El informe Abandonadas a su suerte. La desprotección y discriminación de las personas mayores en residencias durante la pandemia COVID-19 en España denuncia la violación de derechos humanos en nuestras residencias.
Amnistía Internacional ha constatado que durante el pico de la primera ola de la pandemia el personal de las residencias no contó con la protección adecuada ni acceso oportuno a test, lo que produjo contagios y dificultades para poder implementar las directrices que se recibían de las diferentes instituciones (cuando estas eran adecuadas). A diferencia de la situación de la asistencia sanitaria, donde se ha recogido el número de personal sanitario afectado por la enfermedad, no existe una recogida de datos equivalente para la información del personal de los servicios sociales, o al menos no hay una recogida sistemática de datos. Como resultado, no se puede estimar el impacto de la COVID-19 en el personal que trabaja en residencias. En momentos críticos de la pandemia de marzo y abril hubo casos de residencias donde más del 50% del personal estaba de baja.
La inmensa mayoría de personas mayores que vivían en residencias de Madrid y Cataluña no fueron atendidas adecuadamente, ni derivadas a hospitales cuando lo precisaban, se vieron aisladas en sus habitaciones, a veces durante semanas, sin contacto con sus familiares y algunas ni siquiera pudieron morir dignamente durante los primeros meses de la pandemia.
La situación en las residencias sigue siendo alarmante en esta segunda ola de la pandemia. Deben garantizarse plenamente las visitas a familiares, que en la práctica continúan dependiendo de la decisión de cada residencia. La derivación hospitalaria, tanto en Madrid como en Cataluña, ha resultado en la práctica discriminatoria y las disposiciones que la regulan no han sido aún modificadas y siguen vigentes. Tampoco se han tomado medidas suficientes de refuerzo de personal para atender las necesidades que puedan surgir. El momento de hacerlo es ahora. Es urgente cambiar los protocolos autonómicos que han generado esta situación y asegurar que las decisiones sobre la atención médica en las residencias se realizan con base en evaluaciones individualizadas. También es necesario que el Gobierno impulse la tramitación de una ley estatal que establezca un modelo residencial que garantice los derechos de las personas mayores residentes en todo el Estado.
No es un hecho que se circunscriba únicamente a las residencias de mayores. En las residencias de atención a la discapacidad la situación es igualmente dramática. La pandemia ha agravado la situación, pero ya venía de antes. Amnistía Internacional lleva años denunciando la situación en los centros de menores, constatando en varios informes el maltrato sistemático en muchos de ellos.
¿Cómo es posible que nuestros servicios sociales terminen siendo fuente de violación de derechos humanos? La clave está en la privatización. Las distintas redes no están diseñadas para atender a a población, sino para garantizar el negocio (lo que termina afectando también a los paradigmas de intervención, e incluso a la formación que se imparte en nuestras universidades). Privatizar los servicios públicos implica dejar en manos de empresas nuestras vidas y el ejercicio de nuestros derechos. Estas son las consecuencias. Por desgracia, todo apunta a que el gobierno PSOE-Unidas Podemos no tiene intención de revertir el proceso. Tendremos que obligarles.
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