El 8 de marzo es una jornada de lucha. En las últimas décadas se han producido importantes avances en materia de igualdad entre hombres y mujeres. Logros sociales fruto de la lucha feminista. Sin embargo, queda mucho por hacer y en el sector de intervención social lo sabemos bien.
En materia laboral, los índices de desigualdad siguen siendo muy elevados. Tras varios años de reducción, la brecha salarial se consolida e incrementa. El salario medio anual de las mujeres en 2017 fue de 24.030 euros y el de los hombres 29.911 euros: las mujeres ganan un 20% menos. En sectores netamente feminizados la situación empeora: en el sector de la Intervención Social, el sueldo de las tituladas universitarias es de 20.956 euros (2018). La precariedad afecta más a las mujeres (el 61,5% de los contratos indefinidos a tiempo parcial son para hombres), así como el desempleo (10 puntos de diferencia a partir de los 25 años, edad a las que empiezan las responsabilidades familiares). Un dato muestra la apabullante falta de corresponsabilidad entre mujeres y hombres en los cuidados: las mujeres solicitaron, en 2018, el 90% de las excedencias para el cuidado de hijos e hijas y el 85% de las excedencias para el cuidado de familiares.
La pandemia no ha hecho sino agravar la situación, teniendo unas consecuencias demoledoras para nuestra sociedad, evidenciando en mayor medida los desequilibrios y desigualdades de género entre mujeres y hombres y poniendo de manifiesto importantes déficits de nuestro estado de bienestar y de protección social. Se han agravado, asimismo, las situaciones de violencia de género, especialmente durante el confinamiento domiciliario; se ha destruido empleo y la tasa de pobreza se ha incrementado notablemente, haciendo nuevamente a las mujeres más vulnerables.
Una vez más, la crisis la estamos pagando la clase trabajadora, especialmente las mujeres (más despidos, más presencia en los ertes, llenando las colas del hambre en nuestros barrios). Urge la necesidad de dignificar el sector de cuidados, de contar con servicios públicos de calidad en esta materia, de adoptar más y mejores políticas de corresponsabilidad y compatibilidad de la vida familiar y laboral y de protección social igualitaria.
Las patronales de la Intervención Social siguen apostando por la desigualdad
El bienestar y la cohesión social serían imposibles sin los trabajos de cuidados (remunerados o no), que de forma abrumadoramente mayoritaria recaen en las mujeres. Precisamente por ello, son trabajos invisibilizados y, en el marco laboral, además precarizados. La alianza entre capital y patriarcado favorece a las empresas, que logran multimillonarios beneficios a costa de nuestras vidas. Las empresas del sector, se disfracen de ong o no, hacen negocio gracias a la privatización de los servicios públicos, detrayendo recursos a los servicios prestados y precarizando el empleo feminizado.
Intervención social es un sector feminizado porque somos mujeres en su inmensa mayoría quienes lo trabajamos. Somos un sector precarizado (salarios por debajo de la media y mayores tasas de parcialidad y temporalidad). Así es imposible hablar de igualdad.
Las “entidades de lo social” mientras alardean de su apuesta por la igualdad, torpedean las condiciones laborales de sus trabajadoras. Como muestra de su hipocresía están las dificultades para negociar en las empresas los planes de igualdad (obligatorios por ley) y su posterior aplicación torticera.
Basta de criminalizar al movimiento feminista
Estamos asistiendo una infame campaña de criminalización del movimiento, aprovechando la pandemia, pero que ya venía de antes. No es casualidad. Los poderes fácticos son perfectamente consciente del enorme poder transformador del feminismo. Los grandes cambios sociales y avances culturales siempre se han conseguido gracias a la conjunción de la lucha feminista con el movimiento obrero. Por eso nos atacan con saña. Y por eso, a pesar de la pandemia, este 8M volverá a ser un día de lucha.
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