jueves, 15 de febrero de 2018

Si el saber no ocupa lugar, la formación...ya tal

En la subasta en que se convierten los distintos recursos con cada nueva licitación (cosas de la privatización), hemos caído en Grupo5. Una empresa que al menos asegura poner en valor la formación de sus profesionales. De hecho, tiene un instituto de formación propio, IFIS (Instituto de Formación e Intervención Social). Sin embargo ya se sabe, en casa del herrero...

martes, 6 de febrero de 2018

No + Precariedad

En Servicios Sociales conocemos muy bien la precariedad, tanto la nuestra como trabajadoras como la que sufren las personas a las que atendemos. Por eso, desde La Rosa En Lucha nos sumamos a la convocatoria del 10 de febrero. ¡No más precariedad en nuestras vidas!


 

domingo, 4 de febrero de 2018

Entrevista a las trabajadoras de la Red de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género

La Red de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género sufre un nuevo recorte del Gobierno de la Comunidad de Madrid de Cristina Cifuentes. Los nuevos pliegos de adjudicación para que diversas empresas compitan por hacerse con este “negocio”, ponen en riesgo la viabilidad de este servicio fundamental. Las trabajadoras de la Red, sector claramente feminizado y precario, han dicho basta y denuncian esta bochornosa realidad. 

Tanto usuarias como trabajadoras están pagando las consecuencias de la privatización de los servicios sociales por parte del PP, que hace depender servicios fundamentales como este de cuanto son capaces de ahorrar las empresas, sin importar el proyecto técnico y las necesidades reales de las mujeres atendidas. Las trabajadoras del servicio se han organizado para denunciar esta situación y se están movilizando. En la tarde del 25 de enero se manifestaron frente al Gobierno de la Comunidad de Madrid en la Puerta del Sol, exigiendo el fin de estos ataques y un servicio de calidad.


Entrevistamos a Elena Fernández Cobo, presidenta Comité de Empresa de Intress de la Comunidad de Madrid para Libres y Combativas.

P- ¿Nos puedes explicar los motivos del conflicto?

R- El conflicto surge porque la Comunidad de Madrid tiene servicios especializados en violencia de género públicos pero en manos de entidades privadas que son las que los gestionan. Para otorgar estos servicios lo que hacen es sacar unos pliegos, las empresas presentan proyectos, y a la que más puntuación saque se le otorga el servicio. ¿Qué ocurre? Que desde el 2013 la Comunidad de Madrid lleva adelante una política de precariedad económica en esos pliegos. Desde el 2013 todos los puntos se los llevaba la bajada económica, la reducción de gasto, sin puntuar el proyecto técnico. En el 2017 pensábamos que esto iba cambiar porque aquello lo hicieron amparados por la crisis, pero lo que hemos visto es que el 70% de los puntos se los sigue llevando la bajada económica sin dar prioridad alguna al proyecto técnico, que es lo que realmente ayuda a las mujeres. ¿Qué significa esto, en qué se traduce? Que la empresa que haga la mayor reducción de gasto es la que va a gestionar, aunque presente un proyecto deficiente o que no ayude a ninguna mujer en su intervención.

P- Estabas señalando cómo afecta esto y cómo perjudicará a las mujeres…

R- Claro… Son unos pliegos en los que recortan las jornadas de las trabajadoras, con cada vez menos personal, y en unos servicios que son 24 horas, que si recortas en las jornadas, al final lo que ocurre es que es casi imposible cubrir dichas 24 horas con una profesional. Llevamos 4 años desde el 2013 haciendo verdaderos esfuerzos para que esa precariedad no la notasen las mujeres que acuden a este servicio. Hablamos de una trabajadora social por turno para 18 o 25 plazas, y no se llega. Teníamos la esperanza de que eso cambiase en estos pliegos, y no solo no se ha cambiado sino que se recortan las jornadas. Llega un momento en el que las trabajadoras decimos que ya no podemos más, que estamos saturadas, y que con este modelo no podemos garantizar la calidad del servicio y poder responder a las necesidades de las mujeres. Como profesionales y activistas hemos dicho que no íbamos a ser cómplices de estas políticas y por eso viene esta denuncia.

P- ¿Crees que las trabajadoras, que sois las que conocéis la realidad del servicio, las mujeres con las que trabajáis y sus necesidades, deberíais ser participes en la elaboración de esos pliegos?

R- Totalmente, somos nosotras las que estamos en contacto día a día, las mujeres descargan en nosotras sus necesidades, sabemos si estos centros se adaptan a lo que ellas necesitan o no, y tenemos una información privilegiada. Creemos que nos tienen que oír y dar voz, porque ellas, las mujeres que acuden a nosotras, al final no se quejan, no ponen quejas en las administraciones diciendo “no estoy conforme con esto”, pero a nosotras si que nos llegan estas quejas, y para que sean unos servicios que se adapten a las mujeres y no las mujeres las que se adapten a los servicios, se nos tiene que estuchar. Porque nosotras también creemos en la recuperación, creemos en la lucha y queremos que nuestro trabajo sirva para algo, no para poner parches.

P-¿Debería garantizarse este servicio como servicio público con plantillas estables? Supongo que la flexibilidad de las plantillas también hace mella en el servicio.

R- Claro, nuestra petición más urgente, viendo los pliegos y en las condiciones en las que se van a quedar las compañeras, es en primer lugar la modificación de criterios por parte de la administración a la hora de puntuar para que las entidades obtengan la concesión. No puede mantenerse el criterio de que la oferta económica sea la que más puntos se lleve, debería ser la que menos, y el proyecto técnico exigir unos mínimos de intervención, innovación, etc. Esa es la urgencia, pero el debate de fondo es que no se puede sacar beneficio de las necesidades de las personas. Cuando una entidad o una empresa pujan por este servicio quiere un beneficio. Ese margen de ganancia se lo estas quitando a las mujeres y los menores con los que estás interviniendo. Ese es el debate profundo, si se puede sacar beneficio de la necesidad

P- ¿Cómo podemos apoyaros como mujer, como activista, como feminista, y como trabajadora en vuestro plan de acción?

R- Nosotras, en nuestro plan de acción, hemos empezado denunciando en 5 centros, los que tenemos conocimiento y representamos como trabajadoras, pero sabemos que esto es un problema de la Comunidad de Madrid. Todos los servicios de la CAM de violencia de género sistemáticamente salen así, es la política de la Comunidad. Nuestro paso siguiente es unirnos todos los servicios de la Comunidad de Madrid para hacer una lucha conjunta, porque ahora han sido nuestros pliegos, antes fueron otros y ahora vendrán otros nuevos. Queremos un compromiso por parte de todos los agentes políticos, sociales, movimientos, que pueda influir en que este criterio cambie, que haya un pacto en que se diga que la puntuación económica no puede ser superior y que este debe ser el mínimo factor por ley.

Se nos apoya dándonos voz, porque creemos que nosotras también damos voz a esas mujeres que sufren las carencias que pueden estar viviendo en los centros. Los movimientos feministas para nosotras son súper importantes, nos dan mucho empuje, y creemos que tenemos que estar conectadas también para hacer una lucha conjunta y sobre todo, difundir, estar en contacto, crear una red alternativa de lucha y que esto sirva para dignificar, que es otra de nuestras reivindicaciones, dignificar nuestra profesión. Somos trabajadoras a las que nos piden años de experiencia, formación especifica; la titulación es técnica pero los salarios apenas llegan a mileuristas, si se llega, y sabemos que esto pasa porque somos una profesión muy feminizada, y porque trabajamos con población vulnerable, que parece que tampoco importe. Lo comparamos a profesiones como ingenieros, con más hombres, que se les exige lo que a nosotras y nos duplican en salario. Creemos que nosotras mismas nos tenemos que empoderar y realizar estas exigencias, porque eso mismo es lo que trabajamos con las mujeres, que se empoderen, que pidan sus derechos y que hagan los movimientos que necesiten para ir caminando juntas hacia la igualdad.

miércoles, 31 de enero de 2018

La calle y el abandono institucional matan

Medio centenar de personas se concentraron en la noche de este lunes ante el albergue municipal de la calle Perafán de Rivera de Sevilla para pedir una mayor atención a las personas sin hogar en la capital hispalense, tras ser encontrado horas antes el cadáver de un indigente a las puertas de sus instalaciones.

La concejala de Participa Sevilla, Cristina Honorato, explicó durante la concentración que se trataba de un hombre con problemas mentales que había sido dado de alta del hospital San Lázaro de la ciudad y que falleció por causas que se desconocen.
Honorato dijo que las personas que se concentraron intentan «visibilizar una problemática» de «falta de recursos para las personas sin hogar que le dan el alta en hospital, pero no tienen recursos para su convalecencia de forma digna».

«No se tiene en cuenta a las personas, son una forma más de buscar el lucro», añadió, a la vez que reclamó «recursos para personas sin hogar, porque es un problema gravísimo que nos lleva a denunciar la falta de seguimiento a estas personas».

El fallecido es un hombre del que no han trascendido sus datos y que se encontraba en el albergue de forma transitoria al no tener familia conocida. 

ABC
 

martes, 30 de enero de 2018

Acto por la Remunicipalización

Es cierto que patronal y derecha política están haciendo todo lo posible para entorpecer los procesos de remunicipalización que se están poniendo en marcha. Era lo esperable. El problema es cuando son los propios ayuntamientos del cambio los que se niegan. Como es obvio que sí es posible revertir un proceso de privatización, algunos responsables políticos intentan generar confusión y sembrar el miedo entre las plantillas, argumentando que el personal que presta el servicio privatizado se iría a la calle. Simplemente es mentira. La ley dice justo lo contrario:

"En caso de que una Administración Pública decida prestar directamente un servicio que hasta la fecha venía siendo prestado por un operador económico, vendrá obligada a la subrogación del personal que lo prestaba si así lo establece una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general". Artículo 130.3 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público

Desde La Rosa En Lucha animamos a participar en el acto convocado este sábado sobre remunicipalización. Porque sí se puede. Escucha la entrevista a la Plataforma por la Remunicipalización de Madrid en El Candelero (Radio Vallekas).