Mobbing y precariedad laboral en las entidades que gestionan los servicios sociales de Madrid

Tres delegadas sindicales de entidades del tercer sector describen una situación de acoso e hipocresía en unas organizaciones, que, denuncian, tienen el ánimo de lucro por bandera.

Pedro trabaja en la asociación La Rueca, María en la Fundación Tomillo y Ana en la empresa Merino y Merino. Son tres educadoras sociales que ejercen en entidades que gestionan de manera externalizada programas del departamento de juventud y de los servicios sociales del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. Los tres son delegados de CNT y deciden no dar sus nombres verdaderos para este reportaje. Afirman que es un sector en el que todas se conocen y temen por su futuro laboral. La precariedad y el acoso están a la orden del día. No en vano, Pedro ha sido despedido, María denuncia despidos sistémicos en su entidad y Ana está de baja por ansiedad junto a varias compañeras más.

En una conversación con El Salto, las tres explican que su trabajo se enmarca dentro de una de las patas del estado del bienestar. Las otras dos patas serían la sanidad y la educación. Sin embargo, su servicio está muchísimo más devaluado, afirman, debido a que está altamente externalizado. “Nuestro sector no tiene el estatus social que tienen la sanidad y la educación: es un sector feminizado y además nuestro trabajo siempre ha estado ubicado en los cuidados. Nuestras funciones son un roll femenino. Nos ocupamos de lo que el sistema no puede ocuparse. Esto hace que nuestro sector tenga muy poco estatus lo que significa que pueden manipular nuestro código deontológico”, explica Pedro, quien acaba de ser despedido de La Rueca, una entidad con un 72% de mujeres en plantilla.

Según los presupuesto del Ayuntamiento de Madrid, la cantidad gastada en servicios sociales y promoción durante 2021 fue de 421.832.752 euros. De estos, 305.580.464 fueron para gastos y servicios. 300.983.673 fueron para trabajos realizados por otras empresas y profesionales, esto es un 71%. Según las estimaciones de representantes sindicales del ayuntamiento, entre un 90 y un 95% de los recursos humanos están externalizados.

Antonio, también nombre ficticio, es delegado de CNT en Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid y dibuja el panorama así: “En un centro de servicios sociales, la mitad de la plantilla de ordenanzas está externalizada. Los administrativos sí son funcionarios y los trabajadores sociales también. Pero los educadores sociales trabajan en entidades a través de conciertos”, explica, lo cual, asegura, dificulta mucho la intervención sostenida en el tiempo dada la inestabilidad y la precariedad de estas contrataciones.

Las hay que son asociaciones y fundaciones de pequeño o mediano tamaño como La Rueca y Fundación Tomillo. Las hay que son empresas como Merino y Merino. Estas llevan, sobre todo, programas socioculturales, laborales y de ocio y tiempo libre. Y luego están los conciertos con grande entidades, que llevan los centros de día, el servicio de teleasistencia o el Servicio de Asistencia a Domicilio (SAD). Este último se encuentra en manos de la multinacional Clece.

Asociaciones “tapadera”

Este artículo no va a centrar su atención en las grandes subcontratas. Los representantes sindicales consultados avisan del peligro de “camuflaje” que se instala en algunas de las pequeñas asociaciones y fundaciones, supuestamente “sin ánimo de lucro”. Hablan de “hipocresía” en unas entidades “tapadera” que acosan y derriban al trabajador que protesta.

“En algunos casos solo asociaciones y fundaciones pueden presentarse a determinados pliegos. La Rueca, en su modelo de trabajo, funcionan como una empresa, pero son una asociación porque les pone en mejor situación para competir en algunos pliegos y les abre la oportunidad de obtener subvenciones”, explica Pedro.

Según sus cuentas, que hacen públicas, esta entidad recibió más de 1,4 millones de euros de donaciones y subvenciones en 2020. Más de 900.000 euros provienen de instancias municipales. “Dicen que tienen 95 socios y solo conocemos al director. Nunca se ha hecho una asamblea de socios en los nueve años que yo he estado trabajando”, asegura el representante sindical.

Pedro trabajaba como coordinador en un centro comunitario en el barrio de San Blas. Realizaban atención comunitaria, acciones relacionadas con la migración y la convivencia. “La represión contra mi persona empieza cuando creamos una sección sindical de CNT hace cuatro años. Me quitaron de coordinar el centro. Y a partir de ahí comienza un acoso de baja intensidad pero continúo”. Un acoso que ha acabado con su despido el pasado 15 de diciembre. Alegaban que habían perdido el proyecto y, por tanto, un despido objetivo. “Iniciamos el conflicto el 15 de enero de manera interna, comunicando a las compañeras que íbamos a solicitar su apoyo mutuo. Ellos a la semana se retractan y reconocen que me despido es nulo. Ha sido una victoria sindical y estoy analizando si me reincorporan o no”, explica.

Bloody December

La duración de los proyectos es una manera de coaccionar al personal. Su estabilidad laboral depende de esta duración, tal y como explica María, representante sindical de la Fundación Tomillo, que explica que en su entidad todos los años hay un bloody december. “Cada diciembre hay una campaña de despidos de mayor o menor escala en un proceso de limpieza ideológica que llevan haciendo desde hace cuatro años. Todos los diciembres hay pánico, preocupación y tensión. Es un clima normalizado. Parecen ERTE encubiertos que nunca se ponen en la mesa con todas las de la ley. Y también pasa en junio”, explica esta delegada sindical.

Sara —también nombre ficticio —trabajaba en uno de los programas de la Fundación Tomillo para adolescentes en situación vulnerable, llamado CIMTO, un programa de hostelería financiado por la Comunidad de Madrid para menores tutelados. Aprenden cocina y atención en sala. Ella era formadora en sala, hasta que el pasado 15 de diciembre la despidieron. La excusa: que una compañera que se encontraba de excedencia se quería reincorporar y había pedido su puesto. Según fuentes sindicales, la realidad es que a Sara se la despide por ser una trabajadora combativa.

“A mí la renovación de enero de 2021 me la dieron en septiembre y yo dije que después de nueve meses no firmaba, porque mi contrato se había transformado en indefinido. Además, había solicitado un permiso para poder estudiar y cuidar”, explica. Y denuncia una “gran hipocresía”. “Me dejaron en la calle con dos criaturas. Querían pasarme de formadora a usuaria”, afirma.

Y esto, asegura, tiene graves consecuencias para los adolescentes dependientes de estos programas. “Hay cambios brutales de equipo. Lo primero que generas con los participantes es vínculo. La rotación de personal es brutal a nivel emocional. Mis alumnos querían hacer una huelga cuando me echaron”, cuenta.

Según los datos que hace públicos la entidad, la Fundación Tomillo obtuvo en 2020 un presupuesto de 8,7 millones de euros. Un 63% proceden de fondos públicos. María, que confirma la historia de Sara, habla de despidos por pelear sus condiciones, abundancia de contratos fijos discontinuos que son despedidos durante las vacaciones de verano y de invierno y “limpieza ideológica” en una entidad que bebe altamente de lo público.

“Figuras que se inclinan por lo comunitario, que llevaban mucho tiempo en la fundación han sido despedidas, sustituidos por figuras que apuestan por un modelo neoliberal”. Y destaca un “abismo ideológico” con la directiva. “Tenemos una gran diferencia en cuanto a la vocación y a nuestra labor. Nuestro código deontológico está basado en lo comunitario, en la dignidad en la atención, en la transformación, en el querer dejar de ser necesarias en algún momento, en llegar a desaparecer... y ellos no pueden consentirlo. Se les acaba el chiringuito”, advierte.

Empresas en lo social

Ambiente que, aseguran, se ha recrudecido desde que el PP necesitó que Vox le apoyara en la investidura del alcalde, José Luis Martínez Almeida. “A nosotras nos han prohibido llevar camisetas reivindicativas”, cuenta Ana. Esta delegada sindical, de baja por ansiedad junto a varias compañeras, trabaja en el Programa Quedat, un proyecto de intervención socioeducativa que atiende a juventud con necesidades psicosociales, económicas y familiares, con perfiles de riesgo y en situaciones de vulnerabilidad muy complicadas. Está presente en 16 distritos de Madrid y lo gestiona la empresa Merino y Merino producciones, que nada tiene que ver con lo social. Según su código de Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) se dedica a las artes escénicas.

“Se dedican al montaje de fiestas de barrio y cabalgatas. Desde 2017 gestionan el Quedat, durante los dos primeros años junto a la Fundación Tomillo”, explica Ana. El 60% de las profesionales del programa son mujeres. Las educadoras sociales están contratadas como educadoras a secas, una categoría inferior, pese a que son educadoras sociales y en el pliego se marcan las funciones correspondientes a su puesto y deberían contratarlas así, tal y como explica Ana. “Por ello, se llevó a cabo una inspección de trabajo contra la empresa en julio de 2021, por la cual se la ha demandado y estamos a la espera de juicio”, explica la representante sindical.

Ana explica como empezaron a batallar por sus problemas laborales. “En 2020 denunciamos a la empresa porque se nos vulneró el derecho a vacaciones. Ganamos el juicio. A todas las compañeras que hemos denunciado se nos ha ejercido una fuerte presión continuada en el tiempo, pudiéndose considerar acoso laboral, mediante acciones de desgaste. Yo estoy de baja por ansiedad y como yo se encuentran más compañeras. Es un hostigamiento constante, donde se nos exigía más y se nos tenía olvidadas. A veces es muy complicado demostrar que lo estás sufriendo”, explica.

Evaluar la cantidad y no la calidad

Tampoco sienten reconocido su trabajo. “Trabajamos líneas de intervención, no somos un programa para jugar con chavales. No somos una sala de juegos. Tenemos un montón de participantes con problemas de adicciones, situación de calle, con temas de salud mental...  etc. Y es un proyecto voluntario, vienen porque conectan con nosotras”, explica Ana quien se queja de que les piden informes que incluyan datos cuantitativos, pero no cualitativos. “Quieren que cada día vengan un número x de chavales, pero lo importante no es eso, es la intervención que hacemos con los que vienen”.

María, delegada en la Fundación Tomillo, coincide en la ausencia de una adecuada evaluación de los programas. “No se hacen evaluaciones cualitativas, formadas por un grupo de técnicas sentadas hablando cómo se mejora una intervención para que el día de mañana deje de ser necesaria, para transformar la realidad”. En la Fundación Tomillo uno de los objetivos es la inserción laboral, pero, para María, el trabajo se justifica con cifras, no con futuros alternativos para los chavales. “Evalúas a cuántos has insertado en Coca-Cola, a cuántas en Dunkin Donuts… Estamos cogiendo a jóvenes de los suburbios de Madrid, machacados y machacadas por la violencia estructural que han soportado, y les estás preparando para ser el nuevo precariado”, explica mientras las tres delegadas sindicales concluyen que hacer caja con la intervención social es el único impulso de sus entidades.

El Salto

Asamblea Intervención Social. ¡No a sueldos de hambre! ¡Por un convenio digno!

 

La negociación del II Convenio Colectivo de Acción e Intervención Social está muy atascada en la actualización de las tablas salariales.  El día próximo 21 de marzo se reanuda la negociación.  

 

Este es un sector que fundamentalmente se nutre del dinero público de las administraciones, en el que  las empresas de "lo social" llevan años haciéndose de oro (han desembarcado por algo los fondos buitre)  y las ONG tampoco se quedan cortas. Las profesionales de lo social vivimos en precario y tenemos unos de los sueldos más bajos del mercado laboral.  

 

Las patronales quieren condenarnos a la miseria con tablas salariales que nos hacen más pobres. Con una inflación por encima del 7% (y que va a seguir subiendo),  se niegan  incluso a subir un mísero 2%. Nuestros sueldos ya son de subsistencia. No podemos permitirnos un recorte así. 

 

Acude a la asamblea

 

¡No a sueldos de hambre! ¡Por un convenio digno!

 29 de MARZO 

 Sala 13 Rosas

C/ Lope de Vega, 38 2ª Planta

 Mañana de 12 a 13:30

Tarde de 17 a 18:30

 Enlace

8M, continúa la lucha feminista

El 8 de marzo es una jornada de movilización, de reivindicación y de lucha.

Aunque se han producido importantes avances en materia de igualdad y logros sociales, fruto de la lucha feminista, aún queda mucho por hacer y en el sector de intervención social lo sabemos bien.

 

Somos un sector feminizado porque somos mujeres en su inmensa mayoría quienes lo trabajamos. Somos un sector precarizado (salarios por debajo de la media y mayores tasas de parcialidad y temporalidad) porque somos mujeres y nos dedicamos al cuidado de las personas y de la comunidad que habitamos.

 

Las “entidades de lo social” (y sus patronales) mientras alardean de su apuesta por la igualdad, atacan nuestras condiciones laborales, escatiman en los permisos por conciliación, dificultan el teletrabajo y la flexibilidad horaria, torpedean la marcha e implantaciones de planes de igualdad (fundamentales para acabar con el acoso sexual y por razón de género en los centros de trabajo) y nos condenan a la devaluación salarial. 

 

Las patronales de Intervención Social sentadas a mesa de negociación del II Convenio Colectivo están apostando por lastrar nuestra dignificación profesional y nos quieren alejar, un poquito más, de esa igualdad que reivindicamos también en lo laboral. "Entidades de lo social" que apuestan por seguir aprovechándose de la brecha salarial de género, mientras hoy se disfrazan de morado.

 

El notable incremento del precio de la vida se nota de forma generalizada, en la cesta de la compra, en el precio de la   energía (luz, gasolina, etc), en todo. El año 2021 terminó con una subida del IPC de un 6´5% aproximadamente, y se auguran elevados niveles de inflación por la guerra de Ucrania, y nosotras con los salarios congelados porque la patronal sólo mira por sus beneficios empresariales. No queremos que nos precaricen más nuestras ya precarias nóminas.

¡Así no hay quien hable de igualdad!

Movilización de médicos contra la OPE de la Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid sigue machacando a su personal sanitario. Esta vez dando una vuelta de tuerca más al "icetazo". Apoyamos su justa reivindicación. No se puede jugar así con la vida de la gente.

MANIFIESTO del Grupo de Médicos y Facultativos especialistas no fijos del Servicio Madrileño de Salud.

Casi la mitad de los médicos y otros facultativos especialistas del Servicio Madrileño de Salud (unos 7.822 profesionales) llevamos años en abuso de temporalidad, encadenado contratos precarios, sin puesto fijo, en detrimento importante de nuestros derechos laborales y de nuestro desarrollo profesional y personal. Esto ocasiona además una importante inestabilidad en las plantillas, dificultando enormemente la organización y planificación de los Servicios, y repercutiendo en último término de forma negativa en la atención a los pacientes.

Esta situación es fruto del inmovilismo, omisión y falta de planificación de la Administración Pública durante años, que no nos ha brindado la oportunidad de acceder a un puesto fijo de forma regular, debido a la ausencia de convocatorias de ofertas de empleo público durante largos periodos de tiempo o a convocatorias con plazas claramente insuficientes.

Actualmente, existe un llamamiento desde la jurisprudencia y directiva europea para poner fin a la temporalidad y a la situación de fraude de Ley del empleado público en España, reflejado tanto en el en “Plan de Recuperación,

Transformación y Resiliencia” como en la Ley 20/2021.

Por todo ello, y basándonos en la aplicación de dichas normativas reinvindicamos:

- Que se lleve a cabo la regularización de los facultativos en fraude de ley

que realizan funciones estructurales durante al menos 3 años con independencia de su vinculación laboral actual.

-Que se paralicen las OPEs en curso y la consiguiente modificación de los Decretos 170/2018 y 318/2019 hasta que se resuelva dicha regularización.

-Que se transformen en plazas estructurales los contratos eventuales (incluyendo a los contratos covid) puesto que se ha demostrado que no obedecen a una necesidad coyuntural sino a una necesidad crónica de nuestro sistema de salud.

-Que se diseñen las medidas oportunas para evitar alcanzar este grado de temporalidad en un futuro, estableciendo fórmulas para el acceso al empleo público anuales o bianuales, ofreciendo todas las plazas disponibles y adecuando las plantillas estructurales a la verdadera realidad asistencial, docente e investigadora de los centros sanitarios, considerando en el cálculo el déficit secundario a periodos vacacionales, bajas laborales y excedencias.

-Que se proyecten los procedimientos oportunos para facilitar el concurso de traslados y la movilidad voluntaria entre centros del SERMAS.

Con todo ello NO PEDIMOS MÁS pero TAMPOCO MENOS que disponer de unas condiciones laborales DIGNAS y ACORDES a los derechos laborales vigentes hoy en día, así como a nuestro ESFUERZO, a la PROFESIÓN que ejercemos y la RESPONSABILIDAD que asumimos, permitiéndonos desarrollar nuestra VOCACIÓN con satisfacción, no sólo profesional sino también personal.

27-F: Manifestación del Servicio de Ayuda a Domicilio

 Trabajamos con las siguientes condiciones laborales:

* Jornadas laborales agotadoras, con contratos parciales y sueldos de miseria.

* Enfermedades y lesiones no reconocidas.

* Explotadas por empresas privadas que degradan el servicio y precarizan a sus trabajadoras.

Esta no es sólo una reivindicación laboral, sino que también es la defensa de un servicio de cuidados que se sostiene con dinero público.

Por un sistema de cuidados que garantice la calidad de vida de las personas usuarias y dignidad laboral a las trabajadoras que desarrollan el servicio.

CONVOCAMOS una MANIFESTACIÓN en Madrid el domingo 27 de febrero a las 12 h desde la Pl. de la Villa a Pta. del Sol para reivindicar:

- Que en nuestro sector se cumpla la ley de prevención de riesgos laborales.

- Que se reconozcan las enfermedades profesionales.

- Se aplique el epígrafe reductor de la edad de jubilación.

- Por la desprivatización del SAD.

Agradecemos de antemano vuestro apoyo

Convocan: Plataforma Unitaria del SAD, UDC (Unión de Colectivos), AMSAD (Plataforma de Madrid), OSAD (Sección Sindical trabajadoras del SAD)

Apoya: Plataforma Remunicipalización SSPP Madrid

Marea Blanca contra la ley Ómnibus. ¡Defiende la sanidad pública!

El 20 de febrero la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (MESDAP)-Marea Blanca, en la que participa la FRAVM, retoma su costumbre anterior a la pandemia de organizar marchas el tercer domingo de mes. Ese día impulsa una marcha que, poniendo el foco en la Ley Ómnibus y la gestión sanitaria del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, saldrá a las 12:00 del Ministerio de Sanidad y finalizará en la Puerta del Sol.

Recordemos que el Ministerio de Sanidad se halla en el número 18 del Paseo del Prado. Desde allí, el cortejo subirá hasta la plaza de las Cortes para transcurrir a continuación por las calles Cedaceros y Alcalá y finalizar en Sol, ante la sede del Gobierno regional.

La movilización, la 92ª Marea Blanca, se produce en un momento de grave crisis política en la Comunidad de Madrid debido al presunto caso de corrupción en la compra de mascarillas sanitarias que implica al hermano de Isabel Díaz Ayuso, un suceso que hunde sus raíces en el modelo de gestión del PP, a tenor de la MESDAP, y que la Ley Ómnibus no hará otra cosa que apuntalar.

“Mientras liquida nuestra salud…Ayuso arrolla con su Ley Ómnibus” es la consigna de la nueva Marea Blanca, un lema que alude “al modo de entender lo público como parcela partidista para uso arbitrario de una idelogía supremacista”, sostiene la Mesa en un comunicado que ha hecho público con motivo de la protesta. “25 años de Partido Popular han servido para impulsar un pésimo plan sanitario, utilizando esta comunidad como laboratorio de pruebas con las que hemos llegado al límite del deterioro de la Salud Comunitaria madrileña. Cuando atacan la Atención Primaria, dan el golpe de muerte al sistema público; cuando ignoran la Salud Mental, desasistida permanentemente desde 2010, provocan una incidencia enorme de traumas mentales aumentados con la pandemia, traumas que producen malestar a personas y familias”, asegura la coordinadora.

“Con esta 92ª Marea Blanca denunciamos la inacción, deshumanización y mala práxis de la gestión sanitaria en Madrid, donde además de precarizar recursos humanos y materiales, cerrar Centros de Urgencias de Atención Primaria, mantenemos infraestructuras deterioradas, insalubres o no existentes tras años de denuncias y respuestas de solución incumplidas. Urge recuperar la atención integrada y presencial: promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico y tratamiento, rehabilitación, fomento de la autonomía del usuario; derechos amparados por leyes que torticeramente incumplen”, asegura la MEDSAP.

Los colectivos sanitarios y vecinales que conforman este espacio están muy preocupados por la situación de la salud mental. En este marco, entienden que “es prioritario procurar la gestión humanizada para atender a miles de personas y sus ámbitos de vida. El riesgo se ha acrecentado con la Covid 19; pero no han adoptado medidas para controlar o mitigarlo; la Salud Mental va a ser la enorme ola de largo alcance que continuará generando una fractura rompedora en una sociedad desigual que el ultracapitalismo hegemónico ha esculpido para fortalecer su plan a costa de lo que sea”, asegura.

Respecto a la segunda parte del lema de la movilización, la MEDSAP critica que el Anteproyecto de Ley de medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la modernización de la Administración de la Comunidad de Madrid, la llamada Ley Ómnibus, es un “cajón de sastre que tras años de raspar lo público y gestionar privatizando pretenden consolidar para arrollarnos, escondiendo la liberalización de la administración dedicada a la salud a costa nuestra, alegando modernización y un ahorro de casi 2 millones de euros en cargas administrativas”. Pero “¿de qué ahorro hablan si las cargas excesivas son precisamente ellos? En esta mezcla explosiva de normas diversas e inconexas, plantean crear una Agencia de Contratación Sanitaria, impidiendo el control, vulnerando el ejercicio democrático. Su idea es fundar una doble estructura orgánica con un gasto público innecesario en más cargos directivos; construir un montaje a su medida para manejarlo con la libertad que vocean, que resulta ser una dictadura comprometida para sus negocios. Será un foco abierto a la corrupción que financiarán con fondos públicos en un ente sometido al derecho privado”, denuncia la Mesa.

“Una agencia -continúa- apartada de las garantías que ofrece el procedimiento administrativo. A ello sumamos merma de la transparencia en la gestión y deterioro de la calidad del servicio público, que debe estar gestionado de forma directa y no bajo el método de empresa camuflada, la transgresión de la incompatibilidad que liquida el proyecto supone, además, facilitar pluriempleos en lugar de fortalecer los que hay, eliminando una dedicación plena a la salud. Se tratará de un órgano con dirección nombrada por el Gobierno, sin que los representantes en la Asamblea de Madrid puedan fiscalizarlo, tampoco la población (..) Una Agencia que podrá contratar de forma centralizada todo en materia sanitaria, gestión posible sin tal artificio que pondrá en dos únicas manos, ante una crisis, decisiones millonarias de contrataciones y otros modismos neoliberales. Presidente y Vicepresidente de la Agencia serán quiénes den al botón rojo desde el vértice de esa pirámide dorada que han probado sucesivamente con la pandemia, construida con el uso permanente de su dedo y no de los métodos legales”, asegura la MEDSAP.

La Ley Ómnibus, en definitiva, es una norma “con licencia para más destrucción llena de medidas liberticidas; una ley al revés, de falsa bandera, que aprobarán a pesar de ir en contra del interés general, de los derechos sociales y humanos y contra el ecosistema”, sostiene la Mesa, que junto a otras 50 organizaciones ha creado una plataforma para tratar de que la ley no llegue a aprobarse. Tras la 92ª Marea Blanca de este domingo, este nuevo espacio social ha convocado una manifestación contra la Ley Ómnibus para el sábado 26 de febrero que a las 12:00 partirá de Atocha.

Federación Regional de Asociaciones de Vecinos y Vecinas de Madrid

Movilización por la jubilación a los 60 años en los sectores sanitarios y sociosanitarios

CCOO ha convocado concentraciones en todo el país este 8 de febrero para exigir la jubilación a los 60 años de los trabajadores y las trabajadoras encuadrados en los epígrafes 86, 87 y 88 de actividades sanitarias, asistencia en establecimientos residenciales y actividades de servicios sociales sin alojamiento, debido al desgaste físico y psíquico que conllevan estas profesiones.

Según la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, las y los profesionales de la asistencia sanitaria y social sufren la cuarta tasa más alta de problemas graves de salud directamente relacionados con el trabajo. Dicha entidad también denuncia que las mujeres del sector de la Sanidad y los Servicios Sociales tienen más posibilidad de sufrir un accidente o padecer una enfermedad profesional que las trabajadoras de otros sectores. España es el segundo país europeo donde más accidentes sufre el personal sanitario.

Por otro lado, según las estadísticas del propio Ministerio de Trabajo, las trabajadoras y los trabajadores con turno nocturno o turnos rotatorios tienen peor salud física y mental que la población general. Situación muy común en los servicios sanitarios y sociales. 

Además están expuestas a riesgos biológicos. Estas profesiones aumentan el riesgo de contagio de enfermedades como la tuberculosis, el VIH o la hepatitis B. Situación que se ha evidenciado con los altos índices de contagio de COVID.

Desde el sindicato se denuncia que existen elevadas tasas de enfermedades musculoesqueléticas y de trastornos psicosociales asociados a la demanda emocional del trabajo.

Por todo ello, CCOO ha solicitado al Ministerio de Seguridad Social el inicio de los trámites para implementar coeficientes reductores a la edad de jubilación en estos ámbitos, debido al desgaste físico y mental que sufren las y los profesionales de estos sectores laborales.