Esa es la realidad. Los datos son contundentes. El 25% de las personas infectadas por coronavirus es personal sanitario y sociosanitario. Contagios que se podían haber evitado si las plantillas hubieran tenido acceso a los epis necesarios. No hace falta ser experto en epidemiología para entender que, de haberse cumplido la legislación en materia de prevención de riesgos laborales, el impacto de la pandemia en nuestro país hubiera sido mucho menor. Si empresas y administraciones hubieran cumplido la ley, se hubieran salvado miles de vidas (más teniendo en cuenta que el 71% de las personas fallecidas residían en residencias de ancianos).
Tienen que cambiar muchas cosas. La prevención de riesgos laborales no puede seguir siendo una mera molestia burocrática para cubrir el expediente. Es también cuestión de salud pública.
El gobierno puede cambiar las cambiar las cosas. Por ejemplo, empezando por reconocer el COVID19 como enfermedad profesional, como exigen los sindicatos y demanda la Organización Mundial de la Salud. Es de justicia. Acabar con la privatización de los sectores vinculados al mundo de los cuidados, una necesidad impostergable.
No hay comentarios:
Publicar un comentario