La Comunidad de Madrid ataca a la Educación Social

Un nuevo bochorno. Las administraciones siguen ninguneando a quienes decidimos convertir nuestra vocación en nuestra profesión. Al igual que ocurre con las y los integradores sociales, sucede con los y las educadoras sociales. Situación que no sólo nos afecta a quienes trabajamos en el sector de la intervención social, sino a la población en general. Parece mentira que en el siglo XXI tengamos que seguir luchando por la profesionalización de los servicios sociales. Pero así es. Reproducimos el artículo publicado por VOCESS

Asistimos a otra entrega de borrado y menosprecio de la Educación Social, bien es cierto, que podríamos estar acostumbradas a este tipo de «jugadas», pero quizás, es por el momento en el que llega, o por lo descarado del agravio de este hecho, que se ha convertido en la gota que ha colmado el vaso.

¿Qué ha pasado? La Comunidad de Madrid ha sacado 443 plazas de estabilización en la categoría profesional de Titulado Medio Educador (Grupo II, Nivel 7, Área C). Además, convocan también 40 plazas en turno libre. El puesto es para educador de centros de menores, tanto de protección como de reforma y el acceso a estas plazas es para cualquier titulado universitario. Casi 500 plazas que Comunidad de Madrid convoca sin tener ningún criterio de profesionalidad, de respeto, incluso pecando de falta de conocimiento al ofertar un plaza para la que se necesita una formación y una experiencia especifica abierta a cualquier titulación.

Parece ser que a la Comunidad de Madrid no le preocupa la infancia protegida, dándole poca importancia a la profesionalidad de las personas que van a tratar con estos chicos y chicas día a día. Y os preguntaréis: con todas las convocatorias que han salido en las que no se ha respetado nuestra titulación, ¿por qué es esta la que ha generado tanto movimiento?.

Pues bien, lo primero, porque literalmente estamos hasta el c*** de que no se respete nuestra profesión. Lo segundo, porque llevamos esperando estas oposiciones 21 años. Hagamos un poco de historia, las últimas oposiciones fueron convocadas en 1998, el examen se realizó en año 2000, para estas oposiciones solo pedían tener estudios de Bachillerato. Con los años, la concepción de educador de menores cambió y se consideró que para trabajar con la infancia en desprotección hacia falta una mayor profesionalización, por esto, en 2006 se creó una bolsa subsidiaria en la que ya se pide titulaciones sociales. Un medio paso adelante, teniendo en cuenta que, en ese mismo año, los estudios de educación social estaban plenamente integrados en la oferta formativa universitaria y ya habían dado varias hornadas de profesionales, perfil que creemos es el que debería ocupar ese puesto. En fin… (introduzca aquí, persona lectora, un suspiro de desesperanza).

Desde el 2006 hasta ahora no ha existido ningún movimiento por parte de la CAM, hasta finales del año pasado que convoca las plazas a las que nos referimos. Y sí, contra todo pronostico la CAM ha decido dar dos pasos atrás y dar acceso a este puesto profesional a cualquier titulado. ¿Por qué este retroceso de Comunidad de Madrid? Pues eso nos gustaría saber a toda la profesión, @Comunidaddemadrid ¿Qué problema tienes?

Pedir cualquier titulación para este puesto es dejar claro que no se tiene mucha idea de lo que es e implica la intervención social, de preocuparse muy poco por los intereses, las necesidades y el desarrollo de la infancia protegida y, por supuesto, de no tener ni idea de Educación Social, de nuestras funciones y nuestra identidad como profesión.

No vamos a hacer aquí un alegato de por qué la Educación Social es el perfil idóneo para trabajar con chicos y chicas en situación de desprotección porque lo consideramos un debate superado (si no lo tienes claro te dejamos este articulo). Pero sí nos gustaría transmitir la rabia, la impotencia que nos causa leer que uno de los temas de estudio en la oposición es «La educación social: ámbitos de actuación y código deontológico»… hay que tener mucha vergüenza para ofertar un puesto de educadora social a cualquier titulado, para luego hacerle estudiar las funciones, la historia y el código deontológico de la Educación Social. Un aplauso para la CAM porque a mezquindad no le gana nadie.

Es lamentable que a 2022 estemos discutiendo otra vez que solo el titulado o habilitado en Educación Social debe ejercer el puesto profesional de educador o educadora. Para nosotras esto es una cuestión de respeto, casi de orgullo. Está claro que este tipo de insulto no se puede hacer con otras carreras, como por ejemplo, Trabajo Social, Medicina, Enfermería o todo el profesorado. En cambio, con nosotras sí. Para empezar porque no tenemos un espacio ganado en el sistema público de Servicios Sociales y porque somos una profesión sin regular, con un respaldo institucional débil y casi inexistentes apoyos políticos.

¿Qué es una profesión regulada?

Las profesiones reguladas son aquellas actividades o conjunto de actividades profesionales para cuyo acceso o ejercicio se exige directa o indirectamente un título y constituyen una profesión en un Estado miembro de la Unión Europea, para ejercer estas profesiones hace falta estarcolegiado en el Colegio Profesional correspondiente. 

A simple vista parece que lo cumplimos, pero os voy a poner un ejemplo para que se entienda mejor. Hay una fiesta a la que queremos ir, tenemos los conocimientos necesarios para llegar a la fiesta (titulación en Educación Social), tenemos la vestimenta que exigen en la fiesta, cumplimos el «Dresscode» (Colegio Profesional) pero cuando llegamos allí, no estamos en la lista de invitados. Por lo tanto no podemos acudir a la j***** fiesta que nos facilitaría la vida muchísimo. En fin… (introduzca aquí, persona lectora, un suspiro de desesperanza).

Aun así, esto no es condición «Sine qua non» para poder sacar convocatorias respetando nuestra profesión como se ha hecho ya años atrás en Getafe, como hace Extremadura, Cataluña o Castilla-La Mancha. Dentro de tanta oscuridad, es verdad que nace un rayo de esperanza, pues parece que esto ha terminado por movilizar una profesión que ha estado un poco parada en la lucha de sus derechos. A raíz de estas convocatorias, se han creado varios grupos autogestionados para impugnar las oposiciones alegando ser un puesto para el que exigir la titulación de Educación Social. Esto es un gran avance, ya que consigamos o no la modificación de las oposiciones, estamos viendo que somos capaces de unir fuerzas y de sacar distintas iniciativas adelante.

Pero no puede quedar aquí. Somos 4000 graduados y graduadas en Educación Social en Madrid, a lo que hay que sumar 500 personas habilitadas y un número que desconocido de colegas profesionales que han emigrado desde otros puntos de España para trabajar en Madrid. Necesitamos aunar fuerzas, reclamar y reivindicar nuestro lugar, que somos profesionales y que queremos tener un futuro asegurado ejerciendo nuestra profesión con las mayores garantías. Hay que impugnar cada concurso oposición que no nos considere ni nos respete, no solo pasa en Madrid.

Agradecemos el movimiento que se ha creado a partir de esta situación, todos los espacios de reclamación de nuestra profesión son necesarios para luchar por nuestros derechos laborales. Hemos creado una caja de resistencia para poder hacer frente al gasto judicial que supone una impugnación, os animamos a todas a colaborar. Todos y todas tenemos que contribuir a poner en valor nuestra profesión, colegiándonos, creando discurso, visibilizando y reivindicando tanto nuestro trabajo como nuestros colectivos. Es el momento de no callar, reivindicar y quien sabe igual es el momento de salir a la calle. ¿Quién se anima?

Pobres, vendidas y esclavizadas sexualmente. La red de prostitución de menores os escupe a la cara

 

Otra vez saltan a la prensa y la televisión escándalos de maltrato y explotación sexual de menores bajo la tutela del Estado. Y como también es habitual, tras abordar de la forma más sensacionalista y cínica esta realidad, los hechos se intentan enterrar en el olvido. Pero no, no vamos a olvidar. Tanto lo ocurrido con este último caso como en los anteriores, desnudan un sistema podrido y una moral política nauseabunda. Todos miran para otro lado. Todos son unos canallas.

Estremecedor. No hay otra palabra. Conocer que niñas de 13 y 14 años “acogidas” en centros de la Comunidad de Madrid (CAM) fueron enganchadas a las drogas para introducirlas en una red de prostitución, y todo ello ante la pasividad infame de cuidadores, responsables y políticos, produce una nausea inacabable. Una de ellas, una niña de 13 años fue vendida por su progenitor a un proxeneta a cambio de dos bolsas de cocaína. Varias fueron prostituidas en zulos, narcopisos y polígonos industriales, incluso secuestradas y agredidas sexualmente hasta 72 horas ininterrumpidas, sin recibir ningún alimento. Pero aquí no se juzga a ningún responsable. Aquí todo se tapa, todo se encubre, todo se esconde.

Lo sabían y no hicieron nada

No estamos ante una trama criminal que actúa al margen de las instituciones y de forma clandestina. Esto no es ficción, no es una serie de televisión, no es novela negra. Es lo que ocurre en 2022, en una sociedad que se considera democrática y avanzada, con una legislación teóricamente garantista de los derechos de la mujer y los niños.

Ocurre dentro del sistema de tutela de menores, sostenido por los Gobiernos autonómicos y central, por el PP, por el PSOE y por UP. Y ocurre una y otra vez. Basta con leer el auto de la investigación, donde se recoge como la Policía “procedió a tomar declaración al educador de la residencia infantil donde se encontraba la menor (...) informando cómo (...) se fugaba habitualmente del centro, y cuando regresaba, lo hacía en unas condiciones de desamparo total, sucia, con aspecto de ‘yonki’”.

Es decir, lo sabían y no hacían nada, no movían un dedo para evitarlo, para que este sufrimiento sórdido y cruel parase. Y si esos educadores actuaron así es porque tenían instrucciones precisas para actuar así, normalizando lo que es imposible de normalizar.

Los datos que prueban que el problema es sistémico son abrumadores. En 2017, un informe de UNICEF alertaba de casos de explotación sexual en centros de menores de siete de las nueve comunidades autónomas que había investigado. Dos años después saltó el escándalo en Mallorca, cuando tras la violación grupal de una niña de 13 años tutelada por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, el máximo responsable de este organismo reconoció tener constancia de que hasta 16 menores –15 chicas y un chico– con medidas de protección por parte de la institución, habían sido víctimas de explotación sexual.

Serafí Carballo, Defensor del Menor de Baleares, denunció que hay constancia de este mismo tipo de redes en Murcia, Sevilla, Castellón, Las Palmas y Madrid. Actualmente, en la Comunidad Valenciana se investigan 175 casos de abusos a menores tutelados por la Generalitat. La situación es tan escandalosa, que tanto Amnistía Internacional como el Comité contra la tortura de la ONU señalan los habituales abusos en centros de menores españoles.

El grado de impunidad y de absoluto desprecio del entramado burocrático institucional respecto a estas criaturas es tal, que ni siquiera intentan disimular. Y los responsables son todos: PP, PSOE y UP, todos los que tienen mando en la gestión y administración de este servicio social esencial.

Noemí Pereda, directora del Grupo de Investigación en Victimización Infantil y Adolescente de la Universidad de Barcelona informó de que “durante el informe que hicimos con la Universidad de Barcelona solicitamos como comisión de expertos a las distintas autonomías que comunicaran si en sus centros había casos de explotación y si tenían protocolos para prevenirla. Ninguna comunidad, excepto Madrid e Ibiza, respondió. Y estas últimas en el sentido de que estaban trabajando en un documento. Es un tema tabú, es un tema secreto que las comunidades quieren tapar a toda costa”.

En 2017, un informe de UNICEF alertaba de casos de explotación sexual en centros de menores de siete de las nueve comunidades autónomas que había investigado. 

Pero este secreto, además de evitar que se escarbe en la situación de abandono y marginación que sufren miles de menores, también quiere esconder el fabuloso negocio que se está haciendo con la privatización de este servicio. En lugar de garantizar el bienestar de los menores abandonados y tutelados, la política de Estado es garantizar el lucro de un puñado de empresas que se presentan ante la opinión pública, gracias al lavado de cara que les proporciona la administración, como fundaciones y ONGs.

El negocio de aplastar a los débiles

Aunque la opinión de los especialistas en maltrato infantil es que estos niños, niñas y adolescentes deben ser acogidos por familias o en pisos tutelados, con personal capacitado y suficiente para que un trato individualizado permita construir vínculos afectivos basados en la confianza y el respeto, la realidad es muy diferente: actualmente hay más de 23.000 menores viviendo en residencias infantiles que renuncian mayoritariamente de este objetivo.

El beneficio manda. Según un estudio de la Cámara de Cuentas de Andalucía el gasto medio de un menor que vive en una residencia supera los 3.000 euros al mes. Teniendo en cuenta que el 95% de los centros de menores están privatizados y que ‘acogen’ a decenas de miles víctimas, estamos hablando de un gran volumen de dinero público que se entrega a manos privadas. Y ya sabemos cuáles son los criterios que rigen en estas empresas: masificación, bajos salarios, escasez y falta de cualificación del personal, ausencia de dotación material y, en un sector donde los ‘usuarios’ son víctimas indefensas, malos tratos.

No es ninguna casualidad que cuatro de las menores prostituidas bajo tutela de la CAM pertenezcan al centro Picón del Jarama, tristemente famoso en 2009 por los crueles castigos aplicados bajo la gestión de la Fundación O'Belén. Ángel, un adolescente fugado de esa casa de tortura, relató el suicidio de un compañero de doce años y otros dos intentos, “uno tragándose un lápiz y otro con cristales”, además de constatar como muchos chicos “están totalmente empastillados, quietos todo el día y sin moverse”.

Respecto a otro centro gestionado por la misma fundación en Azuqueca de Henares, un educador denunció como entre 2004 y 2006 fue testigo de castigos de “contención salvaje” y el uso continuado de un “trato vejatorio, con insultos y malas formas”, concluyendo que en “O'Belén quizá sean los salvajes entre los salvajes, pero se sabe que este modelo de disciplina se está utilizando en otros centros, igual que en otros países europeos, pero mueve demasiado dinero como para intervenir”. 

Su moral y la nuestra

Mientras esta barbarie se desarrolla con total impunidad, las y los tertulianos harán hincapié en la nacionalidad extrajera de los proxenetas o describirán de forma morbosa la falta de instinto maternal y paternal de los progenitores a los que, correctamente, se les retira la custodia de sus hijos. Pero en ningún caso irán al fondo del asunto: la miseria creciente que alimenta la desesperación, todo tipo de adicciones e, inevitablemente, la violencia.

No quieren destapar la relación causa efecto entre las precarias condiciones en las que malviven los sectores más empobrecidos de nuestra clase y lacras como el alcoholismo y la drogadicción, la ludopatía, el maltrato infantil o la prostitución. De hecho, la crisis económica que nos azota ha provocado que en los últimos cinco años el número de menores tutelados en el Estado español haya aumentado un 18%, superando por primera vez los 50.000.

Tampoco quieren desnudar esta verdad los políticos al frente de las instituciones. Al lado de la bochornosa inhibición de la izquierda gubernamental en Baleares, tenemos a la derecha, que por boca de Ayuso y frente a la violación reiterada de niñas en Madrid simplemente espeta que “una vez salen a la calle, la Comunidad de Madrid no puede ponerles vigilancia”.

La crisis económica que nos azota ha provocado que en los últimos cinco años el número de menores tutelados en el Estado español haya aumentado un 18%, superando por primera vez los 50.000. 

¿Qué otra cosa podíamos esperar? Decenas de miles de nuestros mayores murieron sufriendo y en soledad, encerrados como animales en las habitaciones de las residencias geriátricas durante la pandemia. Aunque, seguramente, para los beneficiarios de los casi 5.000 millones de euros anuales que genera este sector, el profundo dolor que ello ha provocado esté plenamente justificado o, mejor dicho, rentabilizado.

Para los capitalistas la vida de la mayoría vale muy poco. Pero, si además se trata de un ser humano pobre, menor y mujer no valdrá absolutamente nada: tan solo es materia prima para la explotación laboral, o para ser violada en un burdel próximo, o para sumergirse en las cloacas de las drogas y el alcohol.

Los poderosos consideran a los niños y niñas como otra fuente más de beneficio; pero nosotros, sin importar que sean o no nuestros hijos e hijas biológicas, los consideremos seres maravillosos a los que hay que proteger y hacer felices. Y eso, no hay otra opción, implica una lucha frontal y sin reservas contra este orden cruel y sin corazón.

Izquierda Revolucionaria

Cinismo sin límites. Grupo 5 se chotea de las y los integradores sociales

Grupo 5, el fondo buitre de lo social, también se "suma" al 10 de enero, día de esta profesión. Eso sí, riéndose de sus propias trabajadoras y trabajadores. En sus "Momentos de Vida" (esa publicidad corporativa tan ofensiva), tienen la falta de decoro de publicar lo siguiente:

"Las y los Técnicos Superiores en Integración Social o TSIS siempre hemos visto ofertas de empleo y contrataciones en puestos que se alejaban de nuestros desempeños técnicos, con categorías profesionales muy por debajo de las nuestras y limitando las funciones a realizar a menos de un 50% de las competencias que podíamos desarrollar y, por lo tanto, ofrecer a las personas con las que trabajábamos. Son muchos años luchando por nuestro reconocimiento, sensibilizando para que se entendieran nuestras funciones, demostrando la profesionalidad que tenemos y sobre todo, significándonos como Integradores Sociales".

Y esto al mismo tiempo que siguen publicando ofertas de empleo donde piden la titulación, pero sin tener la más mínima intención de reconocer la categoría profesional. Es nuestro caso, el caso de la red de atención a personas sin hogar, donde nos contratan como Auxiliares de Servicios Sociales, encuadrándonos en la categoría 3 del Convenio de Acción e Intervención Social (nos corresponde la 2). 

Hace falta tener poca vergüenza. Es Grupo 5 quien se presenta a las licitaciones presentando proyectos que requieren TSIS para poder llevarse a cabo. Es Grupo 5 quien se niega a reconocer la categoría, eso sí con la connivencia del Ayuntamiento. Es Grupo 5 quien obtiene contratos millonarios gracias a estos proyectos que sabe que nunca va a implementar. Y es Grupo 5 quien gestiona unos servicios que si medio funcionan es gracias a la profesionalidad y humanidad de esos integradores e integradoras a quienes insultáis con esta publicación, que terminan realizando funciones que ni se les reconocen ni se les pagan, por vergüenza torera e implicación personal. Porque Grupo 5 sabe que al final no terminamos de limitarnos a las funciones que nos reconoce porque a las plantillas sí nos importan las personas con las que trabajamos. El chantaje emocional de siempre del que se sirven administraciones y empresas para convertir los servicios sociales en un negocio más sin que se note demasiado.

Sabemos que pedir que un fondo buitre se comporte éticamente es mucho pedir. Pero al menos dejar de reíros del personal. Todo tiene un límite. La dignidad es uno de ellos.

10 de enero, día de Técnicas/os en Integración Social. ¡Seguimos en la lucha!

Otra vez es 10 de enero. Y un año más, poco que celebrar y mucho que reivindicar. En el sector privado seguimos encabezando la precariedad, a pesar de ser esenciales para el funcionamiento de la sociedad. La calidad de vida de amplios sectores de la población depende de nuestra profesionalidad y buen hacer.

Pero nuestra profesión sigue siendo desconocida, lo que facilita el desprecio que sufrimos. Las empresas se aprovechan del ninguneo de las administraciones (por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid sigue sin reconocer que Auxiliares de Servicios Sociales deben ser TSIS para poder desarrollar los proyectos que licita, perpetuando sueldos miserables y el asistencialismo). En el sector público más de lo mismo... Con un nuevo golpe, muchas compañeras y compañeros están en vilo gracias al Icetazo, sin saber si mantendrán sus empleos o se irán a la calle por decisión del gobierno. ¡Qué vergüenza!

Nos seguiréis despreciando, pero no nos vais a poder robar la alegría. Vamos a seguir al pie del cañón, en nuestros puestos de trabajo y en las luchas que tenemos por delante. Agradecemos el empeño de APTISCAM. Tenéis nuestro apoyo y cariño. 

Os invitamos a ver y difundir estos vídeos, y el programa especial sobre el 10E de Radio Almenara Ha pasado un año más, ¡y aquí seguimos!