El 8 de marzo es una jornada de lucha. En las últimas décadas se han producido importantes avances en materia de igualdad entre hombres y mujeres. Logros sociales fruto de la lucha feminista. Sin embargo, queda mucho por hacer y en el sector de intervención social lo sabemos bien.
En materia laboral, los índices de desigualdad siguen siendo muy elevados. Tras varios años de reducción, la brecha salarial se consolida e incrementa. El salario medio anual de las mujeres en 2017 fue de 24.030 euros y el de los hombres 29.911 euros: las mujeres ganan un 20% menos. En sectores netamente feminizados la situación empeora: en el sector de la Intervención Social, el sueldo de las tituladas universitarias es de 20.956 euros (2018). La precariedad afecta más a las mujeres (el 61,5% de los contratos indefinidos a tiempo parcial son para hombres), así como el desempleo (10 puntos de diferencia a partir de los 25 años, edad a las que empiezan las responsabilidades familiares). Un dato muestra la apabullante falta de corresponsabilidad entre mujeres y hombres en los cuidados: las mujeres solicitaron, en 2018, el 90% de las excedencias para el cuidado de hijos e hijas y el 85% de las excedencias para el cuidado de familiares.
Las patronales de la Intervención Social, un escollo en la lucha por la igualdad.
El bienestar y la cohesión social serían imposibles sin los trabajos de cuidados (remunerados o no), que de forma abrumadoramente mayoritaria recaen en las mujeres. Precisamente por ello, son trabajos invisibilizados y, en el marco laboral, además precarizados. La alianza entre capital y patriarcado favorece a las empresas, que logran multimillonarios beneficios a costa de nuestras vidas. Las empresas del sector, se disfracen de ong o no, hacen negocio gracias a la privatización de los servicios públicos, detrayendo recursos a los servicios prestados y precarizando el empleo feminizado.
Intervención social es un sector feminizado porque somos mujeres en su inmensa mayoría quienes lo trabajamos. Somos un sector precarizado (salarios por debajo de la media y mayores tasas de parcialidad y temporalidad). Así es imposible hablar de igualdad.
Las “entidades de lo social” mientras alardean de su apuesta por la igualdad y hacen bonitos actos por el 8 de marzo torpedean las condiciones laborales de sus trabajadoras. Las patronales de intervención social han roto la negociación colectiva del nuevo convenio con su decisión de levantarse de la mesa.
Es inadmisible que estas entidades que gestionan, por ejemplo, los recursos contra la violencia de género, pretendan mantener a sus trabajadoras en la más absoluta precariedad. Desde CCOO exigimos a las patronales que retomen la negociación, asuman de una vez que la situación laboral del sector es inasumible
Nuestra precariedad, una decisión política
Que los Servicios Sociales estén en gran parte privatizados responde a una decisión política, que prima el beneficio empresarial sobre la calidad de los servicios prestados y renuncia a un empleo de calidad en un sector fundamental para el desarrollo social.
La única manera de garantizar tanto un servicio de calidad a la ciudadanía como empleo estable y de calidad pasa por la gestión directa de los diferentes recursos y servicios que prestamos.
El nuevo gobierno progresista de coalición entre PSOE y Unidas Podemos ha generado grandes expectativas de cambio social, también en el mundo del trabajo. A pesar de que la mayoría de nuestros servicios dependen de ayuntamientos y comunidades autónomas, el gobierno central tiene mucho que decir. Necesitamos medidas concretas y el apoyo a las trabajadoras y trabajadores de la intervención social. Pueden empezar derogando, además de la reforma laboral, la ley Montoro que también dificultó los procesos de remunicipalización.
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