lunes, 21 de mayo de 2018

2-J: Servicios Sociales públicos y de calidad ¡Basta de hacer negocios con nuestras necesidades!






En los últimos años las políticas de ajuste y austeridad de los sucesivos gobiernos se han cebado de una manera especialmente sangrante en los servicios sociales. Precisamente, cuando la dureza de la crisis económica iniciada en el año 2007 ha incrementado muy considerablemente el número de personas en situación de pobreza y exclusión social, de personas expulsadas de sus viviendas por no poder hacer frente a sus hipotecas o alquileres, de menores en situación de desamparo y, en general, ha agravado la situación de las personas más vulnerables, es cuando los recursos destinados a los servicios sociales, de las administraciones públicas, han optado por todo lo contrario.

Las partidas presupuestarias destinadas a servicios sociales por ayuntamientos, diputaciones, gobiernos autonómicos y administración central se han recortado de forma sistemática. Las primeras víctimas de estos recortes han sido las personas que necesitan de estos servicios para mantener unas condiciones de vida mínimamente dignas. Los cierres de centros y servicios, la reducción de plazas de alojamiento y residenciales, las listas de espera eternas, el aumento en las ratios de usuarios/as por profesional o la reducción de conciertos, han deteriorado las condiciones de vida de miles de personas usuarias hasta extremos inaceptables en una sociedad civilizada, sin que las autoridades responsables muevan un dedo para adoptar las urgentísimas medidas que esta situación de emergencia social requeriría.

Ante la dejadez de las administraciones públicas son las familias las que se han visto obligadas a atender situaciones de vulnerabilidad y dependencia con un apoyo público cada vez menor. De una forma muy especial, miles de mujeres han tenido que afrontar enormes sacrificios y renuncias, tanto personales como profesionales, para ofrecer a personas dependientes los cuidados imprescindibles para mantener una mínima calidad de vida, unos cuidados que deberían ser atendidos por unos servicios sociales públicos y de calidad.

También son mayoritariamente mujeres quienes se hacen cargo profesionalmente de los servicios sociales y quienes padecen la precariedad laboral de este sector en primera persona (salarios de miseria, elevada parcialidad y temporalidad en la contratación, extrema precariedad laboral, etc.) pese a las importantes responsabilidades que asumen en su quehacer diario. Junto con la población usuaria, las trabajadoras y los trabajadores del sector han sufrido en carne propia esta política de recortes salvajes. Durante los años más duros de la crisis, entre 2010 y 2013, se perdieron 56.700 empleos en servicios sociales, y quienes consiguieron conservar su puesto de trabajo sufrieron un sistemático deterioro de sus condiciones de trabajo.

El deterioro general de los servicios sociales públicos ha ido acompañado de un proceso cada vez más salvaje de privatización de los mismos, convirtiendo las necesidades básicas, de cientos de miles de familias, en un jugoso negocio del que sacar tajada. Aunque parezca aberrante, la atención de las necesidades personales y sociales de las personas en dificultad, necesarias para garantizar la salvaguarda de sus derechos, empezando por el derecho a una vida digna, se han venido prestando mayoritariamente por entidades privadas (el 80% de profesionales empleadas/os en este sector lo hacen para entidades privadas) y en los últimos tiempos se han convertido en una generosa fuente de beneficios para fondos de inversión y empresas de capital riesgo.

¿Qué mejor negocio puede haber que un servicio donde las usuarias/os apenas reclaman o se defienden por sí mismas por sus situaciones de riesgo, vulnerabilidad o dependencia y donde el personal que vela por su bienestar está sometido al brutal chantaje de la pérdida de su empleo si se atreve a denunciar situaciones inaceptables de desatención?

Ante esta situación, trabajadoras y trabajadores de las diversas áreas de los servicios sociales, junto con la comunidad usuaria y sus familiares, hacemos un llamamiento a la movilización para defender:

- Unos servicios sociales de calidad, gestionados directamente por las administraciones públicas, con dotaciones presupuestarias y de plantillas suficientes para cumplir sus objetivos de atención a las personas con necesidades.

- Una contratación pública exigente y socialmente responsable, hasta que se revierta la externalización de los servicios sociales, contando con la participación democrática de las y los trabajadores, usuarias/os y sus familias para garantizar su cumplimiento y control. La oferta más barata no puede determinar quién gestiona un servicio así: deben primar los requisitos técnicosy de calidad del servicio garantizando también condiciones laborales dignas, de igualdad de género y de estabilidad en el empleo.

La reversión inmediata de todos los recortes y de todas las privatizaciones que están destruyendo los mecanismos para defender los derechos sociales y de la ciudadanía a una vida digna.

- La participación democrática de la ciudadanía, de la comunidad usuaria y de las profesionales del sector, en la evaluación y el seguimiento de los servicios sociales.

- Empleo digno, estable y de calidad, que asegure que la comunidad usuaria será atendida por profesionales capaces de proporcionar la atención de calidad que merecen.

UNIÓN DE PLATAFORMAS EN DEFENSA DE LOS SERVICIOS SOCIALES Y LA DIVERSIDAD

viernes, 18 de mayo de 2018

Marchas No+Precariedad

Con la excusa de la crisis, han terminado de finiquitar aquello del estado del bienestar, generalizando la precariedad. Precariedad laboral, recortes sociales, represión...Vidas precarias, pero ya sin miedo. Hasta aquí hemos llegado.

Desde La Rosa En Lucha nos sumamos a las marchas, que aquí sabemos muy bien lo que significa que nuestras vidas se conviertan en un negocio. El 27 hay que llenar Madrid, ¡se acabó el pan y circo!


 

domingo, 13 de mayo de 2018

El Ayuntamiento de Madrid hace oídos sordos ante las demandas de sus trabajadoras externalizadas


El pasado viernes las plantillas de Ocio Educativo se concentraron frente a los locales del Ayuntamiento de la calle Montalbán, junto a las Escuelas Municipales de Música y Danza. Porque ya no pueden más, mientras el Ayuntamiento sigue mirando a otro lado.

Los trabajadores y trabajadoras de Ocio Educativo (Centros Cívicos y Culturales, Museos, Animación Sociocultural, Centros Socioculturales de Personas Mayores, Bibliotecas, Ludotecas, Casas de colonias y albergues, campamentos, actividades educativas de comedor escolar, patio, extraescolares, refuerzo escolar…) que imparten actividades de diferentes disciplinas prestando un servicio público, son contratados por empresas privadas a través de licitaciones periódicas. Hace años que vienen sufriendo un abandono por parte de las instituciones públicas y un abuso por parte de las empresas que han llevado a estos profesionales a una precariedad laboral extrema.

En el año 2008 sufrieron una bajada salarial estimada en un 50% y año tras año han ido bajando los salarios y precarizándose las condiciones laborales. Actualmente están cobrando entre 6 y 8 euros la hora trabajada, no incluyendo trabajos requeridos, exigidos e inherentes a la actividad como programas, contenidos, metodología y organización en las aulas, preparación de clases, evaluaciones e informes, etc.

Además tienen que aportar sus propios materiales y realizar cursos de formación fuera de su horario laboral. En ocasiones tienen demasiados alumnos, las instalaciones no reúnen las condiciones necesarias para el buen desarrollo de su actividad (por ejemplo aulas con mala ventilación donde se imparten talleres de pintura o restauración, donde es necesario el uso de materiales que generan gases tóxicos), o no se tiene en cuenta en las ratios la presencia de alumnos con necesidades educativas especiales, cuestión que si se considera en la educación formal y que se descuida en este sector.

Los recortes en las dotaciones económicas para los concursos o licitaciones, son la excusa que dan las empresas para evitar la subida salarial y mantener a los trabajadores/as en una situación por debajo del umbral de la pobreza (Según el INE, en 2013 los ingresos que marcan el umbral de pobreza de una persona se situó en 8.114 euros), cifra que no se alcanza en este sector.

Las instituciones no efectúan ningún control para evitar los abusos ni mantienen relación con los trabajadores/as, no obstante determinan a través de las sucesivas licitaciones y pliegos la situación laboral, estando a merced de los cambios de empresa o empresas que, una vez adjudicadas, gestionan los contratos. En muchas ocasiones esta situación hace perder derechos que deberían ser de aplicación obligada con las cláusulas de subrogación, como la pérdida de salarios, de jornada, el pago por los traslados de centro a centro….

Por otra parte, CCOO denuncia que las licitaciones de los pliegos son discriminatorios a nivel salarial y en condiciones laborales dependiendo de cada distrito. Mismo trabajo mismo salario. Entendemos que con dinero público en manos privadas se mantiene la precariedad laboral. ¡Basta ya de empleos precarios!¡Dignidad laboral!

miércoles, 9 de mayo de 2018

CCOO y UGT denuncian la apuesta patronal por la precariedad en Intervención Social


CCOO y UGT no van a consentir el deterioro de las condiciones de trabajo y salarial de las personas, que al servicio de las entidades, empresas, y ONGs del sector, desarrollan su actividad profesional. Por tanto en el incremento salarial pendiente para 2017 del primer convenio y en la negociación a partir de 2018, UGT y CCOO darán la batalla sin descartar movilizaciones.


El primer convenio estatal para el sector de la Acción e Intervención Social firmado en el 2015 supuso un hito para la regulación de condiciones de trabajo en el sector, tras la ausencia de regulación previa estatal. La firma fue el último acto de buena fe patronal, pero durante el convenio ha habido serias dificultades de aplicación del mismo, así como la subida salarial posteriormente pactada en el 2016 que, ante la intransigencia patronal no cubrió  el poder adquisitivo.


Dicho convenio que finalizaba en 2017 y proseguirá hasta la firma del siguiente, tiene pendiente cerrar la subida salarial del 2017 y afrontar la negociación del 2018. Y a ojos de CCOO y UGT, la parte patronal, que representa a entidades, empresas y ONGs del sector de la Acción e Intervención Social, no quiere facilitar la actualización del convenio y de las retribuciones de las personas trabajadoras que desarrollan para ellas su actividad profesional.


Desde septiembre de 2017 ha sido imposible el cierre de la subida definitiva del año 2017 que en ausencia de AENC (Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva) al que se referenciaba, debía ser negociada por la Comisión Paritaria del Convenio partiendo del mínimo del 1% garantizado en dicho convenio desde el 1 de enero de 2017. Las patronales son OEIS y AEEISSS (Asociación Estatal de Organizaciones de Acción e Intervención Social y Asociación Española de Entidades de Iniciativa Social y Servicios Sociales; conformadas por entidades como ACCEM, Cáritas, Cruz Roja, Médicos sin fronteras, INTRESS, etc.)


Las patronales ni siquiera fueron capaces de admitir en el transcurso de la negociación un 0,1% adicional que garantizaba el mantenimiento del poder adquisitivo en 2017. Tras diversas reuniones la patronal mantuvo posición de fuerza no queriendo dar más allá del 1% ya garantizado. La patronal pretendía cerrar 2017 con el 1%, ofreciendo sólo el 1% nuevamente para 2018 en la mesa de negociación del nuevo convenio y tras haber perdido en 2016 un 0,6% de poder adquisitivo al quedar la subida también en un 1%. 


Tras una negociación infructuosa y bloqueada, UGT y CCOO solicitaron mediación en el SIMA respecto de la subida del 2017 pero ya con intención de recuperar el poder adquisitivo perdido, que por responsabilibilidad en época de crisis los sindicatos admitieron en 2016 por dar viabilidad al convenio y ante una contratación pública deteriorada.


En esta situación UGT y CCOO requieren a la patronal a un acuerdo en el que se garantice el IPC de 2017, un acuerdo inicial y parcial de negociación de incremento para 2018 que garantice la no pérdida de poder adquisitivo y el compromiso de recuperación del poder adquisitivo perdido en el 2016. El escenario macroeconómico y la revalorización de los servicios públicos que permite la nueva ley de contratos del sector público, así como las mejoras salariales y de condiciones de empleo en el ámbito público para el que trabajan estas entidades bajo licitación o subvención, obligan a exigir la dignificación del sector y las condiciones de las personas trabajadoras.


Este acuerdo debe alcanzarse con urgencia. Si no existe un gesto positivo por las patronales, CCOO y UGT movilizarán al sector en el marco de las movilizaciones generales y crecientes que las confederaciones de UGT y CCOO acometerán para exigir, ahora ya si toca, incrementar los salarios por encima del poder adquisitivo y la mejora de las condiciones de trabajo. Tampoco se descartan actuaciones en otros órdenes como el Jurisdiccional, Inspecciones de Trabajo y otros, con las herramientas que ambas organizaciones sindicales consideren oportunas.

Reunión abierta ante las movilizaciones en Servicios Sociales


La Unión de Plataformas de Servicios Sociales convoca una reunión abierta para trabajar en la movilización del sábado 2 de junio, una concentración estatal 

Sábado 12 de mayo, a las 11:30, en el local del Sindicato de Estudiantes, calle Hermanos del Moral, 33 (metro Urgel, sin accesibilidad).
¡Acude, apoya y difunde! 

domingo, 6 de mayo de 2018

Los Centros de Día asturianos siguen en lucha

Las compañeras de los Centros de Día llevan meses en lucha. Por motivos que a quienes nos dedicamos a "lo social" nos suenan: años de recortes que imposibilitan un servicio de calidad, ratios inadecuadas, subasteo en las licitaciones, incumplimiento de pliegos mientras el Principado hace la vista gorda, despidos represivos, etc. Ni siquiera cuentan con convenio propio (aplicándose el de Dependencia). Empresas como Eulen o Aralia (propiedad de José Luis Ulibarri, implicado en la trama Gürtel) siguen forrándose a costa de la precariedad de profesionales y personas usuarias, mientras la única respuesta de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales ha sido prohibir la colocación de pancartas en los centros. 

Desde La Rosa En Lucha queremos mostrar todo nuestro apoyo a los compañeros asturianos, aprovechando para reivindicar una vez más la gestión directa y democrática de los servicios sociales y sociosanitarios, como única manera de garantizar tanto unas condiciones laborales decentes como una atención digna.