Desde el comienzo de la crisis el aumento de
personas que han tenido algún problema de salud mental ha sido constante, una auténtica epidemia, así como el del número de suicidios, sin
duda, la consecuencia más dramática de un problema de salud mental. Esto ha sido consecuencia principalmente de las políticas de recortes y
de austeridad implementadas por los diferentes
gobiernos, tanto el Gobierno central como los de
las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.
Cualquier persona ajena al sector de la salud
mental podría esperar que esta situación fuera
denunciada por las empresas que trabajan en
este ámbito, que se autodenominan eufemísticamente como entidades o instituciones, y que
emprendieran un movimiento de protesta para
revertir esta situación, es decir, que trabajaran
para mejorar la salud mental de la población,
lo que se supone que debe ser su objetivo y fin.
Sin embargo, nos encontramos justo lo contrario, asistimos a una lucha entre estas empresas
por acaparar políticos que acudan a sus eventos
de cara a conseguir lucrativos contratos. Eventos
donde volverán a repetir sus fabulosos propósitos
al lado de aquellos mismos políticos responsables
de negar los recursos económicos necesarios para
garantizar servicios de salud mental dignos y de
calidad. Alegan que no hay recursos, al tiempo
que apoyan la modificación del artículo 135 de
la Constitución, donde se especifica que es más
importante el pago de la deuda bancaria que otorgar recursos a las personas con algún problema
de salud mental.
¡Basta de hacer negocios a costa
de la salud mental!
Que la salud mental es un negocio está claro.
Actualmente grupos de capital de alto riesgo de
Alemania se han fijado en este sector como una
fuente de inversión y por supuesto de lucrativos
beneficio. Para comprender esto baste decir que
la Comunidad de Madrid otorga a una empresa
de este tipo 93€ por persona y día en un contexto
residencial, es decir, con lo que genera una persona pueden pagar el sueldo de dos profesionales. De esta forma los usuarios/as se convierten
en un bien preciado, siendo considerados como
meros productos con los que obtener beneficios.
Estas empresas buscan ampliar el número de
plazas, para obtener más recursos públicos, pero
manteniendo en los huesos sus plantillas de profesionales y empeorando, por tanto, el servicio. De
esta manera sus beneficios aumentan de manera
exponencial pero, en vez de invertir en nuevos
recursos, se aumentan los sueldos de los cargos
directivos de estas compañías, aunque sin que
sea posible saber su salario, así como los complementos económicos que obtienen, lo que implica
una total falta de transparencia. Algo consentido
por el poder político, que garantiza a estas empresas un chorro de dinero público, ¡de todos!,
encontrando además en estas fundaciones, asociaciones y demás organismos, un fiel aliado que
no cuestione su estatus ni reivindique mayor justicia social. ¡Negocios son negocios!
La precariedad laboral del sector
degrada el servicio y perjudica a las familias
Estas empresas que presumen de integración y
de cuidar a sus trabajadores, apenas pagan el salario mínimo a sus empleados con discapacidad
alegando que al menos tienen un trabajo, pues
de lo contrario, con la discapacidad que padecen, no podrían conseguir ninguno. Al tiempo
que dicen esto, asistimos a su despliegue de acciones anti-estigma y propósitos de integración.
¡Vaya cinismo!
El resto de trabajadores tampoco tienen una
situación muy diferente: años de congelación
salarial (algunas empresas siguen pagando los
mismos salarios que en el año 2011), pérdida de
días de vacaciones, eliminación de los trienios…
recortes todos ellos motivados, según estas empresas, por la crisis económica y por la difícil situación que atraviesan. Esta excusa supone un
formidable acto de cinismo por parte de empresas que, mientras empobrecen a sus trabajadores, organizan acciones formativas en las cuales
directivos y altos cargos de dichas empresas reciben bonificaciones y complementos por cuatro horas que pueden ascender a dos semanas de
trabajo de cualquier trabajador, o realizan viajes
de “reflexión” que implican dos días en otra ciudad y los gastos que eso conlleva. ¡Para eso se ve
que sí hay recursos! Y todo esto en empresas y
“fundaciones” que funcionan financiadas con
dinero público, dinero de todas y todos.
Defender un servicio público de calidad
y condiciones laborales dignas
Un comportamiento que debería ser denunciado
por los sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT)
que jamás, al menos hasta ahora, han mostrado
interés por el sector de la diversidad funcional,
hasta el punto de negarse a defender la necesidad de que el servicio vuelva a ser público y
que no sea un coto de caza privado para que
distintas grandes empresas y multinacionales
hinchen su cuenta de resultados.
Es imprescindible exigir a los llamados agentes sociales que tengan el mismo discurso que
mantiene con la sanidad y la educación, que luchen por la dignidad profesional de las personas que se dedican a este ámbito, y por defender
un servicio 100% público de salud mental.
Los
sueldos en dichos sectores prácticamente doblan
la remuneración que recibe alguien que trabaje
en el sector de la salud mental y que tenga una
titulación equivalente. Para dignificar las condiciones de nuestros sector, y la propia calidad del
servicio, las y los trabajadores necesitamos organizarnos y luchar por nuestro reconocimiento profesional, dejando en el olvido frases que la
patronal ha querido que asimiláramos, de cara
a justificar nuestra precariedad y bajos salarios,
como “la satisfacción personal es más importante que el dinero” o “me gusta lo que hago y con
eso me doy por satisfecho”. Nuestra profesión es
de vital importancia en la sociedad y como tal
debemos considerarla.
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