Los planteamientos con lo
que acude la patronal del tercer sector a negociar son el retrato de la misma
precariedad y pobreza que reclaman combatir desde sus entidades
“sociales”.
Las patronales del tercer
sector están nutridas de ONG, Fundaciones, o entidades de “de interés social”
como les gusta llamarse… que atienden a las personas en situación o riesgo de
exclusión social.
Llevan cuatro años
negociando con CCOO y UGT el segundo convenio colectivo marco de Acción e
Intervención Social. Durante este tiempo las trabajadoras y trabajadores del
sector han estado en primera línea de atención a las personas más vulnerables,
sin confinamiento porque su actividad
era esencial para la sociedad, sin ERTE o parones en la actividad, sus
profesionales pusieron en riesgo cada día sus vidas y las de sus familiares. En
torno al 60% de las personas trabajadoras tiene contratos precarios y el 55%,
solo jornadas parciales. La abrumadora mayoría son mujeres trabajadoras. Sus
actuales condiciones laborales generaban que muchas de estas profesionales se
situarán por debajo del umbral de pobreza de este país, y formarán parte de los
llamados “trabajadores pobres”, según los índices que fija en su informe anual
Cáritas, organización integrante de la plataforma del tercer sector. Esto es lo
que denunciábamos en noviembre de 2021.
Pero es que hoy, nos
encontramos con el IPC del mes de marzo disparado a un 9,8%, según las cifras
dadas hace unos días. Se trata de la tasa más alta en 37 años. En este
escenario la mejor propuesta de las patronales del Tercer Sector ha sido subir
las tablas salariales un 2% para el año 2022
(lo que representaría una pérdida de salario de 7,8 puntos solo este año) y se acompaña de
escasísimos o casi nulos avances en derechos sociales o de mera conciliación
(un día de asuntos propios?).
A pesar de que este
Sector cuenta con profesionales de alta
cualificación y especialización, “lo social” parece que debemos ser personas
trabajadoras de segunda, pues aun siendo uno de los sectores laborales con
mayor cualificación necesaria y de vocación e implicación con la imprescindible
labor social, se nos recompensa con los salarios más bajos, junto las mayores
ratios de precariedad, inestabilidad, temporalidad y de jornadas parciales que
forman parte de nuestra realidad laboral. Dicha situación es la que se pretende
mejorar en la actual negociación de nuestro convenio por parte de CCOO. Pero la
realidad supera la ficción. Después de más de un año de covid, en el que el
sector no ha parado de trabajar, en el que las cargas de trabajo han sido más
elevadas, en el que los recursos desde los gobiernos central, autonómico y
local, para temas sociales, no han parado de fluir, con un Gobierno que enfatiza
con la idea de los presupuestos generales más sociales de la historia y de “NO
DEJAR A NADIE ATRÁS”, nos encontramos con una patronal que, al amparo del
dinero público, reniega de su mayor capital, las personas trabajadoras que
realizan esa labor social. Todo ello con el beneplácito y la complicidad de las
distintas administraciones públicas, que, entre otras cosas, permiten la
incorporación de FONDOS BUITRES al sector, llegados aquí por el nicho de
negocio y el beneficio que han encontrado en los servicios sociales.
Las profesionales de lo
social vivimos en precario, tenemos unos de los sueldos más bajos del mercado
laboral y las patronales del Tercer Sector, repletas de su buenismo, no solo no
combaten la pobreza y la precariedad de las trabajadoras de la intervención
social sino que pretenden apuntalar
bien.
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