Nuestro precario sistema de bienestar social se enfrenta a un continuo desgaste, erosionándose día a día a través de la privatización de los servicios sociales. Convertir derechos de la ciudadanía en negocio pone en jaque su propio objetivo.
Las políticas de externalización de servicios han fracasado en todos los ámbitos y sectores (las facturas de la luz y demás suministros básicos son un doloroso ejemplo). El sector de la Intervención Social no íbamos a ser la excepción.
Primero nos precarizaron con el invento de la colaboración público privada, dejando el grueso de nuestros servicios sociales en manos de la patronal del "buenismo" oenegero (tercer sector) y del entramado católico. Y desde hace unos años nos están deshuesando. El pastel del dinero público es tan grande que finalmente el olor llegó a los grandes depredadores. Los fondos buitre están aquí, sobrevolando los restos del estado de bienestar. Como buenos carroñeros, dejarán bien limpios los cadáveres (proyectos, programas y servicios sociales especializados) a base de maltratar a las plantillas y recortar en los servicios. En definitiva, vampirizando el dinero público destinado a la atención de las personas más vulnerables.
Obviamente esto sólo es posible gracias a la complicidad de las distintas administraciones (ayuntamientos y comunidades autónomas) en el negocio, que en esto consiste lo de la colaboración público privada, en garantizar el trasvase del dinero de todos a las cuentas de unos pocos.
En este caso los moribundos somos los Centros de Atención a la Infancia. Gracias al Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social (con Pepe Aniorte al frente), aquellas que día a día luchamos porque las niñas, los niños y adolescentes puedan estar al cuidado de sus padres, aquellas que nos dejamos la piel sujetando situaciones críticas, acompañando dolorosas separaciones y poniendo la cara las mil y una veces que el sistema termina fallando a las familias, vivimos en la más absoluta precariedad. Gracias al Ayuntamiento de Madrid Grupo 5 se está haciendo de oro, pagando un 20% menos a quienes tenemos la desgracia de trabajar en un servicio gestionado por estos pájaros.
Perdemos calidad de vida y compañeras que se ven obligadas a huir de aquí para poder vivir decentemente, y ganamos ansiedad, presiones y depresiones.
Pero no somos las únicas damnificadas. Las familias que atendemos, acompañamos y apoyamos, también lo son. Expuestas a un carrusel eternamente cambiante de profesionales fruto de la precariedad, viendo interrumpidas las relaciones de ayuda tan necesitadas de estabilidad.
Exigimos al Ayuntamiento de Madrid que como responsable del sistema vele porque los servicios que presta a la ciudadanía tengan unas condiciones mínimas para poder ser prestados. Que las empresas se gasten el dinero en las plantillas y en las familias, no en el lucro empresarial más obsceno (Grupo 5 tiene registrados 37 millones de euros entre 2018 y 2019, de los cuales se embolsó como dividendo el fondo de inversión que está detrás 26 millones en 2019). Por ello volvemos a la huelga el próximo 27 de septiembre. Y por ello convocamos una nueva concentración frente al despacho de los culpables de esta locura.
Lunes 27 de septiembre
11:00
Frente al Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social
(Paseo de la Chopera, 41)
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