lunes, 19 de agosto de 2019

Centros de menores ¿muertes accidentales u homicidios?

El pasado 1 de julio volvió a saltar el escándalo. Otro joven había muerto en un centro de menores. En el reformatorio almeriense “Tierras de Oria”, el mismo cuyos métodos inhumanos fueron denunciados en 2015. De hecho, en 2016 el Consejo de Europa denunció lo mismo, así como el Defensor del Pueblo en 2018. El gobierno de Susana Díaz no hizo nada. ¿Por qué?



Hay varias razones. Pero lo primero a señalar es que el problema es a nivel estatal, ya que existe un amplio consenso político en materia de justicia juvenil y protección de menores. De hecho, todo emana de la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores (LORPM), en vigor desde 2001.
Una ley que, a pesar de la neolengua que emplea para darse apariencia pedagógica, se basa en la represión y el castigo y no en una supuesta rehabilitación. Su reglamento es un calco del reglamento de Instituciones Penitenciarias, incluso más restrictivo en algunos aspectos. Una ley orgánica perversa, especialmente diseñada para castigar la pobreza. Los jueces, a la hora de tomar medidas cautelares como la prisión preventiva o dictar sentencia, tienen muy en cuenta los informes elaborados por el equipo técnico (profesionales del ámbito social). Informes que analizan el entorno familiar y social del menor. Es decir, que finalmente no se juzgan los hechos sino a las familias, lo que posibilita que dos menores que han cometido juntos un delito puedan tener condenas tan dispares como un año y medio de internamiento o tres meses de libertad vigilada, dependiendo básicamente de la solvencia económica de los progenitores.
Además, la LORPM dio vía libre a las comunidades autónomas para privatizar los centros de cumplimiento de medidas judiciales, convirtiéndose la justicia juvenil en un fabuloso negocio de trágicas consecuencias. Como ejemplo basta citar lo ocurrido en la Comunidad de Madrid. En 2001 había tres reformatorios públicos y un total de 45 menores presos. Se aprobó la ley, y en 2006 ya había 18 reformatorios (todos los nuevos privados) y un total de 422 menores encerrados. Queda claro de qué va la cosa, ¿verdad?
La privatización en materia de gestión de derechos fundamentales (y la libertad lo es) tiene consecuencias muy preocupantes. Una de ellas es la opacidad, aún mayor en los reformatorios que en las cárceles.
Del “tratamiento” que reciben los chavales en los centros tampoco podemos esperar nada bueno. En palabras de Jorge Del Cura, de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, se producen malos tratos de tres tipos: la “humillación permanente” –desde insultarles, que es constante, a las de tipo sexual, obligándoles a desnudarse–, “sanciones arbitrarias” –en demasiadas ocasiones por conductas normales a estas edades como distraerse en clase, tirarse bolitas de pan o hablar cuando no se debe–, incluyendo el aislamiento, y “agresiones físicas puras y duras, lo cual incluye golpes, patadas, puñetazos, porrazos”. El Estado español incumple los tratados internacionales (como las “Reglas de Beijing” de Naciones Unidas) que prohíben las penas de aislamiento para menores de edad. La Coordinadora ha documentado en sus informes una media de dos muertes bajo custodia en centros de menores al año.
Las autoridades supuestamente responsables del bienestar de los menores no hacen nada porque lo dicho no implica un mal funcionamiento de los centros. Es que se han diseñado para ser un negocio y eso hace que funcionen así. Por eso generalmente los “excesos en el cumplimiento del protocolo” no sólo quedan impunes, sino que se termina persiguiendo a los denunciantes. Como les ha pasado a los que hace cuatro años denunciaron a este centro de Almería. Centro gestionado por GINSO, al igual que el centro “Teresa de Calcuta” en Brea de Tajo (Madrid). Allí murió otro joven en 2011. Esta entidad es ejemplo paradigmático del sector. La Asociación para la Gestión de la Integración Social (GINSO), es una fundación propiedad de Alfredo Santos García que gestiona varios centros en Madrid y Andalucía. 

Pero GINSO supone, además, un paso más allá en el modelo de negocio: tanto en Madrid como en Andalucía se ha encargado, a través de empresas de Santos o de sus socios, de construir los centros que después ha gestionado. La diputada de Podemos Isabel Serra ha denunciado a esta empresa como parte de la trama Púnica. Santos colabora, además, con gente como Javier Urra, antiguo defensor del Menor de la CAM y conocido tertuliano de Antena 3, que desarrolla en las mismas instalaciones de Brea del Tajo la actividad de su sociedad limitada, Urrainfancia, con un programa llamado Recurra de asistencia a familias con conflictos, destinado a los chavales que han acabado de cumplir las medidas.
Es urgente acabar con este modelo de justicia juvenil, basado en el castigo y el maltrato, que termina de empujar cada año a cientos de jóvenes hacia la exclusión social, formalizándoles como presidiarios. Acabar con la privatización no será suficiente (hay que cambiar también el modelo, y acabar con las condiciones de pobreza y desigualdad que están en la raíz de estos problemas), pero sí el primer paso necesario para acabar con las barbaridades que se cometen en nombre del interés superior del menor. Centros públicos, con personal formado y con condiciones de trabajo dignas, y sujeto al control de las organizaciones de trabajadoras y trabajadores del sector, así como de las familias, son imprescindibles para que pueda plantearse un tratamiento humano y que de verdad cumpla funciones rehabilitadoras.

martes, 16 de julio de 2019

Cómete el calor

Como es sabido, en abril nos trasladamos a las instalaciones de campaña de frío, mientras se realizan las obras para el nuevo centro en La Rosa. 

Antes del traslado, realizamos una visita para conocer las instalaciones, guiada por técnicos del Ayuntamiento responsables de la red de atención a personas sin hogar. Durante la misma, advertimos la falta de climatización de las instalaciones, que tenían pinta de convertirse en un horno en verano. Así lo comunicamos a los técnicos allí presentes. La respuesta fue desconcertante. Con otras palabras, vinieron a decirnos que os vais a comer el calor. Alegaron que no se puede climatizar y que no se pueden instalar pingüinos portálites (precaria solución) porque la instalación eléctrica no lo iba a soportar. ¿Cómo puede ocurrir esto en un edificio municipal de reciente construcción? ¿No tendrá más que ver con la potencia contratada? En fin. Les instamos a buscar una solución.

Desde ese momento, también trasladamos a la empresa la necesidad de buscar una solución a lo que iba a pasar en pocos meses. ¿La respuesta? Que la titularidad de las instalaciones es del Ayuntamiento, así que al ente público le corresponde buscar una solución, no a Grupo 5. Y así, pasándose la pelota de unos a otros, llegamos a la situación que denunciamos días atrás.  

Que si no hay solución, que si este marrón no es mío...hasta que finalmente la empresa, haciendo gala de gran magnanimidad (suponemos que con la idea de denuncias rondando por algunas cabezas por la sede) trajo tres pingüinos (obviamente insuficiente). Y finalmente el Ayuntamiento puso su granito de arena en la solución. ¡Trajo algunos ventiladores! Enésima tomadura de pelo.
Han llegado más pingüinos, teniendo que ser reparados algunos. Obviamente sabíamos que no iban a ser nuevos. Pero nos surge una inquietud, ¿nos estarán "enfriando" a nosotros desvistiendo otros santos? En cualquier caso, la solución no sólo es precaria, también insuficiente.

No se vayan todavía porque falta el chiste final. A veces hay que andar apagándolos, porque ¡saltan los plomos! Así que, agotadas todas las paciencias posibles, finalmente hemos terminado en Inspección de Trabajo, y comiéndonos el calor, como pronosticó el Ayuntamiento. ¿Conclusión de esta nueva aventura rosera? Que no te fíes de ningún patrón, ni público ni privado.



martes, 9 de julio de 2019

Nace la Plataforma Sindical Plural, ¡que no te engañen!

El pasado 3 de julio se presentó la Plataforma Sindical Plural, que nace, según sus integrantes, con el objetivo de acabar con el "bipartidismo sindical". ¿Pero quienes forman esta plataforma de "sindicatos independientes"? Nada nuevo bajo el sol.

USO (Unión Sindical Obrera), sindicato cristiano vinculado a la HOAC (Hermandad Obrera de Acción Católica). 

FETICO (Federación de Trabajadores Independientes de Comercio), ejemplo clásico de amarillismo sindical, facilitador de la precarización en Grandes Almacenes.

SATSE (Sindicato de Enfermería), sindicato corporativo.

ANPE (Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza), heredero del Sindicato Vertical en el sector educativo.

CCP (Confederación de Cuadros y Profesionales), sindicato de directivos ¿?

GESTHA-Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, su nombre lo explica muy bien.

CSL (Confederación de Seguridad Local), sindicato de policías locales.

La idea parece clara: aprovechar el desprestigio de los grandes sindicatos (buscada a pulso tras décadas de burocratización y concertación social con el capital) para minar el sindicalismo de clase. No nos lo podemos permitir. 

El corporativismo rompe los lazos de solidaridad entre los distintos sectores de la clase trabajadora, fundamentales no sólo para que avancen las condiciones de vida de la mayoría social, sino también para las luchas en cada centro de trabajo. 

Pero es que no se queda ahí. Todo apunta hacia el verticalismo, el sindicalismo de "todos vamos en el mismo barco". No es verdad, trabajadores y patronal tenemos intereses contrapuestos e irreconciliables. Aunque esta premisa básica parece desdibujarse en nuestro querido Tercer Sector. Aquí tampoco todos vamos en el mismo barco tampoco. Nuestros intereses coinciden con los de las personas que atendemos, irreconciliables con los intereses de las "entidades" y generalmente también con los de la Administración.

En Grupo 5 parece que esa "otra forma de hacer sindicalismo" está intentando meter el hocico, impulsando vergonzosamente impugnaciones de procesos electorales, revocaciones, etc. El idilio entre Corpfin y USO, ¿será por amor o por conveniencia mutua? 

Desde La Rosa En Lucha defendemos un sindicalismo de clase, combativo y democrático. ¡NO PASARÁN!


lunes, 1 de julio de 2019

Temperaturas entre 31º y 35º en Centro Abierto La Rosa para personas sin hogar.

Hoy hemos formalizado una denuncia ya que estamos sufriendo temperaturas extremas en Centro Abierto La Rosa, un centro de acogida municipal de atención a personas sin hogar en la ciudad de Madrid.

En Abril de 2019 fuimos trasladados al edificio municipal "Campaña de Frío" debido a las obras que se están realizando para adecuar nuestro centro para una atención digna a las personas que atendemos.

Desde el mismo momento del traslado, las trabajadoras observamos que el centro no contaba con un sistema de climatización para soportar altas temperaturas veraniegas, por lo que dimos aviso de ello en previsión de lo que pudiera suceder al cabo de unos meses.

El Ayuntamiento de Madrid no se ha puesto en marcha para poder dar soluciones demostrando una vez más lo poco que le importan las personas a las que atendemos, que por si fuera poco que se encuentren en una dura exclusión social, hay que sumarles graves problemas de salud. 

La empresa adjudicataria del recurso, Grupo 5, ante la inminente ola de calor que se avecinaba la semana pasada, alegó que la responsabilidad del edificio es del Ayuntamiento, por lo que no es competencia suya. 

Si bien el edificio es municipal y la responsabilidad es del Ayuntamiento, la responsabilidad hacia los trabajadores es de la empresa que los contrata, y según el Real Decreto 107/2007 se aprueban unos valores de acuerdo con la ley de prevención de riesgos laborales (Ley 31/1995 PRL) y establecen unas temperaturas entre 23º y 25º para el verano que no se están cumpliendo.

Durante el fin de semana, hemos hecho mediciones en la enfermería del centro, ya que es el único punto donde hay instalado un termómetro, y hemos tenido 31,4º de temperatura mínima y 35º de máxima.

Las temperaturas han afectado gravemente a la convivencia entre las personas acogidas, ya que a la hora de dormir, para no soportar altas temperaturas, tienen que tener encendido un aparato de refrigeración doméstico que genera mucho ruido en las habitaciones.

Para más inri, nos han dado unas pautas para evitar golpes de calor, que por muy fresca que tengamos el agua no evita que haya personas deshidratadas a cargo del Ayuntamiento.

Esta mañana, Darío Pérez Madera, Jefe de Departamento de Samur Social y Atención a Personas Sin Hogar, ha informado a la dirección del centro de que no tienen soluciones en este momento para el problema de la climatización. Desde aquí queremos apelar a su "nuevo jefe" Pepe Arniote, para que tenga en consideración tanto a las personas acogidas que están a su cargo como a los trabajadores y que tome las medidas oportunas para proteger la salud de todas, teniendo en cuenta la vulnerabilidad sanitaria en la que se encuentran.