Tres delegadas sindicales de entidades del tercer sector describen una situación de acoso e hipocresía en unas organizaciones, que, denuncian, tienen el ánimo de lucro por bandera.
Pedro trabaja en la asociación La Rueca, María en la Fundación Tomillo y Ana en la empresa Merino y Merino. Son tres educadoras sociales que ejercen en entidades que gestionan de manera externalizada programas del departamento de juventud y de los servicios sociales del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. Los tres son delegados de CNT y deciden no dar sus nombres verdaderos para este reportaje. Afirman que es un sector en el que todas se conocen y temen por su futuro laboral. La precariedad y el acoso están a la orden del día. No en vano, Pedro ha sido despedido, María denuncia despidos sistémicos en su entidad y Ana está de baja por ansiedad junto a varias compañeras más.
En una conversación con El Salto, las tres explican que su trabajo se enmarca dentro de una de las patas del estado del bienestar. Las otras dos patas serían la sanidad y la educación. Sin embargo, su servicio está muchísimo más devaluado, afirman, debido a que está altamente externalizado. “Nuestro sector no tiene el estatus social que tienen la sanidad y la educación: es un sector feminizado y además nuestro trabajo siempre ha estado ubicado en los cuidados. Nuestras funciones son un roll femenino. Nos ocupamos de lo que el sistema no puede ocuparse. Esto hace que nuestro sector tenga muy poco estatus lo que significa que pueden manipular nuestro código deontológico”, explica Pedro, quien acaba de ser despedido de La Rueca, una entidad con un 72% de mujeres en plantilla.
Según los presupuesto del Ayuntamiento de Madrid, la cantidad gastada en servicios sociales y promoción durante 2021 fue de 421.832.752 euros. De estos, 305.580.464 fueron para gastos y servicios. 300.983.673 fueron para trabajos realizados por otras empresas y profesionales, esto es un 71%. Según las estimaciones de representantes sindicales del ayuntamiento, entre un 90 y un 95% de los recursos humanos están externalizados.
Antonio, también nombre ficticio, es delegado de CNT en Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid y dibuja el panorama así: “En un centro de servicios sociales, la mitad de la plantilla de ordenanzas está externalizada. Los administrativos sí son funcionarios y los trabajadores sociales también. Pero los educadores sociales trabajan en entidades a través de conciertos”, explica, lo cual, asegura, dificulta mucho la intervención sostenida en el tiempo dada la inestabilidad y la precariedad de estas contrataciones.
Las hay que son asociaciones y fundaciones de pequeño o mediano tamaño como La Rueca y Fundación Tomillo. Las hay que son empresas como Merino y Merino. Estas llevan, sobre todo, programas socioculturales, laborales y de ocio y tiempo libre. Y luego están los conciertos con grande entidades, que llevan los centros de día, el servicio de teleasistencia o el Servicio de Asistencia a Domicilio (SAD). Este último se encuentra en manos de la multinacional Clece.
Asociaciones “tapadera”
Este artículo no va a centrar su atención en las grandes subcontratas. Los representantes sindicales consultados avisan del peligro de “camuflaje” que se instala en algunas de las pequeñas asociaciones y fundaciones, supuestamente “sin ánimo de lucro”. Hablan de “hipocresía” en unas entidades “tapadera” que acosan y derriban al trabajador que protesta.
“En algunos casos solo asociaciones y fundaciones pueden presentarse a determinados pliegos. La Rueca, en su modelo de trabajo, funcionan como una empresa, pero son una asociación porque les pone en mejor situación para competir en algunos pliegos y les abre la oportunidad de obtener subvenciones”, explica Pedro.
Según sus cuentas, que hacen públicas, esta entidad recibió más de 1,4 millones de euros de donaciones y subvenciones en 2020. Más de 900.000 euros provienen de instancias municipales. “Dicen que tienen 95 socios y solo conocemos al director. Nunca se ha hecho una asamblea de socios en los nueve años que yo he estado trabajando”, asegura el representante sindical.
Pedro trabajaba como coordinador en un centro comunitario en el barrio de San Blas. Realizaban atención comunitaria, acciones relacionadas con la migración y la convivencia. “La represión contra mi persona empieza cuando creamos una sección sindical de CNT hace cuatro años. Me quitaron de coordinar el centro. Y a partir de ahí comienza un acoso de baja intensidad pero continúo”. Un acoso que ha acabado con su despido el pasado 15 de diciembre. Alegaban que habían perdido el proyecto y, por tanto, un despido objetivo. “Iniciamos el conflicto el 15 de enero de manera interna, comunicando a las compañeras que íbamos a solicitar su apoyo mutuo. Ellos a la semana se retractan y reconocen que me despido es nulo. Ha sido una victoria sindical y estoy analizando si me reincorporan o no”, explica.
Bloody December
La duración de los proyectos es una manera de coaccionar al personal. Su estabilidad laboral depende de esta duración, tal y como explica María, representante sindical de la Fundación Tomillo, que explica que en su entidad todos los años hay un bloody december. “Cada diciembre hay una campaña de despidos de mayor o menor escala en un proceso de limpieza ideológica que llevan haciendo desde hace cuatro años. Todos los diciembres hay pánico, preocupación y tensión. Es un clima normalizado. Parecen ERTE encubiertos que nunca se ponen en la mesa con todas las de la ley. Y también pasa en junio”, explica esta delegada sindical.
Sara —también nombre ficticio —trabajaba en uno de los programas de la Fundación Tomillo para adolescentes en situación vulnerable, llamado CIMTO, un programa de hostelería financiado por la Comunidad de Madrid para menores tutelados. Aprenden cocina y atención en sala. Ella era formadora en sala, hasta que el pasado 15 de diciembre la despidieron. La excusa: que una compañera que se encontraba de excedencia se quería reincorporar y había pedido su puesto. Según fuentes sindicales, la realidad es que a Sara se la despide por ser una trabajadora combativa.
“A mí la renovación de enero de 2021 me la dieron en septiembre y yo dije que después de nueve meses no firmaba, porque mi contrato se había transformado en indefinido. Además, había solicitado un permiso para poder estudiar y cuidar”, explica. Y denuncia una “gran hipocresía”. “Me dejaron en la calle con dos criaturas. Querían pasarme de formadora a usuaria”, afirma.
Y esto, asegura, tiene graves consecuencias para los adolescentes dependientes de estos programas. “Hay cambios brutales de equipo. Lo primero que generas con los participantes es vínculo. La rotación de personal es brutal a nivel emocional. Mis alumnos querían hacer una huelga cuando me echaron”, cuenta.
Según los datos que hace públicos la entidad, la Fundación Tomillo obtuvo en 2020 un presupuesto de 8,7 millones de euros. Un 63% proceden de fondos públicos. María, que confirma la historia de Sara, habla de despidos por pelear sus condiciones, abundancia de contratos fijos discontinuos que son despedidos durante las vacaciones de verano y de invierno y “limpieza ideológica” en una entidad que bebe altamente de lo público.
“Figuras que se inclinan por lo comunitario, que llevaban mucho tiempo en la fundación han sido despedidas, sustituidos por figuras que apuestan por un modelo neoliberal”. Y destaca un “abismo ideológico” con la directiva. “Tenemos una gran diferencia en cuanto a la vocación y a nuestra labor. Nuestro código deontológico está basado en lo comunitario, en la dignidad en la atención, en la transformación, en el querer dejar de ser necesarias en algún momento, en llegar a desaparecer... y ellos no pueden consentirlo. Se les acaba el chiringuito”, advierte.
Ambiente que, aseguran, se ha recrudecido desde que el PP necesitó que Vox le apoyara en la investidura del alcalde, José Luis Martínez Almeida. “A nosotras nos han prohibido llevar camisetas reivindicativas”, cuenta Ana. Esta delegada sindical, de baja por ansiedad junto a varias compañeras, trabaja en el Programa Quedat, un proyecto de intervención socioeducativa que atiende a juventud con necesidades psicosociales, económicas y familiares, con perfiles de riesgo y en situaciones de vulnerabilidad muy complicadas. Está presente en 16 distritos de Madrid y lo gestiona la empresa Merino y Merino producciones, que nada tiene que ver con lo social. Según su código de Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) se dedica a las artes escénicas.
“Se dedican al montaje de fiestas de barrio y cabalgatas. Desde 2017 gestionan el Quedat, durante los dos primeros años junto a la Fundación Tomillo”, explica Ana. El 60% de las profesionales del programa son mujeres. Las educadoras sociales están contratadas como educadoras a secas, una categoría inferior, pese a que son educadoras sociales y en el pliego se marcan las funciones correspondientes a su puesto y deberían contratarlas así, tal y como explica Ana. “Por ello, se llevó a cabo una inspección de trabajo contra la empresa en julio de 2021, por la cual se la ha demandado y estamos a la espera de juicio”, explica la representante sindical.
Ana explica como empezaron a batallar por sus problemas laborales. “En 2020 denunciamos a la empresa porque se nos vulneró el derecho a vacaciones. Ganamos el juicio. A todas las compañeras que hemos denunciado se nos ha ejercido una fuerte presión continuada en el tiempo, pudiéndose considerar acoso laboral, mediante acciones de desgaste. Yo estoy de baja por ansiedad y como yo se encuentran más compañeras. Es un hostigamiento constante, donde se nos exigía más y se nos tenía olvidadas. A veces es muy complicado demostrar que lo estás sufriendo”, explica.
Evaluar la cantidad y no la calidad
Tampoco sienten reconocido su trabajo. “Trabajamos líneas de intervención, no somos un programa para jugar con chavales. No somos una sala de juegos. Tenemos un montón de participantes con problemas de adicciones, situación de calle, con temas de salud mental... etc. Y es un proyecto voluntario, vienen porque conectan con nosotras”, explica Ana quien se queja de que les piden informes que incluyan datos cuantitativos, pero no cualitativos. “Quieren que cada día vengan un número x de chavales, pero lo importante no es eso, es la intervención que hacemos con los que vienen”.
María, delegada en la Fundación Tomillo, coincide en la ausencia de una adecuada evaluación de los programas. “No se hacen evaluaciones cualitativas, formadas por un grupo de técnicas sentadas hablando cómo se mejora una intervención para que el día de mañana deje de ser necesaria, para transformar la realidad”. En la Fundación Tomillo uno de los objetivos es la inserción laboral, pero, para María, el trabajo se justifica con cifras, no con futuros alternativos para los chavales. “Evalúas a cuántos has insertado en Coca-Cola, a cuántas en Dunkin Donuts… Estamos cogiendo a jóvenes de los suburbios de Madrid, machacados y machacadas por la violencia estructural que han soportado, y les estás preparando para ser el nuevo precariado”, explica mientras las tres delegadas sindicales concluyen que hacer caja con la intervención social es el único impulso de sus entidades.
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