Huelga 15D en los CAIs de Grupo 5. Concentración a las 11 en el Área de Familias, Igualdad y Bienestar del Ayuntamiento de Madrid

En lo Social siempre es Blackfriday

El Comité de SEF Grupo 5 de CCOO denuncia que los servicios sociales externalizados siguen siendo una actividad especulativa y no una actividad esencial como así trasladó el Ayuntamiento de Madrid al iniciarse la pandemia. Se dijo que los servicios sociales, incluidos los externalizados, éramos esenciales. Muchos años después eso se traduce en lo de siempre: precariedad y sin intenciones de municipalizarlos.

En nuestro caso, gestionados por Grupo 5 Acción y Gestión Social S.A., que no deja de ser una operación mercantil del Corpfin Capital (empresa de inversión), nos queda claro que sólo hay un principio rector que lo dirige todo, la máxima rentabilidad económica posible.

Eso queda palpable en:

• Las plantillas de Grupo5 son las peor remuneradas de todos los Centros de Atención a la Infancia de la red del Ayuntamiento (un 15% menos que la media de los centros externalizados). Unido al menos a cinco años sin ningún tipo de mejora salarial, la actual política de remuneración de nuestra entidad y su falta de voluntad en no puntuar mejoras salariales, nos condena a un total de al menos 11 años de congelación salarial.
• Imposibilidad de implementar el teletrabajo como herramienta preventiva (argumentando que es el Ayuntamiento el que no se lo permite) en los CAIs, privando a las plantillas de un modelo organizativo de trabajo que daría cobertura al servicio y garantías a nivel sanitario. Cabe recordar que hace bien poco, uno de los centros tuvo positivos en el 25% de la plantilla. 
• Abandono absoluto en lo relativo a conciliación familiar durante la pandemia. Imposibilitando generar alternativas reales que permitan a la plantilla con hijos e hijas a cargo a dar respuestas a los confinamientos generados en los centros escolares sin asumir las mismas todo el coste económico y personal.
• En las escuelas de Educación Infantil mantienen un salario base 27 euros menor para las Educadoras y los Educadores Infantiles, que para Auxiliares de Apoyo y Personal de Servicios.
• Dificultades todos los años para disfrutar de nuestras vacaciones recurrentes todos los periodos vacacionales, ya que según nos devuelve la empresa están de acuerdo con mantener casi el 50% de las plantillas cada uno de los días en servicios que no son de carácter de urgencia y que funcionan con cita previa (Educación Social, Centros de Atención a la Infancia, Programa de Atención a la Infancia en el Entorno Familiar).

Los estériles esfuerzos han muerto en eternas negativas o aplazamientos infinitos que no se traducen en nada real para las plantillas. 

Somos el personal que está valorando situaciones de riesgo para la infancia, emitiendo informes y propuestas relativas a la guarda y tutela de niños, niñas y adolescentes, siendo citados sin cobertura alguna a litigios judiciales, sin ratios y haciéndonos cargo de situaciones complicadísimas (emocionales, psicológicas, económicas, sociales…) y siendo la cara de este Ayuntamiento en lo que a infancia en riesgo se refiere. Ese personal mal vive con 20500 brutos anuales y con enormes dificultades para conciliar nuestra vida familiar.

Pedimos que las administraciones apuesten por un servicio digno, obligando a condiciones dignas y licitando pliegos que no permitan la entrada de empresas que sólo quieren especular con el dinero. 

Cansados de la situación conflictiva con la empresa y queriendo visibilizar nuestro malestar y descontento en un sector feminizado y precarizado sin atisbo de cambiar nada en los próximos años nos vemos en la obligación de movilizarnos y alzar la voz en pro de nuestros derechos como trabajadoras y trabajadores que velan por el cuidado y atención a la infancia en el Ayuntamiento de Madrid.

FSC-CCOO Madrid (Intervención Social)

Nuestro sistema de protección social, fuente de violación de derechos humanos

El informe Abandonadas a su suerte. La desprotección y discriminación de las personas mayores en residencias durante la pandemia COVID-19 en España denuncia la violación de derechos humanos en nuestras residencias.

Amnistía Internacional ha constatado que durante el pico de la primera ola de la pandemia el personal de las residencias no contó con la protección adecuada ni acceso oportuno a test, lo que produjo contagios y dificultades para poder implementar las directrices que se recibían de las diferentes instituciones (cuando estas eran adecuadas). A diferencia de la situación de la asistencia sanitaria, donde se ha recogido el número de personal sanitario afectado por la enfermedad, no existe una recogida de datos equivalente para la información del personal de los servicios sociales, o al menos no hay una recogida sistemática de datos. Como resultado, no se puede estimar el impacto de la COVID-19 en el personal que trabaja en residencias. En momentos críticos de la pandemia de marzo y abril hubo casos de residencias donde más del 50% del personal estaba de baja.

La inmensa mayoría de personas mayores que vivían en residencias de Madrid y Cataluña no fueron atendidas adecuadamente, ni derivadas a hospitales cuando lo precisaban, se vieron aisladas en sus habitaciones, a veces durante semanas, sin contacto con sus familiares y algunas ni siquiera pudieron morir dignamente durante los primeros meses de la pandemia.

La situación en las residencias sigue siendo alarmante en esta segunda ola de la pandemia. Deben garantizarse plenamente las visitas a familiares, que en la práctica continúan dependiendo de la decisión de cada residencia. La derivación hospitalaria, tanto en Madrid como en Cataluña, ha resultado en la práctica discriminatoria y las disposiciones que la regulan no han sido aún modificadas y siguen vigentes. Tampoco se han tomado medidas suficientes de refuerzo de personal para atender las necesidades que puedan surgir. El momento de hacerlo es ahora. Es urgente cambiar los protocolos autonómicos que han generado esta situación y asegurar que las decisiones sobre la atención médica en las residencias se realizan con base en evaluaciones individualizadas. También es necesario que el Gobierno impulse la tramitación de una ley estatal que establezca un modelo residencial que garantice los derechos de las personas mayores residentes en todo el Estado.

No es un hecho que se circunscriba únicamente a las residencias de mayores. En las residencias de atención a la discapacidad la situación es igualmente dramática. La pandemia ha agravado la situación, pero ya venía de antes. Amnistía Internacional lleva años denunciando la situación en los centros de menores, constatando en varios informes el maltrato sistemático en muchos de ellos.

¿Cómo es posible que nuestros servicios sociales terminen siendo fuente de violación de derechos humanos? La clave está en la privatización. Las distintas redes no están diseñadas para atender a a población, sino para garantizar el negocio (lo que termina afectando también a los paradigmas de intervención, e incluso a la formación que se imparte en nuestras universidades). Privatizar los servicios públicos implica dejar en manos de empresas nuestras vidas y el ejercicio de nuestros derechos. Estas son las consecuencias. Por desgracia, todo apunta a que el gobierno PSOE-Unidas Podemos no tiene intención de revertir el proceso. Tendremos que obligarles.

APTISCAM convoca asamblea para preparar el 10 de Enero

 

Escándalo en la Residencia Orcasur (Grupo 5)

Tanto trabajadores como familiares de residentes están denunciando el maltrato que sufren las personas mayores. Apoyados por Marea de Residencias, ayer se manifestaron frente al centro, gestionado por Grupo 5.

Denuncian explotación laboral, falta de personal, que no hay personal sanitario...Que los ancianos están desnutridos y deshidratados (hacen papillas mezclando las sobras), que se mezclan medicaciones, que se reciclan los pañales, que se les ducha una vez a la semana y con agua fría...Incluso la Comunidad de Madrid ha reconocido que la empresa incumple los pliegos. Un crimen. Acompañado de la preceptiva opacidad y desinformación a las familias por parte de la empresa y el cobarde y vergonzante silencio de la directora de la residencia.

Enlazamos la noticia en Telemadrid (entrevistan a trabajadores y familiares) La residencia de mayores Orcasur, en el punto de mira de familiares y trabajadores.

Desgraciadamente, nada que nos sorprenda. Son las consecuencias de privatizar nuestros servicios públicos, que al final un fondo buitre gestiona nuestras vidas.

Más de 20000 muertes por COVID en las residencias. Sí hay culpables

Es un crimen. Lo que está pasando con nuestros mayores no tiene nombre. En un informe preliminar presentado por la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, durante la primera ola del coronavirus (de marzo a finales de junio) murieron 20268 personas en residencias de servicios sociales. El informe analiza los factores que han llevado a esta catástrofe anunciada. No hay sorpresas

Más allá de la alta contagiosidad del virus y de la vulnerabilidad propia del colectivo, destacan factores como la falta crónica de personal y con unas condiciones laborales lamentables, la falta de personal sanitario y específicamente formado, falta de epis, mala planificación, modelo basado en macroresidencias, deficiencias en las estructuras de los centros que favorecen el contagio, inadecuación de los planes de contingencia...En resumen, la situación que trabajadoras y familiares llevan años denunciando.

Además, el informe resalta que la opacidad ha sido la tónica general (generando un gran sufrimiento a las familias por la desinformación) y en muchas ocasiones las medidas contra el coronavirus han sido ineficaces y han atentado contra los derechos y la dignidad de los residentes (como la prohibición de visitas, suspensión de servicios, el aislamiento prolongado o mecanismos de contención vejatorios dirigidos a personas con deterioro cognitivo).

¿Qué se hizo para solucionarlo? Inyectar más dinero a los fondos buitre que gestionan los centros, a pesar de sus beneficios multimillonarios. Sí, la privatización mata.

Pobres, los olvidados de la pandemia

Los trabajadores sociales de Madrid llevan meses de protestas por las malas condiciones que existen en buena parte de los centros de acogida para personas sin hogar, la mayor parte de ellos gestionados como lucrativas empresas y donde los brotes no cesan

Uno de los principios de la nueva economía es que para sobrevivir hay que crecer siempre. También en tiempos de pandemia. Y los trabajadores de los servicios sociales conocen sus consecuencias. El mercado persa en el que se ha convertido el sector les causa estragos. Están agotados e irritados. No hay más que ver su descontento y escuchar cómo sobreviven en una situación límite: “Es un verdadero caos. Nos han abandonado a nuestra suerte y ya no aguantamos más. Estamos hartos”, relata un miembro de una de las secciones sindicales del Centro para Personas sin Hogar Juan Luis Vives de Madrid, un albergue donde 130 residentes conviven a diario con 4 o 5 trabajadores sociales, un enfermero y, a veces, sin médico. La mayoría son empleados eventuales. “Hay miedo a perder el puesto y a las represalias internas si te quejas de la situación a altas instancias. Por eso no queremos identificarnos”, se justifica para mantener su anonimato. Denunciar la podredumbre de las condiciones laborales es traspasar un límite protegido por un poste de alta tensión.

Frente a los rigores de la enfermedad, el negocio ha seguido creciendo. La austeridad reina en los seis grandes centros que hay en Madrid donde han llegado a racanear hasta las mascarillas. Eso ocurrió entre marzo y mayo y casi provoca una rebelión. Por eso mejoraron un poco las cosas pero sin aflojarles las tuercas.

– “¿Ya les han hecho PCR?”.

– “No. A algunos usuarios les han hecho test de antígenos”, responde.

– “¿Y a los trabajadores?”. La pregunta le resulta estúpida y contesta con ironía ácida: “Sí, cada mañana. Y nos ofrecen un daiquiri al darnos los buenos días”.

Aunque en varios albergues ya han comenzado a realizar análisis entre el personal de servicio, la norma habitual ante la alarma es el confinamiento voluntario. Y luego que el afectado contacte con su médica de familia por su cuenta y riesgo que es quien finalmente debe ejercer de rastreadora obligada. Si la luz roja se enciende dentro del albergue, nada se altera. El  aislamiento por contacto estrecho no se aplica “o simplemente es imposible de hacerlo” con residentes confusos que llegan allí huyendo del miedo. Todos recalentados con brasas de dolor humano. Enfermeros, auxiliares y médicos llevan exigiendo desde marzo una mayor implicación a empresas y responsables municipales para contener la situación pero la paciencia se agota. No creen en la compasión humana. “En realidad, no creemos en nada”, añade el sindicalista del Juan Luis Vives.

Semanas antes de producirse el colapso por la pandemia, los empleados del Samur Social de Madrid advirtieron públicamente que las condiciones laborales que ofrecía la empresa concesionaria de un servicio que atiende a miles de ciudadanos, el Grupo 5 Acción y Gestión Social, eran nefastas: Contratos basura, temporalidad, sobrecargas de turnos, falta de cobertura al absentismo, incumplimientos de convenios. “Así es difícil trabajar”, comenta uno de ellos. El Grupo 5 forma parte de uno de esos conglomerados voraces que han transformado este sector en un negocio fascinante y lucrativo, Corpfin Capital Real Estate, un fondo de inversión al que la privatización de los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid ha convertido en uno de sus principales beneficiados. Además del Samur Social, administra centros de acogida para personas sin hogar como el citado Juan Luis Vives, designado en su día como el albergue referencial para la vigilancia y aislamiento de residentes con síntomas de coronavirus; o el de Puerta Abierta, un recinto habilitado hace 19 años cerca del aeródromo de Cuatro Vientos que el pasado 21 de septiembre sufrió un brote de coronavirus descomunal: 50 de sus 120 usuarios cayeron enfermos.

Equipo directivo de Corpfin Capital

“El abandono que sufrimos trabajadores y usuarios desde el inicio de la pandemia han sido una constante”, denuncia un miembro de la sección de servicios sociales del sindicato CC.OO. que también prefiere mantener su anonimato. “¿A quién le importa lo que sucede en estos centros después de ver lo que está sucediendo en Madrid? ¿A alguien le interesa, de verdad, qué recursos se dedican a cuidar e intentar reincorporar socialmente al último eslabón de la cadena, a los pobres entre los pobres? ¿Qué representamos los trabajadores sociales, los auxiliares y los enfermeros en las circunstancias actuales de crisis? ¿Y los usuarios? Ah, claro, ellos no votan”, afirma descorazonado pero sin ocultar su sincera indignación. “Vivimos en la protesta continua”, insiste.

 Proteger a estos centros del coronavirus ha sido un aviso recurrente de médicos y especialistas en el ámbito social y económico durante los siete meses de pandemia. “Cuidado con los brotes que se puedan producir”, alertaron en marzo, “porque muchos de sus usuarios tienen el sistema inmunológico debilitado”. La ciencia reclamó extremar la prevención. Nada. En septiembre, con las cifras de transmisión en aumento vertiginoso, empezaron a realizarse test de antígenos, con su limitada eficacia ya contrastada, y que sirvieron de poco “porque no fueron acompañados de controles a la entrada y salida de los albergues”, explica una auxiliar de otro centro madrileño, en este caso de los Geranios,  una instalación regentada por la Asociación Comisión Católica Española de Migraciones (ACCEM) donde cada día atienden a un centenar de personas.

Demasiado movimiento para implantar el protocolo de respuesta a emergencias en este tipo de instalaciones que el Ministerio de Derechos Sociales estableció en agosto. Un plan que exige el aislamiento inmediato de los casos sospechosos en módulos especiales dentro del propio edificio. Difícil de ejecutar sin herramientas en los centros que hay en la ciudad de Madrid. Sin embargo, ACCEM acaba de lograr que el Ayuntamiento de Madrid renueve el contrato que tenían firmado para dirigir otro albergue de estas características: El Vivero. El acuerdo suscrito en julio asciende a 3,3 millones de euros, un 9,57 % más que el anterior. Allí se detectó a principios de octubre un brote agresivo. Primero fueron 13 los infectados. En tres días ascendió a 33. “33 entre 120 residentes. Imposible de controlar”, insiste una trabajadora. La inquietud se apoderó del centro.

También el desánimo. El de Puerta Abierta fue clausurado hace unas semanas, después de una dura e incesante pelea entre trabajadores y dirección. Había motivos sobrados. El peor, sin duda, que 50 de los usuarios presentaban síntomas de contagio. En el interior, la tensión se podía cortar con un cuchillo. “Nosotros mismos tuvimos que ingeniar la manera de aislar a los sospechosos. Las condiciones eran pésimas, por decirlo finamente. Es que la propia distribución del edificio es jodida, con habitaciones colectivas, etc. Así que optamos por dividir un largo pasillo por la mitad. A un lado ubicamos a los que estaban sanos y al fondo, a los enfermos. Pero, claro, evitar el contacto de unos con otros, que ya es complicado en una situación de normalidad, era como pedir peras al olmo. Imposible, vamos. Reclamamos a la empresa que hiciera PCR masivos y que cerraran el centro pero tardaron semanas en hacerlo. Y eso que hubo gente en la dirección muy implicada pero los de arriba no parecían estarlo porque tardaron semanas en reaccionar”, revela un auxiliar del centro a quien aquella calamitosa experiencia le produjo periodos de ansiedad indescifrables. Finalmente, desinfectaron las instalaciones y los casos positivos fueron trasladados a un hotel medicalizado que el ayuntamiento tiene abierto en el barrio de Las Tablas. Allí cumplieron la cuarentena. Hoy, este auxiliar de enfermería ha cambiado de trabajo. “Era muy complicado soportar esas condiciones. Por suerte, he encontrado algo mejor”, admite.

La falta de personal es uno de los grandes dramas que padecen estos centros, la penuria de un modelo que la epidemia ha desmontado. “No tenemos enfermeros”, apostillan un trabajador de ACCEM y otra de Grupo 5. Les dicen que no hay ninguno disponible en el mercado debido a la enorme demanda de hospitales y centros de salud. “Por supuesto que no los encuentran pero es por el sueldo que pagan”, coinciden. ¿Cuánto cobran? “1.000 euros al mes de media. En algunos casos, incluso menos. Trabajando de lunes a domingo”, aclara uno de ellos. De la prevención de riesgos laborales prefieren no hablar. “Hace unos días recibimos la visita de la gente de inspección de trabajo y fueron atendidos por un miembro de la empresa que no ha estado ni un solo día en alguno de los centros que tiene el Grupo 5 porque es persona de riesgo. No conoce lo que hemos vivido. Todo fue bien… para ellos”, revela un trabajador de Puerta Abierta.

El ambiente es insostenible. La cifra de infectados, lejos de estabilizarse, prosigue un ascenso acompasado.  A una semana tranquila le suceden dos de sobresaltos. Dolor, frustración, horas en duermevela, discusiones cargadas de veneno, algunos silencios temerosos y muchos enfermos. Los controles son confusos e insuficientes, sin rastreadores ni pruebas PCR.  Aunque desde el Ayuntamiento destacan su compromiso por conocer y comprender al llamado sin hogarismo, y el ejemplo que ponen es su reciente afiliación a la Federación Europea de Organizaciones Nacionales que Trabajan con Personas sin Hogar (FEANTSA), quienes a diario se parten la cara en el barro de este mundo no opinan lo mismo. Aunque lo expresen con la boca pequeña y el ceño contraído. “El problema de fondo es el fracaso del modelo que han implantado. No son centros de reinserción sino de recogida de personas sin hogar. Han convertido un servicio comunitario en un negocio”, explica el sindicalista del Juan Luis Vives.

Los manuales básicos de política psicosocial son claros: el objetivo final de estas residencias es proteger a personas vulnerables pero también enseñarles habilidades que les sirvan para cambiar su comportamiento y salir de los márgenes del mundo en el que se encuentran. “No a todos pero sí a algunos”, concluía en una entrevista el psiquiatra del servicio vasco de salud, Rubén de Pedro, entre sus funciones está la de visitar los albergues de Bilbao abiertos a decenas de ciudadanos que habitualmente duermen en la calle.  Es decir, ex menores no acompañados con profundos desarraigos, adultos con diversidad funcional o con patologías de salud mental, jóvenes con problemas de adicciones. Carnaza, a fin de cuentas, que se cotiza al alza en el mercado libre de los servicios sociales. La privatización los ha convertido en clientes de un negocio circular, sin puertas de salida ni escaleras por donde trepar en el patrón social. Marginados cercados como corderos en fortalezas de silencio. “¿A quién les importa? El 60% de los usuarios habituales son extranjeros que no pueden regularizar su situación laboral y que no tienen más aspiración que lograr una ocupación no lucrativa. Esa es la realidad en estos centros donde el gasto por residente se mide al máximo. Un trozo de pan por persona, una servilleta. No hay más. Mientras que en otra habitación los directivos se felicitan por la rentabilidad y se reparten los beneficios de ese ahorro a final de año. Tenemos gente de 64 y 65 años que son atendidos por personal auxiliar sin formación y fuera de sus competencias. Eso es un fracaso del modelo, un parche. En Madrid y en todos los sitios de España”, afirma el trabajador de un centro de acogida.

Vivir cada día es la única opción para los usuarios. Y la esperanza se ha convertido en algo improductivo para el personal que les atiende aunque sigan demostrando una entereza admirable. Si no fuera por ellos, nadie acierta a decir qué habría sucedido en estos últimos meses.

Gorka Castillo, CTXT

No tener casa mata. La privatización también

No tener casa mata. Sus sueños, sus oportunidades, su confianza, su salud...sus derechos. No es un lema, es así. La realidad. Cómo no va a matar no tener casa si la pobreza es el mayor factor de riesgo de muerte. 

Pero ojo que aquí hay mucho buitre con piel de cordero. 

Todos los años los que se benefician de la privatización de los servicios sociales, capitaneados por Cáritas y demás organizaciones de la beneficencia católica, organizan "jornadas de visibilización y sensibilización" sobre el sinhogarismo (en realidad, las "entidades" no hacen nada, lo hacen sus trabajadoras y trabajadores junto a las propias personas sin hogar). Las administraciones que con sus políticas públicas favorecen la exclusión de cada vez más gente, patrocinan el sarao.

Un paripé publicitario que año tras año, a modo de aperitivo prenavideño, nos recuerda que hay pobres y la gran labor de las "entidades del Tercer Sector". Aunque volvemos a indicir, aún a riesgo de aburrir, en una idea: las osigés no hacen nada. La labor, grande o pequeña, es realizada por los y las profesionales de los Servicios Sociales, con los recursos habilitados por las distintas administraciones (en resumen, dinero público).

Sin embargo, por manipuladas que puedan estar las "acciones de visibilización y sensibilización", tienen algo muy positivo: que visibilizan y sensibilizan. Además, estas acciones posibilitan que personas sensibilizadas con el sinhogarismo (profesionales, personas sin hogar, gente solidaria...) se junten en espacios informales y puedan hablar de igual a igual. Y charlando es como surge el sentir en común. Y el sentido común nos está diciendo que nuestros Servicios Sociales no están funcionando, y que en gran parte es debido a la privatización. ¡Ya lo dice hasta Naciones Unidas!

Declaración de Marea Naranja sobre Servicios Sociales y COVID19 ante la segunda ola de la pandemia

Con esta Declaración pretendemos poner de relieve la dramática situación de los instrumentos regionales de protección social, como los Servicios Sociales, ante el incremento de las necesidades de la ciudadanía madrileña, como consecuencia de la pandemia y sus derivadas económicas y sociales.

De esta forma, se hace hincapie en las enormes dificultades para acceder a unos ingresos mínimos, lo que aumenta preocupantemente la vulnerabilidad de las familias, las listas de espera en servicios esenciales como la Ayuda a Domicilio o la debilidad del modelo regional de cuidados fuertemente golpeado por la pandemia.

Esta segunda ola demuestra la falta de compromiso y liderazgo del Gobierno de Díaz Ayuso para afrontar con determinación las consecuencias sociales de la crisis de Salud Pública, desde la nula implementación de medidas de emergencia y contención, así como la falta de estrategias de transformación de este Sistema Público de Protección de competencia plenamente autonómica.

Pincha aquí para leer la declaración

No al terrorismo

Sabemos lo que representáis: racismo, machismo, homofobia, aporofobia... Lo sufrimos directamente durante cuarenta años, y llevamos sufriendo el goteo constante de agresiones desde entonces: unas 4000 al año, según denuncia Movimiento contra la Intolerancia, incluyendo decenas de asesinatos desde los años 90. Desde la impunidad que otorga la connivencia policial y judicial, más que evidente. Os disfrazáis de antisistema pero no sois más que lo que siempre habéis sido, los perros de la patronal. 

Nunca se fueron, pero ahora han vuelto a las instituciones sin careta. Para hacerlo, han puesto en el punto de mira al chivo expiatorio más débil que han encontrado: la infancia migrante desprotegida. Llegando a participar en el acoso y asalto a centros de menores. Con la caverna mediática centrada en la tarea de criminalización. ¿Alguien se imagina una escena más miserable y cobarde que la de una horda asediando un centro de menores, agrediendo y amenazando a niños y niñas? Pues volvió a pasar ayer en Madrid, con el permiso de la policía.

Según la RAE, terrorismo es la actuación criminal de bandas organizadas que, reiteradamente y por lo común de modo indiscriminado, pretende crear alarma social con fines políticos. ¡Vosotros fascistas, sois los terroristas!

Botellines (de birras y esbirros)

¡Qué difícil es explicar a qué nos dedicamos! Cualquiera que se dedica a "lo social" lo ha vivido: estar de cañas, y tras una larga conversación sobre tu trabajo llega la pregunta...¿exactamente a qué te dedicas? Muchas veces cuesta que nos entiendan, más allá del "ayudar a los pobres". Aunque suele bastar para despertar empatía y admiración, al menos temporal, entre los contertulios. 

Más difícil lo tienen los cuadros medios de las entidades en nuestro sector. ¿Cómo explicar a qué se dedica un coordinador o un director de centro?  ¿Coordina la intervención de su equipo o es un mero capataz? Pues depende. Hay de todo, como en botica. Como en todas partes.

Obviamente, entre los "jefes" de nuestro sector hay de todo, grandes profesionales muy comprometidos, compas que hacen lo que pueden con los pocos medios que tienen y las presiones que sufren desde empresas y administraciones, y también simples sabandijas corporativas. Pero desde Nuremberg no es válido el argumento de la obediencia debida, así que a pesar de las circunstancias condicionantes, en última instancia, cada cual es responsable personal de sus actuaciones. Cuando se asume un cargo de responsabilidad hay que elegir qué ser: o profesional o lacayo.

Y luego ya están los que pretenden ser más papistas que el papa. Los que recortan por cuenta propia para mostrar su "eficaz gestión" (llegando al absurdo de ordenar no llenar los vasos de leche o contar servilletas), los que niegan el ejercicio de derechos a la plantilla al margen de la propia empresa, quienes organizan turnos imposibles para evitar plantear a la empresa que se necesita más personal. En definitiva, aquellos manijeros que actúan como si el cortijo fuera suyo. Con la pandemia, estas situaciones se han agravado, llegando a poner en peligro la salud de la gente por la defensa a ultranza de los intereses corporativos.

Para evitar estas situaciones que todos conocemos, una medida básica consiste en basar el nombramiento de estos puestos en criterios de promoción objetivos, basados en los méritos y capacidades de la persona y no tanto en "cuestiones de confianza". Mucho más cuando la inmensa mayoría de los recursos son servicios públicos privatizados. Con dinero público no se puede fomentar el clientelismo.

No vamos a apelar a la conciencia de estos secuaces de la patronal. Para eso tendrían que tenerla. Aunque también sabemos que su acción se basa en la impunidad del anonimato. Y en ese desconocimiento del que hablábamos al principio. Igual si al ir a echarse unos botellines en el bar se supiera que su trabajo no consiste en ayudar a los pobres, sino maximizar los beneficios de un fondo buitre, las cosas cambiarían. Igual cada palo debería aguantar su vela.

Gracias, gobierno de España

Una imagen vale más que mil discursos demagógicos, mil promesas electorales y mil tertulianos a sueldo. Aquí van cuatro

Barrio Salamanca en mayo

Vallecas ayer

Obedecen vuestras órdenes, no las de Ayuso. Gracias, gobierno de España. Las enfermedades se combaten con personal sanitario y medidas sociales, no con policías y salvoconductos. Y la dignidad de los barrios se defiende, gobierne quien gobierne. ¡No nos vamos a callar!

Cuestión de clase

En realidad, todo es cuestión de clase. La pandemia también. Y no se trata (que también) de que no es igual hacer cuarentena siete personas en un piso de 45 metros sin reformar que en un casoplón. Hablamos de vivir o morir. Así lo indican las tasas de contagio y mortalidad según la renta. La letalidad del virus es hasta un 45% más elevada entre las poblaciones con rentas más bajas. Obviamente no es el virus, sino las condiciones sociales las que marcan esta diferencia.

Si al principio de la pandemia "descubrimos" que los trabajos esenciales para el funcionamiento de la sociedad son los más precarios y feminizados, ahora nos quieren hacer creer que la culpa del descontrol de los contagios es nuestra. Pues no. Quienes hemos mantenido la sociedad somos los que siempre la hacemos funcionar: los trabajadores. 

Mientras las administraciones permiten que las empresas incumplan sistemáticamente las medidas básicas en prevención de riesgos laborales, mientras nos obligan a ir a trabajar en transportes abarrotados, mientras mantienen colapsada nuestra sanidad, nos culpan a nosotros, que somos unos irresponsables. Criminalizan a la juventud, criminalizan a los inmigrantes...y ahora ya nos criminalizan a todos. La culpa de la extensión de la pandemia es de la forma de vida de los pobres. ¡Malnacidos!

Faltan rastreadores, centros de salud sin sanitarios, hospitales otra vez colapsados, faltan profesores, hay menos personal en las residencias que antes de la pandemia....¡y nos mandan policías!

Años de abandono de nuestros barrios, años de recortes sociales, sanitarios y educativos...nos dejan a nuestra suerte en la pandemia y ahora esto. No podemos permitirlo. ¡Ayuso dimisión!

   

Manifiesto por la Dignidad del Sur ante la segunda oleada.

Desde las asociaciones vecinales del Sur de la ciudad de Madrid queremos manifestar nuestro más firme rechazo a las políticas clasistas y racistas que el gobierno de la Comunidad de Madrid está desarrollando durante esta segunda oleada de COVID-19 enfocadas a la discriminación de los vecinos y vecinas del Sur.

En lugar de proteger, cuidar y prevenir que la población más vulnerable de nuestra ciudad sufra como está sufriendo las mayores tasas de contagios, han optado por la estigmatización, la exclusión y la discriminación territorial.

Se ha optado igualmente por la política del miedo, por culpar a “los comportamientos individuales”, como si nuestros barrios fueran los únicos donde se incumplen ocasionalmente las normas, o como si no hubiéramos visto comportamientos inadecuados promovidos y alentados por las propias administraciones, como corridas de toros superando aforos, manifestaciones en barrios con alto poder adquisitivo en pleno estado de alarma, concentraciones negacionistas sin medidas de seguridad, terrazas y locales llenos de gente….

Han decidido que aquellas personas que no pueden permitirse un vehículo privado para trabajar, aquellas que por sus empleos precarios y/o en sectores como la limpieza, la hostelería o el comercio, de cara al público, aquellas que no pueden pagarse un piso (por no hablar de apartamentos de lujo para la cuarentena) para su familia porque ni siquiera pueden pagar el alquiler de una habitación… todas ellas, deben asumir que serán contagiadas y que además serán confinadas “por su culpa”.

A estos vecinos y vecinas nos gustaría saber:

Si es posible hacer PCR selectivos en este caso en barrios con otras características sociodemográficas, o acaso se buscaba una profecía autocumplida haciendo PCR selectivos en los barrios desfavorecidos de gente trabajadora.

Nos gustaría saber por qué no se han creado puntos COVID para no saturar nuestros centros de salud, por qué no se cumplen los rastreos, por qué los resultados de los PCR tardan siete días en darse, por qué no hay seguimiento médico de los pacientes en cuarentena, por qué no hay sanciones a quienes incumplen las normas de protección y prevención…

Tenemos muchas más preguntas, como por qué no se intensifica la ayuda social, ya que nuestros vecinos tardan meses en conseguir una ayuda (que a veces ni siquiera permite cubrir sus necesidades básicas en una situación no solo de emergencia social sino sanitaria).

El virus ha servido de excusa para sembrar el odio y el miedo entre nuestros vecinos/as. Se ha optado por señalar al eslabón más débil de la cadena… en lugar de hablar de lo que realmente es importante para el sur:

¿Dónde está el Centro de Salud de Butarque que se lleva una década pidiendo para evitar la absoluta masificación del Centro de Los Rosales?

¿Cómo van a desdoblar aulas si construyen aparcamientos en las parcelas destinadas a dotaciones educativas?

¿Y no necesitaríamos más recursos para paliar la vulnerabilidad social existente desde que se constituyó esta ciudad o es casualidad que los distritos cuyos peores indicadores relativos de esperanza de vida, nivel de estudios, renta media del hogar, tasa de paro, valor catastral de las viviendas, tasa de demanda de dependiente… sean los que se decide confinar?

¿Cuántas de las 200 medidas de las que en 2016 presentaron las asociaciones de Villaverde necesarias para la igualar el territorio y las posibilidades de nuestra vecindad se han llevado a cabo?

¿Se han planteado que distritos como Usera y Villaverde no pueden compartir una comisaría? Quizás con más recursos en seguridad, medicación y prevención para la mejora de la convivencia, habría menos impunidad.

¿Cómo vamos a proteger a los niños y niñas en Usera si en el Centro de Salud Joaquín Rodrigo no tenemos pediatras?

Para estos gobiernos somos la mano de obra barata de esta “ciudad global”, somos el lugar donde se ubica todo lo que la ciudad necesita pero le molesta (depuradoras, incineradoras, industria contaminante desde hace décadas…), somos a quienes confinar cuando las cosas no van bien. Pero nos hemos cansado de aguantar. Somos barrios eternamente olvidados y por eso nos oponemos a estas medidas, llamamos a nuestros vecinos y vecinas a reclamar la Dignidad del Sur, sin nosotros/as no habría cuidados, ni calles y espacios limpios, ni comida a domicilio, ni agua depurada… porque “nuestro modo de vida” es el modo de vida mayoritario al que nos condenan por falta de inversión, no el que elegimos.

Cuando se cumplan las ratios escolares, cuando se conozca la ratio médico/paciente y funcionen nuestros centros de salud, cuando se contraten a los rastreadores necesarios, cuando usar el transporte público no implique hacinamiento, cuando el contrato de limpieza de nuestras calles valga lo mismo que el de los barrios ricos, cuando se haga PCR a toda la ciudad…. entonces, solo entonces, si nada ha cambiado, nos confinaremos. Se necesita un Plan de Desarrollo del Sur, un nuevo Plan de Inversiones que reduzca la brecha social de nuestra ciudad, de nuestra región. Ese será el único camino que el Sur admitirá para frenar los contagios.

Firmantes:

AV La Unidad de Villaverde Este
AV Los Rosales
Asociación del Comercio de Villaverde
AV Los Hogares
AV La Unidad de San Cristóbal
AVIB
AMIFIVI
AV La Incolora
AC Gente de Villaverde
AV Barriada San Fermín
AV La Mancha
AV Almendrales
AV Orcasitas
AV Cornisa
AV Orcasur
AV Zofio
AV Barrio Moscardó
Asamblea Vecinal de Perales del Río-Getafe
AV Doña Carlota Numancia
AV Palomeras Bajas
AV El Pozo
AV La Viña
AV Kasko Viejo de Vallecas
AV Puente de Valllecas-San Diego
AV Norte Albufera
AV La Paz de Entrevías
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Huelga General estudiantil: nietxs y abuelxs en lucha por el derecho a una educación de calidad y segura

 ¡Por el derecho a una educación pública presencial, de calidad y con aulas seguras!

¡Por un plan de inversión masivo para la contratación de profesorado, la reducción de ratios y el fin de la brecha digital!

El curso escolar 2020-2021 se inicia en medio del caos y con la ausencia de un plan efectivo para garantizar nuestro derecho a una educación pública presencial, de calidad y con aulas seguras.

La desidia mostrada por el Ministerio de Educación, y su negativa a poner en marcha un plan unificado para rescatar a la educación pública invirtiendo recursos masivos, es un completo escándalo. La Ministra, Isabel Celaá, ha tenido meses para preparar una vuelta a las aulas en condiciones dignas pero no ha hecho nada. Y no lo ha hecho porque no quieren aumentar los presupuestos para la educación pública, lo que contrasta con los miles de millones que reciben las grandes empresas y bancos del Ibex 35 o la educación privada concertada.

Con esta actitud, el Ministerio de Educación solo alimenta la brecha social y de clase que durante la pandemia no ha dejado de crecer, favorece la degradación de la enseñanza pública empeorando las condiciones en que nuestros profesores dan clases, y siembra un fracaso escolar mayor entre los estudiantes de familias trabajadoras. ¡No podemos consentir esta situación! El PSOE-UP debe rectificar inmediatamente su política educativa y poner fin al acoso y derribo que sufre la enseñanza pública.

Tras haber tenido que soportar durante meses una repugnante campaña acusando a la juventud de los rebrotes de la COVID 19, se nos arroja a las aulas sin ningún plan y en pleno auge de la pandemia. Una situación en la que no sólo está en cuestión el derecho a la educación para miles y miles de estudiantes de familias humildes sino que también se pone en peligro nuestra salud y la de los nuestros. ¡Es inaceptable!

De nuevo una solución que no resuelve nada: las clases online

La ministra Isabel Celaá y el Gobierno miran para otro lado ante la preocupación creciente de las familias y las reivindicaciones de la comunidad educativa: se lavan las manos y pasan toda la responsabilidad a las consejerías educativas de las CCAA. Con esta actitud, el Ministerio de Educación da luz verde a la derecha para que continúe su política de privatización y recortes de la enseñanza pública en las CCAA que gobierna, y renuncia a garantizar unas condiciones dignas para volver a clase.

Cuando millones de estudiantes llevamos meses sin pisar nuestros centros de estudio, la “solución” del Ministerio de Educación es que… ¡el curso sea semipresencial! La ministra Celaá pretende repetir el desastre que han significado las clases online para centenares de miles de alumnos durante el confinamiento.

Las clases telemáticas no sólo han desnudado las graves carencias materiales que padecemos tras años de recortes salvajes, también han incrementado brutalmente la carga de trabajo de nuestros profesores —abandonados a su suerte durante meses, sin los recursos ni la formación necesaria para poder afrontar una situación imposible—. Además, una nueva vuelta al confinamiento para millones de alumnos significará una pesadilla para los padres y madres que tiene que elegir cuidar a sus hijos o ir a trabajar. El Gobierno habla mucho de conciliación ¿Por qué no aprueba permisos retribuidos a los padres para garantizarla?

Un Gobierno de izquierdas debería poner en marcha inmediatamente un plan de rescate a la educación pública para revertir esta situación pero hasta ahora han renunciado a ello dejando en la cuneta a las familias trabajadoras, las más castigadas por la COVID19. ¡Tienen que rectificar de inmediato!

La ofensiva de la derecha y la dejación de funciones del Ministerio de Educación

Por si esto fuera poco, la ineficacia mostrada por el Gobierno central está envalentonando la ofensiva de la derecha, que está aprovechando esta situación para seguir regalando dinero público a sus amigos los empresarios de la concertada y la privada y continuar recortando en los servicios públicos, despidiendo a nuestros docentes y personal sanitario.

Las políticas de Díaz Ayuso al frente de la Comunidad de Madrid son una clara muestra de ello. Sus negocios con Telepizza y Rodilla a costa de la malnutrición de miles de niños y niñas durante el cierre de las clases, su rechazo a contratar enfermeros y enfermeras en los centros de estudio, los miles de docentes de educación especial, escuelas infantiles y comedores despedidos, la destrucción de más de 14.000 plazas en la escuela pública para este curso, son sólo algunos ejemplos.

La marca del Partido Popular, Cs, Vox y la derecha es la privatización, los recortes y la precariedad laboral, la misma fórmula aplicada en la sanidad pública y las residencias de mayores que han provocado una auténtica matanza de nuestros abuelas y abuelas. ¡A esta panda de reaccionarios no le importa lo más mínimo ni nuestra educación ni nuestra salud!

16, 17 y 18 de septiembre ¡Huelga general estudiantil!

El Ministerio de Educación debe poner en marcha un plan de rescate a la educación pública y garantizar una vuelta a clase segura. Pero no escucha a la comunidad educativa y pasa la pelota a las CCAA lavándose las manos sobre un asunto que es de su máxima competencia.

Para obligarlos a rectificar, y que resuelvan las grandes carencias que padece nuestra educación pública en un momento crítico, desde el Sindicato de Estudiantes llamamos a todos los y las estudiantes a la huelga general estudiantil los días 16, 17 y 18 de septiembre para lograr las siguientes reivindicaciones:

1. Inversión del 7% del PIB en la enseñanza pública. Aprobación de una partida de 100.000 millones de euros –la misma cantidad que se ha entregado a las grandes empresas y bancos del Ibex35– para rescatar la educación pública. Si hay dinero para los bancos, lo tiene que haber para la enseñanza pública.

2. ¡Educación presencial! Para que todos y todas podamos volver a las aulas en condiciones dignas y de seguridad: reducción de las ratios a 15 alumnos por aula. Puesta en marcha de un plan de construcción de centros educativos públicos y habilitación de edificios y espacios para poder garantizar estas medidas.

3. Contratación de 165.000 profesores que según datos de CCOO son necesarios para afrontar este curso garantizando una atención más individualizada (un 33% más).

4. Contratación de personal sanitario, profesionales de la psicología, trabajadores de los comedores y de limpieza en todos los centros educativos públicos. En defensa de todos los empleos incorporándolos a las plantillas públicas con todos los derechos laborales.

5. El Gobierno debe garantizar la provisión de mascarillas, guantes, geles desinfectantes… y todos los materiales sanitarios necesarios en los centros educativos.

6. Fin de la brecha digital. Reparto masivo de dispositivos digitales, así como cursos de formación digital gratuitos para profesorado, familias y alumnado.

7. Que el Gobierno garantice permisos retribuidos a nuestros padres y madres para asegurar la conciliación familiar.

Esta lucha concierne a toda la comunidad educativa. Por eso llamamos a todos los sindicatos de profesores, a las organizaciones de madres y padres, a las asambleas de la Marra Verde a apoyarnos activamente y a participar junto con nosotros en las manifestaciones y concentraciones del 17 de septiembre.

¡El 16,17 y 18 de septiembre a la huelga general!

Comunicado de apoyo al movimiento estudiantil: jornadas estatales de lucha 16, 17 y 18 de septiembre de 2020

Compañeras y compañeros del movimiento estudiantil: permitidnos que desde el movimiento social de la Coordinadora de Pensionistas, nos sumemos a las jornadas de lucha convocadas los días 16, 17 y 18 por vuestras justas reivindicaciones, en este comienzo de curso.

Nuestra experiencia, nuestras luchas, de ahora y de años atrás, y nuestros conocimientos llegan a la misma conclusión: un país no puede ser libre, ni próspero, ni alcanzar un bienestar general social, si no hay una educación pública, de calidad, laica y universal.

Para eso, el Estado ha de invertir decididamente en la Educación Pública siempre. Y ahora, en época de crisis, con mayor intensidad y mejor voluntad. Sin embargo, hay un plan político y económico de quienes quieren vernos sumidos en la oscuridad de la ignorancia y en la semiesclavitud, en la pobreza y en la resignación. Son la misma gente que privatiza los servicios públicos: la sanidad, las pensiones, la vivienda social, la educación, las residencias de mayores, etc. Son quienes derriban nuestros derechos para enriquecerse con el negocio de la privatización. Son quienes nos roban nuestro derecho a una sociedad más igualitaria, más justa.

Compañeras y compañeros, estudiantes, profesores, personal de la administración y de la limpieza, de escuelas, institutos y universidades: Vuestra lucha es nuestra lucha. Sois el futuro y por el futuro también peleamos las y los pensionistas, para que nuestros y nuestras hijos e hijas, nietos y nietas, puedan tener un proyecto de vida digno.

NO NOS RESIGNAMOS. SEGUIMOS EN LA LUCHA. PORQUE…… GOBIERNE QUIEN GOBIERNE, LO PÚBLICO Y LOS DERECHOS SOCIALES SE DEFIENDEN

Sindicato de Estudiantes

Victoria de las trabajadoras de limpieza del Gregorio Marañón

 “La anulación de la privatización es fruto de nuestra lucha”

Entrevistamos a María Villafuentes y a Elvira Díaz, trabajadoras del Hospital Gregorio Marañón, que han encabezando el movimiento contra la privatización del servicio de limpieza del hospital por parte de la Comunidad de Madrid (CAM). Gracias a su lucha han conseguido paralizar definitivamente la licitación, que ha sido anulada completamente por los tribunales.

¿Cómo habéis vivido la pandemia? ¿A qué os habéis tenido que enfrentar como trabajadores de la limpieza de un hospital público?

María Villafuentes.- Hubo caos y mucha desinformación. Lo primero que nos dijeron fue que no lleváramos mascarillas delante de los pacientes para no alarmales, para posteriormente decir que era obligatorio. También dijeron que eran obligatorios trajes EPI en contacto con enfermos de Covid, pero esos trajes nunca llegaron a las trabajadoras de limpieza porque somos las grandes olvidadas. Nos tuvimos que buscar la vida y hacer frente a todo esto con trajes hechos con bolsas de basura. Nadie puede imaginar lo que se ha vivido en el hospital.

Elvira Díaz.- Yo trabajo con el equipo de urgencias. Hemos tenido momentos de ver a las enfermeras e incluso a los médicos llorar, a la auxiliares, y acobardarnos, porque teníamos que limpiar una cama para que entrara otro enfermo de Covid y ver cómo el de al lado se nos estaba muriendo. Problemas todos los días para que nos dieran EPI, para que nos dieran mascarillas, para no infectar, porque nuestro mayor miedo era llegar a  casa e infectar a tu familia. Acercarnos a preguntar a salud laboral, y decirnos que mientras no tuviéramos síntomas que no podían hacernos las pruebas a todas porque entonces se quedaban sin personal.

 ¿Cómo conocisteis la privatización y cómo reaccionasteis?

MV.- A principios de junio empezó a oírse por el hospital que el gerente había firmado ya con la CAM la privatización. Inmediatamente vamos a los sindicatos a que nos den una explicación. Nos dicen que ellos no saben nada. No contentas con esa respuesta, empezamos a movilizarnos. Sabemos lo que conlleva en un hospital privatizar una limpieza. De hecho, en este hospital ha estado privatizada durante 14 años: menos personal, duplicar los servicios, empeorar la limpieza generando más infecciones.

ED.- Los sindicatos han denunciado ante la justicia y gracias a la movilización hemos conseguido pararla de forma definitiva. Nosotras dijimos a los sindicatos que aunque se había parado cautelarmente había que continuar, y creemos que eso ha sido decisivo para que finalmente se haya anulado. Con los rebrotes nos han mandado personal que no es de la bolsa pública de empleo, sino de empresas privadas. Y tenemos a casi todos de baja porque no tienen formación, no saben ponerse un traje EPI.

¿Cómo os habéis organizado?

MV.- En principio hicimos concentraciones y protestas de 15 minutos en el turno de mañana y de tarde. De ahí se pasó a hacer una concentración en la Asamblea de Madrid para unir a todos los turnos, y mucha gente vino a apoyarnos: las compañeras del hospital de El Escorial, el Sindicato de Estudiantes, periódicos y medios de información digitales… Posteriormente, durante una o dos semanas realizamos paros de 14:30h. a 15:30h. Los dirigentes de los sindicatos nos dijeron que dejáramos el verano tranquilo porque la gente estaba cansada, pero no íbamos a parar y empezamos a hacer concentraciones cada 15 días en la entrada de urgencias con muy buena aceptación y con el apoyo de celadores, enfermería, etc. Muchísima gente en la calle nos aplaudía. Ahora teníamos preparada una asamblea para el 9 de septiembre para informar de cómo continuar y pedir a los sindicatos que dieran un paso al frente. Para el miércoles 16 de septiembre mantendremos la entrega de firmas pidiendo la dimisión del gerente del hospital, ya que con la anulación de la licitación se ha demostrado que actuó mal.

ED.- Seguimos porque hemos tenido mucha gente, como vosotros, que nos apoya. No hay derecho a que se nos machaque, a que nos intenten quitar nuestros puestos de trabajo, después de todo lo que hemos peleado y pasado con el Covid. Queremos que se nos escuche y mantener nuestros puestos de trabajo, y lo hemos conseguido gracias a la lucha. Es muy fácil estar sentado en una mesa y mandar desde allí, pero hay que estar en pleno meollo. Quiero decirle al señor gerente que si no ha sabido proteger ni sabe proteger a su personal, que piense bien qué clase de persona es cuando tu personal lo ha dado todo por el hospital que tú diriges y ahora los quieres dejar en la calle.

Habéis conseguido una gran victoria con la paralización definitiva de la privatización, ¿cómo valoráis la situación?

MV.- Ha sido una noticia muy buena para todas y todos los trabajadores que hemos dado la batalla contra la privatización. Ha sido una buena inyección de autoestima y de que la lucha obrera puede llegar a tener frutos. CCOO interpuso un recurso, pero ha sido esencial la movilización que hemos llevado desde principios de junio y la presión que hemos hecho durante julio y agosto. Gracias a ello hemos hecho llegar nuestra situación, con nuestra presión, con las concentraciones en urgencias, recogidas de firmas, asambleas de trabajadoras… A día de hoy, y en vísperas de una asamblea que tenemos mañana, los ánimos están muy bien, con confianza para seguir adelante con futuras acciones que pueda intentar hacer la CAM. Ha sido la mejor noticia que podíamos recibir, y es que los frutos de nuestra lucha se han visto reflejados ahí, en esta anulación de la privatización de nuestro servicio.

Vuestra lucha también es para defender la sanidad pública…

MV.- La defensa de la sanidad pública es algo que debemos hacer todas y todos. Nosotras defendemos la sanidad pública y que nuestro servicio de limpieza sea 100% público. Queremos hacer un llamamiento a toda la oposición en la Asamblea de Madrid para que apoyen activamente nuestra lucha, para conseguir que esta señora, Díaz Ayuso, y su equipo se vayan. Para que dejen de machacar a la sanidad pública y por supuesto a nosotras, que solamente somos limpiadoras, que cumplimos con nuestro trabajo antes, durante y después de la pandemia.

ED.- En todos los hospitales donde el servicio es privado hay falta de todo tipo de personal, machacan a la gente a trabajar. Yo he trabajado antes en lo privado y se cómo te tratan, que no puedes contar con tus días libres porque lo primero que te dicen es que has firmando un servicio de 24 horas, y que ellos pueden tirar de ti cuando quieran. Si nos quitan la sanidad pública, nos quitan lo más importante. Me gustaría preguntar a la señora Ayuso qué ha hecho con el dinero que les han dado para reforzar a la sanidad. Aquí se montó un hospital de campaña y al final no se usó, fue dinero tirado, y lo que se usó fue el Hotel Colón, de uno de sus amiguitos.

Sindicalistas de Izquierdas