Los trabajadores del albergue denunciaron ayer las "amenazas y coacciones" que vienen sufriendo por parte de la empresa que presta el servicio, Grupo 5, desde que comenzaron a solicitar la aplicación del Convenio de Intervención y Acción Social, ratificado por el Tribunal Supremo en febrero 2018.
En un comunicado, Alberto Domínguez, uno de los tres representantes de los trabajadores, indicó en la última reunión mantenida con la empresa, el pasado 11 de abril, que esta les impuso "como línea roja" para llegar a un acuerdo "que los tres delegados sindicales firmaran el documento con una serie de propuestas, para evitar así que se produjeran demandas individuales, saltándose, pues, la libertad sindical y de decisión".
Domínguez aseguró que Grupo 5 llegó a plantear que no se presentaría al nuevo concurso si no aceptaban las propuestas planteadas. Por eso, el delegado sindical pidió ayer la "mediación" del ayuntamiento y reclamó que "se postule" a favor de un acuerdo beneficioso para la totalidad de los trabajadores "sin coacciones ni cláusulas".
Fuentes municipales comentaron al respecto que el consistorio ha estado en contacto tanto con la empresa como con los trabajadores y ha mediado en el problema.
En todo caso, recalcaron que se trata de un conflicto entre una empresa y sus empleados, y aseguraron que el ayuntamiento "velará" siempre por que el servicio a los usuarios se preste de la mejor manera posible en los distintos recursos municipales gestionados por Grupo 5.
También avanzaron que en los pliegos del nuevo contrato, que entrará en vigor en agosto, se recogen ya las condiciones del Convenio de Intervención y Acción Social actualizadas.
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