A pesar de los avances que significa la aplicación del Convenio de Acción e Intervención Social y su reconocimiento en las licitaciones municipales, desde el Área de Equidad del Ayuntamiento de Madrid (dirigida por Marta Higueras) han encontrado la manera de dar una nueva vuelta de tuerca en nuestra precariedad (y por tanto, en la de las personas que atendemos).
No a la desprofesionalización de la red de atención a personas sin hogar
Para los puestos de Auxiliar de Servicios Sociales, en los pliegos se solicitaba la titulación de Técnico Superior en Integración Social. Con la firma del convenio, surge el conflicto con las empresas que gestionan los recursos municipales, ya que se niegan a reconocer la categoría que corresponde a estos profesionales (como integradoras sociales, según el convenio nos encuadramos en el grupo profesional 2). Lógicamente el conflicto se traslada al Ayuntamiento.
El Área de Equidad ha decidido resolver el conflicto desprofesionalizando la red, dejando de exigir la titulación y modificando las funciones en los nuevos pliegos, encuadrándoles en el grupo profesional 3, degradándoles profesionalmente (y atacando duramente al colectivo TSIS, apartándolo laboralmente del sector).
Además coloca a las profesionales en una injusta tesitura: o realizan funciones que ni se reconocen ni se pagan (perpetuando la precariedad en el sector), o se limitan a realizar las funciones encomendadas (dejando colapsar poco a poco los centros).
SOLUCIÓN, ¡REMUNICIPALIZACIÓN!
La privatización pervierte los servicios públicos, al introducir el negocio empresarial en la ecuación, lo que no sólo encarece los costes y deteriora la prestación del servicio, sino que también posibilita corruptelas de todo tipo. También en el llamado Tercer Sector.
El Área de Equidad ha dejado muy claro que no piensa ni siquiera hablar sobre cambiar el modelo de gestión neoliberal de los Servicios Sociales, incumpliendo el programa electoral de Ahora Madrid. Apostando además por las grandes multinacionales del asistencialismo lucrativo. La red de personas sin hogar está privatizada y en manos de “entidades” como ACCEM (Iglesia Católica) y Grupo 5 (un fondo buitre). Desde La Rosa en Lucha insistimos, la única manera de garantizar unas condiciones laborales dignas y un servicio de calidad pasa por la gestión directa de los distintos recursos. Y además para eso os votamos.
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