sábado, 8 de diciembre de 2018

Cientos de personas en lista de espera para recibir atención del Samur Social

El problema es doble: la falta de plazas y la falta de personal. Los centros del Samur Social están abarrotados. La situación es "desbordante", según los trabajadores. Cada semana se liberan una o dos plazas en la red y, mientras, las personas siguen acumulándose en una lista de espera que apenas avanza. "Ha llegado a haber 500 personas en la lista", dice María (nombre ficticio), que lleva años trabajando en el Samur Social. Y a eso se suma la falta de personal: "El problema es que esa lista requiere gente que la esté revisando constantemente y no es así".

De hecho, las personas que hay en esa lista tienen que pasar por un equipo, el de Puerta Única de Entrada, que es el único que puede decidir a qué recurso, de la red de personas sin hogar, les envía. Pero ese equipo, del que depende toda la ciudad de Madrid, solo está formado por dos personas: un trabajador social y un auxiliar. Si uno se coge un día libre o hace una guardia, el otro se queda solo.
Además, el problema no está solo en quién revisa esa lista, también en cómo se crea. Se hace con un sistema informático y con una ponderación que tiene en cuenta distintos factores: la situación sanitaria de la persona, si consume drogas o alcohol o cuánto tiempo lleva en la calle, si es una persona sin hogar. "Son casos muy subjetivos, pero no se tratan como tal. Esa ponderación, que les coloca en un puesto, no sirve para nada porque es objetiva".


Algo que todavía incrementa más la descoordinación es que hay muchos equipos que pueden incluir personas en esa lista: pueden hacerlo desde la Sala de Emergencia, desde los Equipos de Calle y también desde el personal que la revisa, el de Puerta Única de Entrada, así que crece y crece, a pesar de que no hay plazas suficientes para liberarla. "No es una lista de espera como tal, más bien es una lista de demanda. Es muy difícil que avance, porque, además, cuando se libera una plaza en la red de personas sin hogar, suele ocuparse con casos que son una emergencia". Así que cuando se libera una plaza, no la ocupa el primero de la lista.

"La emergencia se desvirtúa"

El Samur Social es un servicio complejo. Se divide en dos departamentos: emergencias sociales y personas sin hogar. Hay equipos destinados para cada uno: para emergencias, el Equipo de Emergencia y para personas sin hogar, los Equipos de Calle. Dentro del Equipo de Emergencia está la Sala de Comunicaciones (donde se reciben los avisos) y el Equipo de Seguimiento que está formado por trabajadores sociales y es el encargado de establecer la línea de intervención de cara a que la persona que ocupa un recurso de emergencia salga de él y lleve una vida autónoma. La emergencia es una situación sobrevenida abarca desde la persona a la que han robado todo y que no tiene dónde quedarse ni familia a la que acudir al desalojo de un edificio por algún tipo de catástrofe.

Los Equipos de Calle son grupos de trabajadores que atienden los casos de las personas "sin techo". Cada trabajador lleva decenas de casos, los estudian y plantean qué recurso puede ser el más adecuado, también puede haber casos cronificados o personas en calle que rechacen el recurso que les ofrecen. Y también hay veces en las que la emergencia y la situación de calle coinciden. Antes de establecer el recurso, derivan sus casos al equipo de Puerta Única de Entrada que es el que, en última instancia, establece la plaza a la que envían al usuario. Igual que se dividen los equipos, se dividen también los recursos: hay plazas para personas sin hogar (con más de 1.000 plazas en los distintos centros) y alojamientos para emergencias.

Es, en origen, un servicio que atiende las emergencias sociales, pero eso, según los trabajadores "se está desvirtuando" porque la estancia en los recursos se acaba alargando cuando no debería. "Se supone que el alojamiento de emergencia es para días o semanas, pero están siendo meses. Hay muchas personas que ocupan plazas de emergencia porque están a la espera de un recurso para personas con discapacidad o para una plaza en una residencia de mayores y como esa plaza nunca llega, la estancia se alarga en los recursos de emergencia. Cuando deciden que no pueden estar más ahí, los mandan a la red de personas sin hogar, que acaba convirtiéndose en un cajón de sastre".

El servicio depende del Ayuntamiento de Madrid, pero está, en su mayoría, externalizado. El 90 % del personal del Samur Social (187 personas), es de una empresa privada (Grupo5) que, además, pertenece desde hace poco a un fondo de inversión. El 5 % restante (15 personas) son funcionarios municipales.

La solución para la saturación que viven en los centros no está necesariamente, según los trabajadores, en habilitar más plazas, que también son necesarias, sino en poder hacer un trabajo en condiciones. "Es una pescadilla que se muerde la cola". Si no hay personal, no se puede hacer una intervención en condiciones con las personas que están ocupando una plaza y sin esa intervención, las plazas no se liberan para otras personas que las necesitan. María asegura que para hacer una labor de seguimiento en condiciones necesitarían "por lo menos el doble" de trabajadores sociales. 

Ahora hay seis en el turno de mañana para hacer seguimiento a todos los casos que hay en Madrid. A eso hay que sumar las bajas, que en muchos casos no se cubren por falta de funcionarios, y las vacaciones. "No hay una respuesta ágil. No se puede hacer intervención con nadie. Lo único que hacemos ahora mismo es decir: 'venga, pues esta familia aquí, esta acá', sin tener en cuenta su situación emocional, cultural... Eso, que es lo que deberíamos hacer, está en un tercer o cuarto plano".

La falta de personal se suma a una falta de coordinación, comunicación y supervisión que acaba afectando al trabajo que realizan. Los trabajadores creen que la causa está, sobre todo, en la diferenciación que hay entre el personal de la empresa y los funcionarios del Ayuntamiento de Madrid. El problema es que entre ambos no hay coordinación suficiente. "No tenemos la misma fuente de información. Hay un teléfono escacharrado y si no recibimos la misma información, tampoco podemos hacer bien la intervención. Además, hace años que no tenemos reuniones de equipo todos juntos".

"Testigos de vulneración de derechos humanos"

Aunque llevan años así, la situación ha empeorado, sobre todo desde verano con la llegada de solicitantes de asilo y la falta de respuesta del Ministerio de Interior. A la sede central del Samur, en la carrera de San Francisco, en La Latina, han llamado a la puerta decenas de familias, solicitantes de asilo, pidiendo un recurso de acogida. Debería proporcionárselo el Ministerio, pero como no es así, acuden al Samur Social. Y como los centros del Samur no tienen plazas, no pueden atender a estas familias. Ha habido días en los que han tenido que dormir acampados debajo de unas escaleras. Durante semanas ha habido 12 mujeres durmiendo en una sala, cada una en una butaca. "Se supone que es una sala de emergencia, para acoger a una persona una noche, pero pasan ahí días, semanas o incluso un mes, así que la emergencia se desvirtúa".

Ahora con la Campaña de Frío, que comenzó el 25 de noviembre, se han puesto más plazas a disposición (539). Pero aún así, el pasado lunes la parroquia de San Carlos Borromeo volvió a recibir a tres familias que no habían podido ser acogidas por el Samur Social.


Hace unas semanas la plantilla mandó un comunicado diciendo que estaban siendo "testigos de vulneraciones de derechos". "La situación ha llegado a tal punto en Madrid que desde hace meses estamos sufriendo con impotencia la incapacidad para atender a familias con menores, mujeres embarazadas, solicitantes de asilo o adultos solos, no facilitando ni la más mínima cobertura de sus necesidades básicas y quedando, por tanto, en situación de calle, en muchas ocasiones con menores, en algunos casos incluso lactantes".

Los trabajadores aseguran que está situación es así desde hace años, antes de que llegara el actual equipo de Gobierno. Ahora sigue pasando a pesar de que, en 2016, el Ayuntamiento aumentó de 10 a 18 el número de trabajadores social y de 12 a 18 los Equipos de Calle. También aumentaron de 10 a 13 las unidades móviles.



jueves, 29 de noviembre de 2018

"Los servicios sociales están en alarma": trabajadores y familias protestarán este 1D

Trabajadores, familias y usuarios de servicios sociales protestarán este sábado 1 de diciembre por su precaria situación laboral y el sufrimiento de las familias por unos recortes que comenzaron en la crisis económica de 2007 y continúan afectándoles. “Los servicios sociales están en completa alarma. Debemos romper el inmovilismo de los partidos políticos y los sindicatos de clase para alcanzar dignidad y justicia social”, denuncia a Cuartopoder.es Esteban Barreto, miembro de la Unión de Plataformas en Defensa de los Servicios Sociales y la Diversidad.

Esta unión de plataformas nació desde la necesidad de unir las luchas tan aparentemente diversas como la dignidad de las personas mayores en las residencias, la defensa de la intervención social, la protección de los menores víctimas de violencia de género o la igualdad de las personas con diversidad funcional. “La concentración del sábado tiene la premisa grande por los derechos fundamentales de todos” ya que “las familias saben que los servicios sociales no cubren sus necesidades”, explica Barreto.

Los organizadores de la protesta denuncian que los ayuntamientos, diputaciones, gobiernos autonómicos y administración central han realizado recortes en los servicios sociales de manera sistemática. Critican también los cierres de centros y servicios, la reducción de plazas de alojamiento y residenciales, las listas de espera eternas, el aumento por ratio de usuario/personal o la reducción de los conciertos porque “han deteriorado las condiciones de vida de personas usuarias hasta extremos inaceptables en una sociedad civilizada”.

 Así viven menores tutelados por la CAM

La concentración de este sábado, que tendrá lugar en la Plaza de Callao (Madrid) a las 12.00 tiene como lema “por los derechos fundamentales para todxs, menos discursos y más recursos” y cuenta con el apoyo inicial de 40 colectivos, aunque podrían sumarse más durante las próximas horas. Algunos de ellos son la Plataforma en Defensa de la Diversidad Funcional, la Coordinadora de Pensiones, Jóvenes Pensionistas, la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en Residencias, No + Precariedad o Yayoflautas, entre otros.

Entre las personas afectadas por los recortes en los servicios sociales, aquellos que protestan por que se mejoren las condiciones en las residencias de la tercera edad, donde denuncian los ratios, la alimentación, los fallos en los cuidados personales y la falta de personal. “Hay residencias que tienen más de cien usuarios y solo tienen tres cuidadores”, denuncia Barreto. También los colectivos de personas con diversidad funcional piden que no se les aísle en centros educativos y residencias. “Quieren tener autonomía y capacidad de decidir sobre sus vidas”, añade.

La protesta de los jóvenes pensionistas
 
Entre las personas afectadas que protestarán este sábado también se encuentra el colectivo de Jóvenes Pensionistas. Actualmente hay 940.000 personas que cobran pensiones por enfermedad, una cifra que supone el 10% del total de las pensiones en nuestro país. “La pensión de incapacidad permanente total, que es la que se concede a la mayoría de las personas, supone el 55% de la base reguladora. Es decir, que sobre el salario de 1.000 euros se cobra 550 euros. Con eso no llega ni para las medicinas”, explica María Ángeles Poveda, miembro del colectivo.

Desde Jóvenes Pensionistas denuncian que las pensiones por incapacidad permanente absoluta, que suponen una remuneración del 100%, apenas son concedidas. Por sus experiencias, creen que cada vez se conceden menos ayudas por enfermedad, aunque denuncian que las administraciones ocultan los datos del número de pensiones denegadas. “Nos estamos encontrado situaciones muy dramáticas de gente que se ve obligada a mendigar para poder comer”, denuncia Poveda.

Ella misma sufre endometriosis. A causa de su enfermedad, tuvo una lesión neurológica que le ha ocasionado otros problemas médicos y, por ello, ha tenido que ser operada en múltiples ocasiones. Lucha por tener una pensión por incapacidad permanente absoluta. También batalla contra otros problemas que afectan a su colectivo: el incumplimiento de la ley de accesibilidad en las ciudades o el copago de los medicamentos. Jóvenes Pensionistas también exigen una ley para enfermedades crónicas que garantice la ayuda tanto a las personas afectadas como a sus familias.


Los trabajadores del sector, en malas condiciones
 
Los profesionales de los servicios sociales denuncian los recientes convenios colectivos de sus sectores. “Todos están cortados por el mismo patrón. Las tablas salariales no dignifican nuestro trabajo”, explica Barreto. En concreto, critican a los dirigentes de los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, por firmar acuerdos “vergonzosos” como los de Reforma Juvenil y Protección de Menores, de Atención a Personas Dependientes y de Atención a Personas con Discapacidad.

Pero además, denuncian las condiciones de las personas a las que atienden y el sufrimiento diario con el que se topan en su día a día. “Nosotros no somos carceleros”, apunta. En la convocatoria del sábado también denunciarán a desprofesionalización del sector, y un modelo que apuesta por la caridad y el asistencialismo.

Como piedra angular de todos los problemas, denuncian, está la privatización de los servicios sociales. “Los centros ocupacionales son como centros de trabajo, el afán es recaudatorio en lugar de pedagógico”, añade Barreto. Por eso, muchos profesionales denuncian que las instituciones entreguen ciertos servicios de atención a las personas más vulnerables a “la gestión privada”, ya que esta intenta maximizar sus beneficios en detrimento de las atenciones y de los trabajadores.

La protesta tiene su origen en la Plataforma en Defensa de la Diversidad Funcional, fundada en 2012 por trabajadores del sector. Los fundadores apreciaron que como la mayoría de los trabajadores era nuevos, había una ausencia de tradición sindical. Ante la necesidad de unirse también con familiares y trabajadores de otros ámbitos de los servicios sociales, a principios de este año nació la Unión de Plataformas. Esperan que al condensar sus luchas puedan hacer llegar un mensaje claro: “¡por unos servicios sociales públicos y de calidad!”. 


martes, 27 de noviembre de 2018

El 1 D todas a Callao a defender nuestros Servicios Sociales


¡Basta de precariedad laboral en los Servicios Sociales! Nuestras necesidades no pueden ser un negocio

La situación de los Servicios Sociales externalizados es insostenible. Debido a la privatización y a los durísimos recortes llevados a cabo por todas las Administraciones con la crisis como excusa, la precariedad se ha generalizado en todos nuestros sectores (dependencia, intervención social, servicios de ayuda a domicilio, residencias de la tercera edad, etc…).

Al mismo tiempo, empresas y multinacionales se llenan los bolsillos haciendo negocio de las necesidades básicas, y de la condiciones de miseria impuestas a las y los trabajadores. Profesionales del sector, trabajadoras y trabajadores, y usuarios y familias, hemos decidido que hay que unirse para decir basta ¡Precarizáis nuestras vidas y nuestro futuro!


Las empresas se lucran a nuestra costa, y las administraciones lo consienten

Los escándalos por maltrato y abandono por parte de administraciones y empresas se suceden, desde mayores abandonados en las residencias por falta de personal o dependientes que fallecen sin recibir atención, a menores tutelados viviendo en parques o hacinados durmiendo en el suelo en centros saturados. Instalaciones tercermundistas como la de muchos albergues para personas sin hogar e interminables listas de espera para acceder a cualquier tipo de recurso. La falta de plazas, además, impide una intervención adecuada, ya que las personas deben adaptarse a las plazas disponibles, no adaptándose los recursos a las necesidades reales. Si no se producen más tragedias es únicamente gracias a la profesionalidad y compromiso social de las plantillas (en demasiadas ocasiones a costa de su propia salud).

En materia laboral, la situación es también lamentable. Los Servicios Sociales y Sociosanitarios somos un servicio público, esencial para garantizar derechos humanos fundamentales de cualquier persona o familia. Somos profesionales cualificadas que asumimos una gran responsabilidad en nuestros puestos de trabajo. Sin embargo, nuestras relaciones laborales están marcadas por la explotación, la precariedad, el autoritarismo y la represión. Sufrimos las tasas de temporalidad y parcialidad más altas del mercado laboral, con unos sueldos un 30% por debajo del salario medio. ¿Es eso lo que vale atender a nuestros ancianos, a las personas dependientes, o a personas que carecen de hogar?

Esta situación es consecuencia de un modelo donde lo único que importan son los beneficios de empresas y patronales (lo del “sin ánimo de lucro” da tantos beneficios que los fondos buitre se han lanzado a la conquista del Tercer Sector), y todo con dinero público, ¡de todos y todas!, y con la connivencia y completa permisividad de las distintas Administraciones. ¿No es esto también un claro ejemplo de corrupción? ¿No lo es mercadear con necesidades básicas para otorgar un lucrativo negocio a los correspondientes amiguetes? ¡Sí, creemos que así es!

Condiciones laborales dignas para dar una atención de calidad

Nuestra precariedad laboral está directamente vinculada a la feminización de las plantillas, al ser profesionales vinculadas al mundo del cuidado. Si realmente se quiere acabar con la brecha salarial de género, de la que tanto se llenan la boca Gobiernos e Instituciones, basta ya de lazos y palabras, ¡es necesario dignificar las condiciones laborales y salariales de nuestros sectores! Y esto incluye a los dirigentes de los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, que no dejan de firmar convenios vergonzosos como los de Reforma Juvenil y Protección de Menores, de Atención a Personas Dependientes y de Atención a Personas con Discapacidad (que ha convertido a los Centros Especiales de Empleo en un agujero negro). ¡Ellos son muy responsables también de la degradación de nuestras condiciones!

Como ya sabemos, lo que no se conquista en la calle, no se conquistará en una mesa de negociación. Por eso tenemos que organizarnos y movilizarnos para mejor nuestras condiciones, buscando de entrada la equiparación con los convenios más avanzados del Estado (Euskadi, Catalunya) y conquistando cada vez mejores condiciones para poder prestar un servicio digno y de calidad. La mejora de nuestras condiciones, entre otras cosas pasa por la contratación del personal suficiente en cada recurso. Es esencial para mejorar un servicio donde las y los trabajadores somos la pieza fundamental.

Basta de excusas. ¡Servicios Sociales 100% públicos! ¡Gestión directa ya!

Por otro lado, si nuestro principal problema es la privatización, la solución es obvia. Hay que eliminar el lucro empresarial de la ecuación, que además se realiza, y esto es lo más paradójico, con cientos o miles de millones de euros de dinero público. Si el trabajo y los conocimientos los ponemos nosotras y nosotros, y la financiación es pública, ¿qué pintan las oenegés, fundaciones, empresas y fondos buitre en todo esto? ¡Nada! ¡Lucrarse a nuestra costa y a costa de usuarios y familias! Incluso ya están saliendo casos en los papeles de la corrupción, como Aralia Servicios Sociosanitarios en el caso Enredadera o Ginso (la de Javier Urra) en la Púnica.

Sin embargo, Ayuntamientos del Cambio como el de Madrid o Barcelona no han dado un paso al frente en este sentido, más bien al contrario, señalando que legalmente no se puede hacer nada, a pesar de que en otros casos sí se ha hecho. Así ha sido, por ejemplo, en el reciente proceso acometido por la Generalitat Valenciana subrogando a más de 7.500 trabajadores procedentes de distintos servicios públicos desprivatizados (bomberos forestales, hospitales, etc.). Si se quiere, ¡por supuesto que se puede!

Creemos que es necesario dar nuevos pasos adelante para acabar con la situación que padecemos, y por eso hemos convocado una primera concentración, de dependencia, intervención social, residencias de la tercera edad, servicios de ayuda a domicilio y resto de servicios sociales, para el próximo 1 de Diciembre en la plaza del Callao. Un primer paso, en año electoral, donde no nos quedaremos de brazos cruzados, exigiendo que aquellos que manejan el dinero público de todos lo pongan al servicio de las necesidades de la mayoría.


¡Por unos Servicios Sociales públicos y de calidad!

domingo, 25 de noviembre de 2018

Carmena más ocupada con su lista que con los Servicios Sociales

Es evidente que en estos cuatro años no se ha trabajado lo suficiente desde el Área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo para mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión de todos los servicios que tienen que ver con las personas más desfavorecidas o necesitadas.

Tampoco se ha cumplido el programa electoral en materia de Remunicipalización, obviando las posibilidades de recuperar distintos sectores de Servicios Sociales cuando han concluido sus contratos.
Se ha seguido la política que el PP instauró, haciendo desaparecer las diferencias ideológicas entre Ahora Madrid y el partido conservador.
Marta Higueras Garrobo, titular del Área, no ha mostrado empatía alguna con las personas que merecen unos derechos sociales dignos. Las políticas de familia e infancia, la atención a las personas en situación de dependencia, tanto mayores como inmigrantes, gozan de una salud preocupante.

La licitación de contratos para empresas privadas, algunas en manos de fondos buitres, es la manera más eficaz de perder el control sobre la adecuación de la prestación del servicio.
Este es el contexto generalizado en los servicios adscritos al Área de Derechos Sociales.
El evidente sufrimiento de las plantillas reducidas, sin convenios dignos y en circunstancias de máxima carga de trabajo sin herramientas modernas tanto en infraestructuras como materiales, son la evidencia de un olvido premeditado del equipo de gobierno de Manuela Carmena, que, en su ánimo de acaparar una candidatura presidencialista sin participación de la ciudadanía, resta importancia a una responsabilidad institucional que debería tener como objeto la protección y amparo de las personas y colectivos más necesitados.

La Ayuda a Domicilio, los Centros de Personas sin Hogar, los Centros de Atención a la Infancia, Apoyo y Orientación a Inmigrantes, Apoyo y Orientación a la Mujer, Ayuda a Discapacitados, Samur Social, etc., son servicios que están sumidos en la realidad de la búsqueda de beneficios económicos por parte de las empresas, dejando en segundo plano la finalidad de prestar una ayuda eficiente y digna a usuarias/os.

Y con el acuerdo para los próximos presupuestos de 2019, se sigue respaldando la política de sostener las cuentas de beneficios de empresas privadas que parasitan nuestros servicios públicos.
Ante una realidad rotundamente injusta tanto con las trabajadoras/es, como usuarias/os, no cabe otra opción que la denuncia pública de una sublime insensibilidad del actual equipo de gobierno de Ahora Madrid para aportar soluciones.
Creemos necesario un marco de diálogo para escuchar las lógicas peticiones de las plantillas que denuncian una gestión deficiente en el Área de Derechos Sociales, que redunda por desgracia, en la acentuación de los problemas de las clases más desfavorecidas.
Esta Plataforma apoyará cualquier iniciativa de lucha social por parte de trabajadoras/es y usuarias/os para recuperar la dignidad y la solidaridad que merecen las personas más débiles socialmente.

Plataforma por la Remunicipalición y la gestión directa de los Servicios Públicos de Madrid


lunes, 19 de noviembre de 2018

Comunicado de la plantilla de Samur Social

Plantilla de SAMUR Social denuncia la carencia de recursos para atender situaciones de emergencia social y falta de respuesta de las administraciones competentes en la gestión de personas solicitantes de asilo.

La plantilla de SAMUR de Madrid, tras meses siendo testigos de una realidad especialmente dramática, por la carencia de recursos para atender situaciones de emergencia social de personas en una situación de extrema exclusión, nos sentimos en el deber de hacer un comunicado público para trasladar a la sociedad, las consecuencias de las condiciones y circunstancias a las que nos enfrentamos diariamente en el desarrollo de nuestra labor.

Es preciso mencionar que en ningún caso nos mueve la motivación de buscar culpables, sino la esperanza de generar conciencia social y compromiso de cambio hacia futuras soluciones.

Queremos transmitir nuestra profunda preocupación mediante este manifiesto exponiendo que:

Estamos viviendo una situación de continua vulneración de derechos humanos por la carencia de recursos para atener demandas de alojamiento de personas en situación de emergencia social y de extrema exclusión. En ocasiones, cada vez más frecuentes, nos encontramos con perfiles de población especialmente vulnerables, como son personas con enfermedades mentales graves, con diversidad funcional e incluso familias con niños y niñas, que se ven abocados a una situación de calle ante la imposibilidad por parte de los profesionales de ofrecer una alternativa residencial.

Ante eta situación se ha facilitado la pernocta en las instalaciones de la sede Central de SAMUR Social, en zonas no habilitadas para el descanso como sillas, mesas o el propio suelo, y en otras ocasiones se da la situación que los menores y sus familias pernoctan en la calle.

Se ha informado mediante los cauces internos oportunos tanto a Mandos del Ayuntamiento a través del personal responsable de la gestión de la plantilla de nuestra empresa, Grupo 5 Acción y Gestión Social, de nuestra profunda inquietud e indignación por los hechos mencionados, no hemos recibido una respuesta que ofrezca una solución coherente, integral real y digna.

Nos encontramos ante una red de recursos de alojamiento para personas sin hogar precaria, escasa, saturada y con listas de espera de meses, que suponen una resistencia en los procesos personales de cambio de aquellos que se encuentran en una situación de sinhogarismo. Además de perjudicar la relación de ayuda y el vínculo de confianza con los profesionales en la construcción de un puente entre la calle y las diferentes alternativas residenciales, nos enfrenta a escenarios de una conflictividad y agresividad cada vez más frecuentes y de una intensidad en aumento.

La plantilla está sufriendo un desgaste emocional y psicológico sin precedentes, sintiéndonos meros comunicadores de la imposibilidad de dar cobertura a necesidades básicas. Hablamos de un estado límite que está derivando en problemas a nivel de salud mental y física en la plantilla. Vivimos con la continua sensación de estar quebrantando nuestro código deontológico, nuestra ética personal y profesional, así como los valores que las promueven.

No queremos ser cómplices ni encubridores de una realidad que sufrimos diariamente y cuya tendencia va en aumento desde hace mucho tiempo, habiendo llegado a superar todos los límites con la presencia de menores en una situación de desamparo y sin respuesta a una cobertura básica de alojamiento.


  • Solicitamos que se adecuen los recursos destinados a servicios sociales y en especial, al servicio de emergencias sociales y atención a personas sin hogar, a la realidad social que se está viviendo en la ciudad de Madrid.
  • Solicitamos que todas las administraciones públicas involucradas en la atención a solicitantes de asilo se comprometan a dar una respuesta real, que no vulneren los derechos fundamentales de los ciudadanos y respete los derechos universales del menor.                                                            

El Impacto Vecinal en la Semana de las Personas Sin Hogar

En 2012, debido a las quejas vecinales por la presencia de personas sin hogar en el barrio de Casa de Campo, desde el Área de Gobierno de Familia, Servicios Sociales y Participación Ciudadana (actualmente Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo) se crea una mesa de trabajo denominada de "Impacto Vecinal",  con Maria Jesús Utrilla Moya (Jefa de Unidad de Atención a Personas sin Hogar) al frente y formada por diferentes profesionales que atienden a la población sin hogar desde los recursos de la zona (con la sobrecarga de trabajo que conlleva).

En sus inicios, se intentó cambiar el concepto de "Impacto Vecinal" y trabajar desde una visión comunitaria atendiendo a las necesidades de la población sin hogar para mejorar la convivencia en el barrio. Porque no olvidemos que las personas sin hogar también son vecinos del barrio. Sin embargo, hasta la fecha de hoy, la intervención en realidad se ha basado en invisibilizar la problemática y dar palos de ciego. Salir a la calle para intentar sensibilizar a las personas en situación de calle de que molestan a los vecinos (eso sí, con el chaleco de Samur Social para que se nos vea bien) durante 6 años, en vez de crear un proyecto serio con profesionales que se dediquen exclusivamente a crear un proyecto comunitario de inclusión de la población afectada en el barrio, a la vista está que no sirve para nada. No podía ser de otra manera, cuando las actuaciones no se planifican, sino que se improvisan reactivamente a golpes de titular.

El malestar de los vecinos lógicamente también ha ido en aumento, situación agravada por la difusión a través de ciertos medios de comunicación de la problemática existente bajo una perspectiva estigmatizadora e incluso criminalizadora de las personas sin hogar, llegandose a decir por televisión que "en los baños de Principe Pio hay SIDA". Artículos y reportajes que desde aquí condenamos por sus tintes discriminatorios hacia la población más excluida socialmente. 

Como veis, al Departamento de Samur Social y Atención a Personas sin Hogar, sólo le interesa apagar fuegos centrándose en las quejas vecinales, que se hable lo menos posible del tema y por supuesto, alejar a "los que molestan".

Tras salir en los papeles, se ha vuelto a actuar contra las personas sin hogar, tomando medidas que únicamente les complican más la vida y contribuyen a su invisibilización. Por ejemplo con la instalación de una mampara para que no puedan resguardarse en la conocida como "cúpula" del intercambiador o aumentar la presión policial (a base de identificaciones, registros y multas).

Sin embargo lo más hiriente está por venir. Se prevee que este año la "Campaña de Frío" no tenga capacidad para atender todas las demandas de alojamiento nocturno, ¿y que hacemos para paliar esta situación que todas sabemos que se va a producir? ¿Generar más recursos de alojamiento temporal para atender estas demandas y que no se quede la gente durmiendo en la calle en pleno invierno? ERROR. Se baraja la posibilidad de mandar una unidad de antidisturbios a controlar la parada del autobús que traslada a las personas a Ausch... perdón, a los dispositivos de campaña de frío.  

Entramos en la semana de las personas sin hogar. Semana llena de actos organizados por las "entidades" que se lucran de la privatización de nuestros servicios sociales y el propio Ayuntamiento.

Desde La Rosa en Lucha queremos poner nuestro granito de arena en esta semana gritando alto y claro:

DORMIR EN LA CALLE ES VIOLENCIA ¡PLAZAS PARA TOD@S!

Señorxs del Ayuntamiento del Cambio, el problema del impacto vecinal desaparece en gran medida si todas las personas sin hogar tienen garantizado el alojamiento y la manutención ¿Cuándo van a dejar de apostar por un sistema de intervención con personas sin hogar centrado en la institucionalización y organizado para que las empresas hagan caja? La apuesta por el modelo "Housing First" es muy positiva, pero tiene que extenderse mucho más.

Por otro lado, dormir en butacas genera dinámicas excluyentes. Que no en todos los recursos se ofrezca comida caliente nos aleja incluso de parámetros meramente caritativos. Que no haya un protocolo de actuación en la red municipal de atención a personas sin hogar para casos de violencia machista y de género es inasumible. Y muchas carencias más que, con un mínimo de voluntad política, podrían comenzar a solventarse esta misma semana. Menos discursos, más recursos.