Al hablar de servicios sociales nos referimos a aquellos servicios
públicos que deben garantizar los derechos de la ciudadanía a una vida
digna. Sin embargo, el 80% ejercemos nuestra labor en el sector privado
(en variedad de áreas: igualdad, personas sin hogar, exclusión social,
menores, migraciones, discapacidad, dependencia, servicios
socioeducativos, sociosanitarios…).
Somos trabajadoras de
servicios públicos externalizados, con características y problemáticas
comunes, pese a una gran heterogeneidad en nuestras condiciones.
Trabajamos en servicios fuertemente feminizados, precarios, con
inestabilidad laboral, elevada parcialidad en la contratación, bajos
salarios, con importantes responsabilidades en el quehacer diario con
las personas a quienes atendemos… y dependientes, en su inmensa mayoría,
de los conciertos y licitaciones de las Administraciones Públicas
(también de subvenciones). Asimismo, a muchos de nuestros empleadores
les gusta lucir la etiqueta de “social”. El famoso Tercer Sector,
formado principalmente por entidades sin ánimo de lucro, donde los
“fondos buitre” están entrando con fuerza en la gestión de recursos
sociales y sociosanitarios.
Defendemos la gestión directa de los
servicios públicos y reclamamos que hasta que se revierta esta situación
debe apostarse por proteger la calidad de estos servicios y las
condiciones de sus profesionales a través tanto de una contratación
pública socialmente responsable, como de unos convenios colectivos que
dignifiquen las condiciones laborales de sus plantillas.
La
atomización del sector es tan evidente que, a pesar de tener los mismos
perfiles profesionales y empleadores, existen varios convenios
colectivos (Acción e Intervención Social, Reforma y Protección de
Menores, Atención a la Discapacidad, Dependencia y Ayuda a Domicilio,
Ocio Educativo y Animación Sociocultural…). Situación que aprovecha la
patronal para dificultar la labor sindical, escoger “el más barato” si
tiene ocasión, y bloquear la negociación colectiva. En este momento
están abiertas varias Mesas de Negociación de convenios estatales, las
relativas al Convenio de Intervención Social, al de Reforma y Protección
de Menores, y al de Discapacidad, y otras, pronto tendrán que arrancar.
Si las gentes de la Intervención Social (en su sentido más
amplio) somos capaces de implicarnos, cohesionarnos y formar parte de la
toma de las decisiones, podremos afrontar las negociaciones colectivas
que tenemos abiertas o que están por venir en condiciones de conquistar
avances significativos en nuestras condiciones laborales y en la calidad
de los servicios que prestamos. Por ello, existe hoy una mayor y más
urgente necesidad de que nos aglutinemos las personas, las actividades y
los convenios que convivimos en este sector y fijemos líneas de acción
comunes.
Consideramos que éste es un buen momento para unificar
nuestras luchas y movilizarnos, exponiendo ante la ciudadanía la
realidad de los Servicios Sociales privatizados, y denunciando a las
administraciones que promueven esta situación y a las entidades,
asociaciones, empresas y patronales de “lo social” que se benefician de
ello y presumen de su contribución a esta sociedad, mientras cercenan
los derechos sociales y retributivos de las profesionales, escatimando y
estrangulando la negociación colectiva. No podemos dar un paso atrás,
nuestros derechos y los de las personas que atendemos están en juego. No
cabe otro camino: UNIDAD y LUCHA
