Madrid no se toca

Concentración por la municipalización y la gestión directa de todos los servicios de los centros deportivos municipales

En plena negociación de ampliaciones de jornadas, con el objetivo entre otros de municipalizar los Centros Deportivos Municipales que vencen su contrato en esta legislatura, se nos ha comunicado que los dos Centros Deportivos Municipales del Distrito de San Blas – Canillejas (CDM Pepu Hernández y CDM Fabián Roncero) no serán municipalizados fruto de la decisión de la Concejala del Distrito Marta Gómez de la Hoz.

El Comité de Empresa no puede aceptar una posición contraria al propio ideario de Ahora Madrid y sobre la cual no se nos ha dado la más mínima explicación.

Es por ello que entendemos imprescindible expresar nuestro rechazo a tal decisión con una primera acción reivindicativa el próximo miércoles día 15 de noviembre en la Junta de Distrito de San Blas – Canillejas a las 17.30 horas. 

Acampada reivindicativa del SAD de Catalunya

ASISPA pone en peligro a nuestros mayores y dependientes

Obliga a sus trabajadores a realizar mediciones de las constantes vitales, tales como la reactividad pupilar o la orientación espacio/temporal de los usuarios, llegando incluso a despedirlos si se niegan a ello por falta de formación.

Asispa, empresa concesionaria del Servicio de Teleasistencia Domiciliaria del Ayuntamiento de Madrid, fuerza a sus trabajadores, sin formación sanitaria, a tomar las constantes vitales de los usuarios y llevar a cabo valoraciones en función de los resultados obtenidos en dicho examen. En esta recogida de datos se miden la reactividad pupilar, la consciencia, la orientación espacio-temporal, el relleno capilar, la tensión arterial, el pulso, la respiración y la temperatura corporal, según ha podido saber este medio. 

Asispa, registrada como ONG, es una de las tres empresas concesionarias que prestan este servicio para el Ayuntamiento. Resultó ganadora del concurso público para uno de los tres lotes en los que Madrid dividió el servicio para el período 2017-2020, en concreto el que agrupa los distritos Centro, Arganzuela, Chamartín, Tetuán, Fuencarral-El Pardo, Carabanchel y Barajas, aunque lleva prestando el servicio más de 10 años gracias a concesiones anteriores. Según datos del Ayuntamiento, durante el año 2015 (con la antigua concesión), se atendió en total  a unos 150.000 usuarios en la capital. Asispa es ahora responsable del servicio a un tercio de ellos.

La teleasitencia está calificada por el Ayuntamiento como un "servicio social" destinado a ofrecer "compañía, seguridad y tranquilidad al usuario y a sus familiares". Se presta a través de un dispositivo conectado a la línea telefónica desde el que es posible establecer una conexión automática con la empresa concesionaria disponible 24 horas. "En los casos en los que el Centro de Atención de Llamadas valore necesaria una atención presencial, el servicio desplazará al domicilio a personal de apoyo, no sanitario, para atender la situación producida", especifica el propio Ayuntamiento.

Tradicionalmente la principal labor de estos profesionales, que disponen de llaves del domicilio de los usuarios, ha sido precisamente abrir la puerta a los servicios sanitarios ante posibles emergencias. Una de las más habituales es la caída de los usuarios, que son personas mayores y/o dependientes en su inmensa mayoría. 

No obstante, Público ha podido contrastar con varios de los trabajadores asistenciales de Asispa que la empresa les obliga a hacer esta toma de constantes vitales y a llevar a cabo una valoración de los resultados obtenidos. En caso de que se nieguen a hacer esta valoración alegando falta de formación para ello, la empresa les abre expedientes disciplinarios, llegando incluso a despedirlos.

Sin formación

En conversación con este medio, la directora del departamento de Teleasistencia de Asispa ha confirmado que la toma de constantes vitales está en el protocolo de actuación de la empresa para los oficiales que se desplazan al domicilio de usuarios. Sin embargo, ha negado que el procedimiento de toma de constantes sea "complicado": "Nos parece que utilizar un tensiómetro digital, el termómetro o ver la reactividad pupilar, la reactividad capilar presionando en la piel de la mano… Son cosas muy rudimentarias". Asegura que todo su personal "tiene formación en primeros auxilios, como mínimo", y que por ello "son técnicas que pueden manejar perfectamente".

La empresa aclara que el objetivo de la toma de constantes es trasladar siempre los resultados a los servicios sanitarios "de forma objetiva", pero todos los trabajadores contactados por este medio niegan este punto. Argumentan que la decisión de avisar a un médico queda en muchas ocasiones condicionada a la valoración que los trabajadores hagan de dichos resultados. 

"Los usuarios son gente muy vulnerable, son gente mayor, y tienen miedo de molestar", explica uno de ellos, que prefiere no dar su nombre. "Tienen miedo de que sea algo grave, les ingresen en el hospital y molesten a la familia. La empresa pretende que vayas para allá, hagas una toma de constantes, le tomes la tensión y calmes al usuario. Que digas a una señora: Tranquila, si solo tiene usted 12-6. Pero es que a lo mejor 12-6 es poco para una persona hipertensa, o mucho si tiene la tensión baja. Depende, yo no lo sé. Ni siquiera tenemos acceso al historial clínico actualizado. No lo deberíamos hacer, pero son muchos años y al final caes. Avisas de que no eres médico pero, ¿vas a dejar a la persona nerviosa? Al final das valoraciones falsas. Muchas", revela el trabajador de Asispa.

Otro empleado de la empresa hace referencia a los problemas que puede generar esta toma de constantes por personal no cualificado. "Yo una vez tomé la tensión a una anciana, me dio unos valores muy altos y llamé al médico y se lo dije. Me dijo que le diera una pastilla de enalapril [utilizado en el tratamiento de la hipertensión] mientras el médico llegaba al domicilio. Cuando llegó resulta que me había equivocado en la medición, o el tensiómetro lo había dado mal, y la usuaria tenía la tensión demasiado baja. Me echó una bronca el médico que no veas. Nosotros nos la jugamos", confiesa.

Según los expertos consultados por este medio, el problema no es la toma de constantes en sí, sino la valoración posterior que la medición entraña. "Yo por un lado veo el beneficio para el paciente al ir alguien a su domicilio y tomarle esas constantes, pero luego tiene que haber un respaldo sanitario, esa información la tiene que valorar adecuadamente personal sanitario", opina el doctor Andrés Santiago, jefe de servicio de Medicina Legal Hospitalaria del Hospital Clínico San Carlos (Madrid). "La valoración no se puede dejar en manos de alguien que no está formado, porque es peligroso", asevera. 

Sobre las mediciones más complicadas, como la reactividad pupilar o calcular si la orientación espacio/temporal de una persona mayor y/o dependiente entra dentro de los baremos normales, el doctor apunta que la clave es la formación que reciba el trabajador: "Todo el mundo se puede entrenar para todo". Eso sí, indica que éstos "no deberían de dejarse someter a determinados tipos de presiones". Todos los oficiales de Asispa consultados por este medio niegan haber recibido formación alguna sobre los instrumentos específicos que deben usar en la toma de constantes vitales. 

"Hay ciertas mediciones, como la evaluación de las pupilas, que no es fácil hacerlas aunque el método sea muy sencillo", expone en este caso un delegado sindical del Samur, que acompaña habitualmente a estos trabajadores cuando la emergencia sanitaria del usuario está clara y debe efectuarse una apertura del domicilio. "Hay que saber las complicaciones de cada técnica, como con el pulso: no es igual un pulso constante que un pulso que suena arrítmico. Si no tienen una formación sanitaria no están cualificados", reafirma.

 

El precio de la dependencia low cost

 

Uno de los trabajadores de Asispa que han alertado de su situación a Público ha elevado una instancia ante el Ayuntamiento de Madrid denunciando la situación. El equipo de Manuela Carmena adjudicó en abril el contrato de los tres lotes en los que dividió el servicio de teleasistencia del Ayuntamiento por unos 61 millones de euros, cuando lo había licitado por 88 en noviembre de 2016.

 

La competición por lograr uno de los lotes (cada empresa solo podía ofertar por uno de ellos) ha terminado beneficiando a las empresas que priman la explotación con menos recursos por encima de la calidad del servicio. "Ha habido un montón de recortes, hace cuatro o cinco años éramos el doble de personas para atender a los mismos usuarios", asegura en este sentido otro profesional de Asispa.

 

"A la empresa le da igual cómo tratemos a los usuarios, solo le importa que apretemos el botón, que es lo que queda registrado, para luego pasarle al Ayuntamiento esos tiempos", continúa. En este servicio, los usuarios disponen de un dispositivo con un botón que deben apretar en caso de alarma: en ese momento empieza a contabilizarse el tiempo que los trabajadores de la empresa concesionaria tardan en llegar al domicilio e intervenir. Para detener el crono, estos deben volver a pulsar el mismo botón que apretó el usuario en un primer momento. El tiempo de reacción es analizado posteriormente por el consistorio. 

"Imagínate que hay que levantar a una persona porque se ha caído, y que según la tabla de pesos, tenemos que ir dos oficiales, o tres —relata el mismo trabajador—. Lo que hacen es mandarte a ti solo en moto para ir apretando el botón, y a lo mejor el usuario está en el suelo dos horas, pero tú aprietas el botón y dejas registrado que has estado en el domicilio antes de media hora, aunque no puedas levantarle tú solo y no estés dando un auxilio real".

Público

Finaliza el conflicto con el Ayuntamiento de Madrid

Tras año y medio de lucha, la plantilla de La Rosa ha decidido poner fin al actual ciclo de movilizaciones, ante los compromisos anunciados por el Ayuntamiento de Madrid.

Desde el Área de Equidad finalmente se comprometen a mantener la comida caliente, nada de bocadillos. 

También han anunciado que a mediados de noviembre van a sustituir las butacas hospitalarias por otras más cómodas, a modo de "sillón-cama", que al menos permitirá a quienes viven en La Rosa dormir completamente tumbados. Seguimos pensando que las personas que pernoctan en cualquier recurso social tienen derecho a descansar como todo el mundo (en una cama), al margen de paradigmas de intervención. Y así lo defenderemos en cualquier foro. Pero ciertamente significa un avance en calidad de vida respecto de la situación de los últimos años.

En cuanto a la lamentable situación estructural del centro, desde el Ayuntamiento se han comprometido a iniciar en noviembre unas primeras obras de emergencia, presupuestadas en 150000 euros. Y en abril nos trasladaremos a otros locales para realizar reformas en profundidad, presupuestadas en 2200000 euros. Por tanto, entendemos que sí, ¡nos hacen un centro nuevo!

Por otro lado, los nuevos pliegos recogen un aumento de plantilla (pasando en principio de 32 a 46 profesionales), y además se reconoce como convenio de aplicación el Convenio Estatal de Acción e Intervención Social e incluye varias cláusulas sociales. Se ataja así la enorme precariedad que caracteriza a nuestro sector y que hemos sufrido especialmente en nuestro centro. Por ejemplo, la reforma laboral del PP queda fuera de La Rosa: nuestro convenio mantiene la ultraactividad y el Ayuntamiento ha incluido una cláusula que obliga a la empresa a la no minoración unilateral de las condiciones laborales y salariales (no puede haber descuelgue del convenio), por lo que los efectos más perniciosos de la reforma laboral no nos afectarán.

Por último, tras años sufriendo las consecuencias de la mala gestión y el autoritarismo de ASISPA, nos despedimos de esta pizpireta entidad sinónimo de lucro. No se han presentado al concurso. La firmeza de la plantilla les ha puesto en fuga, pero no habrá puente de plata.

Acaba el conflicto, pero no la lucha

Ante los avances logrados, damos por finalizado el actual conflicto. Pero queda mucho por hacer. 

ASISPA se va, pero según nuestros cálculos, nos debe más de 300000 euros en atrasos. Y vamos a pelear porque es nuestro. No pedimos nada más que se nos pague lo que corresponde a nuestro trabajo. Nos veremos en los tribunales, y nos reservamos la posibilidad de emprender cuantas acciones públicas consideremos oportuno.

En cualquier caso, parece que lo urgente va a solucionarse, así que ahora toca hablar de lo importante.  

Si bien el Ayuntamiento reconoce en los pliegos la aplicación del CAIS, no asume que las Auxiliares de Servicios Sociales deben incluirse en el grupo 2 (como Tecnico Superior en Integración Social que somos), por lo que limita las funciones que realizamos en el centro y elimina la exigencia de estar titulado para acceder al puesto. Como venimos explicando, no se trata de un problema económico (se aumenta plantilla y presupuesto) sino de modelo de intervención, de diseño de la red de atención a personas sin hogar. Los nuevos pliegos renuncian a seguir avanzando hacia una intervención social integral e integradora, atándonos al modelo asistencialista vigente en nuestros Servicios Sociales. 

Emplazamos al Área de Equidad al diálogo directo con sus profesionales. Consideramos necesario que, junto a los representantes sindicales del sector, los responsables municipales de la red analicen su situación a todos los niveles, para que todos los implicados podamos remar en la misma dirección. Nos ponemos a disposición de Ahora Madrid para hacer realidad el cambio en nuestros Servicios Sociales.

Seguimos pensando que la única manera de garantizar unas condiciones de trabajo dignas y un servicio de calidad a un coste económico razonable es a través de la gestión directa de los servicios públicos. Por eso apostamos por la municipalización. Desde La Rosa En Lucha vamos a seguir trabajando por una Intervención Social pública y de calidad.

Los Servicios Sociales españoles son "beneficencia" y "caridad", según lxs profesionales

Los servicios sociales españoles se sustentan, según el Consejo General del Trabajo Social, en la "beneficencia" y la "caridad", un modelo incapaz de aportar "dignidad" a los colectivos más vulnerables. Los profesionales apuestan por dar la vuelta al sistema de protección social y denuncian que su papel se ha reducido al de "meros gestores de recursos". 

El Consejo General del Trabajo Social reúne estos días en Mérida (Badajoz) a más de 1.300 profesionales para abordar los retos de este sector, cuyo papel se ha hecho más visible con la crisis económica y el empobrecimiento de la población. Su presidenta, Ana I. Lima, asegura que los servicios sociales dependen, tal y como están planteados, del "paternalismo". 

"A la gente no hay que darle comida, hay que darle dignidad. Para trabajar la dignidad hay que currárselo socialmente; ahí es donde se demuestra la altura social de una comunidad", sentenció por su parte Antonio J. Nisa, presidente del Colegio Oficial de Trabajo Social de Badajoz, en una entrevista con Servimedia. 

En esta línea, el gremio de los trabajadores sociales reclama un modelo menos asistencialista y que tenga en cuenta a las personas. "No es lo mismo que alguien tenga que ir a Cáritas o a Cruz Roja y se le etiquete de pobre para darle un plato de comida, a que acuda a los servicios sociales y se le entregue un bono para que haga la compra él mismo", añadió Lima. 

A su juicio, un cambio sobre el paradigma de la asistencia a las personas vulnerables abordaría también su "dignidad". De hecho, España, al igual que el resto de países de Europa del sur, es uno de los países que "peor desarrolladas tiene las políticas sociales", según los expertos, pues peca de "volcar el peso en la familia", destacó la presidenta del gremio. 

"MEROS GESTORES" 

Otra de las reivindicaciones de los trabajadoras sociales es que se les permita actuar como agentes activos en la intervención social, ya que se consideran a sí mismos "meros gestores de recursos" por un sistema impuesto por las administraciones. 

Con el objetivo de debatir y analizar el sistema actual del trabajo social, la capital extremeña será escenario a partir de hoy y hasta el sábado de conferencias, ponencias, debates y grupos de trabajo con trabajadores sociales llegados no solo de España, sino de América Latina y Portugal. 

Además, contarán con la presencia de conocidos sociólogos y pensadores como Samï Naïr o Christian Felber, que aportarán su visión sobre el sistema de los cuidados, el papel de la economía o la política migratoria y la crisis de refugiados. 

Y es que estos profesionales rechazan ser "un recurso que se aplica" y poder "diseñar" ellos mismos las estrategias, así como "marcar las pautas" para "acompañar a una persona de cara a su inserción social", ya que, según concluyó el presidente de los trabajadores sociales, "eso es dignificar a la persona; dar de comer, no".

ServiMedia

Mujeres sin hogar, ocultas e invisibles

“Tuve mi larguísima época de sofás, ocupando el salón de mis amigos durante años, de un lado a otro y luego llega un momento en el que ya tienen que decir ‘hasta aquí’. Tú no estás bien y ellos acaban hasta el moño de ti. Pero, gracias a dios, nunca me dejaron quedarme en la calle”. Sin terminar las frases, Patricia rememora el que pudo ser su primer día viviendo en la calle. “Llegó el SAMUR y llamaron a mi hermano, el teléfono de su trabajo era el único que recordaba”. Así cambió el rumbo. Hoy vive en una habitación en un piso compartido, que paga gracias a la renta mínima de inserción (REMI) de 400 euros y que estira para pagar facturas y comer. Duerme en una cama, pero se considera una persona sin hogar. Una mujer sin hogar. 

La tipología europea de personas sin hogar y exclusión residencial contempla a aquellas que viven sin vivienda o en viviendas inseguras o inadecuadas. Estas circunstancias podrían dar forma al concepto de “sinhogarismo”, pero Patricia prefiere hacer uso de otro término que considera más adecuado y que acuñó un amigo suyo: el sinlugarismo. Porque, “más que sin hogar, es sin lugar, sin ese sitio de donde eres tú”, trata de explicar. “La gente, cuando habla de sinhogarismo, piensa en gente sin techo y no es lo mismo. Es no tener un duro y no tener de donde sacarlo”. 

Sabe de lo que habla. Después de trabajar durante más de 15 años en un puesto fijo, perder el empleo e invertir sus ahorros en otro proyecto que se truncó, esta mujer de 59 años se vio “sin nada a lo que agarrarse”. Pero este giro vital no es producto de un instante, sino de un proceso. “Es poco a poco, cada vez tienes menos y a partir de ahí no hay manera de salir porque ya tienes muchos años y es complicadísimo todo… estás colgando de un hilo. Lo único que te queda es irte a vivir debajo del Puente de Segovia. Y encima te culpabilizas de todo”. 

La cifra

Según el último recuento del Ayuntamiento de Madrid, el sinhogarismo femenino representa solo un 11%, pero ahí solo se refleja la gente que está en la calle, en los albergues o en domicilios de las ONG. “El resto no se ve, por ejemplo, no se me ve a mí”, señala Patricia. La apreciación que hace esta mujer da en la clave del efecto invisibilizador y potenciador de desigualdades de la estructura patriarcal sobre las mujeres. Y en cuestión de pobreza y exclusión social, el impacto no es menor. 

“El sinhogarismo de mujeres es mucho más oculto, más invisible. Por eso es importante mirar este fenómeno desde una perspectiva de género”, apunta Cristina Hernández, responsable de Incidencia de RAIS Fundación. “Si todas las personas sin hogar están en una situación vulnerable, las mujeres lo están más porque ellas, además, sufren la violencia estructural que nos afecta a todas las mujeres”, subraya Hernández. 

Para Patricia, combatir la invisibilidad del sinhogarismo femenino pasa, precisamente, por darle visibilidad “desde dentro”. Aunque lamenta que “nadie quiere pertenecer a este club” y que “lo que hay que hacer es dejar de estigmatizarlo, de sentirse culpable. Una buena herramienta para salir del armario es su participación en el blog Realidades, donde escribe, junto con otros compañeros, sus experiencias como mujer sin hogar.

Elena Somavilla es una mujer de tez dura y curtida por el sol, tiene tres puntos tatuados en la piel, pero no sabe si es gitana, aunque no le importa. “Sea lo que sea, soy mujer y soy persona”. Conversar con ella es alternar drama con humor. Lo segundo es su antídoto para combatir lo primero. También es una amalgama de recuerdos que tiene como punto de partida su infancia en un colegio de monjas en Santander, hasta que, siendo muy jovencita, con una débil o nula estructura familiar, llegó a la localidad madrileña de San Fernando de Henares. 

“He vivido en un banco, en hostales, debajo del puente, en todos lados”, dice esta madre y abuela. Uno de los lugares donde ha pernoctado es un minúsculo hueco de unos tres metros de largo por menos de uno de ancho, escondido al costado de un local abandonado en una barriada de San Fernando. “El rincón”, lo llama ella. Ahí ha pasado noches con Daniel, uno de sus hijos, que sigue habitando ese espacio, donde ahora tiene un colchón, algún plato y cubiertos, y las muchas o pocas pertenencias que se pueden tener viviendo a la intemperie. 

“Yo me ponía al fondo, más cerca de la pared y él delante. Así nos dábamos calor y nos protegíamos”, explica Elena. Aunque ella ahora tiene una habitación alquilada, que paga con una ayuda de 360 euros por minusvalía que percibe, y que en ocasiones cede a alguno de sus hijos, su última estancia ha sido en una caseta cerca del cementerio, que todavía frecuenta. Saca el móvil para mostrar el lugar. “Mira, esta es la entradita con su cortina. Aquí tengo mi espejo. Este cuadro lo encontré y lo puse... Vas reciclando lo que puedes coger por ahí y lo apañas. ¿Quién dice que no se puede vivir en la calle medianamente bien?”, dice orgullosa. 

“Mejor eso que estar tumbada en ese banco expuesta a que te maten, a que te quemen, a que te violen… estoy más protegida ahí dentro con mis muertos que aquí”. Elena denuncia haber sufrido palizas y varias violaciones. Poco a poco intenta vencer el miedo acumulado de tantos años de desprotección que han mellado en su autoestima hasta pasar cerca de una década sin poderse mirar al espejo. 

“En la calle hay mucha diferencia entre hombres y mujeres, te tienes que esconder mucho, me ha tocado salir varias veces corriendo. En alguna ocasión me he escudado en la bebida para no tener miedo de vivir en la calle y cuando te quieres dar cuenta eres un zombi”. Elena cree que las personas que, como ella, viven en la calle no son invisibles. “Si lo fuéramos, no nos verían como parásitos. Están pendiente de nosotros para insultarnos, para señalarnos, para humillarnos, ofendernos, y no pueden pensar que ellos pueden ser los siguientes. Aquí hay mucha gente que tiene hipotecas, cuando no la pueden pagar les embargan y de ahí te quedas en la puta calle”. Con estas crudas palabras recuerda que el fenómeno del sinhogarismo lleva consigo un problema estructural de falta de garantías del derecho a la vivienda. 

En el Estado español existen pocas investigaciones acerca de las personas sin hogar y la tarea se complica aún más para conocer el sexo, algo importante para trabajar en la necesidad de incluir la perspectiva de género al hablar y, sobre todo, tratar el sinhogarismo femenino. A pesar de esta escasez, algunos datos alertan de la extrema vulnerabilidad a la que se enfrentan las mujeres. Según el Observatorio Hatento, el 60% de las mujeres que viven en la calle es víctima de delitos de odio, y el 14,8% ha sufrido agresión sexual.

Darío Pérez, jefe de Departamento de Samur Social, indica que en Madrid “hoy todos los centros atienden a las mujeres” y eso refleja “cierta feminización de la exclusión”. Sin embargo, usuarias y algunas entidades sociales consultadas se quejan de las carencias en el trato directo con las mujeres sin hogar desde el paraguas de la atención institucionalizada.

Necesidades específicas

“En los albergues los cuartos de baño no están habilitados para la higiene personal femenina, no tienen en cuenta a quién o cómo tienen que pedir compresas o tampones”, pone como ejemplo Cristina Hernández. Hace hincapié en que, por ejemplo, “las condiciones de seguridad de las mujeres no están garantizadas ni se atienden las necesidades específicas de miedo y de terror”. La propia Elena denuncia que, en alguna ocasión, después de esperar para entrar en un centro y dormir, se ha quedado sin plaza a falta de habitaciones para mujeres. Pero, especialmente, advierte que “esos sitios dan miedo, porque ahí está todo mezclado”. 

“En todo somos invisibles las mujeres. Hasta en el albergue, que ponían lo que los hombres querían en la televisión. Una vez pusieron guarrerías y me decían ‘pues yo te haría esto o lo otro’. Imagínate como me sentía: humillada y muerta de miedo”, relata.

 

Después del viacrucis que esta mujer lleva a sus espaldas, le cuesta imaginar alcanzar otra vida, menos amarga, menos dolorosa. Dice haber perdido la fantasía y la fe, pero todavía es capaz de soñar un poco. “Sobre todo cuando estás pasando hambre, frío, de todo, y en invierno vas paseando y miras las casas con su salón, con su luz… piensas, ¡cómo me gustaría estar ahí viendo la tele o cocinando, que siempre me ha encantado cocinar! Cuando he tenido casa, he sido muy casera. Luego, por circunstancias de la vida, llegó lo peor y acabé en la calle”. A.G, una joven de 30 que prefiere no desvelar su identidad, pudo evitar la calle como última salida, tras vivir situaciones límite por falta de vivienda y empleo.

Esta chica, que comenzó a trabajar a los 19 años para aportar en su familia —un núcleo monomarental—, fue encadenando un empleo tras otro. Además, experimentó en primera persona los estragos de la crisis. Por un lado, no pudo continuar sus estudios universitarios y por otro, sus últimos trabajos fueron sin contrato. Precisamente, una de las tendencias registradas en Europa por el Observatorio Europeo de Sinhogarismo es el aumento de la proporción de mujeres jóvenes en este colectivo.

“Intenté buscar otro trabajo, pero en cuanto se me acabaron los ahorros no tuve posibilidad de nada y fue cuando contacté con una trabajadora social, me derivaron a un sitio de intermediación de empleo y a través de ahí me ayudaron con la vivienda”. En ese proceso, de unos tres años, pasó tres meses en casa de una persona mayor para hacer acompañamiento, después fue derivada a un piso compartido pero tutelado por el Ayuntamiento de Madrid, con visitas semanales y vigilado por una asociación, y finalmente pasó a otro piso en que pudo vivir sola, gestionado por una ONG, por el que pagaba una cuantía simbólica.

“Virtualmente he podido estar en la calle, si no se hubiera dado una serie de acontecimientos”, explica A.G., quien también reconoce tener respaldo emocional por parte de su familia, pero que carece de un colchón económico. Desde hace unos meses ha conseguido un empleo que le permite alquilar una habitación con otras chicas de su edad y reanudar su proyecto de vida con cierta estabilidad y con el sosiego de, a pesar de haber recorrido una etapa dura, contar “con herramientas para salir adelante”. A.G. se ha desprendido por completo de la culpabilidad y cree que su situación no es aislada. “Puedes tener a mucha gente a tu alrededor en una situación parecida y no saberlo, lo digo por mi propia experiencia. Yo misma no doy a conocer mis circunstancias a otra gente con la que no tengo la suficiente confianza, por pura supervivencia, por no sentirte más vulnerable”, reconoce. 

El Salto Diario