Servicios sociales y personas sin hogar en tiempos de coronavirus

Hoy es 28 de abril, Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Volvemos a decir basta, a gritar que nuestra salud y nuestras vidas están por encima de vuestros beneficios. Pero está claro que nuestra mezquina patronal no piensa lo mismo. Y que las administraciones públicas (todas) son cómplices de la situación. 

Pincha para leer el manifiesto de CCOO y UGT y el manifiesto de CGT. 

A continuación transcribimos el comunicado del sector de Intervención Social de la FSC-CCOO de Madrid.

Servicios sociales y psh en tiempos de coronavirus

La crisis del coronavirus ha sacado a relucir muchas de las vergüenzas ocultas del sistema. La más evidente, la falacia de eso que llaman colaboración público-privada en la gestión de los servicios públicos. Estamos sufriendo las consecuencias de años de recortes y privatización de la sanidad, no siendo casualidad que las mayores dificultades se centren en la Comunidad de Madrid y en Catalunya, tras décadas de gobiernos derechistas.

El escándalo de las residencias geriátricas ha puesto blanco sobre negro las consecuencias de dejar a los colectivos más vulnerables en las garras de fondos buitre. Descontrol absoluto, falta de medios materiales, escasez crónica de personal y salvaje explotación laboral que ahora les ha explotado en la cara a los responsables políticos y empresariales de su gestión. Aunque como siempre, los

muertos los ponemos nosotros. Un crimen atroz por el que deberán ser juzgados.

Por desgracia, la situación en el resto de recursos sociales y sociosanitarios es la misma. El descontrol, La falta de personal y de medios es la tónica general en unos servicios sociales completamente privatizados. En todos los servicios se repite lo mismo: plantillas enfrentándose a la pandemia a pecho descubierto. A día de hoy no sólo seguimos en la mayoría de los centros sin EPIs, sino que tampoco se cumplen las medidas dictadas por el Ministerio de Sanidad en relación a los servicios sociales. Por otro lado, los servicios de prevención de las empresas o bien están desaparecidos o tienen un papel testimonial meramente formal o bien se están dedicando a sembrar la confusión entre las plantillas.

Para las entidades del Tercer Sector la prevención de riesgos laborales no era más que una molestia o un gasto inútil, por lo que generalmente se limitaba al paripé burocrático. La prevención de riesgos laborales no consiste en salir corriendo a buscar EPIs cuando ya existe el riesgo. Se trata de tener previstos los posibles riesgos y estar preparados para afrontarlos antes de que surjan. Se

podría haber afrontado la pandemia de otra manera.

Por ejemplo, en atención a personas sin hogar no tenemos mascarillas fpp2 (las mascarillas quirúrgicas no son EPIs porque no protegen al portador). No teníamos coronavirus pero sí casos de tuberculosis, por lo que llevamos años pidiéndolas. Si las empresas que gestionan los centros hubieran cumplido la Ley de Prevención de Riesgos Laborales los centros contarían con un stock de mascarillas fpp2, pero en realidad en muchos casos ¡no había ni mascarillas quirúrgicas! Lo mismo ocurre con el resto de EPIs (guantes de nitrilo, batas impermeables, protección ocular).

La misma situación se produce en las residencias de mayores o en el Servicio de Ayuda a Domicilio; ¿cómo es posible que lleven años denunciando la falta de guantes y mascarillas adecuadas? Atienden a personas vulnerables ante la gripe, enfermedad que cada año mata a miles de personas en el estado español. Esta falta de materiales también se denuncia desde la atención a la diversidad funcional. En el sector, es tradición el incumplimiento generalizado de la ley de prevención de riesgos laborales, con la complicidad de las distintas administraciones públicas de las que dependen los servicios.

En la red de atención a personas sin hogar del Ayuntamiento de Madrid la situación se repite. El caos y la desinformación son absolutos. Órdenes contradictorias desde los responsables municipales, en una continua improvisación. Llevando a cabo actuaciones que contradicen lo ordenado por el Ministerio de Sanidad. Por ejemplo, se ordenó la apertura de nuevos recursos para rebajar el número de personas usuarias por centro y permitir el distanciamiento social, pero los centros han aumentado el número de plazas, agravando el crónico hacinamiento en los centros. El refuerzo de los centros con personal sanitario se improvisa, incluso con voluntarios, o se realiza ante la denuncia en los medios, eso sí, desoyendo las entidades la solicitud de éstos sobre medios de protección adecuados. A día de hoy no se ha realizado test ni para la plantilla ni para los residentes, por supuesto.

A pesar de la campaña de propaganda en torno a la apertura de 300 plazas en IFEMA y en un polideportivo, muchas personas siguen en la calle por falta de plazas (algunas están siendo multadas por la policía por estar en la calle). Desde el Ayuntamiento se está argumentando que se debe al “efecto llamada”, intentando explicar la falta de plazas porque cientos de personas sin hogar han peregrinado hasta el IFEMA desde otras provincias en pleno confinamiento. La realidad es que la red de atención a personas sin hogar ya estaba saturada y obsoleta mucho antes del coronavirus, situación que, por ejemplo, llevó a la huelga a la plantilla del Samur Social el otoño pasado. Por otro lado, en estos recursos abiertos ad hoc, la situación es exactamente la misma que en los demás centros (falta de EPIs, etc.). Y en un momento en el que la mejor garantía para la salud es el distanciamiento físico, con tantos hoteles y hostales forzosamente vacíos, ¿la solución es hacinar a cientos de personas en un espacio cerrado? ¿No será que la solución no tiene como objetivo principal salvaguardar la salud de las personas sin hogar? Cuando pase el estado de alarma y dejen de ser vistas como focos de contagio para los demás, ¿cerrarán estos recursos y volverán a ser abandonados en la calle por falta de plazas?

La situación en el centro de acogida Juan Luis Vives es especialmente preocupante. El Ayuntamiento determinó que en este centro fueran aisladas las personas sin hogar contagiadas, sin evacuar al resto de residentes ni tener medios para garantizar un adecuado aislamiento, e incluso obligando a la plantilla a atender a personas contagiadas sin tener EPIs (que siguen sin tener). La enfermedad ya se ha extendido entre la plantilla y el resto de residentes, mientras Grupo 5 (gestora del centro) se dedica a presionar y amedrentar a la plantilla. El descontrol y la falta de pautas es tal que ha tenido que intervenir la policía. En el centro de Geranios el virus también se está propagando por las propias condiciones del centro, sin ventilación natural y por las constantes aglomeraciones -entre otras razones-, la plantilla exigió mascarillas quirúrgicas para los usuarios -para minorar contagios- y ffp2 para sus profesionales, pero no se reparten.

Los sindicatos están denunciando públicamente y en inspección de trabajo la realidad que estamos viviendo. Incluso la prensa se ha hecho eco. Pero no hay reacción. Responsabilizamos de lo que pueda pasar tanto al Ayuntamiento de Madrid como a las empresas gestoras de los recursos de la red psh, entre otras, Accem (vinculada a la Iglesia) y Grupo 5 (gestionado por Corpfin, un fondo buitre).

Las empresas del sector social y sociosanitario han demostrado su absoluta incapacidad de hacer frente a la crisis del coronavirus, anteponiendo sus beneficios a la salud de las plantillas y las personas atendidas. Unas patronales que han mantenido a las y los trabajadores de servicios sociales externalizados en la más absoluta precariedad, despreciando su profesionalidad. En Intervención Social las patronales rompieron en enero la negociación del segundo convenio, negándose a aceptar ninguna de las premisas sindicales. Una de las propuestas era el plus por atención directa, como reconocimiento y compensación por el desgaste de quien está en primera línea.

La pandemia ha puesto en evidencia que años de recortes y privatización de lo público ha conducido al desastre que estamos sufriendo, nosotras y las personas a las que atendemos. Seguiremos exigiendo que se dote a las plantillas de los EPIs suficientes y adecuados al nivel de exposición. Dotar de mascarillas quirúrgicas a nuestras usuarias y usuarios cuando no se mantenga la distancia

social. Realización de tests de diagnóstico en los centros única forma de detección real para protegernos y proteger a nuestra población. Nosotras exigimos, como siempre lo hemos hecho, unos servicios sociales totalmente públicos y de calidad que sitúen a las personas en el centro. La Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales NO DEBEN SER UN NEGOCIO y esta pandemia tristemente lo está demostrando.

No queremos aplausos

Ni tampoco queremos vuestro lenguaje bélico. En las guerras se presupone que van a morir soldados. Pero no somos "héroes de la patria", sino profesionales sanitarios, de los servicios sociales, geriátricos y del resto de servicios considerados esenciales. No somos héroes, somos personas normales con familia, tenemos que pagar las facturas, etc.

Agradecemos las muestras populares de apoyo y solidaridad. Nos ayuda a subir el ánimo y a combatir el miedo. Porque sí, ¡claro que hay miedo! No al virus, sino por sabernos desprotegidos e incluso desinformados. Aún así nadie ha abandonado su puesto. De trabajo, que aquí no hay trincheras. Lo que hay es mucha precariedad, explotación e incumplimientos generalizados de la ley de prevención de Riesgos Laborales.

Y en el colmo de la indignidad, la Comunidad de Madrid anuncia el despido de los 10000 sanitarios contratados para hacer frente a la pandemia (Los 10000 sanitarios que lucharon contra el COVID en Madrid, a la calle: "nos tratan como a ganado") Y si hay rebrote, algo muy probable como apunta la comunidad científica, ¿qué hacemos? Pues volver al colapso sanitario. No tenéis vergüenza.

Somos el segundo país en número de contagios, siendo de los primeros en decretar el confinamiento, uno de los más severos además. Entonces, ¿cómo es posible? No somos expertos pero tenemos una teoría. De los cerca de 224000 contagiados, más de 35000 son sanitarios. A los que hay que sumar el personal de las residencias de mayores, de atención a discapacidad, servicios sociales y demás servicios esenciales. Y a los que ellos hayan podido transmitir la enfermedad. La conclusión es obvia: la pandemia está siendo especialmente virulenta en nuestro país porque se nos ha mandado a trabajar con disfraces en vez de con epis. Ni más ni menos. 

Por eso no queremos más aplausos, sino que luchéis con nosotras  contra la privatización de tus servicios públicos. Es por tu salud.

El negocio de las personas sin hogar

El fondo buitre Corpfin Capital administra el Samur Social y la mayoría de los centros de acogida de Madrid, hoy saturados, desprotegidos y con falta de personal para hacer frente a la pandemia.

Ángel y Ana arrastran su turbación dentro de una maleta. Deambulan por los jardines de la Plaza de Oriente, teatro habitual de algunas de las piezas antológicas que la pobreza exhibe en una urbe como Madrid. Ella carga con todo el ajuar porque él no puede. Ángel muestra un sufrimiento resignado que le obliga a comprimir el cuerpo. Camina a duras penas con los ojos tan apagados que parece no ver nada. Cada cuatro o cinco pasos, Ana le toma la temperatura acercando su palma a la frente y dice: “Está malo. No sé yo si tiene algo de fiebre”.

Antes de la llegada de la pandemia, “que ya se ha llevado por delante a cinco buenos amigos”, eran usuarios periódicos de los ocho centros de acogida para personas sin hogar que hay en la ciudad. Acudían cuando la penuria se volvía inaguantable, sobre todo en invierno, pero cuando se recuperaban, partían de nuevo. “Ahora no sabemos dónde ir”, remata ella mientras se retira la mascarilla que cubre su boca. Han preguntado en un albergue del centro de Madrid si podían quedarse “pero nos han dicho que no había sitio. Están más llenos que nunca”. Ahora prosiguen su camino hacia la estación de Príncipe Pío a ver si hay suerte y encuentran una esquina protegida. Es probable que duerman al raso, acostados en los soportales de alguna plaza, acurrucados uno junto al otro a las puertas del metro. Ana ama a Ángel. Y Ángel a Ana. Es indudable. “Somos un mismo ser”, confiesa ella con una sonrisa. “Y ahora tenemos miedo”, remata él mirando al suelo.

De manera anónima, varios trabajadores del Samur Social, el organismo encargado del registro de accesos y salidas de todos los centros de acogida en la capital, confirman que el problema de alojamiento para personas sin hogar “es gigantesco en estas semanas de confinamiento”. La lista de espera es infinita y no merma. En IFEMA, más de 600 personas aguardan a que se produzca una baja para ocupar su puesto. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reconocido que la situación es crítica pero atribuye el desconcierto a una especie de “efecto llamada” de gente procedente de otras provincias “debido a la rapidez con la que actuaron” habilitando nuevos espacios a las personas sin hogar.

La vicealcaldesa, Begoña Villacís, defendió sin ambages este argumento y el concejal de Bienestar Social, José Aniorte, fue aún más lejos en una entrevista en ABC : “Las 600 personas que tenemos registradas están atendidas. Para el resto esperamos que sea el Ministerio quien actúe para resolverlo”. Sin embargo, Ana y Ángel, que llevan muchos años “rulando por la calles de Madrid”, como ellos dicen, tienen una versión contrapuesta de los hechos. “Alguno habrá, no te decimos que no, pero tampoco muchos. La cuestión es que les importamos un bledo porque somos los últimos”, añaden rotundos.

La crisis del coronavirus también ha servido para testar la eficacia de la red asistencial a las personas sin hogar que hay en la capital, su gestión masivamente privatizada y la capacidad de respuesta municipal a una demanda desaforada. Para la mayoría de los trabajadores está siendo una brutal prueba de estrés, como esas que hacen los bancos para evaluar su solidez en situaciones de alto riesgo. De los seis albergues abiertos, sólo uno de ellos, el de San Isidro, mantiene la administración pública. El resto ha sido cedido a Ongs religiosas como ACCEM, a la Iglesia, a la Fundación Rais y a empresas privadas como Corpfin Capital, un fondo de inversión capital-riesgo inmobiliario que en 2018 decidió extender su mercado a los servicios sociales. Absorbió al Grupo 5 Acción y Gestión Social, una empresa especializada presente en siete comunidades autónomas a la que en aquel momento no le salían las cuentas. Conservó su nombre dentro del conglomerado y siguió gestionando servicios como el Samur Social de Madrid y varios de los centros para personas sin hogar más concurridos de Madrid como el de La Rosa, Juan Luis Vives y Puerta Abierta.

Pero las órdenes, la dirección y organización de todos los dispositivos, incluidos los que se abrieron en IFEMA y en el Polideportivo Marqués de Samaranch al comienzo de la crisis, parten de la estructura empresarial de Corpfin Capital. “Aunque no soy experto en derecho mercantil, la actuación de estos fondos es siempre la misma: Los tres primeros años se dedican a amortizar su inversión, los tres siguientes a optimizarlo y los tres últimos a su venta. Nosotros estamos empezando a entrar en la rampa de salida de los productos que este fondo va a vender”, intuye un representante sindical que prefiere no dar su nombre por temor a las consecuencias que pueda tener su crítica.

Con el desembarco de este fondo buitre en la red asistencial madrileña se inició una reestructuración de los recursos humanos para reducir costes. Agruparon las cuatro sociedades más importantes que conformaban el Grupo 5 y recolocaron a una parte de la plantilla considerada “no esencial” con licitaciones a la carta en puestos peor remunerados o, simplemente, para forzar su salida de la empresa. Externalizaron servicios básicos, se deshicieron de todo lo que podía lastrar su finalidad mercantil, incluidas seis residencias en Baleares y el plan de igualdad que los sindicatos negociaban con la antigua dirección del Grupo 5. A cambio, impusieron el suyo hasta que fue frenado por la aparición en escena de los tribunales. Sin embargo, los trabajadores perdieron a su representante legal en la empresa y todo acceso a la memoria económica corporativa.

La tensión llegó al paroxismo el pasado mes de noviembre cuando el Samur Social declaró una huelga por la falta de recursos con los que hacer frente a la saturación que sufría su servicio. Meses antes, el Centro madrileño de La Rosa, donde cada jornada acuden 35 personas a dormir, ya había denunciado la actitud de los propietarios al no cubrir las bajas laborales que se producían entre el personal de la residencia. “Ahora nos enfrentamos a otro problema grave: la falta de Epis. No llegan suficientes mascarillas a la mayoría de los centros abiertos en la ciudad, ni batas con criterios sanitarios y, en algunos sitios, hemos estado trabajando sin los guantes recomendados para evitar contagios, los de vinilo o nitrilo”, explica un trabajador.

Y luego está la saturación. En el de Las Rosas hay 80 usuarios, más del doble de su capacidad habitual. La sobreocupación se aprecia a simple vista. En el jardín, varias personas hablan en corrillos. Dos hombres caminan cariacontecidos alrededor del edificio. Se detienen un instante para encender un cigarrillo y continúan su paseo con las manos en los bolsillos. “Fueron rechazados en la selección que hicieron para entrar en IFEMA”, subraya una de las enfermeras del centro. En el interior se apañan como pueden. Han habilitado camas en lugares que antes se dedicaban al esparcimiento de los usuarios.

Hay cinco habitaciones colectivas, la más pequeña con seis plazas y la mayor con nueve. “Es casi imposible guardar la distancia social”, reconoce un auxiliar de servicios sociales que desde la entrada en funcionamiento de las medidas extraordinarias de confinamiento se deja la piel para hacer de este centro un lugar más cómodo y saludable. En los pasillos huele a desinfectante y los avisos para respetar las normas de socialización son constantes “Distancia social, María, ¡a dos metros!”, reclama solícito un auxiliar que reacciona de inmediato dando un paso hacia atrás. Nada de dar la mano a diestro y siniestro. Si alguien observa que no puede pasar sin tocarse, se pega a la pared y espera su turno.

Aunque es cierto que el ayuntamiento de Madrid ha reforzado el servicio con dos recintos especiales habilitados en IFEMA y en el Polideportivo Samaranch para albergar a 300 personas, todas ellas cuidadosamente escogidas en función de sus patologías y comportamiento, hay centros como el Juan Luis Vives de Vicálvaro donde a diario se viven situaciones complejas. Los cuatro trabajadores sociales que resisten los envites del coronavirus no pueden ocultar su amargura, la frustración “y un inmenso cabreo”.

Entre los 150 residentes, 15 más de lo que contempla el registro municipal de la red de acogida, hay dos casos positivos confirmados y varios más que están en la sala de preventivos, el lugar donde pernoctan los pacientes sospechosos de estar infectados. Cuando uno de ellos acude al baño, debe atravesar necesariamente la zona donde se congrega el resto de usuarios. Y ya se sabe que el virus es implacable con las personas que sufren patologías graves o tienen el sistema inmunológico debilitado, que en centros para personas sin hogar como el Juan Luis Vives son la mayoría. Hay drogodependientes, alcohólicos, maltratadores, expresidiarios, esquizofrénicos. “Una mezcla explosiva”, apostilla un auxiliar de la residencia.

De ahí que el verdadero problema para los responsables sea identificar a los asintomáticos pero resulta imposible saberlo. “Muchos siguen saliendo a la calle. ¿Cómo impedirles que no lo hagan, o que no compartan sus cigarrillos o cómo obligarles a que se recluyan en una habitación? Son un colectivo muy machacado y discriminado. Bastante tienen con lo suyo”, reconoce el trabajador. No es fácil imponer normas de seguridad en un albergue como el Juan Luis Vives, el centro de referencia para las personas sin hogar con diagnóstico de coronavirus. “Yo no puedo”, añade. Su razón para soportar tanta penuria es la pasión aunque admite “que a veces es muy difícil no dejarse arrastrar por el desánimo. Es desolador ver cómo se degrada todo, cómo varios compañeros han tenido que coger la baja porque la empresa ha aplicado los protocolos de aquella manera. Es que hemos trabajado muchos días sin mascarillas”, recalca el trabajador del centro.  

No es el único albergue donde se han registrado problemas. El sindicato CNT acaba de denunciar a Grupo 5 Acción ante Inspección de Trabajo por su “negligente gestión” en el centro temporal que abrió al comienzo del estado de alarma en el Polideportivo Marqués de Samaranch de Madrid para hospedar a 150 personas. Acusan a la empresa de irregularidades laborales, falta de coordinación y un nulo seguimiento individualizado de los casos, lo que ha generado conflictos internos. Al consumo de drogas y los robos, dice la nota del sindicato, “se suma la retención de medicamentos por parte de algunos usuarios que después se los administran sin control o los venden entre sus compañeros”.

Para las personas sin hogar, la Covid-19 es otra plaga más de las muchas que trastornan su vida cotidiana. Rubén de Pedro es psiquiatra del servicio vasco de salud y entre sus funciones en esta crisis está la de visitar los albergues habilitados en Bilbao para hospedar a los 300 ciudadanos que habitualmente duermen en la calle. De Pedro, un médico joven con un discurso magnético, no hace un diagnóstico general del impacto que supone para estas personas llevar cuatro semanas sometidas a las órdenes estrictas que tanto rechazan, “a ser interceptadas por la policía cada vez que ponen un pie en la acera, a los problemas que les plantean cuando van a comprar tabaco o vino en el supermercado”, afirma. Sin embargo, hay algo sorprendente que ha descubierto durante el periodo de confinamiento. A algunos les ha permitido valorar la asistencia, la atención que reciben por parte de los trabajadores sociales. Él les lleva las medicinas que necesiten, habla con ellos y le abren el corazón. “Por ejemplo, en uno de los albergues he conocido a una persona sin hogar crónica, ya mayor, de las que nunca ha querido saber nada de ayudas, que ni siquiera tenía DNI. Después de un trabajo concienzudo ha empezado a abrirse y es posible que algo cambie en su vida”, confiesa.

Otros están pasando por la abstinencia en un centro de acogida, muchos con enfermedades devastadoras que sólo contribuyen a multiplicar su incapacidad para combatir infecciones. El coronavirus les ronda como una bestia desatada. “No hay fin a sus problemas. Creo que también necesitamos una reflexión profunda sobre el sistema de atención a estas personas, los últimos, los nadie”, desvela el doctor.

A Madrid han empezado a llegar las primeras golondrinas. Pero a Ángel y Ana, que observan su vuelo rasante ensimismados, les debe parecer un garabato negro. “Abril siempre ha sido un mes lluvioso pero nunca tan triste”, exclama ella. Le coge la mano a su compañero y le dice que no piense en nada malo, que ya verá que todo se soluciona. El miedo es hoy un sentimiento palpable en ellos, el porvenir ni se lo plantean. “¿A dónde vamos a ir con nuestra maleta?”

CTXT

CCOO exige medidas de seguridad frente al COVID en el centro de personas sin hogar Geranios

Se trata de un recurso para personas sin hogar que cuenta con un centro de día y plazas nocturnas de albergue, en el que se presta atención social así como asistencia sanitaria básica. Durante la crisis sanitaria ha continuado su actividad en condiciones de incertidumbre e inseguridad.

En el Centro Abierto II Geranios, de titularidad municipal del Ayuntamiento de Madrid, pero de gestión privada a cargo de la entidad Accem, sus profesionales reclaman urgentemente medidas de prevención adecuadas para el nivel de riesgo al que están expuestos. Se trata de un recurso para personas sin hogar que cuenta con un centro de día y plazas nocturnas de albergue, en el que se presta atención social así como asistencia sanitaria básica. Durante la crisis sanitaria ha continuado su actividad en condiciones de incertidumbre e inseguridad.

Recientemente en Geranios se han dado 8 casos de coronavirus entre los usuario/as del servicio, así como un número indeterminado entre los profesionales. Hay bastantes bajas con sintomatología compatible con la infección por COVID 19, aunque al no realizarse los test de detección -como ha reivindicado CCOO- es imposible conocer el número exacto entre profesionales (también entre usuario/as).

La plantilla de Geranios ha presentado un escrito exigiendo medidas de seguridad adecuadas al nivel de exposición, como mascarillas de protección filtrantes, gafas antisalpicaduras o batas impermeables, así como que se escuche a sus profesionales para valorar sus necesidades y las medidas de prevención. Añaden que no desean interrumpir su actividad, sino trabajar en condiciones de seguridad.

Desde CCOO reclaman a Accem, la entidad gestora, la adopción urgente de todas las medidas de seguridad necesarias, que facilite EPI adecuados al nivel de exposición, que dote de mascarillas filtrantes de protección (ya que han manifestado su disposición pero “las guardan para momentos más graves”), formación e información sobre el coronavirus, así como consulta y comunicación con sus trabajadore/as y su representación legal, puesto que desde que comenzara esta crisis sanitaria lo está obviando sistemáticamente. CCOO ha conocido la existencia de casos de coronavirus y de muertes de usuarios/as en otros recursos de personas sin hogar que gestiona esta entidad y, pese a requerirla, no han facilitado informaciones tan vitales como estas.

Las personas sin hogar son un grupo especialmente sensible, dado que muchas presentan un estado de salud delicado, pueden tener diferentes patologías, adicciones y/o trastornos de conducta. Las trabajadoras y trabajadores de servicios sociales externalizados vienen realizando su trabajo de manera precaria pero con gran profesionalidad durante años. En esta crisis están además poniendo en jaque su salud y la de sus familias.

CCOO exige la adopción urgente de las medidas de seguridad necesarias y la dotación de EPI adecuados para evitar la situación de riesgo grave e inminente a la que se exponen diariamente esto/as profesionales.

CCOO

Residencias de mayores en Madrid. El lucro privado y los recortes del PP provocan una hecatombe

¡El Gobierno central debe actuar! ¡Nacionalización de todo el sector bajo el control de trabajadores y familias!

La crisis del coronavirus ha puesto en evidencia el modelo de gestión de las residencias de mayores en la Comunidad de Madrid (CAM) y en el resto del Estado. Un modelo en el que la inmensa mayoría de dichas residencia esta en manos de empresas privadas, y que pone el negocio por delante del cuidado y la salud de los mayores en los últimos años de sus vidas. Por otro lado, en aquellas que son públicas, los recortes y la falta de medios han causado estragos cuyas consecuencias vemos ahora.

De los más de 14.000 fallecidos contabilizados en todo el Estado, el número de ancianos fallecidos en las residencias de mayores a consecuencia del coronavirus sigue creciendo a un ritmo alarmante. Según los últimos datos en el Estado español han fallecido durante la crisis del coronavirus al menos 8.353 mayores residentes en residencias públicas y privadas. Una auténtica matanza que era perfectamente evitable.

Ocultación de datos y amenazas a las y los trabajadores. ¡Queremos saber la verdad!

En las residencias de la CAM desde el comienzo del la pandemia el número de personas fallecidas por coronavirus es de más de 4.220, y los ancianos contagiados y aislados se cuentan por miles. Ante esta escandalosa situación, desde el día 26 de Marzo hasta el día 7 de Abril la CAM dejó de dar datos sobre los fallecimientos en residencias de mayores.

Según ha señalado la prensa las propias cifras de fallecimientos en las residencias del Ministerio de Sanidad y la CAM no tenían en cuenta más que a los diagnosticados, siendo muy inferiores a la realidad. La presidenta de la CAM, Díaz Ayuso, ha señalado que “es muy difícil establecer una cifra exacta”, lo que pone en evidencia la completa ineptitud de su Gobierno y sus constantes mentiras a la población. Solo cuando el escándalo ha saltado a los medios, como finalmente ha ocurrido, comienzan a intentar contabilizar correctamente a las víctimas. ¡Qué vergüenza!

Las cifras seguirán aumentando durante los próximos días ya que según los últimos datos del área de Políticas Sociales, el mes de abril comenzó con 14.894 mayores en aislamiento, de los cuales 4.156 presentaban algún síntoma y 655 habían dado positivo en la prueba del coronavirus.

Un buen ejemplo de este secretismo, permitido por las administraciones, son residencias de ancianos concertadas y privadas como Ballesol en la CAM, presidida por el presidente de una de las patronales del sector (AESTE), o DomusVi en Pontevedra. En ambas están exigiendo a los trabajadores que firmen clausulas de confidencialidad y les han amenazado con el despido si hablan con algún medio de cara a denunciar las muertes de mayores en sus centros fruto de la situación de caos y de la falta de medios y personal.

El sector privado se preocupa solo por hacer beneficios ¡Estas son las consecuencias!

A pesar de todos estos datos tan estremecedores, solo 8 centros han sido intervenidos en la CAM, un número ridículo y que demuestra la falta de un plan serio para acabar con las muertes por coronavirus dentro de las residencias. La CAM prefiere no tocar estos negocios privados a pesar de que sus gestores han demostrado su completa incapacidad para acabar con esta tragedia. Esta epidemia ha puesto en evidencia los resultados de tratar el cuidado de nuestros mayores como un negocio.

Un negocio en el que hace tiempo entraron a participar grandes fondos de inversión, los llamados fondos buitre. En el Estado español hay 5.457 centros de los cuales el 40% son de titularidad privada. De toda la facturación de las empresas gestoras de residencias de mayores, 4.500 millones de euros, el 59%, aproximadamente 2.655 millones de euros, corresponde a ingresos que van a parar a las empresas que gestionan residencias privadas.

Un negocio muy suculento y que va a ir en aumento si tenemos en cuenta que entre 2010 y 2018 el número de mayores de 65 años ha aumentado en el Estado español en 1 millón de personas mientras el número de plazas solo ha aumentado en 12.353. Se aprovechan de las necesidades sociales para lucrarse, con las consecuencias que estamos viendo.

Entre estas empresas encontramos a la francesa DomusVi, uno de cuyos centros ha sido intervenido por la CAM por la situación crítica en la que se encontraba. Pero la lista es larga: Intermediate Capital Group, CVC, Orpea, denunciada por sus trabajadores por ocultar las muertes de residentes en uno de sus centros de Madrid. También han encontrado un nicho de negocio empresas constructoras que vieron como sus ingresos bajaban por el parón de la construcción durante la crisis de 2008 como CLECE, filial de ACS de Florentino Pérez o SACYR, cuyo presidente ganó en 2019 la nada despreciable cifra de 8,16 millones de euros. O la sanidad privada con Sanitas o HM Hospitales que con el negocio de las residencias de mayores cierran el círculo de la asistencia sanitaria privada. Las privatizaciones han precarizado el sector de cara a aumentar la tasa de beneficios de estas grandes empresas.

Una intervención pública que tomará el control de todas las residencias de la CAM, permitiría desarrollar un plan global centralizando los recursos y redistribuyéndolos allí donde son más necesarios. Pero evidentemente, esto daría al traste con los lucrativos negocios de este puñado de empresas.

Falta de medios, falta de personal y precariedad laboral. Una tragedia anunciada

Por otro lado, la situación de los trabajadores y trabajadoras de los centros, la mayoría de ellas mujeres ya que es uno de los trabajos de cuidados más feminizados, es crítica: entre el 40 y el 60% del total está de baja, -en algunas hasta el 50% de la plantilla- y los que están trabajando, lo hacen en condiciones extremas, sin EPIS de protección ni medios, con jornadas agotadoras que se alargan muchas horas con el desgaste físico y psicológico que esto supone, y sin saber además qué ancianos están infectados o no con el coronavirus, por la falta de tests. La falta de personal hace que los mismos auxiliares que atienden a los ancianos enfermos y aislados tengan que atender a los sanos, algo que facilita extender la enfermedad y las muertes. ¡Si no se ha contratado más personal para evitar esta situación es porque no se ha querido!

Pero además esta falta de personal no es nada nuevo, se ha producido durante años, con plantillas siempre al límite, agravándose la situación con las salvajes políticas de recortes que hemos sufrido durante los últimos 10 años por parte del PP en la CAM. Años de recortes salariales, acuerdos marco negociados entre la patronal y la misma administración (la CAM) donde se ajustan los ratios al máximo a la baja de cara a que las empresas puedan obtener el máximo beneficio posible, y con condiciones laborales y salariales de completa precariedad. Todo esto ha llevado a una completa degradación del servicio y de la atención a nuestros mayores, que ahora se traduce en una auténtica masacre. Esto es lo que ocurre cuando la salud o los cuidados se convierten en un lucrativo negocio.

La CAM mira para otro lado y quiere hacer recaer el cuidado de los mayores sobre sus familias.

La semana pasada la Consejería de Políticas Sociales remitió una carta a los centros, con una serie de medidas para la “prevención y control de la transmisión de la enfermedad”, en la que recordaba que “lo más importante es proteger a las personas vulnerables” y “por ello si dispone de apoyo y una cobertura suficiente para permanecer en su propio domicilio, es muy recomendable quedarse en el mismo, hasta que el curso epidemiológico de la enfermedad se controle.” Es decir, que se encarguen las familias de muchos mayores que requieren cuidados, medicación o tratamientos.

¿Esta es la forma de proteger a las personas más vulnerables? ¿Es así como pretende prevenir y controlar la transmisión de la enfermedad en las residencias de mayores? ¿Mandándolos a sus casas, sin saber si están contagiados y sin saber si su entorno lo está? ¿Quitándoselos de en medio y abandonándolos a su suerte? No, eso no es proteger a las personas vulnerables.

Eso es trasladar su responsabilidad como Administración y la responsabilidad de las empresas privadas que se han lucrado con este negocio, que es el cuidado y la salud de los residentes, a las familias, ya de por sí angustiadas con la situación que sus familiares están viviendo y que ahora tienen que decidir si se los llevan o no a sus casas donde, obviamente, ni tienen medios ni conocimientos para atenderlos debidamente. Una consecuencia más de años y años de recortes y privatizaciones.

¡Basta de discursos, queremos hechos! Nacionalizar el sector y dotarlos de todos los medios y personal necesarios

Desgraciadamente el Gobierno central no solo no ha intervenido en una situación límite como la de la CAM, sino que la Fiscalía General del Estado, después de abrir diligencias para investigar si podían existir responsabilidades penales ante la muerte de miles de ancianos y ancianas, la han cerrado en unos pocos días indicando que no ven indicios de delito de ningún tipo. ¡Es una auténtica vergüenza! Lo único que podemos pensar ante esta actuación es que el aparato del Estado y los distintos Gobiernos están de acuerdo en intentar ocultar lo que está ocurriendo y evitar depurar responsabilidades.

A pesar de la insistencia de las instituciones en que la tercera edad constituye el mayor grupo de riesgo, ni el Ministerio de Sanidad, ni la CAM están haciendo nada por protegerlos, abandonándolos a su suerte sin posibilidad de aislarse en espacios seguros. De hecho se ha planteado que los ancianos enfermos deberán permanecer en las residencias, a pesar de no tener los medios adecuados para asistirles, fruto del colapso de la sanidad pública.

Aunque es evidente que el problema han sido los recortes en medios y personal, esta situación no se revierte. Se sigue actuando igual. Si se contrataran inmediatamente miles de trabajadores en el sector, en todas las categorías, con condiciones laborales y salariales dignas, y adoptando las medidas necesarias para proteger su salud, las cosas serían muy distintas. ¿Por qué no se puede hacer esto? ¿No permitiría esto atender más individualizadamente, con menor rotación de trabajadores, de cara a no expandir la enfermedad? Sí, hay medios, pero ni las empresas privadas quieren ponerlos, ya que reducirían sus beneficios, ni la Administración lo hace u obliga hacerlo.

El Gobierno del PSOE-Unidas Podemos no puede seguir obviando esta situación. La única medida posible para poner fin a esta catástrofe es tomar el control de todas las residencias, dotarlas de los medios sanitarios y humanos suficientes para poder tratar debidamente a los residentes y evitar que sigan muriendo como lo están haciendo solos y lejos de sus familias. Sí hay recursos, pero tienen que ponerse a disposición de quienes más lo necesitan, y no de banqueros y grandes multinacionales como está ocurriendo.

Es necesario nacionalizar todo el sector, todas las residencias privadas y concertadas, y los servicios asociados, y dotar a los centros públicos de los medios y recursos necesarios, y con un personal con condiciones laborales y salariales dignas. Los capitalistas han demostrado su completa incapacidad, ¡es hora de que las y los trabajadores tomemos el control!

Sindicalistas de Izquierda