En los últimos años las políticas
de ajuste y austeridad de los sucesivos gobiernos se han cebado de una manera
especialmente sangrante en los servicios sociales. Precisamente, cuando la
dureza de la crisis económica iniciada en el año 2007 ha incrementado muy
considerablemente el número de personas en situación de pobreza y exclusión
social, de personas expulsadas de sus viviendas por no poder hacer frente a sus
hipotecas o alquileres, de menores en situación de desamparo y, en general, ha
agravado la situación de las personas más vulnerables, es cuando los recursos
destinados a los servicios sociales, de las administraciones públicas, han
optado por todo lo contrario.
Las partidas
presupuestarias destinadas a servicios sociales por ayuntamientos,
diputaciones, gobiernos autonómicos y administración central se han recortado
de forma sistemática. Las primeras víctimas de estos recortes han sido las
personas que necesitan de estos servicios para mantener unas condiciones de
vida mínimamente dignas. Los cierres de centros y servicios, la reducción de
plazas de alojamiento y residenciales, las listas de espera eternas, el aumento
en las ratios de usuarios/as por profesional o la reducción de conciertos, han
deteriorado las condiciones de vida de miles de personas usuarias hasta extremos
inaceptables en una sociedad civilizada, sin que las autoridades responsables
muevan un dedo para adoptar las urgentísimas medidas que esta situación de
emergencia social requeriría.
Ante la dejadez de las
administraciones públicas son las familias las que se han visto obligadas a
atender situaciones de vulnerabilidad y dependencia con un apoyo público cada
vez menor. De una forma muy especial, miles de mujeres han tenido que afrontar
enormes sacrificios y renuncias, tanto personales como profesionales, para
ofrecer a personas dependientes los cuidados imprescindibles para mantener una
mínima calidad de vida, unos cuidados que deberían ser atendidos por unos
servicios sociales públicos y de calidad.
También son
mayoritariamente mujeres quienes se hacen cargo profesionalmente de los
servicios sociales y quienes padecen la precariedad laboral de este sector en
primera persona (salarios de miseria, elevada parcialidad y temporalidad en la
contratación, extrema precariedad laboral, etc.) pese a las importantes
responsabilidades que asumen en su quehacer diario. Junto con la población
usuaria, las trabajadoras y los trabajadores del sector han sufrido en carne
propia esta política de recortes salvajes. Durante los años más duros de la
crisis, entre 2010 y 2013, se perdieron 56.700 empleos en servicios sociales, y
quienes consiguieron conservar su puesto de trabajo sufrieron un sistemático
deterioro de sus condiciones de trabajo.
El deterioro general de
los servicios sociales públicos ha ido acompañado de un proceso cada vez más
salvaje de privatización de los mismos, convirtiendo las necesidades básicas,
de cientos de miles de familias, en un jugoso negocio del que sacar tajada.
Aunque parezca aberrante, la atención de las necesidades personales y sociales
de las personas en dificultad, necesarias para garantizar la salvaguarda de sus
derechos, empezando por el derecho a una vida digna, se han venido prestando
mayoritariamente por entidades privadas (el 80% de profesionales empleadas/os
en este sector lo hacen para entidades privadas) y en los últimos tiempos se
han convertido en una generosa fuente de beneficios para fondos de inversión y
empresas de capital riesgo.
¿Qué mejor negocio puede
haber que un servicio donde las usuarias/os apenas reclaman o se defienden por
sí mismas por sus situaciones de riesgo, vulnerabilidad o dependencia y donde
el personal que vela por su bienestar está sometido al brutal chantaje de la
pérdida de su empleo si se atreve a denunciar situaciones inaceptables de
desatención?
Ante esta situación,
trabajadoras y trabajadores de las diversas áreas de los servicios sociales,
junto con la comunidad usuaria y sus familiares, hacemos un llamamiento a la
movilización para defender:
- Unos servicios sociales de calidad,
gestionados directamente por las administraciones públicas, con dotaciones
presupuestarias y de plantillas suficientes para cumplir sus objetivos de
atención a las personas con necesidades.
- Una contratación pública exigente y
socialmente responsable, hasta que se revierta la externalización de los
servicios sociales, contando con la participación democrática de las y los
trabajadores, usuarias/os y sus familias para garantizar su cumplimiento y
control. La oferta más barata no puede determinar quién gestiona un servicio
así: deben primar los requisitos técnicosy de calidad del servicio garantizando
también condiciones laborales dignas, de igualdad de género y de estabilidad en
el empleo.
- La reversión inmediata de todos los recortes
y de todas las privatizaciones que están destruyendo los mecanismos para defender los derechos sociales y de la ciudadanía a una vida digna.
- La participación democrática de la
ciudadanía, de la comunidad usuaria y de las profesionales del sector, en la
evaluación y el seguimiento de los servicios sociales.
- Empleo digno, estable y de calidad, que
asegure que la comunidad usuaria será atendida por profesionales capaces de
proporcionar la atención de calidad que merecen.
UNIÓN DE PLATAFORMAS EN DEFENSA DE LOS SERVICIOS SOCIALES Y LA DIVERSIDAD
