Día de la Salud Mental

Hemos llegado al Día de la Salud Mental inmersos en una campaña propagandística del gobierno, con un anteproyecto de ley (que parece bienintencionada, aunque todo apunta a su insuficiencia,  ya veremos en qué queda) y el anuncio de más inversiones. ¿Pero quién terminará quedándose ese dinero? Nos quedamos con la imposición de ratios mínimas de profesionales de salud mental en la sanidad pública y el anuncio de la creación de la especialidad de psiquiatría infantojuvenil, perpetua reivindicación del mundo de la psiquiatría. 

Como ha desvelado Infolibre estos días, la atención en salud mental está en manos de órdenes religiosas y fondos buitre, como las residencias de mayores. Y el proyecto de ley nada dice sobre revertir esta realidad. Mientras todo gire en torno al negocio, de poco valdrán las buenas intenciones.

Lo mismo sucede con el anunciado teléfono para prevenir el suicidio ¿quién lo "gestionará"? Pero además, mientras no cambien las condiciones materiales de vida, poco se podrá hacer. Por mucho que el relato liberal, y su correlato biomédico, traten de individualizar los problemas, que el suicidio sea la primera causa de muerte no natural (por encima de los accidentes de tráfico) indica su carácter social. Junto a medidas sanitarias, son imprescindibles las medidas sociales para combatir esta lacra. Nada nuevo aunque se haya intentado ocultar desde siempre: "El número de suicidios, debe ser considerado como un síntoma de una organización social deficiente, porque es justamente en época de crisis, de detención de la industria, de encarecimiento de los alimentos y de duros inviernos, cuando este síntoma es más evidente y adquiere carácter epidémico" (Acerca del suicidio. Karl Marx, 1846). 

Eso sí, esta futura ley incluye por primera vez la salud mental como un problema derivado del entorno laboral, modificando la Ley de Prevención de Riesgos Laborales con un añadido: "El empresario adoptará las medidas de prevención, vigilancia y control necesarias para garantizar la protección de la salud mental de las personas trabajadoras, realizando de forma regular, reglada y conocida por las y los Delegados de Prevención las evaluaciones de riesgos psicológicos y sociales relacionados con cada puesto. Se promoverá el derecho efectivo a la desconexión digital, la promoción de un ambiente saludable de trabajo y el mantenimiento del bienestar emocional de las personas trabajadoras, prestando especial vigilancia en los casos de acoso". Sin duda un paso adelante, pero veremos en qué queda.

Por otro lado, el anteproyecto de ley es una nueva ocasión perdida para consolidar el tratamiento basado en los derechos humanos. Es cierto que apunta en la buena dirección, suponiendo un evidente paso adelante. Pero sigue dejando la puerta abierta a los abusos y los "tratamientos" claramente iatrogénicos. Por ejemplo, las contenciones mecánicas. El anteproyecto aboga por una regulación más estricta, tendente a su abolición, pero no se prohíbe. No se trata de atar mejor, sino de no atar. Porque se puede. Reino Unido o Islandia ya lo han hecho.

Y es que es algo evidente, la única manera de evitar las consecuencias (muertes todos los años incluidas) y el sufrimiento que la contención mecánica necesariamente conlleva, es no atando. Esta práctica es tan desconocida por la sociedad como habitual no sólo en salud mental, sino en otros muchos sectores y recursos como residencias de mayores, centros de menores, residencias de atención a discapacidad, prisiones...¿No resulta llamativo que cárceles, centros sanitarios y residencias de servicios sociales utilicen las mismas "herramientas terapéuticas"? Todo esto forma parte de la llamada cultura de la coacción. Sí, también necesitamos un cambio cultural en nuestros sectores sociosanitarios. El despotismo ilustrado del "es lo mejor para tí" debe dar paso a un tratamiento realmente respetuoso y empoderante, donde la persona sea la protagonista de su propio proceso, de su vida.

De hecho, asociaciones de personas psiquiatrizadas como Primera Vocal o Locomún llevan años exigiendo 0contenciones. Pero también colectivos y asociaciones profesionales, como la Asociación Española de Neuropsiquiatría y la Asociación Española de Enfermería de Salud Mental. 

En la misma línea que estas organizaciones, desde la Confederación de Salud Mental España se afirma que "Las medidas coercitivas no respetan en ningún caso los derechos humanos y por supuesto no son terapéuticas. Estamos en un punto en el que hay que poner el énfasis en la búsqueda de medidas alternativas para una atención adecuada, que no atente contra la dignidad y la libertad de la persona”. Incluso desde el CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) indican que las contenciones mecánicas “violan de modo abrumador los derechos humanos fundamentales, como el de la libertad personal, el de no recibir tratos inhumanos o degradantes y el de preservar la dignidad individual. Se trata de una práctica aberrante que niega el contenido esencial de esos derechos. Ni ética, ni jurídica, ni social, ni médicamente pueden ser aceptados o tolerados. Las medidas coercitivas suponen un sufrimiento psíquico traumático, que puede romper los vínculos terapéuticos". 

No queda lugar para las dudas. Pero por si acaso, nunca está de más recordar que la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las Personas con Discapacidad prohíbe estas prácticas desde 2006. O que el Relator Especial contra la tortura ha presentado varios informes ante la Asamblea General de la ONU denunciando que la práctica de inmovilizaciones no cuenta con justificación terapéutica y constituye un trato cruel y degradante. En su informe de 2017 indica que "se deberían ampliar las intervenciones psicosociales eficaces en el ámbito comunitario y abandonar la cultura de la coacción, el aislamiento y la medicalización excesiva” y facilitar así “la transición hacia la erradicación de todos los tratamientos psiquiátricos forzosos y el aislamiento” que conlleve “un cambio de paradigma basado en la recuperación y la atención comunitaria”. 

Todo profesional relacionado con la salud mental debería leer el Manifiesto de Cartagena. 

Queremos terminar en positivo. Porque sí se puede actuar de otra manera, respetando los derechos de las personas. Por eso terminamos con el trabajo de la geriatra Ana Urrutia, que está cambiando el mundo de la atención a nuestros mayores. El vídeo "Quitadme las cadenas blancas. Cuidar dignamente sin sujetar" es imprescindible.