La violación grupal contra la víctima de la Manada de Palma
en Nochebuena, una niña de 13 años tutelada por el Consejo Insular de Mallorca
que además vivía en un centro concertado para menores, vuelve a destapar la
cruda realidad de la explotación sexual entre menores tuteladas por el Estado.
El Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales ha admitido hasta
16 casos de abuso sexual de menores (15 niñas y un niño) que se encuentran bajo
su tutela en diferentes centros de acogida. Los educadores de los centros de
protección de Baleares denuncian que la explotación sexual en los centros de
menores en la isla está muy extendida, llegando a ser “prácticamente total
entre las jóvenes de algunos centros”. ¿Cómo es posible que centros públicos
que deberían cuidar y proteger a niños y niñas en situaciones de vulnerabilidad
extrema se conviertan, en la práctica, en la puerta de entrada de cientos de
jóvenes a la prostitución?
Lamentablemente no es la primera vez que casos de este tipo
salen a la luz. En 2017, muy lejos de Mallorca, en Álava, se abría una
investigación ante las pruebas de que siete menores tutelados por la Diputación
alavesa habían mantenido relaciones a cambio de dinero. Parece ser que esta
situación alarmante se extiende por todo el Estado de forma oculta. En 2017, un informe de Unicef, con
entrevistas a más de 300 responsables, educadores y menores alertaba de que
había casos de explotación sexual en centros de siete de las nueve comunidades
autónomas que estudió. El informe no
aclaraba cuáles pero sí advertía que “en algunos casos podría haber indicios de
que son captados por redes de trata de seres humanos, que además les utilizan
para conseguir contactar con otros menores del centro”.
Hacer negocio golpeando a los más vulnerables
Las y los jóvenes acogidos por la administración se enfrentan
generalmente a una realidad socio- económica muy difícil: familias
desahuciadas, pobreza y exclusión social. Y en algunas ocasiones, haber
enfrentado una desatención grave o violencia sexual en sus hogares...por no
hablar de la violencia física, el alcoholismo y demás lacras sociales presentes
en nuestros barrios.
Además, también los
menores extranjeros no acompañados son acogidos por centros de primera acogida,
donde no cuentan con medios suficientes. En 2018 personal de la Junta de
Andalucía denunció el hacinamiento de los menores inmigrantes en estos centros.
Describían una situación caótica donde se triplicaban los ratios de niños a
acoger, con camas en pasillos y comedores, sin poder cubrir dignamente sus
necesidades más básicas como la comida o el aseo, con una ausencia incluso de
intérpretes para atender debidamente a los menores que no hablan castellano.
Por supuesto los recursos necesarios para dar la atención psicológica que
necesitan estos jóvenes, que sufren de traumas profundos por las situaciones
que han tenido que afrontar, y que son centrales para su superación, brillan
por su ausencia.
A esta situación de falta de recursos, que se ha visto
agudizada en los últimos años fruto de los recortes a los servicios públicos,
se suma al aumento de la pobreza generalizada y el incremento que esto implica
en el número de menores que terminan en estos centros. En 2014 acogían a 13.563
mientras que ahora acogen a 21.283
menores. El número de extranjeros también se ha disparado de 2.974 en 2016 a
10.359 en 2018. De estos, 9.506 son menores no acompañados.
En medio de esta situación se da también el proceso de
privatización de los mismos. Según los últimos datos del Observatorio de la
Infancia, en 2018 había a nivel estatal 1.104 centros de menores, de los cuales
tan sólo 216 eran públicos y el resto concertados. La situación de los
profesionales que trabajan en estos centros destaca por la precariedad y la
temporalidad. Todo esto conecta inevitablemente con los intereses de las
empresas, fundaciones privadas etc. que reciben los conciertos de estos
centros, cuyo objetivo no es dar a estos jóvenes la oportunidad de salir de
entornos desfavorecidos y peligrosos, sino de sacar el máximo partido económico
a esas concesiones, aunque esto sea sinónimo de condenarles a una existencia de
exclusión social y sufrimiento desde su más tierna infancia.
Es en esta situación de máxima precariedad y abandono por
parte de la administración en la que se dan las condiciones para que las redes
de trata puedan captar a sus víctimas, más indefensas que la media de los
jóvenes de sus mismas edades por las situaciones extremas que atraviesan.
Un negocio heredado del franquismo
No sólo el funcionamiento de los centros está en cuestión.
Las retiradas abusivas de tutelas son un verdadero escándalo. A pesar de lo que
indican las leyes y las directrices europeas, la mayoría de las retiradas de
tutela de menores derivan exclusivamente de situaciones de precariedad
económica. Se acumulan las sentencias
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenando al estado español por la
arbitrariedad en la retirada de tutelas y la indefensión de las familias. Y es
que en una anomalía más con respecto a nuestro entorno, no es un juez quien
ordena una retirada de tutela sino un funcionario autonómico quien decide
asumir la tutela a través de una simple orden administrativa.
De esta manera se engorda el fabuloso negocio de los centros
de menores, recibiendo las empresas entre 3.000 y 7.000 euros al mes por “plaza
ocupada”. La cifra de menores institucionalizados en el Estado español es
disparatada en comparación con el resto de países occidentales. En definitiva,
niños y niñas retirados de sus familias para ser entregados a un sistema de
protección de menores que los desprotege flagrantemente. De ahí la necesidad de
acabar ya con la privatización directa o indirecta de este sector impidiendo
que se continúen haciendo negocios.
Esto es así porque el actual sistema de protección de menores
es heredero directo del sistema tutelar franquista, caracterizado por los
abusos y la violencia más feroz. Incluso muchas de las órdenes religiosas
encargadas de los hospicios y del Patronato de la Mujer siguen gestionando
actualmente centros de menores y reformatorios.
Contra la explotación sexual de menores y la prostitución.
¡Por una red pública de servicios de acogida digna!
Ante el destape de este escándalo, Vox, Cs y el PP recurrían
a su habitual demagogia, poniendo el grito en el cielo tanto en el Parlament
Balear – gobernado por el PSOE, Unidas Podemos y Més per Mallorca - como en el
Congreso de los Diputados de Madrid. Precisamente ellos, los mayores
defensores y ejecutores de la
privatización de todo lo público lamentan hoy este drama como si nada tuviera
que ver con el abandono al que sus políticas han abocado a estos jóvenes
extremadamente vulnerables. Por si esto no fuera suficiente, basta ver algunas
de las últimas apariciones y declaraciones públicas de sus máximos dirigentes
estatales respecto de los jóvenes que se encuentran en estos centros, en las
que azuzaban el racismo y ponían una diana sobre ellos. Rocío Monasterio
visitaba el pasado noviembre el centro de menores no acompañados de Sevilla,
afirmando barbaridades como que estos menores impiden que "las mujeres
puedan andar solas por las calles". Unas semanas después, en diciembre el
centro de primera acogida de menores extranjeros no acompañados de Hortaleza,
en Madrid, sufría de ataques racistas con la aparición de una granada en el
patio del centro.
Si bien es cierto que estos defensores de los vientres de
alquiler, estos alimentadores del racismo y de las políticas que castigan a los
sectores más humildes -como los jóvenes
que viven en estos centros – no tienen la más mínima preocupación por la
situación en la que se encuentran los menores tutelados, hay que decir que la
respuesta a esta situación por parte del Gobierno Balear y de Pablo Iglesias ha
sido lamentable: con los votos de PSOE, Unidas Podemos y Més per Mallorca se
impedía la puesta en marcha de una Comisión de Investigación en el Parlament
Balear y se lavaban las manos en el asunto, dejando todo en manos de la
fiscalía y eludiendo su responsabilidad al frente del Gobierno balear. La única medida que se ponía en marcha era el
anuncio del Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) de un curso de formación
para prevenir la explotación sexual de menores, que consiste en disuadir a las
menores para que no caigan en “esas prácticas”, responsabilizando una vez más a
las víctimas.
Esta situación jamás se resolverá con consejos “disuasorios”,
ni con palabras indignadas en el parlamento como las que Iglesias dedicaba a la
bancada de la reacción. ¡Lo que
necesitamos son medidas prácticas que garanticen en primer lugar una atención
de calidad, con recursos humanos y materiales que puedan atender las
necesidades de estos jóvenes! Eso significa en primer lugar, acabar con los
negocios a través de los conciertos y privatización de estos centros que deben
ser 100% públicos, y estar alejados de las garras de quienes quieren hacer un
negocio de ellos. Significa una investigación seria y que se depuren responsabilidades,
que se castigue de forma ejemplar a sus responsables, significa defender la
abolición de la prostitución y todas las formas de trata y explotación que
sufren las personas más humildes. Significa sobre todo confrontar con los
grandes poderes económicos que, de forma legal o ilegal, se hacen de oro a
costa de la de necesidad de los más indefensos. Significa revertir todos los
recortes que alimentan la pobreza en la que crecen estos jóvenes, y que les
expone a ser víctimas de las redes de la prostitución, de la droga, de las
casas de apuestas y de otros negocios millonarios.
Gracias a las luchas de la generación de nuestros padres y
abuelos conseguimos derechos muy importantes y básicos como la sanidad y la
educación públicas, o los Servicios Sociales. Sin embargo, cualquier derecho
conquistado bajo el sistema capitalista corre el riesgo de sernos arrebatado de
nuevo. La defensa de esos derechos y conquistas es lo que defienden los
millones de personas que han colocado al actual gobierno al frente del
Ejecutivo y no lo han hecho para que todo siga igual. Sólo a través de estas medidas se podrá hacer
frente a la vulnerabilidad y acabar con la explotación sexual de menores.
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