Pobres, vendidas y esclavizadas sexualmente. La red de prostitución de menores os escupe a la cara

 

Otra vez saltan a la prensa y la televisión escándalos de maltrato y explotación sexual de menores bajo la tutela del Estado. Y como también es habitual, tras abordar de la forma más sensacionalista y cínica esta realidad, los hechos se intentan enterrar en el olvido. Pero no, no vamos a olvidar. Tanto lo ocurrido con este último caso como en los anteriores, desnudan un sistema podrido y una moral política nauseabunda. Todos miran para otro lado. Todos son unos canallas.

Estremecedor. No hay otra palabra. Conocer que niñas de 13 y 14 años “acogidas” en centros de la Comunidad de Madrid (CAM) fueron enganchadas a las drogas para introducirlas en una red de prostitución, y todo ello ante la pasividad infame de cuidadores, responsables y políticos, produce una nausea inacabable. Una de ellas, una niña de 13 años fue vendida por su progenitor a un proxeneta a cambio de dos bolsas de cocaína. Varias fueron prostituidas en zulos, narcopisos y polígonos industriales, incluso secuestradas y agredidas sexualmente hasta 72 horas ininterrumpidas, sin recibir ningún alimento. Pero aquí no se juzga a ningún responsable. Aquí todo se tapa, todo se encubre, todo se esconde.

Lo sabían y no hicieron nada

No estamos ante una trama criminal que actúa al margen de las instituciones y de forma clandestina. Esto no es ficción, no es una serie de televisión, no es novela negra. Es lo que ocurre en 2022, en una sociedad que se considera democrática y avanzada, con una legislación teóricamente garantista de los derechos de la mujer y los niños.

Ocurre dentro del sistema de tutela de menores, sostenido por los Gobiernos autonómicos y central, por el PP, por el PSOE y por UP. Y ocurre una y otra vez. Basta con leer el auto de la investigación, donde se recoge como la Policía “procedió a tomar declaración al educador de la residencia infantil donde se encontraba la menor (...) informando cómo (...) se fugaba habitualmente del centro, y cuando regresaba, lo hacía en unas condiciones de desamparo total, sucia, con aspecto de ‘yonki’”.

Es decir, lo sabían y no hacían nada, no movían un dedo para evitarlo, para que este sufrimiento sórdido y cruel parase. Y si esos educadores actuaron así es porque tenían instrucciones precisas para actuar así, normalizando lo que es imposible de normalizar.

Los datos que prueban que el problema es sistémico son abrumadores. En 2017, un informe de UNICEF alertaba de casos de explotación sexual en centros de menores de siete de las nueve comunidades autónomas que había investigado. Dos años después saltó el escándalo en Mallorca, cuando tras la violación grupal de una niña de 13 años tutelada por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, el máximo responsable de este organismo reconoció tener constancia de que hasta 16 menores –15 chicas y un chico– con medidas de protección por parte de la institución, habían sido víctimas de explotación sexual.

Serafí Carballo, Defensor del Menor de Baleares, denunció que hay constancia de este mismo tipo de redes en Murcia, Sevilla, Castellón, Las Palmas y Madrid. Actualmente, en la Comunidad Valenciana se investigan 175 casos de abusos a menores tutelados por la Generalitat. La situación es tan escandalosa, que tanto Amnistía Internacional como el Comité contra la tortura de la ONU señalan los habituales abusos en centros de menores españoles.

El grado de impunidad y de absoluto desprecio del entramado burocrático institucional respecto a estas criaturas es tal, que ni siquiera intentan disimular. Y los responsables son todos: PP, PSOE y UP, todos los que tienen mando en la gestión y administración de este servicio social esencial.

Noemí Pereda, directora del Grupo de Investigación en Victimización Infantil y Adolescente de la Universidad de Barcelona informó de que “durante el informe que hicimos con la Universidad de Barcelona solicitamos como comisión de expertos a las distintas autonomías que comunicaran si en sus centros había casos de explotación y si tenían protocolos para prevenirla. Ninguna comunidad, excepto Madrid e Ibiza, respondió. Y estas últimas en el sentido de que estaban trabajando en un documento. Es un tema tabú, es un tema secreto que las comunidades quieren tapar a toda costa”.

En 2017, un informe de UNICEF alertaba de casos de explotación sexual en centros de menores de siete de las nueve comunidades autónomas que había investigado. 

Pero este secreto, además de evitar que se escarbe en la situación de abandono y marginación que sufren miles de menores, también quiere esconder el fabuloso negocio que se está haciendo con la privatización de este servicio. En lugar de garantizar el bienestar de los menores abandonados y tutelados, la política de Estado es garantizar el lucro de un puñado de empresas que se presentan ante la opinión pública, gracias al lavado de cara que les proporciona la administración, como fundaciones y ONGs.

El negocio de aplastar a los débiles

Aunque la opinión de los especialistas en maltrato infantil es que estos niños, niñas y adolescentes deben ser acogidos por familias o en pisos tutelados, con personal capacitado y suficiente para que un trato individualizado permita construir vínculos afectivos basados en la confianza y el respeto, la realidad es muy diferente: actualmente hay más de 23.000 menores viviendo en residencias infantiles que renuncian mayoritariamente de este objetivo.

El beneficio manda. Según un estudio de la Cámara de Cuentas de Andalucía el gasto medio de un menor que vive en una residencia supera los 3.000 euros al mes. Teniendo en cuenta que el 95% de los centros de menores están privatizados y que ‘acogen’ a decenas de miles víctimas, estamos hablando de un gran volumen de dinero público que se entrega a manos privadas. Y ya sabemos cuáles son los criterios que rigen en estas empresas: masificación, bajos salarios, escasez y falta de cualificación del personal, ausencia de dotación material y, en un sector donde los ‘usuarios’ son víctimas indefensas, malos tratos.

No es ninguna casualidad que cuatro de las menores prostituidas bajo tutela de la CAM pertenezcan al centro Picón del Jarama, tristemente famoso en 2009 por los crueles castigos aplicados bajo la gestión de la Fundación O'Belén. Ángel, un adolescente fugado de esa casa de tortura, relató el suicidio de un compañero de doce años y otros dos intentos, “uno tragándose un lápiz y otro con cristales”, además de constatar como muchos chicos “están totalmente empastillados, quietos todo el día y sin moverse”.

Respecto a otro centro gestionado por la misma fundación en Azuqueca de Henares, un educador denunció como entre 2004 y 2006 fue testigo de castigos de “contención salvaje” y el uso continuado de un “trato vejatorio, con insultos y malas formas”, concluyendo que en “O'Belén quizá sean los salvajes entre los salvajes, pero se sabe que este modelo de disciplina se está utilizando en otros centros, igual que en otros países europeos, pero mueve demasiado dinero como para intervenir”. 

Su moral y la nuestra

Mientras esta barbarie se desarrolla con total impunidad, las y los tertulianos harán hincapié en la nacionalidad extrajera de los proxenetas o describirán de forma morbosa la falta de instinto maternal y paternal de los progenitores a los que, correctamente, se les retira la custodia de sus hijos. Pero en ningún caso irán al fondo del asunto: la miseria creciente que alimenta la desesperación, todo tipo de adicciones e, inevitablemente, la violencia.

No quieren destapar la relación causa efecto entre las precarias condiciones en las que malviven los sectores más empobrecidos de nuestra clase y lacras como el alcoholismo y la drogadicción, la ludopatía, el maltrato infantil o la prostitución. De hecho, la crisis económica que nos azota ha provocado que en los últimos cinco años el número de menores tutelados en el Estado español haya aumentado un 18%, superando por primera vez los 50.000.

Tampoco quieren desnudar esta verdad los políticos al frente de las instituciones. Al lado de la bochornosa inhibición de la izquierda gubernamental en Baleares, tenemos a la derecha, que por boca de Ayuso y frente a la violación reiterada de niñas en Madrid simplemente espeta que “una vez salen a la calle, la Comunidad de Madrid no puede ponerles vigilancia”.

La crisis económica que nos azota ha provocado que en los últimos cinco años el número de menores tutelados en el Estado español haya aumentado un 18%, superando por primera vez los 50.000. 

¿Qué otra cosa podíamos esperar? Decenas de miles de nuestros mayores murieron sufriendo y en soledad, encerrados como animales en las habitaciones de las residencias geriátricas durante la pandemia. Aunque, seguramente, para los beneficiarios de los casi 5.000 millones de euros anuales que genera este sector, el profundo dolor que ello ha provocado esté plenamente justificado o, mejor dicho, rentabilizado.

Para los capitalistas la vida de la mayoría vale muy poco. Pero, si además se trata de un ser humano pobre, menor y mujer no valdrá absolutamente nada: tan solo es materia prima para la explotación laboral, o para ser violada en un burdel próximo, o para sumergirse en las cloacas de las drogas y el alcohol.

Los poderosos consideran a los niños y niñas como otra fuente más de beneficio; pero nosotros, sin importar que sean o no nuestros hijos e hijas biológicas, los consideremos seres maravillosos a los que hay que proteger y hacer felices. Y eso, no hay otra opción, implica una lucha frontal y sin reservas contra este orden cruel y sin corazón.

Izquierda Revolucionaria