Ante la masacre acaecida el pasado viernes 24 de junio en la frontera de Melilla que ha costado la vida a un enorme número de personas que intentaban saltar la valla que separa España de Marruecos, la Comisión Ejecutiva Confederal de Comisiones Obreras, en su reunión extraordinaria del día 27 de junio de 2022, condena enérgicamente los hechos ocurridos.
Desde un punto de vista ético y humano la muerte de, al menos, 37 seres humanos (23 según las fuentes oficiales marroquíes) en circunstancias violentas es un hecho espeluznante: las imágenes dantescas de cuerpos tirados, maltrato policial, desprecio por la dignidad de las personas y deshumanización deben ser respondidas de inmediato con la contundencia que la gravedad de los hechos merece.
La descomunal cifra de personas muertas y las imágenes de cientos de seres humanos hacinados durante horas, siendo maltratados y golpeados por la policía marroquí y sin recibir asistencia sanitaria, nos retrotraen a épocas donde el racismo deshumanizaba a los seres humanos en función de su color de piel. Parecería que se aplica un doble rasero en función del origen nacional –o incluso del color de la piel– de las personas refugiadas que huyen de guerras africanas (Sudán, Yemen…) o de guerras en Europa (Ucrania), de acuerdo al muy distinto tratamiento que reciben.
Consideramos inaceptable que la reacción del Presidente Sánchez ante los hechos fuera la de felicitar a las autoridades marroquíes. El interés geoestratégico con Marruecos, un país que no es una democracia ni se respetan los derechos humanos, no puede servir para justificar, en ningún caso, una masacre como la de Melilla.
Denunciamos también que, según las organizaciones de Derechos Humanos marroquíes, el asalto a la valla de Melilla se produjo precedido de un acoso policial a los migrantes subsaharianos en territorio marroquí, con requisa de sus bienes, desmantelamiento de sus campamentos, etc –una práctica recurrente en Marruecos–, así como el entierro urgente en fosas comunes de los cuerpos de los fallecidos, sin que se hayan realizado autopsias ni ningún otro tipo de investigación sobre las circunstancias de la muerte, se haya procedido al reconocimiento de la identidad de los cuerpos ni la comunicación a los familiares, impidiendo de este modo el derecho a enterrarlos.
El gobierno español debería dar explicaciones, ya que existen pruebas gráficas de que se han llevado a cabo expulsiones en caliente así como de la entrada de gendarmes marroquíes a suelo español, prácticas expresamente prohibidas por el derecho internacional.
España y la Unión Europea deben evitar un cierre en falso de esta tragedia y exigir al Gobierno marroquí una investigación adecuada sobre la masacre, ejerciendo las presiones políticas y económicas que correspondan sobre Marruecos.
Desde CCOO reiteramos que es necesaria una política migratoria y de asilo que ponga en el centro los derechos humanos de las personas que se ven obligadas a migrar por motivos económicos o que huyen para salvar sus vidas. Las políticas migratorias basadas en el control, la seguridad y la protección de fronteras que incluyen acuerdos con terceros países no seguros por parte de la UE y sus Estados miembros, como son los concertados con Turquía o con Marruecos, se han demostrado contrarios al respeto a los Derechos Humanos y las convenciones internacionales.
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