lunes, 14 de diciembre de 2020

Huelga 15D en los CAIs de Grupo 5. Concentración a las 11 en el Área de Familias, Igualdad y Bienestar del Ayuntamiento de Madrid

En lo Social siempre es Blackfriday

El Comité de SEF Grupo 5 de CCOO denuncia que los servicios sociales externalizados siguen siendo una actividad especulativa y no una actividad esencial como así trasladó el Ayuntamiento de Madrid al iniciarse la pandemia. Se dijo que los servicios sociales, incluidos los externalizados, éramos esenciales. Muchos años después eso se traduce en lo de siempre: precariedad y sin intenciones de municipalizarlos.

En nuestro caso, gestionados por Grupo 5 Acción y Gestión Social S.A., que no deja de ser una operación mercantil del Corpfin Capital (empresa de inversión), nos queda claro que sólo hay un principio rector que lo dirige todo, la máxima rentabilidad económica posible.

Eso queda palpable en:

  • Las plantillas de Grupo5 son las peor remuneradas de todos los Centros de Atención a la Infancia de la red del Ayuntamiento (un 15% menos que la media de los centros externalizados). Unido al menos a cinco años sin ningún tipo de mejora salarial, la actual política de remuneración de nuestra entidad y su falta de voluntad en no puntuar mejoras salariales, nos condena a un total de al menos 11 años de congelación salarial.
  • Imposibilidad de implementar el teletrabajo como herramienta preventiva (argumentando que es el Ayuntamiento el que no se lo permite) en los CAIs, privando a las plantillas de un modelo organizativo de trabajo que daría cobertura al servicio y garantías a nivel sanitario. Cabe recordar que hace bien poco, uno de los centros tuvo positivos en el 25% de la plantilla. 
  • Abandono absoluto en lo relativo a conciliación familiar durante la pandemia. Imposibilitando generar alternativas reales que permitan a la plantilla con hijos e hijas a cargo a dar respuestas a los confinamientos generados en los centros escolares sin asumir las mismas todo el coste económico y personal.
  • En las escuelas de Educación Infantil mantienen un salario base 27 euros menor para las Educadoras y los Educadores Infantiles, que para Auxiliares de Apoyo y Personal de Servicios.
  • Dificultades todos los años para disfrutar de nuestras vacaciones recurrentes todos los periodos vacacionales, ya que según nos devuelve la empresa están de acuerdo con mantener casi el 50% de las plantillas cada uno de los días en servicios que no son de carácter de urgencia y que funcionan con cita previa (Educación Social, Centros de Atención a la Infancia, Programa de Atención a la Infancia en el Entorno Familiar).
Los estériles esfuerzos han muerto en eternas negativas o aplazamientos infinitos que no se traducen en nada real para las plantillas. 

Somos el personal que está valorando situaciones de riesgo para la infancia, emitiendo informes y propuestas relativas a la guarda y tutela de niños, niñas y adolescentes, siendo citados sin cobertura alguna a litigios judiciales, sin ratios y haciéndonos cargo de situaciones complicadísimas (emocionales, psicológicas, económicas, sociales…) y siendo la cara de este Ayuntamiento en lo que a infancia en riesgo se refiere. Ese personal mal vive con 20500 brutos anuales y con enormes dificultades para conciliar nuestra vida familiar.

Pedimos que las administraciones apuesten por un servicio digno, obligando a condiciones dignas y licitando pliegos que no permitan la entrada de empresas que sólo quieren especular con el dinero. 

Cansados de la situación conflictiva con la empresa y queriendo visibilizar nuestro malestar y descontento en un sector feminizado y precarizado sin atisbo de cambiar nada en los próximos años nos vemos en la obligación de movilizarnos y alzar la voz en pro de nuestros derechos como trabajadoras y trabajadores que velan por el cuidado y atención a la infancia en el Ayuntamiento de Madrid.


domingo, 6 de diciembre de 2020

Nuestro sistema de protección social, fuente de violación de derechos humanos


Amnistía Internacional ha constatado que durante el pico de la primera ola de la pandemia el personal de las residencias no contó con la protección adecuada ni acceso oportuno a test, lo que produjo contagios y dificultades para poder implementar las directrices que se recibían de las diferentes instituciones (cuando estas eran adecuadas). A diferencia de la situación de la asistencia sanitaria, donde se ha recogido el número de personal sanitario afectado por la enfermedad, no existe una recogida de datos equivalente para la información del personal de los servicios sociales, o al menos no hay una recogida sistemática de datos. Como resultado, no se puede estimar el impacto de la COVID-19 en el personal que trabaja en residencias. En momentos críticos de la pandemia de marzo y abril hubo casos de residencias donde más del 50% del personal estaba de baja.

La inmensa mayoría de personas mayores que vivían en residencias de Madrid y Cataluña no fueron atendidas adecuadamente, ni derivadas a hospitales cuando lo precisaban, se vieron aisladas en sus habitaciones, a veces durante semanas, sin contacto con sus familiares y algunas ni siquiera pudieron morir dignamente durante los primeros meses de la pandemia.


La situación en las residencias sigue siendo alarmante en esta segunda ola de la pandemia. Deben garantizarse plenamente las visitas a familiares, que en la práctica continúan dependiendo de la decisión de cada residencia. La derivación hospitalaria, tanto en Madrid como en Cataluña, ha resultado en la práctica discriminatoria y las disposiciones que la regulan no han sido aún modificadas y siguen vigentes. Tampoco se han tomado medidas suficientes de refuerzo de personal para atender las necesidades que puedan surgir. El momento de hacerlo es ahora. Es urgente cambiar los protocolos autonómicos que han generado esta situación y asegurar que las decisiones sobre la atención médica en las residencias se realizan con base en evaluaciones individualizadas. También es necesario que el Gobierno impulse la tramitación de una ley estatal que establezca un modelo residencial que garantice los derechos de las personas mayores residentes en todo el Estado.

No es un hecho que se circunscriba únicamente a las residencias de mayores. En las residencias de atención a la discapacidad la situación es igualmente dramática. La pandemia ha agravado la situación, pero ya venía de antes. Amnistía Internacional lleva años denunciando la situación en los centros de menores, constatando en varios informes el maltrato sistemático en muchos de ellos.


¿Cómo es posible que nuestros servicios sociales terminen siendo fuente de violación de derechos humanos? La clave está en la privatización. Las distintas redes no están diseñadas para atender a a población, sino para garantizar el negocio (lo que termina afectando también a los paradigmas de intervención, e incluso a la formación que se imparte en nuestras universidades). Privatizar los servicios públicos implica dejar en manos de empresas nuestras vidas y el ejercicio de nuestros derechos. Estas son las consecuencias. Por desgracia, todo apunta a que el gobierno PSOE-Unidas Podemos no tiene intención de revertir el proceso. Tendremos que obligarles.