Tras más de veinte años de la aparición de la figura profesional del Técnico Superior en Integración Social, sigue siendo una gran desconocida. Por una razón muy simple: ni patronal ni administraciones públicas tienen el más mínimo interés en que sea de otra manera. ¿Por qué? Pues porque el modelo de Servicios Sociales establecido no busca una intervención social integradora y eficaz, sino que se sigue basando en el asistencialismo lucrativo, donde profesionales y personas usuarias no somos más que molestias necesarias en la obtención del beneficio empresarial.
La figura del Integrador/a Social está diseñada para ocupar puestos de atención directa (se trata de una formación superior que capacita, entre otras funciones, para ejercer como educadores/as en los diferentes tipos de recursos residenciales). Sin embargo, es precisamente en los puestos de atención directa donde la norma es no exigir formación específica en las nuevas incorporaciones. Un sinsentido cuya única finalidad es mantener la precariedad del sector (y por tanto la tasa de beneficios). La desprofesionalización de la red de atención a personas sin hogar del Ayuntamiento de Madrid o el decreto que regula la atención a la discapacidad en Euskadi son dos claros ejemplos.
El primer paso para avanzar hacia una Intervención Social de calidad es la profesionalización del sector, y acabar con la ambigüedad en la descripción de las categorías en los distintos convenios. La actual negociación del II Convenio de Acción e Intervención Social representa una gran oportunidad para iniciar el camino.
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