10 de Enero. Nada que celebrar

Hoy se conmemora el Día de los y las integradoras sociales. Pero no nos engañemos, no tenemos nada que celebrar. Seguimos siendo un colectivo profesional invisibilizado y ninguneado. Y no es por casualidad. Para las empresas no somos más que mano de obra barata, y para las administraciones una forma de abaratar costes. Precariedad y sueldos miserables marcan nuestra vida laboral. Por ejemplo, quienes ejercemos nuestra profesión a jornada completa en un centro de acogida de menores, cobramos 1060 euros brutos al mes. Y eso si se nos reconoce la categoría profesional, que no es lo habitual. A lo que hay que sumar elevados índices de parcialidad y temporalidad en las contrataciones.

En nuestro caso, quienes trabajamos en recursos del Ayuntamiento de Madrid (todos privatizados), la situación sigue siendo la misma. Ante la firma del Convenio de Acción e Intervención Social, los responsables de la red de atención a personas sin hogar jugaron sucio y decidieron dejar de solicitar la titulación para acceder al puesto de Auxiliar de Servicios Sociales. De esta forma, volvían a ningunear nuestra profesionalidad e impidieron la dignificación de nuestros sueldos, cargándose en los pliegos lo que habíamos conseguido en la negociación colectiva. El Ayuntamiento nos ha "robado" 2500 euros al año, que con nuestros sueldos, supone un dineral.

Y en estas estábamos cuando llegó la pandemia. Entonces nos declararon esenciales. Y nos enfrentamos al virus a pecho descubierto porque el Ayuntamiento consiente que las empresas que gestionan sus servicios incumplan la legislación en materia de prevención de riesgos laborales (y de paso los pliegos) sin ninguna consecuencia. Las empresas, por su parte, únicamente han reaccionado a base de denuncias, trabajando durante meses sin protección alguna. Eso sí, todo fueron buenas palabras y alabanzas de empresas y responsables municipales: que si gran profesionalidad, que si vocación y entrega, que si labor fundamental...Pero llegan nuevos pliegos, y parece que nada va a cambiar. Por ejemplo, en los nuevos pliegos del albergue municipal Mejía Lequerica, sí exigen la titulación pero especifican nuestro encuadre en la categoría 3. Un insulto más. Sr Aniorte, estamos hasta las gónadas de tanto mamoneo.

Familias de la Cañada Real, sin electricidad desde hace tres meses. ¡Ayuso y Almeida responsables!

Desde el pasado 2 de Octubre más de 4.500 personas, entre ellas 1.820 niñas y niños, carecen de luz y electricidad en sus casas, la mayoría chabolas. La empresa Naturgy procedió a cortar el suministro eléctrico con la excusa de que se iban a realizar unos trabajos para una mejora sustancial de la línea energética. Más de dos meses después, los habitantes de la Cañada Real siguen sin luz y sin perspectiva de tenerla. En plena pandemia y en pleno invierno la falta de electricidad esta causando graves problemas de salud, especialmente a los niños, niñas y personas mayores, los más vulnerables, que en algunos casos han tenido que ser hospitalizadas al no poder mantener las medidas de prevención y protección frente a la COVID-19 o al no poder utilizar las máquinas de oxígeno que necesitan para respirar.

La Cañada Real Galiana  es el mayor asentamiento de infraviviendas de Europa donde malviven miles de personas en unas condiciones de vulnerabilidad incompatibles con la dignidad humana. Con una población de casi 8.000 personas, entre ellas 2.550 menores, en su gran mayoría inmigrantes de diversos países del Este de Europa y el Magreb, viven sin agua, luz ni alcantarillado a tan solo 4,5 km. de la Puerta del Sol de Madrid. Un poblado que comenzó a levantarse en los años setenta del siglo pasado y al contrario que otros asentamientos, nunca fue regularizado.

Sin embargo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, y el Alcalde Almeida, en vez resolver esta dramática situación, han responsabilizado de la misma a las propias víctimas, vinculando el corte de luz con la existencia de cultivos de marihuana o explicando que prefieren engancharse a la red de forma ilegal para no pagar. Un intento de criminalizar a la población de la Cañada Real que pone en evidencia su ideología racista y xenófoba, que nada tiene que envidiar al ideario de Vox. La realidad es que la causa de esta situación es de nuevo el ansia de beneficios y lucro de la empresa suministradora, la multinacional de la energía Naturgy, que se niega a realizar las obras necesarias para poner contadores en las viviendas, tal y como piden los vecinos.

No es la primera vez que se vive esta situación en la Cañada Real. En 2007 se llevaron a cabo luchas muy duras en contra de los derribos de viviendas, que se intensificaron debido a un Plan de Actuación Urbanística en pleno boom de la burbuja del ladrillo. Un proyecto que fue cancelado precisamente por la extraordinaria lucha de las y los vecinos contra las brutales cargas policiales que dejaron varios heridos y provocaron el aborto de varias mujeres embarazadas.

Naturgy, la eléctrica que habla de responsabilidad social y condena a niños y niñas a pasar frío

Una de las medidas aprobadas por el Gobierno de izquierdas durante el estado de alarma dentro del llamado “escudo social” estaba la prohibición de cortes de los suministros esenciales como electricidad, gas y agua, prohibición que fue anulada en el mes de Septiembre porque, en palabras de la Ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivero, si estas medidas extraordinarias se prolongaran en el tiempo las consecuencias se trasladarían a terceros, “una situación que tampoco podrían soportar mucho tiempo”.  

Ese tercero que está detrás del corte de la electricidad en la Cañada Real es Naturgy, antes Gas Natural Fenosa, y que en los primeros 9 meses de 2019 tuvo un beneficio neto de 1.000 millones de euros. Es una de las eléctricas donde miembros del partido socialista, como Felipe González o Narcís Serra, han sido consejeros aprovechando las famosas puertas giratorias. Además va a ser una de las grandes beneficiarias de los 140.000 millones de euros de los fondos europeos para energías renovables que van a llegar al estado español.

Una empresa que en su carta de compromiso con los Derechos Humanos en su web destaca en primer lugar “Evitar prácticas discriminatorias o que menoscaben la dignidad de las personas”. Toda una declaración de intenciones que no tiene nada que ver con la realidad. Una eléctrica que presume de ecologismo y de responsabilidad social, y que ha tenido el cinismo, en medio de esta situación, de conceder el 30 de diciembre el Premio a la mejor Iniciativa Social, para “mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables.” Su “compromiso”, como el de todas estas grandes empresas, es con sus accionistas y sus directivos, garantizando, sea como sea, fabulosos beneficios, a costa de la pobreza y la miseria de millones.

El gobierno PSOE-UP. ¡No al corte de suministros! ¡Por el derecho a una vivienda digna!

La situación para los habitantes de la Cañada es dramática, y podría dar lugar a situaciones aún más graves, como intoxicaciones, fruto de la necesidad de utilizar generadores o incendios por utilizar velas o hacer hogueras de cara a poder calentarse en medio del frío invernal. Un buen ejemplo de ello ha sido el terrible incendio de Badalona, donde se hacinaban cientos de inmigrantes, sin papeles en la mayoría de los casos y sin recursos para acceder a una vivienda digna, y que ha causado la muerte a cuatro personas y dejado heridas a 23. Vivían en estas mismas condiciones infrahumanas, sin luz ni agua.

Mientras miles de viviendas se encuentran vacías y en manos de los grandes bancos, miles de personas sobreviven en estas condiciones indignas. Pero además una de esas entidades es el Sareb, constituida en 2012 y adonde fueron a parar los activos tóxicos de los bancos rescatados, participada por el Gobierno al 45% a través del FROB, y donde el 20% son activos inmobiliarios, es decir, pisos. En este contexto, el Gobierno progresista PSOE-UP podría poner esos pisos al servicio de personas que carecen de una vivienda digna, evitando casos como el de la Cañada Real. También podría nacionalizar empresas como Naturgy para que la electricidad este al servicio de la necesidades sociales y no para llenar aún más los bolsillos de un grupo de parásitos.

Medidas reales y tangibles, más allá de enviar una carta a Díaz Ayuso para que “se establezca el fluido eléctrico lo antes posible o se proporcionen soluciones alternativas para estas familias”. El Gobierno central podría demostrar en la práctica, interviniendo y garantizando la electricidad a estas familias, cómo actuar frente a la derecha y la extrema derecha. ¡Y recibiría un apoyo entusiasta!

Cada vez está más claro que la única solución posible para acabar con estas situaciones es la expropiación y nacionalización de las grandes compañías eléctricas y demás sectores estratégicos de la economía, poniéndolas bajo control de los trabajadores. Los beneficios millonarios que ahora tienen las eléctricas revertirían en la clase trabajadora y no se volverían a producir situaciones como la de la Cañada Real o la de Badalona. No podemos seguir consintiendo esta situación. Mientras unos nos frotamos las manos por el frío, otros se las frotan por sus lucrativos negocios.

Izquierda Revolucionaria

Huelga 15D en los CAIs de Grupo 5. Concentración a las 11 en el Área de Familias, Igualdad y Bienestar del Ayuntamiento de Madrid

En lo Social siempre es Blackfriday

El Comité de SEF Grupo 5 de CCOO denuncia que los servicios sociales externalizados siguen siendo una actividad especulativa y no una actividad esencial como así trasladó el Ayuntamiento de Madrid al iniciarse la pandemia. Se dijo que los servicios sociales, incluidos los externalizados, éramos esenciales. Muchos años después eso se traduce en lo de siempre: precariedad y sin intenciones de municipalizarlos.

En nuestro caso, gestionados por Grupo 5 Acción y Gestión Social S.A., que no deja de ser una operación mercantil del Corpfin Capital (empresa de inversión), nos queda claro que sólo hay un principio rector que lo dirige todo, la máxima rentabilidad económica posible.

Eso queda palpable en:

• Las plantillas de Grupo5 son las peor remuneradas de todos los Centros de Atención a la Infancia de la red del Ayuntamiento (un 15% menos que la media de los centros externalizados). Unido al menos a cinco años sin ningún tipo de mejora salarial, la actual política de remuneración de nuestra entidad y su falta de voluntad en no puntuar mejoras salariales, nos condena a un total de al menos 11 años de congelación salarial.
• Imposibilidad de implementar el teletrabajo como herramienta preventiva (argumentando que es el Ayuntamiento el que no se lo permite) en los CAIs, privando a las plantillas de un modelo organizativo de trabajo que daría cobertura al servicio y garantías a nivel sanitario. Cabe recordar que hace bien poco, uno de los centros tuvo positivos en el 25% de la plantilla. 
• Abandono absoluto en lo relativo a conciliación familiar durante la pandemia. Imposibilitando generar alternativas reales que permitan a la plantilla con hijos e hijas a cargo a dar respuestas a los confinamientos generados en los centros escolares sin asumir las mismas todo el coste económico y personal.
• En las escuelas de Educación Infantil mantienen un salario base 27 euros menor para las Educadoras y los Educadores Infantiles, que para Auxiliares de Apoyo y Personal de Servicios.
• Dificultades todos los años para disfrutar de nuestras vacaciones recurrentes todos los periodos vacacionales, ya que según nos devuelve la empresa están de acuerdo con mantener casi el 50% de las plantillas cada uno de los días en servicios que no son de carácter de urgencia y que funcionan con cita previa (Educación Social, Centros de Atención a la Infancia, Programa de Atención a la Infancia en el Entorno Familiar).

Los estériles esfuerzos han muerto en eternas negativas o aplazamientos infinitos que no se traducen en nada real para las plantillas. 

Somos el personal que está valorando situaciones de riesgo para la infancia, emitiendo informes y propuestas relativas a la guarda y tutela de niños, niñas y adolescentes, siendo citados sin cobertura alguna a litigios judiciales, sin ratios y haciéndonos cargo de situaciones complicadísimas (emocionales, psicológicas, económicas, sociales…) y siendo la cara de este Ayuntamiento en lo que a infancia en riesgo se refiere. Ese personal mal vive con 20500 brutos anuales y con enormes dificultades para conciliar nuestra vida familiar.

Pedimos que las administraciones apuesten por un servicio digno, obligando a condiciones dignas y licitando pliegos que no permitan la entrada de empresas que sólo quieren especular con el dinero. 

Cansados de la situación conflictiva con la empresa y queriendo visibilizar nuestro malestar y descontento en un sector feminizado y precarizado sin atisbo de cambiar nada en los próximos años nos vemos en la obligación de movilizarnos y alzar la voz en pro de nuestros derechos como trabajadoras y trabajadores que velan por el cuidado y atención a la infancia en el Ayuntamiento de Madrid.

FSC-CCOO Madrid (Intervención Social)

Nuestro sistema de protección social, fuente de violación de derechos humanos

El informe Abandonadas a su suerte. La desprotección y discriminación de las personas mayores en residencias durante la pandemia COVID-19 en España denuncia la violación de derechos humanos en nuestras residencias.

Amnistía Internacional ha constatado que durante el pico de la primera ola de la pandemia el personal de las residencias no contó con la protección adecuada ni acceso oportuno a test, lo que produjo contagios y dificultades para poder implementar las directrices que se recibían de las diferentes instituciones (cuando estas eran adecuadas). A diferencia de la situación de la asistencia sanitaria, donde se ha recogido el número de personal sanitario afectado por la enfermedad, no existe una recogida de datos equivalente para la información del personal de los servicios sociales, o al menos no hay una recogida sistemática de datos. Como resultado, no se puede estimar el impacto de la COVID-19 en el personal que trabaja en residencias. En momentos críticos de la pandemia de marzo y abril hubo casos de residencias donde más del 50% del personal estaba de baja.

La inmensa mayoría de personas mayores que vivían en residencias de Madrid y Cataluña no fueron atendidas adecuadamente, ni derivadas a hospitales cuando lo precisaban, se vieron aisladas en sus habitaciones, a veces durante semanas, sin contacto con sus familiares y algunas ni siquiera pudieron morir dignamente durante los primeros meses de la pandemia.

La situación en las residencias sigue siendo alarmante en esta segunda ola de la pandemia. Deben garantizarse plenamente las visitas a familiares, que en la práctica continúan dependiendo de la decisión de cada residencia. La derivación hospitalaria, tanto en Madrid como en Cataluña, ha resultado en la práctica discriminatoria y las disposiciones que la regulan no han sido aún modificadas y siguen vigentes. Tampoco se han tomado medidas suficientes de refuerzo de personal para atender las necesidades que puedan surgir. El momento de hacerlo es ahora. Es urgente cambiar los protocolos autonómicos que han generado esta situación y asegurar que las decisiones sobre la atención médica en las residencias se realizan con base en evaluaciones individualizadas. También es necesario que el Gobierno impulse la tramitación de una ley estatal que establezca un modelo residencial que garantice los derechos de las personas mayores residentes en todo el Estado.

No es un hecho que se circunscriba únicamente a las residencias de mayores. En las residencias de atención a la discapacidad la situación es igualmente dramática. La pandemia ha agravado la situación, pero ya venía de antes. Amnistía Internacional lleva años denunciando la situación en los centros de menores, constatando en varios informes el maltrato sistemático en muchos de ellos.

¿Cómo es posible que nuestros servicios sociales terminen siendo fuente de violación de derechos humanos? La clave está en la privatización. Las distintas redes no están diseñadas para atender a a población, sino para garantizar el negocio (lo que termina afectando también a los paradigmas de intervención, e incluso a la formación que se imparte en nuestras universidades). Privatizar los servicios públicos implica dejar en manos de empresas nuestras vidas y el ejercicio de nuestros derechos. Estas son las consecuencias. Por desgracia, todo apunta a que el gobierno PSOE-Unidas Podemos no tiene intención de revertir el proceso. Tendremos que obligarles.

APTISCAM convoca asamblea para preparar el 10 de Enero

 

Escándalo en la Residencia Orcasur (Grupo 5)

Tanto trabajadores como familiares de residentes están denunciando el maltrato que sufren las personas mayores. Apoyados por Marea de Residencias, ayer se manifestaron frente al centro, gestionado por Grupo 5.

Denuncian explotación laboral, falta de personal, que no hay personal sanitario...Que los ancianos están desnutridos y deshidratados (hacen papillas mezclando las sobras), que se mezclan medicaciones, que se reciclan los pañales, que se les ducha una vez a la semana y con agua fría...Incluso la Comunidad de Madrid ha reconocido que la empresa incumple los pliegos. Un crimen. Acompañado de la preceptiva opacidad y desinformación a las familias por parte de la empresa y el cobarde y vergonzante silencio de la directora de la residencia.

Enlazamos la noticia en Telemadrid (entrevistan a trabajadores y familiares) La residencia de mayores Orcasur, en el punto de mira de familiares y trabajadores.

Desgraciadamente, nada que nos sorprenda. Son las consecuencias de privatizar nuestros servicios públicos, que al final un fondo buitre gestiona nuestras vidas.

Más de 20000 muertes por COVID en las residencias. Sí hay culpables

Es un crimen. Lo que está pasando con nuestros mayores no tiene nombre. En un informe preliminar presentado por la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, durante la primera ola del coronavirus (de marzo a finales de junio) murieron 20268 personas en residencias de servicios sociales. El informe analiza los factores que han llevado a esta catástrofe anunciada. No hay sorpresas

Más allá de la alta contagiosidad del virus y de la vulnerabilidad propia del colectivo, destacan factores como la falta crónica de personal y con unas condiciones laborales lamentables, la falta de personal sanitario y específicamente formado, falta de epis, mala planificación, modelo basado en macroresidencias, deficiencias en las estructuras de los centros que favorecen el contagio, inadecuación de los planes de contingencia...En resumen, la situación que trabajadoras y familiares llevan años denunciando.

Además, el informe resalta que la opacidad ha sido la tónica general (generando un gran sufrimiento a las familias por la desinformación) y en muchas ocasiones las medidas contra el coronavirus han sido ineficaces y han atentado contra los derechos y la dignidad de los residentes (como la prohibición de visitas, suspensión de servicios, el aislamiento prolongado o mecanismos de contención vejatorios dirigidos a personas con deterioro cognitivo).

¿Qué se hizo para solucionarlo? Inyectar más dinero a los fondos buitre que gestionan los centros, a pesar de sus beneficios multimillonarios. Sí, la privatización mata.