otro lado; mientras seguimos atendiendo a todas esas personas que están casi igual que nosotras pero no le pagan a final de mes por trabajar a favor de la justicia social; mientras seguimos ampliando día a día nuestra  jornada para poder llegar a todas las personas que nos necesitan, no vaya a ser que  encima nos echen por no llegar a objetivos. Sí. Objetivos. Sí. Tercer Sector. Sí. Mejorar la vida de la gente. Sí. Dignidad. Sí. Derechos. Sí. Igualdad. Sí. Contradicciones, muchas contradicciones.

El capitalismo es lo que tiene, hace magia y consigue que se gestionen ONG igual que se gestionan bancos. Los segundos cuentan clientes y cuánto dinero tiene cada uno. Las primeras cuentan pobres y cada año hay que atender a más. Y si para atender a más tenemos que ser menos trabajando, mejor. Seguro que la ratio se puede estirar un poco más y seguir reduciendo personal para ganar el pliego el próximo año. Y si ya ven que van muy justos, que igual les pueden acusar de hacer una oferta temeraria, pues ya si eso justifican puestos de acción voluntaria. Porque sí, en este llamado Tercer Sector en donde trabajamos por la construcción de una sociedad más justa, la voluntariedad sale todavía más barata que  los  contratos de trabajo. Porque hay mucha perversión bajo el concepto de participación solidaria de la ciudadanía en la sociedad. Y las contradicciones son también muy visibles porque todo vale cuando se trata de atender a pobres, a personas en situación de vulnerabilidad o estigmatizadas. Eso que nunca harías con el circuito eléctrico de tu casa: dejarlo en manos de una persona con mucha voluntad pero sin el conocimiento necesario, se hace cada día en estas entidades. Porque no olvidemos que ahorrar y sumar es lo que cuenta. A ver cómo se le explica a la administración pública de turno que no hemos llegado al número de pobres que preveían los pliegos.

Si en algún momento la entidad de turno se plantea que quiere tener una línea de intervención propia, no sujeta a financiación pública, que vaya 100% acorde con sus principios y que, en el mejor de los casos, permita mejorar un poco las condiciones laborales, entonces lanzan a la calle a  los riders de las ONG. Esas personas que carpeta en mano y con el chaleco del color que corresponda tienen como misión captar personas socias bajo la lluvia, el sol, el frío, el calor y siempre exigiéndoles grandes sonrisas. Personas que cobran por objetivos (si no consiguen personas que aporten X cantidad de dinero, no cobran). Personas que ni siquiera son contratadas, en una gran mayoría de casos, por las entidades para las que captan negocio, sino que son contratadas por empresas externas especialistas en captación que hacen su negocio con esto. Así de especializado está este trabajo. Así de precarizada está la primera línea de contacto con una sociedad que se necesita para que la rueda gire, para que las cuentas salgan. Y la suma habitualmente sale, sale porque los horarios son incompatibles con la vida, aquellos que son compatibles lo son a costa de contratos con jornadas míseras que no te permiten llegar a final de mes. Difícil equilibrio. Tan difícil como equilibrar aquello para lo que te dicen que te contratan y aquello que finalmente terminas haciendo.

Sumar sigue siendo  lo  que cuenta  y  ¿qué   se   necesita para  hacer  informes   sociales? Los códigos deontológicos de las personas que  apostaron su profesión al ámbito   social no parece que importe mucho. Lo que sigue siendo importante es que la propuesta que hagamos para ganar el pliego sea la más baja posible. Lo importante es que el 31 de diciembre ayuntamientos, comunidades, ministerios, nos digan que seguimos un año más,  que  nos  renuevan el servicio. Que la rueda de la precariedad que tiene como misión mejorar la vida de la gente siga, aunque sea a costa de empeorar los derechos de la clase trabajadora. Porque  este  es al fin y al cabo el doble juego en el que las administraciones ahorran con condiciones precarias y las empresas ONG compiten por la oferta más baja. Así que todo el mundo  ahorra, ya sea  en  calidad,  en  derechos o en dignidad. »Porque ahorrar es ganar». Una clase trabajadora que en el Tercer Sector está conformada      mayoritariamente por mujeres. Mujeres que soportan, en su mayoría, condiciones laborales precarias: jornadas parciales, jornadas reducidas, mayores tareas de intervención directa, dificultades para conciliar, contratos de duración determinada. El capitalismo vuelve a hacer malabarismos con la igualdad y aquí, donde las mujeres tenemos más presencia numérica, estamos infrarrepresentadas en los puestos de responsabilidad.

Nosotras, mujeres y hombres que prestamos nuestra fuerza de trabajo en el denominado Tercer Sector, que nos dicen que contribuimos con nuestra fuerza de trabajo a combatir  la desigualdad y repartir los beneficios de forma más equitativa entre la población. ¿A quién hacemos llegar nuestra voz para dignificar nuestras condiciones laborales? ¿Al jefe? ¿Al ministro? ¿Al consejero? ¿O al alcalde?

Nosotr@s, obligadas a dudar en esta esquizofrenia que es trabajar con personas vulnerables a la vez que las empresas ONG nos tratan como a tornillos sustituibles. Nosotras, hartas de esa antinatural convivencia entre tratar a las personas como números y las auténticas transformaciones  sociales. Nosotras qué camino queremos alcanzar. Administraciones y empresas ONG, nosotras estamos en el camino de la dignidad, la defensa de los derechos de las personas trabajadoras y la denuncia de modelos de intervención social basados en la competitividad, el bajo coste, la mano de obra gratuita y la precariedad.

Descarga el cómic ¿Qué es el Tercer Sector?

[1] El Tercer Sector es aquel sector de la economía compuesto fundamentalmente por entidades sin ánimo de lucro que prestan  servicios tales como  teleasistencia, ayuda a domicilio, recursos residenciales, centros de día, mediación social, acompañamientos, etc).

CGT

Condiciones de trabajo y salud tras un año de pandemia

CCOO junto a la Universitat Autonoma de Barcelona han realizado un estudio sobre las condiciones de trabajo y salud. Las conclusiones no pueden sorprendernos: los mayores riesgos de enfermar, especialmente en cuestiones relacionadas con la salud mental, se dan entre los puestos peor remunerados y más feminizados, vinculados a los cuidados. Una vez más, es nuestro caso. 

Del estudio se desprenden datos sumamente preocupantes, como que cerca del 24% de los trabajadores encuestados esté consumiendo tranquilizantes o somníferos, o que el 17% esté medicándose con analgésicos opioides. ¡El 40% entre las compañeras de Ayuda de a Domicilio!!! Nadie (y mucho menos las empresas y las administraciones) cuida a quien cuida. La crueldad del sistema parece no tener límites. ¡Que tampoco los tenga nuestra respuesta!

Puedes consultar el informe aquí.