Es un crimen. Lo que está pasando con nuestros mayores no tiene nombre. En un informe preliminar presentado por la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, durante la primera ola del coronavirus (de marzo a finales de junio) murieron 20268 personas en residencias de servicios sociales. El informe analiza los factores que han llevado a esta catástrofe anunciada. No hay sorpresas
Más allá de la alta contagiosidad del virus y de la vulnerabilidad propia del colectivo, destacan factores como la falta crónica de personal y con unas condiciones laborales lamentables, la falta de personal sanitario y específicamente formado, falta de epis, mala planificación, modelo basado en macroresidencias, deficiencias en las estructuras de los centros que favorecen el contagio, inadecuación de los planes de contingencia...En resumen, la situación que trabajadoras y familiares llevan años denunciando.
Además, el informe resalta que la opacidad ha sido la tónica general (generando un gran sufrimiento a las familias por la desinformación) y en muchas ocasiones las medidas contra el coronavirus han sido ineficaces y han atentado contra los derechos y la dignidad de los residentes (como la prohibición de visitas, suspensión de servicios, el aislamiento prolongado o mecanismos de contención vejatorios dirigidos a personas con deterioro cognitivo).
¿Qué se hizo para solucionarlo? Inyectar más dinero a los fondos buitre que gestionan los centros, a pesar de sus beneficios multimillonarios. Sí, la privatización mata.
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