Concentración el lunes en defensa de unas condiciones dignas en los CAI, en apoyo a la huelga indefinida

 La mitad de los  Centros de Atención a la Infancia  municipales (CAI)  cuenta con plantilla externalizada y gestión privada a manos de  Grupo 5, un “fondo buitre”. Las condiciones laborables de esta plantilla son miserables, llevan 2 años de movilizaciones y paros parciales reclamando dignidad y mejoras, pero la empresa -de beneficios millonarios- no se aviene a razones, por lo que a partir del 8 de julio han decidido ponerse en HUELGA INDEFINIDA hasta alcanzar una solución.

 

Estas trabajadoras realizan servicios públicos de una naturaleza extraordinariamente sensible y delicada, valoran situaciones de riesgo para la infancia, emitiendo informes y propuestas relativas a la guarda y tutela de niños, niñas y adolescentes, y acudiendo a sede judicial (sin cobertura por parte de la empresa), abordan diariamente  situaciones altamente traumáticas de las familias madrileñas (emocional,  psicológica, económica y/o socialmente) y son la cara del Ayuntamiento de Madrid en lo que a infancia en riesgo se refiere.   Esta plantilla feminizada y precarizada sufre el desprecio del tándem que forman el Ayuntamiento de Madrid -como responsable y titular municipal del servicio-  y Grupo 5 – empresa “fondo buitre” en su gestión-. El Comité de Empresa de CCOO lo resume así “cuando la infancia es devoraba por los buitres”

 

Grupo 5 tuvo beneficios de 37 millones de euros en 2018-19, pero sus profesionales de los CAI  llevan 6 años con el salario congelado, cobran un 15% menos que el resto de plantilla externalizada y un 45% menos que el personal municipal de iguales funciones, afrontan una elevada rotación (en torno a un 40%), una muy deficiente cobertura de la bajas e inestabilidad en los equipos, tienen grandes dificultades de conciliación...  Todo ello repercute y afecta directamente a las familias y menores con quienes se trabaja.

 

La compañía no ha facilitado las cuentas económicas de los últimos años, pero presuponemos muy buenos resultado visto el importante  VOLUMEN DE NEGOCIO CON EL AYUNTAMIENTO DE MADRID DURANTE LA PANDEMIA (Zendal, Campaña de Frío, Samur Social…  a manos de Grupo 5).

 

El Ayuntamiento de Madrid es consciente y promueve esta realidad con su política de privatizaciones,  con su deficiente elaboración de los pliegos de condiciones (olvida  las cláusulas sociales, no garantiza  ratios suficientes de profesionales…), no frena la entrada de fondos buitres en los servicios sociales y luego, los ampara durante su gestión, con un  triste seguimiento del servicio, que ignora estas (y otras) realidades y su  incidencia en las familias.  

 

El Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social plenamente conocedora del drama que se vive en estos servicios y del conflicto sostenido desde hace años ha prorrogado en las mismas condiciones uno de los contratos que sostiene este servicio (PAIEF) el otro está en ciernes (CAI) .  ¡Bata ya! REVIRTAMOS ESTAS CONCESIONES MUNICIPALES A MANOS DE FONDOS BUITRES.

 

 CONCENTRACIÓN

LUNES 11 DE JULIO A LAS 11h

Paseo de la Chopera  nº 41

Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social

Cuando la infancia es devorada por los buitres. Huelga indefinida en los CAI y PAIEF de Grupo 5

El Comité de SEF Grupo 5 de CCOO, tras dos años de movilizaciones y de baldíos procesos de negociación con la entidad sin repercusión en las condiciones de la plantilla, comunica el inicio de HUELGA INDEFINIDA en los servicios de CAI y Programa a partir del 8 de julio y la CONCENTRACIÓN frente al Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social (Paseo de la Chopera, 41, Madrid) el día 11 de julio, de 11 a 12 de la mañana. 

En nombre de la plantilla que representamos, denunciamos:

• Ser la plantilla más precarizada de toda la red. Cualquier profesional externalizado cobra de media 3000 euros más al año que nosotras (15%).
• Brutal discriminación con los recursos de gestión pública que realizan la misma labor. Percibimos el 45% menos, que se traduce, de media, en unos 8000 euros anuales menos.
• Expolio de dinero público. Los presupuestos de las licitaciones recogen para el personal (incluida la subrogación) una media de 23.100 euros anuales por trabajadora. Grupo 5 abona entre 19.000 y 21.000. Ese beneficio se suma al del 6% que ya recoge el pliego.
• Altísimo nivel de rotaciones. Los cambios de personal han supuesto en torno al 40% de la plantilla. Debido al elevado nivel de especialización que se exige a las profesionales de estos servicios, la cobertura de vacantes es complicada, dilatándose mucho en el tiempo.
• Alta incidencia en la salud de las plantillas, con el agravamiento de la precariedad económica en caso de que la situación derive en incapacidad laboral temporal al no estar cubiertas al 100%.
• Dificultades en el disfrute de las vacaciones, especialmente en verano, fecha en la que la empresa impone limitaciones arbitrarias que generan conflictos todos los años.
• Extrema rigidez en la gestión de horarios, forzando a una plantilla feminizada y precarizada a las reducciones de jornada para conciliar la vida familiar.

Somos el personal que está valorando situaciones de riesgo para la infancia, emitiendo informes y propuestas relativas a la guarda y tutela de niños, niñas y adolescentes, siendo citados sin cobertura a litigios judiciales, sin ratios y haciéndonos cargo de situaciones altamente traumáticas (emocionales, psicológicas, económicas, sociales...), siendo la cara de este ayuntamiento en lo que a infancia en riesgo se refiere. Para ello se nos requiere y obliga a tener una experiencia previa y formación por encima de la media.

Pedimos a Grupo 5 una firme voluntad y compromiso para finalizar con esta situación con un proceso de negociación real y no con pingues migajas. 

Pedimos que las administraciones apuesten por un servicio digno, obligando a condiciones dignas y licitando pliegos que no permitan la entrada de empresas que sólo quieren especular con el dinero público. 

¡POR UNOS SERVICIOS SOCIALES PÚBLICOS Y DE CALIDAD!

¡FUERA FONDOS BUITRE DE LO SOCIAL!

¡GRUPO 5 PRECARIZA!

Condena a la masacre de la frontera de Melilla. Concentración "Las vidas negras importan"

Ante la masacre acaecida el pasado viernes 24 de junio en la frontera de Melilla que ha costado la vida a un enorme número de personas que intentaban saltar la valla que separa España de Marruecos, la Comisión Ejecutiva Confederal de Comisiones Obreras, en su reunión extraordinaria del día 27 de junio de 2022, condena enérgicamente los hechos ocurridos. 

Desde un punto de vista ético y humano la muerte de, al menos, 37 seres humanos (23 según las fuentes oficiales marroquíes) en circunstancias violentas es un hecho espeluznante: las imágenes dantescas de cuerpos tirados, maltrato policial, desprecio por la dignidad de las personas y deshumanización deben ser respondidas de inmediato con la contundencia que la gravedad de los hechos merece.

La descomunal cifra de personas muertas y las imágenes de cientos de seres humanos hacinados durante horas, siendo maltratados y golpeados por la policía marroquí y sin recibir asistencia sanitaria, nos retrotraen a épocas donde el racismo deshumanizaba a los seres humanos en función de su color de piel. Parecería que se aplica un doble rasero en función del origen nacional –o incluso del color de la piel– de las personas refugiadas que huyen de guerras africanas (Sudán, Yemen…) o de guerras en Europa (Ucrania), de acuerdo al muy distinto tratamiento que reciben. 

Consideramos inaceptable que la reacción del Presidente Sánchez ante los hechos fuera la de felicitar a las autoridades marroquíes. El interés geoestratégico con Marruecos, un país que no es una democracia ni se respetan los derechos humanos, no puede servir para justificar, en ningún caso, una masacre como la de Melilla. 

Denunciamos también que, según las organizaciones de Derechos Humanos marroquíes, el asalto a la valla de Melilla se produjo precedido de un acoso policial a los migrantes subsaharianos en territorio marroquí, con requisa de sus bienes, desmantelamiento de sus campamentos, etc –una práctica recurrente en Marruecos–, así como el entierro urgente en fosas comunes de los cuerpos de los fallecidos, sin que se hayan realizado autopsias ni ningún otro tipo de investigación sobre las circunstancias de la muerte, se haya procedido al reconocimiento de la identidad de los cuerpos ni la comunicación a los familiares, impidiendo de este modo el derecho a enterrarlos. 

El gobierno español debería dar explicaciones, ya que existen pruebas gráficas de que se han llevado a cabo expulsiones en caliente así como de la entrada de gendarmes marroquíes a suelo español, prácticas expresamente prohibidas por el derecho internacional. 

España y la Unión Europea deben evitar un cierre en falso de esta tragedia y exigir al Gobierno marroquí una investigación adecuada sobre la masacre, ejerciendo las presiones políticas y económicas que correspondan sobre Marruecos. 

Desde CCOO reiteramos que es necesaria una política migratoria y de asilo que ponga en el centro los derechos humanos de las personas que se ven obligadas a migrar por motivos económicos o que huyen para salvar sus vidas. Las políticas migratorias basadas en el control, la seguridad y la protección de fronteras que incluyen acuerdos con terceros países no seguros por parte de la UE y sus Estados miembros, como son los concertados con Turquía o con Marruecos, se han demostrado contrarios al respeto a los Derechos Humanos y las convenciones internacionales.

CCOO

La huelga de médicos marca el camino contra la precariedad

 

https://twitter.com/madrid_ope2021

El 10 de mayo se inició la huelga indefinida de los médicos hospitalarios de la Comunidad de Madrid (CAM) en protesta por la situación de precariedad e inestabilidad laboral que sufren y por la decisión del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, de convocar sorpresivamente una Oferta Pública de Empleo que amenaza con dejar en la calle a varios miles de profesionales que acumulan años de experiencia y que han demostrado sobradamente su capacitación para el puesto que actualmente ocupan como funcionarios interinos o como laborales con contrato eventual.

El nivel de precariedad entre los 17.667 médicos de los hospitales públicos de la CAM es sangrante. El 52% de ellos son temporales y en algunos servicios, como ocurre en Urgencias, esta cifra asciende hasta el 82%; además, esta situación se prolonga en muchos casos después de más de 15 o 20 años. Esta altísima precariedad es la consecuencia directa de las políticas privatizadoras del PP, que se orientan a convertir la sanidad en un negocio para las grandes compañías aseguradoras y para los fondos especulativos que han realizado grandes inversiones en la sanidad privada.

En tiempos del Gobierno de Esperanza Aguirre el PP madrileño intentó, en medio de las políticas de austeridad impuestas a raíz de la crisis financiera de 2008, privatizar el sistema hospitalario público de la Comunidad, pero la enérgica movilización de la Marea Blanca, agrupando a médicos, personal sanitario y pacientes, con el apoyo masivo de la ciudadanía madrileña obligó a paralizar esos planes de privatización directa. Pero las políticas destinadas a hacer de la salud pública un negocio continuaron por otras vías, y la principal de ellas fue la decisión consciente de promover un progresivo deterioro del sistema sanitario público. Una de las vías para conseguirlo ha sido no cubrir durante años las plazas vacantes de médicos mediante la convocatoria de oposiciones, sino recurrir, en la inmensa mayoría de los casos en abierto fraude de ley, a la contratación temporal, para dejar abiertas las puertas a una fácil destrucción de puestos de trabajo sanitarios si los planes privatizadores así lo requerían.

No solo el PP es responsable: las políticas del PSOE también hunden la sanidad pública

Sin duda, la CAM bajo el gobierno del PP ha sido pionera en las políticas de hacer de la sanidad un negocio para los grandes capitalistas. Pero las autonomías gobernadas por el PSOE no han hecho nada sustancialmente distinto. Y el Gobierno de coalición PSOE-UP tampoco hizo nada para revertir los recortes sanitarios impuestos por el Ejecutivo de Rajoy e, incluso en lo más duro de la pandemia, cuando las políticas de Ayuso empezaban a ser contestadas en los barrios obreros de Madrid, Pedro Sánchez acudió raudo a la Puerta del Sol para mostrar públicamente su apoyo y su sintonía con las políticas antisociales del PP.

Tampoco el PSOE hizo nada durante años para solucionar el problema de la eventualidad de los empleados públicos, fuesen personal sanitario, personal docente o trabajadores de cualquier otro servicio o administración pública. Gracias a esta inacción, a principios de 2021 casi 800.000 trabajadores de las administraciones públicas se encontraban en riesgo de perder su puesto de trabajo tras 10, 20 o 30 años encadenando contratos temporales.

Las huelgas y movilizaciones de las empleadas y empleados públicos forzaron a la Unión Europea y al Gobierno a buscar una salida legal a esta insostenible situación. Pero en vez de reconocer el derecho de estos trabajadores y trabajadoras a consolidar su puesto de trabajo, el Gobierno PSOE-UP preparó una normativa legal, coloquialmente conocida como el “Icetazo”, que lejos de resolver el problema lo agravaba.

En la valoración que en su momento hicimos desde Sindicalistas de Izquierda anticipábamos que ”con la nueva Ley, se hace un llamamiento al sálvese quien pueda, segregándonos generacionalmente y dejando la pelota en el tejado de cada Administración para que decida cómo va a reducir su temporalidad. Esto significa que no se garantizan los puestos de trabajo, que no se garantizan unas condiciones laborales mínimas, que no se garantiza el desarrollo profesional, que no se garantiza la conciliación y que no se garantiza un funcionamiento mínimamente eficiente de los servicios públicos. La puerta a los recortes y las privatizaciones nunca ha estado más abierta y viene de la mano del Gobierno del PSOE y UP.” Lo que está ocurriendo con los médicos hospitalarios de Madrid confirma este pronóstico.

Ayuso aprovecha los plazos previstos en la normativa aprobada por el Gobierno central para convocar unas oposiciones que van a provocar una gravísima desorganización en los hospitales de Madrid. Por un lado, una parte de los actuales médicos precarios perderán sus puestos de trabajo y con ellos se perderá experiencia y conocimiento de sus pacientes. Pero, además, debido a que el diseño de los exámenes no diferencia nítidamente entre subespecialidades médicas, los médicos que consigan consolidar su plaza pueden encontrarse con un nuevo puesto de trabajo en un área distinta a aquella en la que llevaban ejerciendo su profesión desde el inicio de su carrera profesional.

Muchos de los actuales equipos médicos, formados a lo largo de muchos años de trabajo conjunto, van a desaparecer y será necesario improvisar equipos nuevos, con el riesgo cierto de provocar un serio deterioro de la calidad de la asistencia. Exactamente lo que Ayuso y el PP están deseando que ocurra para acelerar el trasvase de pacientes a la sanidad privada y servir engordando los bolsillos de avispados comisionistas como el hermano de la propia Ayuso o el primo del alcalde Almeida y sus socios de negocios turbios.

Un ataque a toda la clase trabajadora madrileña

El Gobierno del PP en la CAM ha respondido a la convocatoria de huelga intentando dividir a los médicos facultativos con ofertas ridículas de consolidación de algunos puestos de trabajo. Pero ante la firmeza demostrada por el colectivo ha recurrido a fijar unos servicios mínimos abusivos, que en muchos casos llegan al 100%. Es decir, en la práctica el PP pisotea el derecho de huelga con total impunidad y priva de nuevo a un importante sector de la clase trabajadora de uno de sus más elementales derechos.

Desde Sindicalistas de Izquierda damos todo nuestro apoyo a los médicos hospitalarios de la Comunidad de Madrid. Su lucha es parte de la lucha de todos los trabajadores y trabajadoras madrileñas por el derecho a una asistencia sanitaria pública y de calidad. El ataque a sus puestos de trabajo y la negación de su derecho a la huelga debemos considerarlos como un ataque a toda nuestra clase.

Llamamos a todo el pueblo madrileño a mostrar su activa solidaridad con nuestros médicos hospitalarios. Los sindicatos de clase tienen que abandonar su postura pasiva y convocar acciones de apoyo y de extensión de la huelga hasta hacer que el gobierno de Ayuso ceda. Derrotamos una vez las políticas privatizadoras de Aguirre y volveremos a hacer retroceder a su sucesora.

¡NO A LA PRECARIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS NI DE LAS CONDICIONES LABORALES DE SUS PROFESIONALES!

Sindicalistas de Izquierda

Sigue el conflicto en Grupo 5: nueva huelga en los CAI y PAIEF

Hemos necesitado unos meses para tomar impulso y volver a reclamar un compromiso firme y serio con la profesionalización y la dignidad de nuestra labor profesional.  

Ahora es más importante que nunca alzar la voz y reclamar una solución a un conflicto que arrastramos desde noviembre de 2015 y que teniendo en cuenta la variación del IPC la actualización de nuestro salario correspondería a 1.026 (sobre un salario de 1.200), poco más que el Salario Mínimo Interprofesional. Esos 14,7% nos supone haber perdido 174 euros al mes en gastos básicos de comida, servicios básicos, … 

Grupo 5 es una entidad llena de palabras, imágenes y mensajes vacíos empeñada en pagar en abrazos y palabras, que nos devuelve a la época de la beneficencia, la caridad y el voluntariado en puestos de trabajo que exigen titulación universitaria, formación específica y una experiencia considerable.

En una de sus últimas publicaciones, titulaban “Nueva Economía de los Cuidados”, que sólo dejaría de ser una burda falacia si los cuidados son para el fondo buitre que dirige Grupo 5 con la inexorable complicidad de los mandos directivos. Grupo 5 sólo busca lucrase a nuestra costa y esto se hace manifiesto en nuestro servicio, ya que el Ayuntamiento presupuestó (según la memoria económica) mayor asignación para un pago casi digno de las profesionales y ellos se lo están llevando crudo. No en vano la memoria de este año la han titulado “Reencuentros” y eso desearíamos, reencontrarnos con ese presupuesto en nuestro salarios y no en sus bolsillos. 

Convocamos a las plantillas de CAI y PAIEF a la huelga del lunes 25 de abril y la concentración en el Área de Gobierno de Familias, igualdad y Bienestar Social de 11:00 a 12:00. ¡POR UNAS CONDICIONES DIGNAS! FUERA FONDOS BUITRES DE LO SOCIAL

La Justicia lo avala: se puede remunicipalizar y se debe subrogar

Ya no quedan excusas. Quienes decían que no podían remunicipalizar los servicios públicos porque la ley no lo permitía o porque estarían obligados a despedir a las plantillas, no decían la verdad. No sólo se puede revertir la privatización, también hay que subrogar a las plantillas. 

La gestión pública garantiza servicios de calidad, más baratos y unas condiciones laborales dignas para quien los prestamos. Mantener las privatizaciones sólo tiene un objetivo: garantizar multimillonarios negocios a los de siempre a costa de lo anterior.

El próximo miércoles 27 de abril la Plataforma por la Remuncipalizacion de Madrid ha organizado un acto para hablar de la contundente sentencia del Tribunal Supremo: "La  Sala Social del Tribunal Supremo, en la sentencia 85/2022, de 28 de enero, da la razón a una trabajadora y establece como doctrina que cuando una Administración Pública se subroga, por transmisión de empresa, en un contrato de trabajo que tenía carácter fijo debe mantenerse esa condición". 

El acto se celebrará en la calle Carretas, 14 - 3º A, Salón de Actos de COSITAL, a las 19:00 h.

Exigimos a las patronales del tercer sector no empobrecer más a quienes trabajamos en lo social

Los planteamientos con lo que acude la patronal del tercer sector a negociar son el retrato de la misma precariedad y pobreza que reclaman combatir desde sus entidades “sociales”. 

Las patronales del tercer sector están nutridas de ONG, Fundaciones, o entidades de “de interés social” como les gusta llamarse… que atienden a las personas en situación o riesgo de exclusión social. 

Llevan cuatro años negociando con CCOO y UGT el segundo convenio colectivo marco de Acción e Intervención Social. Durante este tiempo las trabajadoras y trabajadores del sector han estado en primera línea de atención a las personas más vulnerables, sin  confinamiento porque su actividad era esencial para la sociedad, sin ERTE o parones en la actividad, sus profesionales pusieron en riesgo cada día sus vidas y las de sus familiares. En torno al 60% de las personas trabajadoras tiene contratos precarios y el 55%, solo jornadas parciales. La abrumadora mayoría son mujeres trabajadoras. Sus actuales condiciones laborales generaban que muchas de estas profesionales se situarán por debajo del umbral de pobreza de este país, y formarán parte de los llamados “trabajadores pobres”, según los índices que fija en su informe anual Cáritas, organización integrante de la plataforma del tercer sector. Esto es lo que denunciábamos en noviembre de 2021.

Pero es que hoy, nos encontramos con el IPC del mes de marzo disparado a un 9,8%, según las cifras dadas hace unos días. Se trata de la tasa más alta en 37 años. En este escenario la mejor propuesta de las patronales del Tercer Sector ha sido subir las tablas salariales un 2% para el año 2022  (lo que representaría una pérdida de salario de  7,8 puntos solo este año) y se acompaña de escasísimos o casi nulos avances en derechos sociales o de mera conciliación (un día de asuntos propios?).

A pesar de que este Sector cuenta con profesionales de  alta cualificación y especialización, “lo social” parece que debemos ser personas trabajadoras de segunda, pues aun siendo uno de los sectores laborales con mayor cualificación necesaria y de vocación e implicación con la imprescindible labor social, se nos recompensa con los salarios más bajos, junto las mayores ratios de precariedad, inestabilidad, temporalidad y de jornadas parciales que forman parte de nuestra realidad laboral. Dicha situación es la que se pretende mejorar en la actual negociación de nuestro convenio por parte de CCOO. Pero la realidad supera la ficción. Después de más de un año de covid, en el que el sector no ha parado de trabajar, en el que las cargas de trabajo han sido más elevadas, en el que los recursos desde los gobiernos central, autonómico y local, para temas sociales, no han parado de fluir, con un Gobierno que enfatiza con la idea de los presupuestos generales más sociales de la historia y de “NO DEJAR A NADIE ATRÁS”, nos encontramos con una patronal que, al amparo del dinero público, reniega de su mayor capital, las personas trabajadoras que realizan esa labor social. Todo ello con el beneplácito y la complicidad de las distintas administraciones públicas, que, entre otras cosas, permiten la incorporación de FONDOS BUITRES al sector, llegados aquí por el nicho de negocio y el beneficio que han encontrado en los servicios sociales.

Las profesionales de lo social vivimos en precario, tenemos unos de los sueldos más bajos del mercado laboral y las patronales del Tercer Sector, repletas de su buenismo, no solo no combaten la pobreza y la precariedad de las trabajadoras de la intervención social sino que pretenden  apuntalar bien.

FSC-CCOO