Con su política de licitaciones de servicios sociales el Ayuntamiento de Madrid ha propiciado el despido del 50% de la anterior plantilla del Mejía Lequerica a manos de la nueva empresa adjudicataria, Grupo 5, que curiosamente se trata de un fondo buitre.
El Albergue Municipal Mejía Lequerica, dependiente del Área de Gobierno de Familias, está destinado al acogimiento temporal de familias con menores y/o mujeres solas, migrantes en situación de vulnerabilidad o emergencia social. Tras años gestionado por CEAR, ha pasado a manos de Grupo 5 tras la última licitación.
Tras la obligatoria subrogación, Grupo 5 ha despedido a más de mitad de la plantilla subrogada (10 de 18, pues 2 profesionales no fueron objeto de subrogación al quedarse en CEAR). Despiden al personal de limpieza y al de conserjería, personal propio de CEAR que durante años ha demostrado su profesionalidad, para subcontratar estos servicios. La empresa alega que así lo exige el Ayuntamiento en los pliegos. Los nuevos pliegos indican que el servicio de conserjería debe ser sustituido por una contrata de seguridad y el servicio de limpieza debe ser subcontratado con una “empresa de inserción”. El resultado es que se expulsa del mercado laboral a personas Refugiadas que necesitan protección. Podría parecer una paradoja, pero simplemente es la forma de precarizar más. De esta manera, los responsables municipales y Grupo 5 colaboran para eliminar puestos de trabajo estables y en condiciones dignas, para convertirlos en puestos precarios y baratos. Convendría recordar que las Empresas de Inserción no se rigen por el convenio colectivo de la actividad en cuestión, sino por uno mucho más económico.
En un acto de desfachatez incompatible con la buena fe, también ha despedido a integradores sociales, alegando ¡falta de confianza! Insultando así, además de echar a la calle, su profesionalidad. La empresa incluso se ha negado a recolocar a las compañeras y compañeros en otros dispositivos de los muchos que gestiona, condenándoles al paro en un contexto tan complicado para el empleo como el que estamos viviendo.
Especialmente preocupante es la situación de especial vulnerabilidad en que esta injusta decisión deja a varios compañeros y compañeras, las personas refugiadas bajo protección internacional antes citadas. Fiel reflejo de la mezquindad de Grupo 5, empresa controlada por el fondo de inversión Corpfin Capital.
Es inadmisible que el Ayuntamiento de Madrid, en complicidad con las empresas gestoras, pretenda precarizar así estos servicios sociales y el empleo creado con dinero público, con el único fin de abaratar costes y aumentar los beneficios empresariales. No vamos a consentir este atropello. Exigimos la reincorporación inmediata de los compañeros y las compañeras despedidas.
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