Desde Albergues en Luchadenuncian que el 1 de abril el Ayuntamiento de Madrid cierra "Campaña de frío". Así, mañana dejan en la calle a cientos de personas, obligadas a vivir y pernoctar a la intemperie y totalmente desamparados ante la cuarta ola de la pandemia.
En principio, según se informó a las plantillas, campaña iba a permanecer en funcionamiento hasta el fin del estado de alarma (en principio fijado hasta el 9 de mayo). Pero tras la denuncia de las lamentables condiciones en que Ayuntamiento y Grupo 5 prestan el servicio, el Ayuntamiento decide precipitar el cierre. Y para evitarse la foto de cientos de personas abandonadas en Atocha y Príncipe Pío, han hecho su particular desescalada, echando gente a la calle desde hace muchos días. ¡Qué vergüenza!
Desde hace años estamos exigiendo la creación de nuevos recursos porque la red de atención a personas sin hogar está obsoleta y cuenta con un número de plazas completamente insuficiente, existiendo de manera permanente listas de espera de cientos de personas para acceder a los albergues. Es inadmisible que una ciudad con la capacidad económica y la importancia de Madrid deje abandonadas a su suerte a cientos personas durante la peor crisis sanitaria de las últimas décadas.
Esta lamentable noticia no hace más que ratificar la incapacidad gestora de este Ayuntamiento y su desprecio por los colectivos más vulnerable. Las colas del hambre así lo atestiguan.
Otro escándalo más. Al continuo ninguneo y desprecio, llevado hasta la desaparición, de los integradores y las integradoras sociales (a mayor beneficio de fondos buitre y "entidades" religiosas con quien nos subcontrata), hay que sumar la nueva afrenta pergeñada por el concejal José Aniorte. Esta vez contra las educadoras y educadores sociales. Esta tropa consigue que incluso las buenas noticias terminen siendo nuevas agresiones al sector.
El Ayuntamiento ha sacado 25 plazas de educación social a concurso-oposición...¡dejando fuera a los y las educadoras sociales! Cualquier titulación universitaria será válida para optar al puesto, siendo todas las plazas para promoción interna. Una nueva agresión a nuestro sector y un desprecio más a los derechos de la ciudadanía. ¡Tenemos derecho a ser atendidos por profesionales especializados!
El 8 de marzo es una jornada de lucha. En las últimas décadas se han producido importantes avances en materia de igualdad entre hombres y mujeres. Logros sociales fruto de la lucha feminista. Sin embargo, queda mucho por hacer y en el sector de intervención social lo sabemos bien.
En materia laboral, los índices de desigualdad siguen siendo muy elevados. Tras varios años de reducción, la brecha salarial se consolida e incrementa. El salario medio anual de las mujeres en 2017 fue de 24.030 euros y el de los hombres 29.911 euros: las mujeres ganan un 20% menos. En sectores netamente feminizados la situación empeora: en el sector de la Intervención Social, el sueldo de las tituladas universitarias es de 20.956 euros (2018). La precariedad afecta más a las mujeres (el 61,5% de los contratos indefinidos a tiempo parcial son para hombres), así como el desempleo (10 puntos de diferencia a partir de los 25 años, edad a las que empiezan las responsabilidades familiares). Un dato muestra la apabullante falta de corresponsabilidad entre mujeres y hombres en los cuidados: las mujeres solicitaron, en 2018, el 90% de las excedencias para el cuidado de hijos e hijas y el 85% de las excedencias para el cuidado de familiares.
La pandemia no ha hecho sino agravar la situación, teniendo unas consecuencias demoledoras para nuestra sociedad, evidenciando en mayor medida los desequilibrios y desigualdades de género entre mujeres y hombres y poniendo de manifiesto importantes déficits de nuestro estado de bienestar y de protección social. Se han agravado, asimismo, las situaciones de violencia de género, especialmente durante el confinamiento domiciliario; se ha destruido empleo y la tasa de pobreza se ha incrementado notablemente, haciendo nuevamente a las mujeres más vulnerables.
Una vez más, la crisis la estamos pagando la clase trabajadora, especialmente las mujeres (más despidos, más presencia en los ertes, llenando las colas del hambre en nuestros barrios). Urge la necesidad de dignificar el sector de cuidados, de contar con servicios públicos de calidad en esta materia, de adoptar más y mejores políticas de corresponsabilidad y compatibilidad de la vida familiar y laboral y de protección social igualitaria.
Las patronales de la Intervención Social siguen apostando por la desigualdad
El bienestar y la cohesión social serían imposibles sin los trabajos de cuidados (remunerados o no), que de forma abrumadoramente mayoritaria recaen en las mujeres. Precisamente por ello, son trabajos invisibilizados y, en el marco laboral, además precarizados. La alianza entre capital y patriarcado favorece a las empresas, que logran multimillonarios beneficios a costa de nuestras vidas. Las empresas del sector, se disfracen de ong o no, hacen negocio gracias a la privatización de los servicios públicos, detrayendo recursos a los servicios prestados y precarizando el empleo feminizado.
Intervención social es un sector feminizado porque somos mujeres en su inmensa mayoría quienes lo trabajamos. Somos un sector precarizado (salarios por debajo de la media y mayores tasas de parcialidad y temporalidad). Así es imposible hablar de igualdad.
Las “entidades de lo social” mientras alardean de su apuesta por la igualdad, torpedean las condiciones laborales de sus trabajadoras. Como muestra de su hipocresía están las dificultades para negociar en las empresas los planes de igualdad (obligatorios por ley) y su posterior aplicación torticera.
Basta de criminalizar al movimiento feminista
Estamos asistiendo una infame campaña de criminalización del movimiento, aprovechando la pandemia, pero que ya venía de antes. No es casualidad. Los poderes fácticos son perfectamente consciente del enorme poder transformador del feminismo. Los grandes cambios sociales y avances culturales siempre se han conseguido gracias a la conjunción de la lucha feminista con el movimiento obrero. Por eso nos atacan con saña. Y por eso, a pesar de la pandemia, este 8M volverá a ser un día de lucha.
En Madrid y durante pandemia se han manifestado los negacionistas sin mascarilla, los ultras de VOX, los de las derechas variadas en contra de la Ley Celaà, los hosteleros, los sindicatos, los franquistas, los que reclaman libertad de expresión… Todas esas manifestaciones han sido comunicadas a la Delegación del Gobierno, con el socialista José Manuel Franco, al frente. Todas han sido permitidas.
Ayer, el delegado del Gobierno anunció la "decisión firme de prohibir, por motivos de salud pública", las concentraciones del 8M, "en un momento en el que la Comunidad de Madrid sigue siendo uno de los territorios de España con mayor índice de contagios así como de personas hospitalizadas, por encima de la media nacional". Podría deducirse de tal afirmación que el señor Franco cree que las mujeres somos idiotas, cosa que ya ha pasado en todas las instituciones habitualmente a lo largo de toda la Historia. Lo digo porque "el índice de contagios" cuando se manifestaron los negacionistas, los ultras de VOX o los contrarios a la Ley Celaà era muy superior al actual. Y ahí anida mi estupefacción.
¿Por qué la delegación del Gobierno en Madrid utiliza un argumento a todas luces falaz para prohibir a las mujeres salir a la calle el 8M? La prohibición misma me parece una barbaridad propia de tiempos oscuros, además de la evidencia de que para el feminismo hay cosas que no han cambiado. Sin embargo, me resulta aún más ofensiva la excusa utilizada. Más allá de que las terrazas de los bares estén a rebosar de gente hasta medianoche, que Madrid sea la ciudad más permisiva en términos de movilidad, que el transporte público viaje atestado de trabajadores y trabajadoras cada jornada laboral. Más allá de cualquier argumentación, me late la rabia en la certeza de que creen que somos idiotas.
Aludiendo a los datos de la pandemia en Madrid, el delegado del Gobierno no ignora que dicho argumento no se sostiene, que durante todas las manifestaciones anteriores dicho dato era peor, y no se prohibieron. Y aun así lo utiliza y lo difunde. No le importa que no se sostenga, no le importa quedar en evidencia, no le importa dejar meridianamente claro que se prohíbe a las mujeres salir a la calle el 8M por otras razones, que no dirá.
Llegada a este punto podría, y de nuevo no lo haré, extenderme sobre el miedo y rechazo que provoca la fuerza actual del feminismo. Me resulta tan brutalmente ofensiva la burla del delegado del Gobierno en Madrid que merece aplazar cualquier otra consideración.
Pero voy más allá. El delegado del Gobierno cree que somos idiotas. O sea, el Gobierno de España cree que somos idiotas, porque para eso tiene un delegado en Madrid, del PSOE para más señas.
A las mujeres se nos ha tenido durante toda la Historia como seres de inteligencia inferior o seres infantiles. De ahí que se haya prohibido habitualmente nuestra autonomía y los hombres e instituciones se han visto "en la obligación" de tutelarnos. Recuerdo cómo gruñía mi madre recordando que, ya empresaria, necesitaba el permiso de su marido para sus viajes de trabajo o para abrir una cuenta bancaria.
Pues bien, el Gobierno de España, a través de su delegado en Madrid, acaba de hacer exactamente lo mismo: pensar que VOX, los negacionistas o los contrarios a la Ley Celaà son más responsables que las feministas, son gente en la que se puede confiar más que en las feministas.
Que sepa el presidente Pedro Sánchez que acaba de prohibir a las mujeres manifestarse, cosa que no ha hecho con la ultraderecha, el fascismo, etc. Que sepa que lo peor es que ni siquiera se han preocupado de elaborar un argumento. Que sepa que esto le pasará factura. Señor presidente, no solo no somos idiotas, sino que hemos aprendido a responder. Yo no iba a salir a la calle. Con su prohibición, el Gobierno me ha dejado claro lo que tengo que hacer.
Auxiliares y trabajadores de la Campaña Municipal contra el Frío, destinada a proteger del frío a personas sin hogar, han denunciado la situación a través de un comunicado.
La Campaña Municipal contra el Frío nació como un dispositivo específico que, en el marco del Programa Municipal de Atención a Personas sin Hogar, sirve de refuerzo para atender a las personas sin hogar de Madrid durante los meses más gélidos del año. Esta actuación es de vital importancia, ya que el frío puede llegar a ser un factor muy peligroso para quienes viven en la calle y, por lo tanto, se encuentran totalmente expuestos.
En un intento por combatir dicha vulnerabilidad, cada año entra en acción la Campaña Municipal contra el Frío, que consta de dos albergues y algunas habitaciones en pensiones para que personas sin hogar puedan salvaguardarse del frío. Un proyecto que no puede llevarse a cabo debidamente a causa de la ineficaz gestión de las empresas Grupo 5 Acción y Gestión Social S.A.U. y del propio Ayuntamiento de Madrid.
Según se relata en el comunicado redactado por los trabajadores, ninguna de las ubicaciones cuenta con el material ni el espacio necesario para cumplir con la normativa sanitaria establecida por el Ministerio de Sanidad a causa de la pandemia. Además, ninguno de los centros cumple con condiciones de higiene adecuadas ni cuenta con el personal especializado suficiente, dejando así una situación que atenta contra la dignidad y la salud de trabajadores y usuarios.
Un abandono que también se ve reflejado en la alimentación. En el comunicado, los trabajadores denuncian que los menús carecen del valor nutricional recomendado para un adulto y que, además, la cantidad de alimentos ha sido reducida drásticamente. Un ejemplo de la falta de recursos son las limitadas y estropeadas instalaciones del centro de Villa de Vallecas, que tan solo cuenta con dos aseos para 142 usuarios. También grave es la falta de personal sanitario, llevando desde septiembre sin enfermero/a y recayendo esas funciones en auxiliares sociales.
Una situación que se asimila a la del centro de Pinar de San José, donde llevan más de un mes sin calefacción ni agua caliente, algo fundamental para combatir el frío. Al igual que en el centro de Villa de Vallecas, tampoco cuenta con personal sanitario y son los auxiliares quienes se ven obligados a tratar urgencias médicas sin la formación necesaria. Además, el albergue dispone de 40 plazas de centro de día que se destinan al aislamiento preventivo de personas que provienen del centro de Vallecas, donde pierden su plaza.
Durante los aislamientos, los trabajadores describen situaciones que requieren personal especializado, tal y como pueden ser casos de síndromes de abstinencia, conductas autolíticas o brotes psiquiátricos. Un escenario extremo e insostenible que, tras los inútiles esfuerzos por dialogar con la empresa, ha llevado a los empleados a redactar este comunicado para denunciar públicamente la situación que se vive en los albergues de la Campaña Municipal contra el Frío, competencia del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Madrid.
