La crisis del coronavirus ha
puesto en evidencia el modelo de gestión de las residencias de mayores en la
Comunidad de Madrid (CAM) y en el resto del Estado. Un modelo en el que la
inmensa mayoría de dichas residencia esta en manos de empresas privadas, y que
pone el negocio por delante del cuidado y la salud de los mayores en los
últimos años de sus vidas. Por otro lado, en aquellas que son públicas, los
recortes y la falta de medios han causado estragos cuyas consecuencias vemos
ahora.
De los más de 14.000 fallecidos
contabilizados en todo el Estado, el número de ancianos fallecidos en las
residencias de mayores a consecuencia del coronavirus sigue creciendo a un
ritmo alarmante. Según los últimos datos en el Estado español han fallecido
durante la crisis del coronavirus al menos 8.353 mayores residentes en
residencias públicas y privadas. Una auténtica matanza que era perfectamente
evitable.
Ocultación de datos y amenazas a
las y los trabajadores. ¡Queremos saber la verdad!
En las residencias de la CAM
desde el comienzo del la pandemia el número de personas fallecidas por
coronavirus es de más de 4.220, y los ancianos contagiados y aislados se
cuentan por miles. Ante esta escandalosa situación, desde el día 26 de Marzo
hasta el día 7 de Abril la CAM dejó de dar datos sobre los fallecimientos en
residencias de mayores.
Según ha señalado la prensa las
propias cifras de fallecimientos en las residencias del Ministerio de Sanidad y
la CAM no tenían en cuenta más que a los diagnosticados, siendo muy inferiores
a la realidad. La presidenta de la CAM, Díaz Ayuso, ha señalado que “es muy
difícil establecer una cifra exacta”, lo que pone en evidencia la completa
ineptitud de su Gobierno y sus constantes mentiras a la población. Solo cuando
el escándalo ha saltado a los medios, como finalmente ha ocurrido, comienzan a
intentar contabilizar correctamente a las víctimas. ¡Qué vergüenza!
Las cifras seguirán aumentando
durante los próximos días ya que según los últimos datos del área de Políticas
Sociales, el mes de abril comenzó con 14.894 mayores en aislamiento, de los
cuales 4.156 presentaban algún síntoma y 655 habían dado positivo en la prueba
del coronavirus.
Un buen ejemplo de este
secretismo, permitido por las administraciones, son residencias de ancianos
concertadas y privadas como Ballesol en la CAM, presidida por el presidente de
una de las patronales del sector (AESTE), o DomusVi en Pontevedra. En ambas
están exigiendo a los trabajadores que firmen clausulas de confidencialidad y
les han amenazado con el despido si hablan con algún medio de cara a denunciar
las muertes de mayores en sus centros fruto de la situación de caos y de la
falta de medios y personal.
El sector privado se preocupa
solo por hacer beneficios ¡Estas son las consecuencias!
A pesar de todos estos datos tan
estremecedores, solo 8 centros han sido intervenidos en la CAM, un número
ridículo y que demuestra la falta de un plan serio para acabar con las muertes
por coronavirus dentro de las residencias. La CAM prefiere no tocar estos
negocios privados a pesar de que sus gestores han demostrado su completa
incapacidad para acabar con esta tragedia. Esta epidemia ha puesto en evidencia
los resultados de tratar el cuidado de nuestros mayores como un negocio.
Un negocio en el que hace tiempo
entraron a participar grandes fondos de inversión, los llamados fondos buitre.
En el Estado español hay 5.457 centros de los cuales el 40% son de titularidad
privada. De toda la facturación de las empresas gestoras de residencias de
mayores, 4.500 millones de euros, el 59%, aproximadamente 2.655 millones de
euros, corresponde a ingresos que van a parar a las empresas que gestionan
residencias privadas.
Un negocio muy suculento y que va
a ir en aumento si tenemos en cuenta que entre 2010 y 2018 el número de mayores
de 65 años ha aumentado en el Estado español en 1 millón de personas mientras
el número de plazas solo ha aumentado en 12.353. Se aprovechan de las
necesidades sociales para lucrarse, con las consecuencias que estamos viendo.
Entre estas empresas encontramos
a la francesa DomusVi, uno de cuyos centros ha sido intervenido por la CAM por
la situación crítica en la que se encontraba. Pero la lista es larga:
Intermediate Capital Group, CVC, Orpea, denunciada por sus trabajadores por
ocultar las muertes de residentes en uno de sus centros de Madrid. También han
encontrado un nicho de negocio empresas constructoras que vieron como sus
ingresos bajaban por el parón de la construcción durante la crisis de 2008 como
CLECE, filial de ACS de Florentino Pérez o SACYR, cuyo presidente ganó en 2019
la nada despreciable cifra de 8,16 millones de euros. O la sanidad privada con
Sanitas o HM Hospitales que con el negocio de las residencias de mayores
cierran el círculo de la asistencia sanitaria privada. Las privatizaciones han
precarizado el sector de cara a aumentar la tasa de beneficios de estas grandes
empresas.
Una intervención pública que
tomará el control de todas las residencias de la CAM, permitiría desarrollar un
plan global centralizando los recursos y redistribuyéndolos allí donde son más
necesarios. Pero evidentemente, esto daría al traste con los lucrativos negocios
de este puñado de empresas.
Falta de medios, falta de
personal y precariedad laboral. Una tragedia anunciada
Por otro lado, la situación de
los trabajadores y trabajadoras de los centros, la mayoría de ellas mujeres ya
que es uno de los trabajos de cuidados más feminizados, es crítica: entre el 40
y el 60% del total está de baja, -en algunas hasta el 50% de la plantilla- y
los que están trabajando, lo hacen en condiciones extremas, sin EPIS de
protección ni medios, con jornadas agotadoras que se alargan muchas horas con
el desgaste físico y psicológico que esto supone, y sin saber además qué
ancianos están infectados o no con el coronavirus, por la falta de tests. La
falta de personal hace que los mismos auxiliares que atienden a los ancianos
enfermos y aislados tengan que atender a los sanos, algo que facilita extender
la enfermedad y las muertes. ¡Si no se ha contratado más personal para evitar
esta situación es porque no se ha querido!
Pero además esta falta de
personal no es nada nuevo, se ha producido durante años, con plantillas siempre
al límite, agravándose la situación con las salvajes políticas de recortes que
hemos sufrido durante los últimos 10 años por parte del PP en la CAM. Años de
recortes salariales, acuerdos marco negociados entre la patronal y la misma
administración (la CAM) donde se ajustan los ratios al máximo a la baja de cara
a que las empresas puedan obtener el máximo beneficio posible, y con
condiciones laborales y salariales de completa precariedad. Todo esto ha
llevado a una completa degradación del servicio y de la atención a nuestros
mayores, que ahora se traduce en una auténtica masacre. Esto es lo que ocurre
cuando la salud o los cuidados se convierten en un lucrativo negocio.
La CAM mira para otro lado y
quiere hacer recaer el cuidado de los mayores sobre sus familias.
La semana pasada la Consejería de
Políticas Sociales remitió una carta a los centros, con una serie de medidas
para la “prevención y control de la transmisión de la enfermedad”, en la que
recordaba que “lo más importante es proteger a las personas vulnerables” y “por
ello si dispone de apoyo y una cobertura suficiente para permanecer en su
propio domicilio, es muy recomendable quedarse en el mismo, hasta que el curso
epidemiológico de la enfermedad se controle.” Es decir, que se encarguen las
familias de muchos mayores que requieren cuidados, medicación o tratamientos.
¿Esta es la forma de proteger a
las personas más vulnerables? ¿Es así como pretende prevenir y controlar la
transmisión de la enfermedad en las residencias de mayores? ¿Mandándolos a sus
casas, sin saber si están contagiados y sin saber si su entorno lo está?
¿Quitándoselos de en medio y abandonándolos a su suerte? No, eso no es proteger
a las personas vulnerables.
Eso es trasladar su
responsabilidad como Administración y la responsabilidad de las empresas
privadas que se han lucrado con este negocio, que es el cuidado y la salud de
los residentes, a las familias, ya de por sí angustiadas con la situación que
sus familiares están viviendo y que ahora tienen que decidir si se los llevan o
no a sus casas donde, obviamente, ni tienen medios ni conocimientos para
atenderlos debidamente. Una consecuencia más de años y años de recortes y
privatizaciones.
¡Basta de discursos, queremos
hechos! Nacionalizar el sector y dotarlos de todos los medios y personal
necesarios
Desgraciadamente el Gobierno
central no solo no ha intervenido en una situación límite como la de la CAM,
sino que la Fiscalía General del Estado, después de abrir diligencias para
investigar si podían existir responsabilidades penales ante la muerte de miles
de ancianos y ancianas, la han cerrado en unos pocos días indicando que no ven
indicios de delito de ningún tipo. ¡Es una auténtica vergüenza! Lo único que
podemos pensar ante esta actuación es que el aparato del Estado y los distintos
Gobiernos están de acuerdo en intentar ocultar lo que está ocurriendo y evitar
depurar responsabilidades.
A pesar de la insistencia de las
instituciones en que la tercera edad constituye el mayor grupo de riesgo, ni el
Ministerio de Sanidad, ni la CAM están haciendo nada por protegerlos,
abandonándolos a su suerte sin posibilidad de aislarse en espacios seguros. De
hecho se ha planteado que los ancianos enfermos deberán permanecer en las
residencias, a pesar de no tener los medios adecuados para asistirles, fruto
del colapso de la sanidad pública.
Aunque es evidente que el
problema han sido los recortes en medios y personal, esta situación no se
revierte. Se sigue actuando igual. Si se contrataran inmediatamente miles de
trabajadores en el sector, en todas las categorías, con condiciones laborales y
salariales dignas, y adoptando las medidas necesarias para proteger su salud,
las cosas serían muy distintas. ¿Por qué no se puede hacer esto? ¿No permitiría
esto atender más individualizadamente, con menor rotación de trabajadores, de
cara a no expandir la enfermedad? Sí, hay medios, pero ni las empresas privadas
quieren ponerlos, ya que reducirían sus beneficios, ni la Administración lo
hace u obliga hacerlo.
El Gobierno del PSOE-Unidas Podemos
no puede seguir obviando esta situación. La única medida posible para poner fin
a esta catástrofe es tomar el control de todas las residencias, dotarlas de los
medios sanitarios y humanos suficientes para poder tratar debidamente a los
residentes y evitar que sigan muriendo como lo están haciendo solos y lejos de
sus familias. Sí hay recursos, pero tienen que ponerse a disposición de quienes
más lo necesitan, y no de banqueros y grandes multinacionales como está
ocurriendo.
Es necesario nacionalizar todo el
sector, todas las residencias privadas y concertadas, y los servicios
asociados, y dotar a los centros públicos de los medios y recursos necesarios,
y con un personal con condiciones laborales y salariales dignas. Los
capitalistas han demostrado su completa incapacidad, ¡es hora de que las y los
trabajadores tomemos el control!
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