Hoy 28 de octubre el cinismo
inunda las calles de Madrid. Para conmemorar el Día de las Personas Sin Hogar,
los responsables de erradicar el sinhogarismo (Ayuntamiento y Comunidad de
Madrid) nos “movilizan” contra ellos mismos para denunciar su mala gestión, a
través de la patronal beneficiaria de la privatización de los servicios
sociales: FACIAM (la Iglesia Católica) y fondos buitre como Grupo 5 (que sólo
en 2019 repartió 26 millones de euros en dividendos).
Hoy, quienes obtienen beneficios
multimillonarios vampirizando el dinero público destinado a atender a las
personas en situación de vulnerabilidad social, denuncian la falta de recursos
públicos para atender a estos colectivos.
Hoy, quienes niegan el derecho a
la movilidad a las personas sin hogar se lo “exigen” a sí mismas. Con lo fácil
que sería facilitar abono transporte a las personas sin recursos económicos.
Hoy, quienes mantienen a cientos
de personas malviviendo en las calles de Madrid por falta de plazas en los
albergues, “gritan” NadieSinHogar. Quien cada día niega el derecho a techo, hoy
se lo “exige” a sí mismo.
Hoy, quienes desprofesionalizan
la red de atención a personas sin hogar no reconociendo a las y los Técnicos
Superiores en Integración Social nos hablan de excelencia. Quienes estafan a la
ciudadanía vendiendo proyectos que nunca se llevan a cabo pero que sirven para
justificar contratos millonarios nos hablan de calidad en la intervención
social.
Hoy, quien se lucra de
“gestionar” la pobreza ajena nos pide ser solidarios. Basta de demagogia.
¡Fuera fondos buitre de los servicios sociales!
El sinhogarismo tiene solución:
cumplir el artículo 47 de la Constitución: “Todos los españoles tienen derecho
a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán
las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer
efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el
interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las
plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”. Todo lo
demás son falacias para mantener el negocio.
Por fin se habla en el Ayuntamiento de la situación que sufrimos en sus servicios sociales. Una precariedad insultante y una atención también muy pobre para que los de siempre se forren. A costa de profesionales y personas usuarias. Nada nuevo. Pero al menos ahora se dice.
Si Aniorte y su equipo quisieran, podrían al menos paliar de inmediato la precariedad más lacerante, reconociendo la categoría profesional como Técnicos en Integración Social a los equipos de Auxiliares de Servicios Sociales. De esta forma se dignificarían un poquito nuestros sueldos, y se podría empezar a pensar en implementar los proyectos de los centros, dejando de estafar así a la ciudadanía. ¿O cómo pretende el Ayuntamiento abordar, por ejemplo, cuestiones tan delicadas como el impacto vecinal? Suponemos que intentando engañar al vecindario, como hasta ahora.
Hemos llegado al Día de la Salud Mental inmersos en una campaña propagandística del gobierno, con un anteproyecto de ley (que parece bienintencionada, aunque todo apunta a su insuficiencia, ya veremos en qué queda) y el anuncio de más inversiones. ¿Pero quién terminará quedándose ese dinero? Nos quedamos con la imposición de ratios mínimas de profesionales de salud mental en la sanidad pública y el anuncio de la creación de la especialidad de psiquiatría infantojuvenil, perpetua reivindicación del mundo de la psiquiatría.
Como ha desvelado Infolibre estos días, la atención en salud mental está en manos de órdenes religiosas y fondos buitre, como las residencias de mayores. Y el proyecto de ley nada dice sobre revertir esta realidad. Mientras todo gire en torno al negocio, de poco valdrán las buenas intenciones.
Lo mismo sucede con el anunciado teléfono para prevenir el suicidio ¿quién lo "gestionará"? Pero además, mientras no cambien las condiciones materiales de vida, poco se podrá hacer. Por mucho que el relato liberal, y su correlato biomédico, traten de individualizar los problemas, que el suicidio sea la primera causa de muerte no natural (por encima de los accidentes de tráfico) indica su carácter social. Junto a medidas sanitarias, son imprescindibles las medidas sociales para combatir esta lacra. Nada nuevo aunque se haya intentado ocultar desde siempre: "El número de suicidios, debe ser considerado como un síntoma de una organización social deficiente, porque es justamente en época de crisis, de detención de la industria, de encarecimiento de los alimentos y de duros inviernos, cuando este síntoma es más evidente y adquiere carácter epidémico" (Acerca del suicidio. Karl Marx, 1846).
Eso sí, esta futura ley incluye por primera vez la salud mental como un problema derivado del entorno laboral, modificando la Ley de Prevención de Riesgos Laborales con un añadido:"El empresario adoptará las medidas de prevención, vigilancia y control necesarias para
garantizar la protección de la salud mental de las personas trabajadoras, realizando de forma regular,
reglada y conocida por las y los Delegados de Prevención las evaluaciones de riesgos psicológicos y
sociales relacionados con cada puesto. Se promoverá el derecho efectivo a la desconexión digital, la
promoción de un ambiente saludable de trabajo y el mantenimiento del bienestar emocional de las
personas trabajadoras, prestando especial vigilancia en los casos de acoso". Sin duda un paso adelante, pero veremos en qué queda.
Por otro lado, el anteproyecto de ley es una nueva ocasión perdida para consolidar el tratamiento basado en los derechos humanos. Es cierto que apunta en la buena dirección, suponiendo un evidente paso adelante. Pero sigue dejando la puerta abierta a los abusos y los "tratamientos" claramente iatrogénicos. Por ejemplo, las contenciones mecánicas. El anteproyecto aboga por una regulación más estricta, tendente a su abolición, pero no se prohíbe. No se trata de atar mejor, sino de no atar. Porque se puede. Reino Unido o Islandia ya lo han hecho.
Y es que es algo evidente, la única manera de evitar las consecuencias (muertes todos los años incluidas) y el sufrimiento que la contención mecánica necesariamente conlleva, es no atando. Esta práctica es tan desconocida por la sociedad como habitual no sólo en salud mental, sino en otros muchos sectores y recursos como residencias de mayores, centros de menores, residencias de atención a discapacidad, prisiones...¿No resulta llamativo que cárceles, centros sanitarios y residencias de servicios sociales utilicen las mismas "herramientas terapéuticas"? Todo esto forma parte de la llamada cultura de la coacción. Sí, también necesitamos un cambio cultural en nuestros sectores sociosanitarios. El despotismo ilustrado del "es lo mejor para tí" debe dar paso a un tratamiento realmente respetuoso y empoderante, donde la persona sea la protagonista de su propio proceso, de su vida.
En la misma línea que estas organizaciones, desde la Confederación de Salud Mental España se afirma que "Las medidas coercitivas no respetan en ningún caso los derechos humanos y por supuesto no son terapéuticas. Estamos en un punto en el que hay que poner el énfasis en la búsqueda de medidas alternativas para una atención adecuada, que no atente contra la dignidad y la libertad de la persona”. Incluso desde el CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) indican que las contenciones mecánicas “violan de modo abrumador los derechos humanos fundamentales, como el de la libertad personal, el de no recibir tratos inhumanos o degradantes y el de preservar la dignidad individual. Se trata de una práctica aberrante que niega el contenido esencial de esos derechos. Ni ética, ni jurídica, ni social, ni médicamente pueden ser aceptados o tolerados. Las medidas coercitivas suponen un sufrimiento psíquico traumático, que puede romper los vínculos terapéuticos".
No queda lugar para las dudas. Pero por si acaso, nunca está de más recordar que la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las Personas con Discapacidad prohíbe estas prácticas desde 2006. O que el Relator Especial contra la tortura ha presentado varios informes ante la Asamblea General de la ONU denunciando que la práctica de inmovilizaciones no cuenta con justificación terapéutica y constituye un trato cruel y degradante. En su informe de 2017 indica que "se deberían ampliar las intervenciones psicosociales eficaces en el ámbito comunitario y abandonar la cultura de la coacción, el aislamiento y la medicalización excesiva” y facilitar así “la transición hacia la erradicación de todos los tratamientos psiquiátricos forzosos y el aislamiento” que conlleve “un cambio de paradigma basado en la recuperación y la atención comunitaria”.
Queremos terminar en positivo. Porque sí se puede actuar de otra manera, respetando los derechos de las personas. Por eso terminamos con el trabajo de la geriatra Ana Urrutia, que está cambiando el mundo de la atención a nuestros mayores. El vídeo "Quitadme las cadenas blancas. Cuidar dignamente sin sujetar"es imprescindible.
Es necesario dar en las calles la
respuesta que se merece el anteproyecto de ley de nueva Reforma del Sistema de
Pensiones aprobado en julio por el Gobierno. Bajo la envoltura demagógica de
garantizar la revalorización de las actuales pensiones, quieren colarnos nuevos
retrasos en la edad de jubilación y un sistema de descuentos por anticipo de la
jubilación que recortará las futuras pensiones de cientos de miles que hoy
siguen en activo.
Mintiendo descaradamente, el
ministro Escrivá anuncia que se deroga el factor de sostenibilidad que
amenazaba la cuantía futura de las pensiones. ¡No es verdad! Se limitan a
cambiarlo de nombre, Factor de Equidad Intergeneracional. Pero bajo este
rimbombante nombre se ocultan las mismas intenciones de la reforma de pensiones
del PP: hacer recaer sobre los bolsillos de los pensionistas los costes de la
crisis de su sistema.
¡No lo vamos a permitir!
¡Defendamos en las calles las pensiones y los servicios públicos!
Mañana, en el Festival de Cine de Madrid, emiten Hijos de Dios, un largometraje sobre nuestra gente. Poco más que decir, mejor que hable el director, Ekain Irigoien.
Que esta entrada sirva de homenaje a Mari Jose, protagonista de la película. Nos dejó hace un tiempo, pero la buena gente nunca se va del todo. Nunca nos faltó su aliento en nuestra lucha. ¡Gracias!
El 2 de octubre se celebra el Día de la Educación Social. Una profesión tan bonita como complicada. Al igual que Trabajo Social, Integración Social y demás profesiones del gremio, trabajamos directamente con personas en situación de dificultad, por lo que asumimos una gran responsabilidad. Penas y alegrías se suceden en nuestro día a día.
Y además, las penurias y las precariedades (nunca tocan risas) llegan cada fin de mes, cuando vemos que esa gran labor que nos empeñamos en decir que hacemos, nunca es recompensada. Porque esa gran labor, salga bien o salga regular, siempre repercute en los mismos. De forma multimillonaria además. Y todo con dinero público.
Hoy, además de celebrar lo bonita y vocacional que es la Educación Social, podemos aprovechar para exigir unas condiciones laborales dignas en el sector (seguimos siendo de los peor pagados y con contratos más precarios del mercado laboral).
A lo mejor, si algún día se nos dejara de henchir el pecho y llenar tanto la boca para decirnos lo profesionales que somos, y nos reconocieramos un poco más como trabajadoras y trabajadores precarios, otro gallo nos cantaría. Y a nuestros usuarios y usuarias también. Igual así los "momentos de vida" nos permitirían pagar la luz.
