No podemos sorprendernos de que ocurra un accidente con graves consecuencias cuando se toma como mascota a un animal exótico y venenoso. Es absurdo esperar que si se introduce, por ejemplo, una víbora en las vidas de los humanos se comporte como un animal dócil que controle su instinto y evite, por el vínculo construido, inocularnos su veneno. Cuando el caso aparece en los periódicos, se pueden plantear muchas cuestiones dirigidas a depurar responsabilidades: ¿Habría que realizar algún sistema de supervisión/control más estricto sobre el tráfico de estos animales? ¿Quién/es están haciendo la vista gorda hasta que llega al comprador?, ¿Quién/es son los últimos beneficiarios del tráfico de mascotas exóticas? ¿Tienen alguna responsabilidad quienes saben que hay una víbora en un domicilio y no denuncian?, pero lo que es absurdo es echarse las manos a la cabeza por el comportamiento de la víbora, porque todos sabemos que esa es su naturaleza.
Hace más de un año, una de las entidades que gestionan los Recursos de la Red de Atención Social a Personas con Enfermedad Mental de la Comunidad de Madrid, fue comprada por un fondo de capital privado. Estas entidades adquieren las empresas a un precio bajo, realizan una serie de operaciones para que crezcan y hacerlas más eficientesde tal modo que resulten atractivas para los inversores, y al cabo de unos pocos años las venden a un precio mayor. Como dice su definición, tiene por objeto incrementar su capital privado. Esta es su naturaleza.
Cuando estas empresas se introducen en el mundo de lo social la aplicación del término eficiencia económica requiere al menos alguna reflexión. La eficiencia implica conseguir unos resultados con la menor inversión de recursos. Suele asociarse a la sostenibilidad económica (no la sostenibilidad ambiental, la cual queda fuera de esta lógica capitalista y corto placista), y lo que no es sostenible, por definición no puede permanecer en el tiempo, con lo que “eficiencia y sostenibilidad” se constituyen en las tablas de la ley de cualquier empresa que persiga su supervivencia. Pero es imprescindible aclarar si estos términos, en el caso de una empresa dedicada a la gestión de servicios sociales, remiten al bien público o al interés privado.
Vayamos paso a paso…
Para realizar el complejo entramado de acciones que requiere la intervención comunitaria en el ámbito de la salud mental es necesario un buen equipo profesional, cualificado, con experiencia, funciones bien definidas, que reciba formación continua de calidad, supervisión externa, y con unas condiciones de trabajo dignas que garanticen la estabilidad de los equipos. Todo esto es caro y no se debería prescindir de ello.
Cuando un fondo de capital privado se plantea “hacer crecer e incrementar la eficiencia” de una empresa lo primero que realiza es un diagnóstico de lo que es necesario sanear, llegando frecuentemente a la conclusión de que sobra personal y/o está pagado en exceso. En el caso de las empresas que gestionan recursos públicos se suele prescindir primeramente del personal de la estructura ya que los trabajadores de los recursos están definidos por los pliegos del organismo público que los saca a concurso. Este diagnóstico conlleva despedir parte de la plantilla y revisar las condiciones laborales de los que quedan para ajustar los márgenes de beneficio. En muchas ocasiones, también va unido a otras acciones dirigidas a reducir costes como reducir de manera casi imperceptible lo que se ofrece a cada usuario[1], no suplir las bajas médicas, demorar la contratación de personal o resituar (para ahorrar en indemnizaciones) a personas de la estructura en los recursos públicos, sin darles la oportunidad de formarse y dedicarse en exclusiva a su nueva tarea.
Si se reduce en un número elevado el personal de la estructura de una empresa es necesario redistribuir las tareas que estas personas realizaban (tareas administrativas, de gestión, mantenimiento… que no son prescindibles), recayendo en el personal de los recursos, especialmente en los mandos intermedios y las personas que ocupan puestos administrativos. De este modo, el personal destinado al trabajo comunitario (bien sea en atención directa o en la gestión del servicio) puede quedar invadido por tareas que tendrían que asumir las empresas gestoras (que para eso lo son). Esto reduce el tiempo/calidad que se dedica a las funciones propias del puesto (las definidas por pliego), sin embargo, se ejerce la misma presión por mantener la calidad del servicio apelando generalmente al esfuerzo, la dedicación, el compromiso o la ética del trabajador, pero nunca haciendo referencia al uso ilegítimo que está haciendo el fondo de capital privado de los recursos humanos pagados con dinero público. Este escenario es el caldo de cultivo para que aparezcan determinados riesgos psicosociales. Paradójicamente, esta cuestión continúa minimizándose (y descalificándose a quienes luchan por su prevención o disminución) en un sector en donde un requisito fundamental es que la principal herramienta para conseguir los objetivos (los profesionales) tenga buena salud mental, lo que dicho sea de paso es un síntoma de ignorancia e incoherencia y un acto de negligencia.
Para conseguir que una empresa que gestiona servicios sociales, sin más fines lucrativos que los de retribuir justamente a sus trabajadores y trabajadoras, se transforme en una empresa que genera beneficios para un grupo de inversores, sin contratiempos y cumpliendo con los requerimientos de los organismos públicos clientes, se suelen utilizar tres herramientas fundamentales, no por manidas menos eficientes:
- Infundir miedo, cuestión que se produce automáticamente cuando comienza a despedirse al personal exhibiéndolo como un acto ineludible y sin que el criterio de despido tenga que ver con un mal desempeño o una trasgresión de las normas.
- Crear un sentido de pertenencia e identidad empresarial, introduciendo cierto corporativismo, a través de actos que transmiten esperanza y valores como la lealtad, el esfuerzo (con mucho más peso que el conocimiento técnico) y la unidad en pro del bien común (convenciones, comisiones para la construcción del andamiaje metodológico y ético…). De la mano de esto, pueden ir unidas diversas acciones que pretenden que cale la idea de que “ser un trabajador ético” es sinónimo de “aceptar el empeoramiento de las condiciones laborales trabajando con mayor esfuerzo y dedicación”.
- Reforzar el compromiso organizacional (especialmente en los mandos intermedios que son los que van a tener que sostener las presiones de las diversas partes implicadas), transmitiendo de manera implícita a cada uno que tiene suerte por haber sido de los elegidos para quedarse, y de manera explícita que es mejor profesional que sus compañeros (“divide y vencerás” también es una técnica antigua), que es una pieza clave en el proceso de “sanear” y hacer crecer la empresa y que es su deber gestionar los equipos para que todos vayan en la misma dirección.
Con todo esto, cuando se precarizan aún más las condiciones laborales (estamos hablando de un sector en el que la banda salarial del grueso de los trabajadores oscila entre menos de 1000 euros a 1500) se pierde capital humano, las plantillas se vuelven menos cualificadas, más inexpertas y son más inestables. En la relación con la persona atendida, se pone en juego un ajuste entre el esfuerzo y el salario recibido, pudiendo llegarse a ofrecer un “como si” de intervención (el trabajo de calidad en un sector tan complejo requiere competencias que han de ser respaldadas y reconocidas en el salario) que acaba convirtiéndose en salvar la jornada sin generar problemas.
Hace más de 10 años ya se alertaba sobre la repercusión práctica de las condiciones de trabajo en centros concertados para la atención a personas con enfermedad mental[2], pero una vez más, se practicó más la negación que la prevención.
Obviamente, en todas las empresas hay trabajadores vocacionales que apuestan por un trabajo de calidad por pura ideología. Estos son los que aplican su código deontológico y protegen a las personas atendidas de la iatrogenia del sistema, ellos son los que sostienen, sin proponérselo, el buen nombre de la empresa, con un coste personal incalculable.
Finalmente, el énfasis en la eficiencia económica también puede conllevar una burocratización de la atención, priorizando el cumplimiento con los indicadores cuantitativos que permiten pasar las inspecciones y reforzar el arsenal de artículos de marketing, en lugar de indicadores técnicos cuantitativos o cualitativos, que profundicen en los significados de las vidas y perspectivas de futuro de las personas atendidas.
Por otra parte, dentro de la lógica capitalista neoliberal en la que estas empresas se mueven, el término “crecimiento”, puede igualmente implicar importantes riesgos, por lo que también requiere alguna reflexión añadida. Cuando se plantea la cuestión del crecimiento en un plazo corto, es necesario crear recursos privados, o plazas privadas en recursos públicos. El principal interés es que las plazas estén cubiertas, por lo que las decisiones de alta/baja dejan de estar fundamentadas en lo técnico para centrarse en lo económico, al igual que algunas decisiones de los profesionales en la intervención cotidiana, que terminan atravesadas por teorías económicas y de marketing más que por el modelo de recuperación. Otro aspecto fundamental es satisfacer a quien paga, que no necesariamente es el usuario del servicio. Orientar el servicio a la “satisfacción” no tiene por qué tener relación con la consecución de los objetivos de recuperación, pudiendo esto ocasionar situaciones en las que se valore más el tener un colchón de última generación, que la comida sea de vanguardia, que las condiciones ambientales sean óptimas, o que no experimente ningún reto que pueda desestabilizarle (este objetivo puede ser el del principal pagador que a menudo es la familia), antes que la persona adquiera autonomía, alcance metas vitales o disminuya su medicación. Estaríamos hablando de una nueva institucionalización, posiblemente blanda, pero en un entorno de 5 estrellas.
Finalmente, el “crecimiento” de la empresa se hace a propósito de los intereses de una nueva figura, los “inversores”. Estas personas que antes no aparecían en la ecuación de los servicios, sólo estaban las personas atendidas, sus familiares, los agentes de salud y comunitarios, trabajadores directos y de soporte en la estructura, ahora pasan a ser los más importantes, junto con las personas que pagan los mismos. Así, buena parte de la planificación de las intervenciones, especialmente aquellas que requieran cualquier mínimo gasto, estarán condicionadas a la satisfacción de los susodichos “inversores”.
Este es el curso natural de los acontecimientos, porque esa es la naturaleza de un fondo de capital privado, cuando menos animales potencialmente peligrosos. Todos lo sabemos, y mirar para otro lado es continuar haciendo equilibrismos entre la “negación” y la “negligencia”.
Para terminar, quizás deberíamos pararnos un minuto más a pensar en que si la Constitución española en su artículo 128:1 aclara que “toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”, y para ello, se disponen de unos servicios sociales que redistribuyan las riquezas, paliando las desigualdades que genera un sistema capitalista neoliberal, nos preguntamos, ¿tiene algún sentido la privatización de los servicios sociales?, ¿es ética la especulación con estos servicios?, ¿es coherente la búsqueda de beneficios económicos de unos pocos con unos servicios creados, precisamente, para redistribuir la riqueza de un país entre aquellas personas más necesitadas y privadas por el sistema?
Son tan solo unos minutos de reflexión, ojalá que tras los mismos exijamos todos con más contundencia unos servicios sociales de salud mental verdaderamente públicos, en donde los profesionales cuenten con unas condiciones laborales a la altura de su difícil labor y los únicos beneficiarios sean las personas atendidas y sus familiares.
