La Confederación General del Trabajo (CGT) ha emitido un comunicado en el que denuncia la extrema situación en la que se encuentran las trabajadoras y trabajadores que prestan su servicio en el madrileño centro ‘San Isidro en materia de prevención de propagación de la pandemia de coronavirus, que en estos últimos días está volviendo a notarse con el aumento de contagios, sobre todo en los barrios más humildes de la capital.
En este sentido, desde CGT han explicado que este centro de acogida no dispone de elementos necesarios para tener “confinadas” personas acogidas que han dado positivo en Covid-19, debido principalmente al perfil del usuario, a la seguridad y control disponibles para aplicar las medidas de aislamiento, tanto de otros usuarios como de los propios trabajadores del centro.
Desde CGT aseguran que la angustia y la preocupación entre la plantilla municipal crecen a medida que se acerca septiembre porque es cuando el personal de refuerzo finaliza sus contrataciones. CGT ha indicado que no es el momento de prescindir de estos refuerzos ante el aumento de rebrotes que se están conociendo en los últimos días. Además, han explicado que en este centro de acogida conviven otras 37 personas usuarias, que en teoría deberían pasar la cuarentena hasta tener nuevos resultados de sus pruebas, y están compartiendo espacios sensibles, como son las duchas, con el resto. Por otro lado, en relación a la vigilancia, CGT expone que la misma es “privada”, y el control exhaustivo de las normas y protocolos anticovid son muy difíciles de vigilar y comprobar su cumplimiento.
Ante esta situación, desde la CGT han manifestado que posiblemente detrás de toda esta dejadez existan otros intereses de tipo político, que supera el ámbito de lo estrictamente sanitario. Por ello, desde la organización anarcosindicalista se ha instado a actuar al servicio de prevención, avisándose en el área de Emergencia Social, para que se tomen medidas urgentes, y haciendo un llamamiento a la prensa y a los medios de difusión en general, para que se hagan eco de la insostenible situación que se vive a diario en el centro de acogida ‘San Isidro’.
La COVID19 se propaga de nuevo
con rapidez por toda la península, poniendo en evidencia cómo la amenaza de una
segunda ola de la pandemia es un riesgo cada vez más inminente. A pesar de la
insistencia en transmitir que todo está bajo control, y de que los nuevos
brotes afectan a personas fuera de riesgo, lo cierto es que cunde el pánico en
las salas y pasillos de los centros hospitalarios de atención primaria ante la
perspectiva de un recrudecimiento de la enfermedad en octubre. Este escenario
supone un serio peligro para millones de trabajadoras y trabajadores, un riesgo
que puede llegar a ser crítico para aquellos especialmente vulnerables.
Sin embargo, a pesar de las
gravísimas consecuencias que tendría la enfermedad en estas personas
vulnerables, el Gobierno de coalición no ha aprovechado las herramientas de que
legalmente dispone para impulsar medidas encaminadas a garantizar la salud de
los trabajadores. Es más, el procedimiento de actuación para la Prevención de
Riesgos Laborales frente a la COVID19 es pura propaganda, una batería de
indicaciones bochornosas que deja a los trabajadores a merced de las empresas.
Un protocolo de Riesgos Laborales
que deja todo en manos de las empresas
¿Y por qué estas medida no
protege realmente a los trabajadores? En primer lugar, según lo establecido por
el gobierno, no basta con que un médico certifique que el trabajador es, en
efecto, especialmente vulnerable a la pandemia, sino que hay que acreditar que
su puesto de trabajo le supone “un riesgo adicional”, y ello por medio de
informes que tiene que emitir la propia empresa. En relación con esto, el
gobierno ha establecido que todo aquel que “trabaja sin contacto con personas
sintomáticas” puede ser enviado a trabajar sin precisar adaptación ni cambio de
puesto. ¿Y qué trabajos son estos? Pues la inmensa mayoría si tenemos en
consideración que todo enfermo sintomático debe ser puesto en cuarentena de
inmediato.
De este modo, y según las
directrices del propio ministerio, todas las personas vulnerables –entre las
cuales se incluyen las mujeres embarazadas con comorbilidades o complicaciones,
personas inmunodeficientes, crónicos de pulmón o enfermos de cáncer en
tratamiento- en cuyo puesto de trabajo se entienda que se “trabaja sin contacto
con personas sintomáticas” o que el riesgo de contactar con ellos es “similar
al riesgo comunitario” puede ser obligado a trabajar. Factores como el riesgo a
entrar en contacto con portadores asintomáticos, o hacinarse en el transporte
público en el desplazamiento al trabajo son elementos que el gobierno no obliga
a valorar en el proceso.Esto se traduce
en que una persona vulnerable que trabaja en sectores como atención al público
o limpieza, por ejemplo, puede ser enviada a trabajar como cualquier otra
persona completamente sana.
Además, el Sistema Público de
Salud no puede activar el proceso sin un informe favorable del departamento de
Prevención de Riesgos Laborales de la empresa, quien lo emite en base ainformes de la propia empresa. Es decir, la
adaptación del puesto de trabajo y la concesión de la IT se convierte en una
gracia que los empresarios pueden dar a discreción según sus propios intereses.
¿Pasar hambre o arriesgar nuestra
salud? ¡No queremos tener que decidir!
Todo esto hay que ponerlo en el
contexto actual de crecimiento del paro, del hambre y la miseria. En estas
circunstancias, muchos enfermos crónicos, desprotegidos en la práctica por las
medidas del gobierno, se ven obligados a asumir un riesgo crítico para su salud
yendo a trabajar. Esto es lo que ocultan las estadísticas sobre la evolución de
la pandemia: el miedo y la ansiedad de multitud de trabajadores que tienen que
decidir entre no cubrir sus necesidades básicas o poner su salud, o incluso su
vida, en manos del azar.
Para que esta crisis sanitaria no
la paguen los trabajadores con sus vidas y su salud es imprescindible dar un
giro de 180º en las políticas de prevención de riesgos laborales frente a la
COVID19. En este sentido, la IT debe ser tramitada de inmediato, y sin
excepciones, a todos aquellos trabajadores para los que el desarrollo de la
enfermedad les pueda suponer un alto riesgo de muerte.
Pero todas las medidas legales
que pueda adoptar el gobierno serán papel mojado si se les deja a los empresarios
la libertad de despedir o de reducir salarios y derechos para aprovecharse de
la situación de extrema necesidad de cientos de miles de familias trabajadoras.
El “escudo social” del que tanto presume el Gobierno, ha resultado ser de papel
de fumar. La supuesta “prohibición de despedir” en empresas con ERTE, el
Ingreso Mínimo Vital y otras medidas similares, no han pasado de ser puro
marketing. Incluso el cobro de las prestaciones por desempleo de los
trabajadores en ERTE está siendo un calvario, sobre todo para los miles de
trabajadores que no han cobrado el mes de agosto debido a cambios de última
hora en la tramitación administrativa de las notificaciones de las empresas al
SEPE.
La Reforma Laboral aprobada por
el PP en 2012 favorece todo tipo de abusos empresariales, y facilita que los
patronos puedan chantajear a sus asalariados, obligándoles a poner en peligro
su salud si no quieren perder su puesto de trabajo, contribuyendo así a la
expansión de la pandemia y del número de muertes. La decisión del PSOE y
Podemos de incumplir su compromiso electoral de derogar íntegramente la Reforma
Laboral ha sido un estímulo para que los empresarios hayan considerado que
tienen las manos libres para seguir aplicando todo tipo de acciones lesivas
contra los derechos de los asalariados.
Pero lo más grave de esta
situación, el factor que más contribuye a la prepotencia empresarial, es la
actitud pasiva de los dirigentes de los sindicatos mayoritarios, su absoluta
sumisión ante la Patronal, su silencio ante el sufrimiento de millones de
familias obreras. Por eso, para acabar con la indefensión de las familias
trabajadoras frente a la COVID19, para frenar la sangría de vidas humanas, para
evitar que se repita la trágica situación que vivimos en marzo y abril, es imprescindible
que los delegados sindicales y los afiliados y afiliadas a los sindicatos de
clase que defienden una posición combativa ante la ofensiva del capital nos
unamos en un frente común en defensa de nuestros derechos y nuestra salud. Solo
una movilización masiva, armada con un plan de lucha contundente, podrá
revertir esta situación.
La pandemia ha mostrado blanco sobre negro la incapacidad de respuesta de las distintas administraciones, que siguen más centradas en salvaguardar los beneficios de las empresas de distintos sectores que en garantizar la salud de la población. Insisten en sus políticas privatizadoras y se mantienen los recortes. Con la vuelta a las aulas estamos en la misma situación. No se están tomando medidas serias, sino un nuevo paripé. Especialmente sangrante en la Comunidad de Madrid. Ante este desastre, la comunidad educativa anuncia movilizaciones, sigueindo la estela del personal sanitario. Pincha para leer el comunicado de los sindicatos del profesorado.
Si algo hemos aprendido de la pandemia, es que la atención primaria sanitaria es fundamental para poder frenar el avance de este tipo de enfermedades, y que los centros sociosanitarios, más aún los geriátricos, son una bomba de relojería en cuanto a enfermedades infecciosas se refiere, debido al modelo cuartelero de los mismos y a la falta de recursos humanos y materiales.
El análisis hecho dejaba claro que era imprescindible reforzar la atención primaria y aumentar las plantillas y poner a disposición los medios necesarios de las residencias, mientras se revisa el modelo de atención a nuestros mayores. Pues bien, la Comunidad de Madrid ha decidido hacer justo lo contrario. ¡Qué sorpresa!
Muchos centros de salud siguen cerrados, la atención presencial sigue restringida, no se han contratado los rastreadores necesarios (¡y encima vienen con el cachondeo del voluntariado!), no se están supliendo bajas y vacaciones, etc. En plena pandemia, el gobierno Ayuso ha decidido dejar morir a una atención primaria ya en "cuidados intensivos" antes del virus. Así lo denuncia el Sindicato Asambleario de Sanidad
En cuanto a la atención a mayores, han decidido perpetuar el crimen ya cometido. La Comunidad de Madrid está licitando la gestión de varias residencias públicas, que a pesar de la hecatombe de estos meses, van a seguir en manos privadas. Pues bien, a pesar de los miles de ancianos muertos en estos centros, los nuevos pliegos vienen con recorte presupuestario y un descenso de personal. Así lo denuncia CCOO
Que nadie piense que es ineptitud, son perfectamente conscientes de lo que están haciendo. Su puto dinero vale más que nuestras vidas.¡Es el mercado, amigos!
La vida en los centros de acogida para personas sin hogar esconden historias que deberían ser contadas. Dar voz a aquellos que no la tienen se presenta como un desafío que no muchas personas tendrán el coraje de enfrentar. Me llaman Norris, y en mi caso particular, como Auxiliar de Servicios Sociales, he vivido la pandemia de una forma intensa. Desde un primer momento, nos encontramos con una falta de equipos de protección, de medidas preventivas para mitigar la expansión del virus y un equipo directivo que no solo brillaba por su ausencia, sino que, además, carecía de transparencia.
Muchas compañeras acabaron confinadas en soledad, tan solo acompañadas por el virus. Aquellas que por suerte no lo cogimos, o al menos no teníamos constancia de ello, tuvimos que seguir diseñando un plan de acción y hacer un ejercicio de sensibilización con el colectivo. Sin tratar de ser prejuicioso, el colectivo de personas sin hogar, aunque sea muy diverso, presenta ciertos patrones conductuales comunes y a menudo tienen una baja tolerancia a la frustración. Cuando la sociedad te ha excluido de una forma tan violenta, puedes adoptar una actitud evasiva a cualquiera medida impuesta, ya sea llevar una mascarilla, mantener el espacio de seguridad o respetar el confinamiento en el centro. Sin embargo, esta situación tan traumática nos ha dejado importantes reflexiones a todos los niveles.
La figura de Auxiliar, a pesar de estar establecida en un grupo profesional 3, que por el momento no parece que vaya a sufrir una movilidad ascendente dentro de esta categorización, ha sido un elemento determinante respecto a la gestión de la vida en los centros de acogida durante la epidemia. En la mayoría de estos centros se ha trabajado con servicios esenciales, en nuestro caso dábamos atención a 150 usuarios siendo 4 AASS por turno y 3 técnicos especialistas (trabajador social, educador social, psicólogo). Al no poder dar atención a las personas residentes en las oficinas del equipo técnico, estos se unían a lo que nosotras denominamos el ‘trabajo de campo’. En ese sentido, había que dejar de lado el ‘estatus’ que puedas ocupar dentro de la institución y hacer un ejercicio de humildad, evaluar realmente qué profesionales debían orientar en el desarrollo de la vida del centro. Así fue, el equipo AASS dejando de lado su lucha por ser reconocida la categoría que le corresponde, nos pusimos manos a la obra. Desde rediseñar el servicio de comedor para exponer al mínimo tanto a trabajadoras como personas usuarias, hasta acentuar la importancia de la limpieza e higiene personal, sin olvidar el apoyo psicológico que acostumbramos a hacer y que tiene poca visibilidad, pero hay un trabajo de fondo que se ha visto agravado con este maldito virus.
Más que nunca, se dio un enfoque globalizador en la intervencion, ya no solo tener en cuenta las características individuales de cada persona usuaria, sino flexibilizar determinadas conductas a causa del estado de alarma en que nos encontrábamos.
El Centro de Acogida Juan Luis Vives, fue elegido como apto para acoger a personas con diagnostico COVID-19. Esto produjo mucho nerviosismo entre nosotras, y más viendo como un número importante de trabajadoras se había infectado por el virus, no obstante, esto no nos detuvo para dar el servicio que merecen los y las usuarias. Personas que a pesar de que la sociedad les haya excluido, para nosotras eran principalmente PERSONAS, antes que personas sin hogar. Por lo que a pesar de que la estructura del centro no estaba bien diseñada para prestar atención a un gran número de personas con pronóstico COVID, o con diagnostico confirmado, no nos frenó en dar lo mejor de nosotras para hacerles sentir que estábamos allí para ellas. Es importante hacer una mención especial al equipo de enfermería que tenemos en el CAJLV y recordar a las personas que ya no están con nosotras, porque fueron ‘invitadas a marcharse’ injustamente, pero el tiempo que estuvieron, dejaron claro que sin ellas no podríamos haber conseguido controlar la situación. Así que compañeras, GRACIAS de nuevo por vuestro compromiso, profesionalidad y sensibilidad. Dejasteis huella a pesar de que os intentaran pisar.
Hemos vivido momentos de tensión importantes. Mediar entre las personas usuarias era una constante. Si tienes en cuenta el perfil heterogéneo que convive en este tipo de recursos, además del estado de angustia que supone que te priven de tu libertad de movimiento, el resultado son conflictos continuos. Es significativo señalar que nosotras no estábamos preparadas para hacer un trabajo de contención, tanto por el número de trabajadoras presenciales por turno como por la falta de profesionales que pudieran abordar las situaciones de emergencia desde una intervención psicológica.
Cuando las necesidades superan a los recursos hay que priorizar y establecer una jerarquía en las alternativas de acción. El simple hecho de tener que elegir supone renunciar y esto va a dejar consecuencias que pueden ser irreparables. No obstante, si los recursos existentes fueran paralelos, bien ajustados a las exigencias de los tiempos y no fueran adaptados a las tendencias políticas existentes, de claro corte liberal, las denominadas ‘infraclases’ quizá no seguirían manteniéndose en el mismo estatus social y condenados a estar institucionalizados con serias dificultades de experimentar una movilidad social ascendente que les pueda dignificar.
Por otro lado, me resulta bastante contradictoria las diferencia salarial que existe entre los profesionales de la sanidad y de los servicios sociales, y por favor que no se malinterprete, son más que merecidos los salarios que perciben los profesionales sanitarios y seguramente se merezcan una subida salarial. No obstante, en lo que respecta a los trabajadores de los servicios sociales, la diferencia es enorme a pesar de que a menudo realizamos trabajos equiparables. Por lo que esto es un llamamiento a las instituciones públicas para que revalúen dicha brecha salarial.
Sin lugar a duda, el diseño de estos macro albergues que viene desarrollándose desde los años 90, no parece que dé los resultados que se esperaban. No creo que deba medirse en conceptos de eficiencia y eficacia característicos de la economía, sino valorar como personas que vuelven a integrarse en la sociedad, que transitan a una vida fuera de la precariedad absoluta.
El crecimiento del tercer sector puede ser una forma de externalizar los costes y la prestación de servicios, por lo que el Estado se desvincula de la gestión directa, aunque continúe financiando con presupuesto públicos muchas actividades este. El delegar determinados asuntos de interés público, como son los servicios sociales, a empresas cuyos intereses económicos preponderan a los intereses de las personas usuarias es un error con consecuencias profundas a nivel social. Esto nos coloca en una disyuntiva que supone elegir entre la reintegración de las personas sin hogar, lo que generalmente se logra con inversión y calidad, o el asistencialismo que «mal cubre» las necesidades básicas que sí reporta un beneficio económico.
Resulta difícil realizar un itinerario individualizado de intervención cuando la ratio técnico/persona usuaria es de 1 trabajador por 40. Abandonar el paradigma caritativo/asistencial y diversificar los recursos en función del proceso de intervención que se encuentre cada persona, esta es la línea de trabajo por la que yo apostaría. Y por supuesto dotar los centros de más personal técnico en vez de tanto personal auxiliar, que a pesar de que su coste y formación sea menor, se pretende que ejerza competencias muy por encima de sus posibilidades.
CCOO solicita una reunión urgente a Grupo 5 para evaluar el avance en la instauración de las medidas acordadas.
El sindicato alerta a la plantilla de trabajadoras y trabajadores sobre la dejadez, apatía y desidia con la que el grupo empresarial pone en marcha la batería de medidas firmadas y acordadas el 10 de octubre. Dependiendo de la respuesta de Grupo 5, no descarta tomar las medidas necesarias.
Genera alarma, en un contexto de especial vulnerabilidad para las plantillas de los diferentes sectores de dicho grupo, con una gran carga de trabajo y tensión en su cotidianidad, incrementada por la excepcionalidad de la situación general, el hecho de que no se haya llegado a conocer ni un solo dato sobre la situación del plan de igualdad ni en la comisión de seguimiento ni en la de protocolo de acoso, así como las poquísimas reuniones de las diferentes comisiones en las que no se ha podido llegar absolutamente a ningún acuerdo.
Hablamos de recursos que en su mayoría han sido declarados como esenciales y se han mantenido en el desempeño de su trabajo de una manera u otra desde el primer día, con la repercusión que ha tenido a nivel de riesgos psicosociales y las dificultades en la seguridad y salud de la plantilla.
A pesar de haber aumentado sus ingresos con la gestión de Ifema para atender a personas sin hogar, no hemos visto ninguna muestra de responsabilidad para llevar a cabo la atención adecuada a su actual plantilla en materia de igualdad.
No existe ninguna información relativa a la solicitud de medidas para la conciliación y corresponsabilidad, tampoco de cualquier otra petición de las y los trabajadores sobre la puesta en marcha de una batería muy completa de propuestas que pueden favorecer, mejorar y garantizar la necesaria adecuación a sus necesidades, en el presente contexto, de las personas de dicha empresa.
Igualmente, hemos detectado que no se ha puesto en marcha el protocolo contra el acoso sexual, por razón de sexo, orientación, identidad y expresión de género que tanto esfuerzo costó negociar. Aún no hay ningún mecanismo que garantice y erradique las posibles situaciones contra el acoso, ni tampoco de prevención o atención a cualquier posible situación derivada de ellas, lo cual resulta especialmente grave.
Hoy, después de casi un año de su aprobación, ni la comisión de seguimiento ni la de protocolo disponen de ninguna información al respecto. Por este motivo, hemos solicitado una reunión urgente para abordar todos los puntos de incumplimiento, tanto del plan de igualdad como del protocolo de acoso. En función de la respuesta de la empresa, CCOO estudiará la manera más adecuada de proceder y no dudará en tomar las medidas correspondientes.
El pasado 25 de junio presentamos
en la Puerta del Sol (Madrid) ante Presidencia del Gobierno Regional un
manifiesto consensuado por numerosas organizaciones en un momento crítico de la
Sanidad Pública Madrileña que viene sufriendo años de deterioro. La Covid19 ha
supuesto una enorme prueba de estrés que pone en evidencia las fallas profundas
de un sistema sanitario público descapitalizado por un modelo mercantilista,
especulador, negligente y caótico.
